Nuremberg

 Por Washington Bado

Los nazis acusados en el primer juicio internacional por crímenes de lesa-humanidad, enfrentan al Tribunal que habría de juzgarlos y condenarlos, luego de la Segunda Guerra Mundial. Pese a sus imperfecciones, por tratarse de un tribunal establecido por los propios vencedores, este fue el primer juicio en el que se declaró la responsabilidad individual por crímenes de esta naturaleza y abrió el camino que ha seguido transitando el moderno Derecho Penal Internacional.

 

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OEl juicio de la Humanidad.

 

       La Caída ” es el título en español de un filme en el que los propios alemanes se han expresado, como en una especie de catarsis, sobre el terrible drama final del Tercer Reich, recomponiendo los últimos momentos de Adolfo Hitler, cuando las tropas rusas asediaban el “bunker” en el que se había refugiado. La película sigue el relato  de Traudl Jünge, una de las secretarias que lo acompañaban y lo muestra, con lo poco que tenía de ser humano, por momentos trágico y ridículo a la vez, enfermo y con la decrepitud que aceleraba el proceso terminal que como un castigo le tocaba vivir. Todo lo llevaría al suicidio, junto con su flamante esposa Eva Braun –hasta entonces su amante- después de una boda “in extremis”. El actor Bruno Ganz fue galardonado por la brillante interpretación que hizo del personaje de Adolfo Hitler.

      Entre las figuras del Estado Mayor que lo rodeaban y que seguían viendo en él al “Führer” aunque sus órdenes ya delirantes eran incumplibles, aparecen representados quienes, como los generales Wilhelm Keitel y Alfred Jodl y el arquitecto Albert Speer, serían después capturados y sometidos –junto con otros nazis prominentes- al primer juicio internacional de la historia moderna, siendo condenados por crímenes de guerra y contra la humanidad. El  Ministro de Propaganda Joseph Goebbels,  creador de la siniestra parafernalia del nazismo que encandilara al pueblo alemán–desde la legendaria “swastika” hasta los monumentales desfiles-  se quitó la vida envenenándose junto a su fanática esposa e, increíblemente, sus pequeños e inocentes cinco hijos, porque no querían que vivieran en otro mundo que el que ellos habían concebido. También se suicidó Heinrich Himmler jefe de la Gestapo e ideólogo del exterminio judío. De esta manera ambos consiguieron escapar del proceso pero no de lo que seguramente habría sido la sentencia inexorable que los hubiera alcanzado, a ellos,  como a otros once de los grandes responsables de aquellos crímenes, que fueron condenados a la horca.

      Los procesos de Nuremberg comenzaron el 20 de noviembre de l945 y se extendieron hasta 1949. El juicio principal contra las grandes figuras del Gobierno y el Ejército del Estado nacional-socialista,  se llevó a cabo en el Palacio de Justicia de Nuremberg, elección que no fue casual porque en esa ciudad se habían inspirado muchos de los actos aberrantes de la paranoia germánica de aquel régimen. Se agregaba a ello que en Berlín ya no quedaban en pie edificios apropiados. En este proceso se dictaron once condenas a muerte, tres a prisión perpetua, dos de veinte años, una de quince y otra de diez años y cuatro absoluciones.

      Posteriormente a ese juicio principal que se extendió hasta el lo. de octubre de 1946, se llevaron a cabo otros en los que se juzgó a funcionarios de menor jerarquía encargados de campos de concentración, incluyendo 24  médicos que practicaron en ellos criminales investigaciones con seres humanos, brigadistas de la muerte de las llamadas S.S y mandos culpables de atrocidades durante la guerra. Se juzgó también a 16 jueces y abogados que se prestaron  a instrumentar el andamiaje seudojurídico del régimen y a varios industriales por la utilización en sus empresas de trabajo esclavo, así como a los promotores de las ideas y programas de pureza racial que se aplicaron.

