¿Cuál es el alcance del derecho de información del accionista de una SA?

Por Nuri Rodríguez Olivera y Carlos López Rodríguez

La LSC impone a los administradores de la sociedad ciertos deberes de publicidad y además obligaciones de prestar información a los accionistas. La publicidad es una tutela para los accionistas aunque también en muchos casos para terceros. Tiene distinta eficacia y consecuencia según los casos.

Se impone publicidad para las modificaciones de los estatutos para las funciones, escisiones, transformaciones y disoluciones. Hay mayores obligaciones de publicidad para las sociedades anónimas abiertas, como defensa para los accionistas-inversores. Así es que se impone a las abiertas, la sumisión de los balances al control de la Auditoría Interna de la Nación y su publicidad posterior.

Se impone a los directores, el deber de informar a los accionistas. Frente al deber de dar información existe un derecho a recibirla; pero todo encuadrado dentro del marco de los intereses sociales comunes (art. 75 LSC). Al respecto el legislador tuvo en cuenta los dos intereses en juego: el del accionista y el interés del ente societario, de que ciertos datos no sean divulgados porque pertenecen a la esfera de competencia del órgano administrador y por tutela del secreto de los negocios. Así por ejemplo, recordemos que la reserva importa en la actividad bancaria. Interesa la reserva respecto de secretos industriales: procedimiento de fabricación, fórmulas de carácter técnico o respecto a determinados secretos comerciales.

Por ello, la obligación del administrador de comportarse con lealtad respecto de la sociedad le obliga a guardar ciertos secretos y, en caso de revelación culposa, le hace responsable de su información. De modo que la Ley debió contemporizar y crear un régimen en que se contemplaran exigencias mínimas de información a los accionistas sin que se perturbara el manejo de los negocios sociales.

Creemos que la LSC ha logrado un justo equilibrio entre el derecho y el deber de informar. El derecho de pedir informes y el deber correlativo de darlos se circunscribe exactamente. La exhibición general de libros, que puede ser la fórmula más peligrosa, no ha de suponer necesariamente poner al descubierto secretos de negocios y, según veremos, se ha condicionado.

I. Derecho a solicitar la exhibición de libros

En el art. 75 se establece, como un principio general de la materia societaria, el derecho a examinar los libros y documentos sociales[1]. Se aplicará lo dispuesto sobre exhibición general de libros en los arts. 73 y siguientes del CCom. El art. 75, también, prevé que el socio tiene derecho a solicitar a los administradores, los informes que estime pertinentes.

Los administradores, dentro de los cuatro meses de la fecha de cierre del ejercicio económico, deben formular el inventario, el balance general y la propuesta de distribución de utilidades (art. 87). A los efectos de que los socios puedan ver estos documentos, el artículo 96 establece que los administradores deben depositar en la sede social, los estados contables que deben elaborar anualmente, así como la memoria y los informes del órgano de control, cuando lo hubiere, con diez días, por lo menos, de anticipación a la fecha en que deban ser considerados para su aprobación.

El principio expresado en el art. 75 presenta dos excepciones: las limitaciones que la LSC establezca para determinados tipos sociales y los casos en que exista un órgano de control interno (art. 75, inc. 2)[2]. Se considera que si existe un órgano de control, cuyos miembros han sido designados por los socios, se hace innecesario el control individual. Si la sociedad se encuentra sujeta a contralor interno, el socio no tiene derecho a pedir exhibición de libros (art. 75).

A los accionistas no les corresponde un derecho incondicional a obtener cualquier tipo de información ni, mucho menos, un derecho general a que se le exhiban los libros de comercio. El art. 75 agrega que la salvedad respecto del órgano de control es sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 339. Este último artículo, en sede de  sociedades anónimas, establece que la exhibición de libros sólo puede ser solicitada por accionistas que representen el 10 % del capital integrado. No se confiere ese derecho a cualquier accionistas por las dificultades prácticas que ocasionaría el ejercicio de tal pretensión y por la posibilidad de que un accionista, con escasa participación en el capital social, pudiera solicitar una exhibición inspirado en intereses personales, contrarios a los intereses sociales, para conocer los negocios sociales con el fin de favorecer una actividad de un competidor, por ejemplo.

Además, los accionistas deben justificar el pedido judicial en la realización de actos violatorios de la Ley o del contrato o en fundadas sospechas de graves irregularidades cometidas por los órganos sociales (art. 339). También, deben acreditar haber agotado los recursos previstos por el contrato o la Ley.