      De 4.850 pedidos de procesamiento se dedujo acusación contra 611 personas abarcando todas las estructuras de poder, estatales y de organizaciones criminales paralelas, como la Gestapo , las S.S. y el Partido Nazi (nacional socialista).

      Algunos criminales de guerra consiguieron huir, como el médico Joseph Mengele, llamado el “ángel de la muerte”. Otro como Adolf Eichmann capturado años después por un comando judío en Argentina, fue trasladado y ajusticiado en Israel. Martin Borman fue juzgado y condenado a muerte en ausencia. Posteriormente se supo que murió durante la  caída de Berlín el 2 de mayo de 1945. En Uruguay el residente alemán Cukurs, considerado también criminal de guerra, fue encontrado muerto adentro de un baúl. Este homicidio nunca fue aclarado pero se atribuyó a un comando vengador. Simultáneamente aparecieron en el centro de Montevideo inscripciones que decían: “Nazis, cuidado. Hay baúles”.

 

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      Inmediatamente de obtenida la victoria contra el nazismo, los países aliados, Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Francia, por un acuerdo celebrado del 8 de agosto de 1945, en la llamada Carta de Londres, instituyeron el Tribunal Militar Internacional encargado de juzgar a los criminales de guerra. Este acuerdo fue suscrito por los 26 países que estuvieron en guerra contra Alemania.

      Con anterioridad, durante el transcurso de las acciones bélicas, los líderes aliados Roosevelt, Churchill y Stalin, ya habían anunciado que terminada la guerra se procedería a ese juzgamiento, lo que fue ratificado en las conferencias que mantuvieron en  Teherán (1943), en Yalta (1945) y finalmente  en Potsdam (1946). En medio de la ilusión de la victoria que los unía, el ideal de paz impulsaba lo que se consideraba como una acto de justicia indispensable que por primera vez se pondría en práctica en la historia de la humanidad. Se dijo entonces que en los 500 años anteriores a la segunda guerra mundial solo habían existido 268 de paz universal y que por primera vez se juzgaría, en nombre de la conciencia de la humanidad,  a los responsables principales de la última gran guerra, que había dejado como saldo casi cien millones de muertes y terribles daños materiales.

      Es cierto que al terminar la primera guerra mundial, en el Tratado de Paz de 1919 se previó que el Kaiser Guillermo, Emperador de Alemania,  fuera sometido a juicio ante un Tribunal Especial, pero esto no se pudo concretar porque el Gobierno de los Países Bajos, donde se refugió, le reconoció asilo político. Tampoco funcionaron los tribunales militares que los aliados pensaron instituir para juzgar a los culpables de violaciones a las reglas humanitarias de la guerra que las Convenciones de La Haya ya consagraban, pues fueron juzgados por el Tribunal Supremo de Leipzig instituido por la ley alemana, con resultados que dejaron mucho que desear.

      No obstante este fracaso, la constitución de la Sociedad de las Naciones abrió nuevos caminos al Derecho Internacional Público y el pacto Briand-Kellog de 1928, que suscribieron muchas naciones incluyendo Alemania, condenaba a la guerra en nombre de una nueva conciencia universal a favor de la solución pacífica de los conflictos.

      El proceso de Nuremberg  no era pues una improvisación ni un tributo impuesto por los vencedores a los vencidos, como algunas voces escépticas lo sostuvieron, sino la consecuencia de una vieja aspiración de los jurisconsultos que establecieron las bases morales del Derecho Internacional, desde los lejanos tiempos de Hugo Grocio, en el siglo XVII. Los criminales de guerra siempre lo fueron, aún antes de ser vencidos. En Nuremberg se les juzgaría con las garantías del debido proceso.

      El Tribunal estuvo integrado por cuatro jueces titulares que fueron Geoffrey Lawrence por el Reino Unido; Francis Biddle por los Estados Unidos; Henri Donnedieu de Vabres por Francia y Iona Nikitchenko por la Unión Soviética. Cada uno tenía un suplente respectivo.

      El Fiscal principal fue el estadounidense Robert H. Jackson, actuando también como Fiscales Hartley Shawcross por el Reino Unido, el General Rudenko por la U.R .S.S. y Francois Menthon de Francia.

      Los abogados de la defensa fueron elegidos por los inculpados y entre ellos figuraban algunos antiguos integrantes del partido nacional-socialista.

      Este juicio principal se abrió contra 22 acusados, quedando sobreseído por razones de edad y salud el magnate de la industria armamentística Gustav Krupp. Robert Ley, uno de los responsables de los campos de concentración se suicidó en su celda colgándose con una sábana. Martin Borman fue juzgado como ya se dijo en ausencia.

      Fuera de los nombrados, la lista de los acusados era la siguiente según el orden de gravedad de los cargos:

      Herman Göring, general, comandante de la Aviación. ( “Luftwaffe”)

      Alfred Jodl, general, comandante del Ejército del Este.

      Wilhelm Keitel, general, comandante del Ejército.

      Wilhelm Frick, Ministro del Interior.

      Hans Frank, Gobernador en la Polonia ocupada.

      Ernst Kaltenbrunner, comandante de los campos de concentración

      Joachim Von Ribbentrop, Ministro de Relaciones Exteriores.

      Alfred Rosemberg, ideólogo nazi del racismo.

      Fritz Sauckel, director del los programas de trabajo esclavo.

      Julius Streicher, director de periódico nazi antisemita.

      Arthur Seyss-Inquart, jefe de la anexión de Austria y ocupación de Holanda.

      Estos fueron los once acusados condenados a muerte por la gravedad de sus crímenes. Fueron ejecutados en la horca el l7 de octubre de 1946, salvo Göring.

Este se suicidó dentro de su celda en la víspera, ingiriendo una cápsula de cianuro.

      En un orden inmediato de gravedad seguían los siguientes acusados:

      Rudolf Hess, Secretario del Partido Nazi, fugado y detenido en Gran Bretaña en 1942.

      Erich Raeder, almirante y comandante de la Armada.

      Ambos inculpados fueron condenados a prisión perpetua.

      Albert Speer, arquitecto proyectista y ministro de Armamento.

      Baldur Von Shirach, conductor de las juventudes nazis.

      Ambos fueron condenados a 20 años de prisión.

      Konstantin Von Neurath, gobernador de Bohemia y Moravia ocupadas.

      Recibió una condena de 15 años.

      Karl Dönitz, almirante que comandaba la Armada y como sucesor de Hitler suscribió la rendición de Alemania, fue condenado a diez años de prisión.

      Fueron absueltos Franz Von Papen, Ministro de Relaciones Exteriores; Hans Fritzsche, ayudante de Goebbels en el Ministerio de Propaganda y Hjalmar Schacht, ex director del Banco del Reich.

      En los otros juicios mencionados que se extendieron hasta 1949, fueron juzgados otros 199 acusados. 36 fueron condenados a muerte pero sólo 18 ejecutados, 23 cumplieron cadena perpetua y 102 condenas menores.

      Los delitos que se le imputaron a todos fueron:

-          Crímenes contra la paz, por la planificación y ejecución de violaciones de tratados internacionales o actos de agresión injustificada contra otras naciones.

-          Crímenes contra la humanidad, por la planificación, ejecución o participación en exterminios o genocidios, muerte en masa de grupos étnicos determinados.

-          Crímenes de guerra, por la violación de leyes y convenios internacionales.

-          Conspiración, por la actuación con otros  o asociación con ellos para cometer cualquiera de los crímenes indicados.

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      El juicio principal de Nuremberg tuvo un desarrollo de 403 audiencias, durante un lapso de diez meses y diez días. Los norteamericanos se encargaron de todos los servicios administrativos y de seguridad. Los idiomas oficiales fueron los cuatro de los países vencedores y por primera vez en un juicio público se siguió el sistema de traducción simultánea. La nueva tecnología que se ponía en práctica tenía la ventaja de que se evitaba una oratoria excesivamente discursiva.  Se siguió el procedimiento acusatorio, característico del derecho anglo-sajón, en el que  -a diferencia del sistema inquisitivo que caracteriza al derecho francés- el juez no investiga y se limita a dirigir las actuaciones del juicio oral, en el que se alternan las intervenciones del fiscal acusador y el abogado defensor, se reciben las pruebas y, luego de los alegatos finales, se dicta sentencia.

      Se aportaron miles de documentos probatorios por la acusación y por la defensa y se recibió la declaración de testigos de ambas partes, incluyendo la de los propios acusados, que al comienzo del proceso se declararon inocentes de los cargos formulados.

      Según el relato del fiscal adjunto francés Jacques Bernard Herzog, cuyas apreciaciones -volcadas en una conferencia que diera en la Universidad de Chile en 1949- hemos estado siguiendo para el estudio de este juicio memorable, los interrogatorios cruzados, característicos del juicio acusatorio, permitieron observar  actidudes  muy diferentes de los acusados. Eran interrogados por los fiscales y repreguntados por los defensores. Unos como Göring se mostraron altaneros y hasta desafiantes para con el Tribunal. No es de extrañar esta actitud  en el ex Jefe de la Luftwaffe , a quien la historia recuerda como un fanfarrón empedernido, el mismo que decía que “el hierro fortalece y la mantequilla engorda”. Se mostró firme y leal para con Hitler, pese a que éste había llegado a sospecharlo de traición en sus últimos momentos. Herzog recuerda que  Von Ribbentrop, en cambio, el ex canciller, capitoste de la política de presiones por el llamado “espacio vital” (“lebensraum”) que terminaría con la anexión de Austria (“anschluss”) y la invasión de los países vecinos, se mostró débil y empequeñecido, en tanto que Rudolph Hess, ex secretario del partido nazi, daba muestras de estar o por lo menos hacerse el loco, con la mirada perdida y repartiendo gestos desubicados. Los que eran militares de carrera, como Keitel y Jodl, trataron  de escudarse en la obediencia debida, negando los excesos que como crímenes de guerra se les atribuían. Recuerda Herzog que los abogados defensores que dispusieron de amplia libertad, se mostraron hábiles al desarrollar estas y otras argumentaciones que trataban de enrostrar los mismos excesos a las fuerzas aliadas, atribuyéndolos en general a los desvíos propios de toda guerra. Defendiendo al Almirante Doenitz obtuvieron del Almirante norteamericano Nimitz, que reconociera que sus fuerzas habían utilizado prácticas militares similares. Incluso pusieron en aprietos al fiscal soviético, cuando recordaron el pacto Molotov-Von Ribbentrop de 1939, que selló la repartición de Polonia entre ambos países. La Unión Soviética siempre defendió ese acuerdo como una necesidad defensiva impuesta por razones de tiempo, frente a la agresión previsible de la Alemania nazi, que más tarde se consumaría. Pero los abogados defensores de los acusados sostenían que a la misma necesidad se vio expuesta Alemania cuando invadió a sus vecinos del norte, al desatarse la guerra con el Reino Unido y Francia. Con respecto a las persecuciones y ataques  en el interior de Alemania con anterioridad a la guerra, argumentaban que se trataba de políticas de Estado y que los países aliados mantuvieron relaciones con el Tercer Reich en todo ese tiempo y debieron conocerlas. Sostenían también que el castigo que se pretendía era contrario al principio de la irretroactiviad de la ley penal en el tiempo. (“Nullum crimen, nulla poena sine legem”).

       En la clausura de los debates se les reconoció a los acusados, que habían declarado también como testigos,  el derecho de hacer una declaración final a fin de explicar sus actitudes. Esto llevó al Juez francés Donnediu de Vabres a comentar que se trataba de un proceso curioso “donde los testigos son acusados y los acusados son testigos”.

      En sus comentarios, Herzog solo recuerda a Göring y Speer, manteniendo una actitud digna al aceptar  sus responsabilidades. Göring dijo que hablaba para Alemania y para la historia y solo bajó la vista cuando se exhibió un filme sobre los horrores de los campos de concentración.  Speer -que daba vida a los sueños de Hitler con respecto a las ciudades del futuro en el milenio que se le atribuía al Tercer Reich-  había sido Ministro de Armamento y fue uno de los últimos en despedirse del Führer en el bunker. Fue el que obtuvo la condena más benigna.

      Ribbentrop llegó a inculpar a sus subordinados y a Hitler y cuando se le preguntó sobre el tema de las persecuciones a los judíos, dijo “Lo intenté todo y siempre me encontraba con lo mismo. Todos los informes que llegaban eran entregados directamente el Führer. Si él no quería hablar de una cosa era casi imposible conseguir que lo hiciera...”

       Cuando se le preguntó a Hess si había aprobado algunas leyes contra los judíos, contestó: “Si Vd. lo dice tendré que creerlo...Y cuando se insistió sobre si lo recordaba, contestó: “No”.

       Streicher, el periodista que era acusado de incitar a los crímenes contra los judíos, declaró que él nunca había utilizado la palabra “exterminación”. “Creo que alguna vez la utilizó mi jefe... la palabra exterminación no tiene por qué significar necesariamente matar...” (“Nuestro Tiempo” –Blume- Barcelona –200- p. 347) Debe recordarse que el exterminio de los judíos, bajo la fórmula de “solución final” fue resuelto finalmente por un cónclave de las altas jerarquías nazis en Grossen Wannsee, cerca de Berlín, a comienzos de 1942, a propuesta del siniestro número dos de las S.S., Reinhard Heydrich. Este fue ultimado en un atentado en Praga, lo que valió que, como venganza, los nazis destruyeran la ciudad de Lídice.

      Recuerda Herzog que una de las declaraciones que más lo conmovió fue la de Hans Frank quien prestó una confesión completa, reconociendo que en cumplimiento de órdenes del Führer, había cometido crímenes en Polonia, admitiendo la realidad de los actos abominables que se le achacaban y reclamando el castigo de los hombres a fin de conocer el juicio de Dios. Supuso Herzog que “Frank había sido tocado por la gracia en su prisión y su arrepentimiento debía ser sincero” (“Recuerdos del Proceso de Nuremberg” http://www. Derechos. org/nizkor//doc. herzog.html)

      Uno de los testigos, el S.S. Hoess comandante del campo de concentración de Ausschwitz –que no era acusado en el juicio pero fue después condenado a muerte en otro por un tribunal polaco- declaró que había aumentado el número de muertes en el campamento, mediante la utilización de gas asfixiante y horno crematorio, exterminando a más de un millón de judíos húngaros. Sorprendentemente dijo que no había hablado con nadie sobre ese tema, salvo que podía haberlo hecho alguna vez con su mujer.

      Como lo señala Herzog: “la identidad de las personalidades criminales hitleristas demuestra que, más allá de las responsabilidades individuales, el sistema hitlerista era, en sí, generador de criminalidad.” 

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      En su discurso final el Fiscal británico Sir Hartley Shawcross dijo:

      “La suerte de estos acusados representa muy poca cosa: su poder personal para hacer daño ha sido destruido para siempre. Pero de su destino dependen todavía consecuencias muy graves. Este proceso ha de convertirse en un mojón en la historia de la civilización, no solamente condenando a los culpables, sino también como exponente de que el bien siempre triunfará sobre el mal y también porque el hombre sencillo en este mundo está firmemente decidido a colocar al individuo por encima del Estado.” Fuera de su visionaria predicción, se hace fácil descubrir en el discurso de este magistrado británico, el pensamiento liberal del viejo Spencer cuando afirmaba: “Tan ciertamente como un déspota es siempre un déspota, sean sus motivos para gobernar arbitrariamente buenos o malos, de igual forma es el conservador siempre un conservador, tenga motivos egoístas o altruistas al usar el poder del Estado para restringir la libertad del ciudadano más de lo que se requiere para mantener las libertades de los demás.” (“El hombre contra el Estado” –Aguilar- B.Aires-1953- p. 42)

      En la tarde del 1º. de octubre de 1946 se dio a conocer la sentencia del Tribunal. En uno de sus considerandos se dice:

      “Se ha pretendido que el Derecho Internacional no afecta sino a los Estados soberanos y no prevé sanciones con respecto a los delincuentes individuales. Se ha pretendido igualmente que cuando el acto considerado como crimen es ejecutado en nombre de un Estado, los ejecutantes no son responsables de ello, estando amparados por la soberanía del Estado. El Tribunal no puede aceptar ni una ni otra de estas posiciones. Está admitido desde hace tiempo que el Derecho Internacional impone deberes y obligaciones a las personas físicas y está probado en forma fehaciente que la violación del Derecho Internacional engendra responsabilidades individuales.”

      Tempranamente en el proceso de Nuremberg se estaban echando las bases de un nuevo Derecho Internacional Público, que, como lo sostiene Herzog tiene como sujeto activo no solamente al Estado “sino también al individuo como miembro de una sociedad interestatal.”

      El 11 de diciembre de 1946 la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la incorporación de los principios de Nuremberg a la recientemente creada Organización, por la Carta de San Francisco de 1945 . Hasta entonces la inexistencia de un Derecho Internacional reconocido por todos los Estados, se había constituido en un obstáculo insalvable para la imputación de delitos de lesa humanidad que, pudiendo tener perfiles políticos, sólo  quedaban sometidos a la jurisdicción soberana del propio Estado de sus autores.

      Aunque se introdujeron recursos contra la sentencia del Tribunal de Nuremberg, se consideró que era inapelable,  procediéndose de inmediato a su cumplimiento. Los condenados a prisión fueron recluidos en la cárcel de Spandau. Algunos fueron liberados anticipadamente. Speer fue liberado en 1966 y a partir de allí el único ocupante del castillo que servía como establecimiento penitenciario fue Hess -que había sido condenado a prisión perpetua- hasta que se produjo su muerte natural.

      Los once condenados a la horca fueron ejecutados el 16 de octubre de 1946. A la una y once minutos de esa madrugada, fueron subiendo de a uno al cadalso montado en un patio de la prisión. El primero en hacerlo fue Von Ribbentrop. Cuando lo tocó el turno a Streicher, en el momento en que el verdugo norteamericano le colocaba la soga al cuello, gritó: “¡Heil Hitler!” Los demás no hicieron manifestaciones. Todos habían sido tranquilizados por el médico actuante quien les hizo saber que cuando el cuerpo caía en la trampa de la horca se perdía el conocimiento, aunque la muerte se produjera después.

         Teniendo en cuenta la experiencia de Nuremberg y sobre la base del mismo cuadro de imputaciones, el 3 de agosto de 1946, en Tokio,  se constituyó el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, con la finalidad de juzgar los crímenes contra la paz, de guerra y contra la humanidad, cometidos por los altos mandos militares y del gobierno del Imperio de Japón, que se rindió a los Estados Unidos el l5 de agosto de 1945.

      Se dictaron siete condenas a muerte contra los generales Tojo, Doihara, Hirota, Itagaki, Kimura, Matsui y Muto, dieciséis condenas a prisión perpetua, una de veinte y otra de siete años de privación de libertad. Los condenados a muerte fueron ejecutados, también en la horca, el 23 de diciembre de 1948. La mayoría de las condenas de prisión fueron conmutadas en 1955.

       El Almirante Yamamoto, considerado como el gran responsable del traicionero ataque de Pearl Harbor, ya había muerto, al ser abatido el aeroplano en que viajaba por la aviación norteamericana.

      El emperador Hirohito, que ya no contaba con su inmunidad celestial, no fue acusado ante el Tribunal, pese a ser considerado la cabeza visible del Imperio. A despecho de las críticas que esto despertó, era evidente que se hacía por razones evidentemente políticas, relacionadas con el respeto reverencial que el pueblo  le dispensaba y con la reinstitucionalización del país que procuraban  las fuerzas norteamericanas de ocupación,  encabezadas por el vencedor General Mac Arthur. Este, después de la retirada de Filipinas no solo había prometido el retorno con su célebre frase “we shall return” sino que además había anunciado que “todos expiarían sus faltas con tiempo y paciencia.”

 

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      Antes y después de los fallos se escucharon duras críticas contra ellos y los tribunales que los dictaron. Hubo, por empezar, discordia en el fallo de Nuremberg por parte del juez soviético Nikitchenko, quien se oponía a las absoluciones dictadas y reclamaba la pena de muerte para Hess. Se dijo que las penas más  leves fueron negociadas por la condena a muerte que recayó sobre Streicher, quien se había defendido diciendo que era solo un periodista, por lo cual su caso podía entenderse como un delito de opinión.

      Hasta hoy se siguen sosteniendo críticas con respecto a que no fueron recibidos todos los testimonios reclamados por la defensa y que hubo omisiones en el examen de la prueba escrita, afirmándose que muchos de los documentos eran copias que carecían de legitimidad. En sentido contrario se ha afirmado que era materialmente imposible examinar todo el material probatorio acumulado y que los elementos reunidos eran más que suficientes para determinar la culpabilidad  de los acusados.

      De todas maneras es claro que, tratándose de tribunales establecidos por los vencedores, en los que por primera vez se juzgaban delitos tan graves que merecían un castigo aleccionante, el  espíritu de justicia prevaleció, a través de las garantías del proceso, sobre el simple deseo de venganza. Muy diferente fue lo que ocurrió con Benito Mussolini en Italia, juzgado sumariamente por los partisanos que lo detuvieron, muerto y colgado de los tobillos, junto con su amante Clara Petacci, en una plaza de Milán.

      Para un país como Uruguay que desde comienzos del siglo XX consiguió abolir la pena de muerte, es claro que las ejecuciones ordenadas tienen que resultar chocantes, pero no pude olvidarse que esa pena capital existía como castigo máximo en lo países vencedores y que la gravedad de los crímenes volvería incongruente la condena, en caso de no aplicarse.

      Más difícil es en cambio resulta dejar de admitir que no todos los crímenes de lesa humanidad fueron juzgados, ni todos los criminales de guerra responsabilizados. En el bando de los vencedores ocurrieron hechos que ensombrecieron la victoria y que sólo la historia ha juzgado. Se suele mencionar el caso de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki que dejaron más de ciento cincuenta mil muertes e incontables heridos por los efectos de la radiación, que se explicaron diciendo que se debía necesariamente terminar una guerra que, en caso de haber continuado, hubiera costado mas víctimas. Pero ¿qué pensar, para mencionar solo un caso, del bombardeo de Dresde del 13 de febrero de 1945, con una Alemania ya vencida, cuando los aviones británicos y las fortalezas volantes norteamericanas destruyeron la ciudad, casi con el mismo saldo de víctimas de las explosiones en Japón? ¿Cómo dejar de reconocer que aún antes de ellas 66 ciudades japonesas habían sido bombardeadas y que en Tokio, después del bombardeo del 10 de marzo hubo más de cien mil muertos?

      Aún así y frente al obligado silencio que estas preguntas seguramente  deben causar,  debe reconocerse –porque eso también se dijo- que la identificación y el castigo de los crímenes cometidos por los altos mandos de Alemania y Japón, que desencadenaron la guerra, sirvió a manera de catarsis para que estos pueblos expiaron un sentimiento de culpa que los habría mantenido alejados de las restantes naciones.

      Hoy, sesenta años después, no solo lograron reconciliarse sino que, con su abnegación y esfuerzo, han abierto caminos de progreso y de paz que son un ejemplo para toda la humanidad.

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      Desde los lejanos tiempos en que John Austin sentó su teoría de que el Estado se encuentra por encima del Derecho y de que el poder soberano no está obligado por la ley que el mismo establece -porque si no supuestamente no sería soberano- hasta la afirmación de Krabbe, en nuestros días, de que la soberanía del Derecho ha derrotado a la idea de la soberanía del Estado, mucho agua ha corrido bajo los puentes de la doctrina. (Cfr. Bodenheimer “Teoría del Derecho” -Fondo de Cultura Económica –Méjico- 1942 p. 77) De allí a sostener como lo hace Herzog y en parte surge del fallo, que “la sentencia de Nuremberg descansa a este respecto sobre la idea fuerza de la supremacía del Derecho Internacional sobre los derechos internos” corre otro gran tramo del cauce del Derecho, respecto del cual todavía no existe total conformidad. Por lo menos sin que se establezcan algunas reservas relacionadas con la soberanía moral de los pueblos, no ya de los Estados y mucho menos de los Gobiernos que constituyen. Hará falta para que ese recorrido se cierre del todo, que el proceso de institucionalización jurisdiccional internacional se afirme y que se alcance una legislación de legitimación indiscutible, en igualdad de todos los Estados y despojada de todo poder circunstancial, por más fuerte que pueda ser. Se estaría entonces cerca del Gobierno Mundial, pero para eso falta mucho.

      Mientras tanto es indudable que el camino abierto en Nuremberg se ha ido ensanchando. La Convención contra el genocidio, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, son un ejemplo en el avance de una legislación universal. El Tribunal Internacional de Justicia de la O.N .U., con sede en La Haya , es otro ejemplo. Su composición de quince miembros, elegidos por nueve años y renovables por tercios cada tres, por doble votación en la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sin posibilidad de veto, garantiza la idoneidad e imparcialidad de sus fallos para la competencia contenciosa o consultiva entre Estados. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea , el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, la Corte Internacional de Derechos Humanos, creada por la Convención de San José de Costa Rica y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Tibunal de Justicia de la Comunidad Andina , los tribunales arbitrales ad-hoc  y el  Tribunal de Revisión Permanente  del Mercosur, son otros tantos pasos firmes en el camino de la solución pacífica de los conflictos y la institucionalización jurisdiccional del Derecho Internacional.

En el orden de los conflictos regionales relacionados con la violación de los Derechos Humanos, es importante destacar el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Internacional para Ruanda, creados por el Consejo de Seguridad de la ON U.

Por último y aunque todavía no ha logrado la ratificación de todos los Estados, en particular la de los Estados Unidos de Norteamérica, actualmente la principal potencia mundial, debe destacarse como un hito fundamental  la Constitución de la Corte Penal Internacional, creada por el Tratado de Roma de 1998 y que entró en vigor a partir del año 2002. El Estatuto de Roma prevé una minuciosa descripción de los crímenes contra la humanidad que abarca conductas delictivas claramente tipificadas, como el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación forzada y sin motivos, privación de libertad en violación de normas del derecho internacional, violación y otros abusos sexuales, persecución por motivos políticos, raciales, religiosos, culturales u otros definidos como contrarios al derecho internacional, desaparición forzada de personas, apartheid, u otros actos inhumanos que causen intencionalmente grandes sufrimientos y atenten contra la personalidad física o psíquica.

Emmanuel Kant dijo en su ensayo titulado “De la Paz Perpetua ”, dado a conocer a mediados del Siglo XVIII:

“La  diversidad de lenguas y de religiones, ésta en verdad, trae consigo una predisposición a odiarse y protestas para la guerra; mas la creciente civilización y las progresivas relaciones entre los hombres, conducen a una mayor uniformidad de principios y a un acuerdo para la paz que es producto y seguridad del equilibrio de todas las fuerzas, no ya de su debilitamiento, como sucede con el despotismo que se funda sobre la tumba de la libertad” (Biblioteca Internacional de Obras Famosas, Buenos Aires, t. XIII, p. 6273)

Este pensamiento del gran filósofo alemán debe seguir sirviendo de guía a la humanidad.

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