Se trata, asimismo, de un derecho cuyo ejercicio está estrictamente condicionado. El Juez autorizará la exhibición si se cumplen las condiciones referidas.

En todos los casos, este derecho debe ser ejercido en tal forma que no implique un uso abusivo. Entre el interés particular de un socio o un grupo de socio y el interés común puesto en peligro por revelaciones imprudentes, debe ser este último el que prevalezca; pero ello deberá resolverse en cada caso de acuerdo a sus circunstancias. El Juez ante quien se plantea el pedido podrá denegar la exhibición si se prueba que se trata de un ejercicio abusivo del derecho.

II. Derecho de información

Cualquier accionista tiene derecho a pedir al órgano de administración, informes escritos o copias de documentos, pero este derecho se encuentra limitado a los documentos referidos en el art. 321: 

1. nómina de los integrantes del directorio y del órgano de control; 

2. resoluciones propuestas por el administrador a la asamblea de accionistas; 

3. lista de accionistas inscriptos para asistir a las asambleas y lista de quienes asistieron a ellas; 

4. acta de asambleas; 

5. balance general, memoria del órgano administrador e informe del fiscalizador (si lo hubiera). 

En general se trata de documentos que se debieron poner a disposición de los accionistas, antes de la asamblea que debe aprobarlos. También, se trata de informes que deben estar en el legajo que, cuando se trata de sociedades anónimas abiertas lleva la Auditoría Interna de la Nación. Este legajo puede ser consultado por cualquier accionista. El derecho se ejercerá, entonces, en la hipótesis en que tales documentos no se hubieren llevado al legajo.

La LSC fija un plazo de 180 días para someter los estados patrimoniales anuales y memoria a la asamblea. El plazo se cuenta a partir del fin del ejercicio. El fundamento de esta exigencia es proporcionar a los accionistas la documentación que se ha de analizar en la asamblea con tiempo suficiente para que puedan considerarlos, estudiarlos y luego votar con conocimiento.

Los balances anuales, notas y memoria que deben elaborar anualmente los administradores o el directorio deben ser puestos a disposición de los accionistas, en la sede social, con diez días de anticipación a la asamblea. En el mismo término debe ponerse a disposición de los accionista los informes formulados por los órganos de control interno (art. 96). En la asamblea se podrá aprobar o impugnar toda esa documentación, pues ello es derecho inderogable de los accionistas (art. 97, inc. 2).

Este derecho es de cualquier accionista. Si el administrador no proporciona la información solicitada, el accionista puede pedirla judicialmente. El juez impondrá la obligación de proporcionar informes, previa audiencia de la sociedad. Los directores responderán solidariamente de los gastos y honorarios devengados por la actuación judicial. El inc. final del art. 321 establece:

“Si el órgano administrador rehusara proporcionar total o parcialmente la información o copia solicitada, el accionista podrá pedir al Juez que la ordene. En este caso, todos los gastos y honorarios que se devenguen serán de cuenta del administrador o de los directores omisos, los que responderán personal y solidariamente entre ellos.

El art. 357 impone al directorio la obligación de entregar copia del reglamento del funcionamiento de las asambleas, que se hubiere adoptado por asamblea extraordinaria. Si no se entrega esa copia, cualquier accionista puede pedirla judicialmente (art. 321). 

III. Fiscalización

Los administradores deben depositar, en la sede social, los estados contables que deben elaborar anualmente, así como la memoria y los informes del órgano de control, cuando lo hubiere, con diez días, por lo menos, de anticipación a la fecha en que deban ser considerados por la asamblea para su aprobación (art. 96). Los socios reunidos informalmente o en asamblea, cuando ésta se impone por el tipo estipulado, tienen la función de aprobar o desaprobar esos estados e informes (art. 97 y 342).

El  art. 97 con la redacción dada por la Ley 17.243 dispone:

La documentación referida en los artículos anteriores será sometida a la aprobación de los socios o accionistas en un plazo que no excederá los ciento ochenta días a contar de la finalización del ejercicio. Tratándose de sociedades abiertas, el plazo que será fijado por la reglamentación no podrá exceder de los ciento veinte días contados de la finalización del ejercicio. De no haber impugnaciones dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, dicha documentación se tendrá por aprobada, salvo que se trate de sociedades en la que funcionen asambleas, las que se regirán por sus normas específicas.

El derecho a la aprobación e impugnación de los estados contables y a la adopción de resoluciones de cualquier orden a su respecto, será irrenunciable y cualquier convención en contrario será nula.

Si se tratara de sociedades sujetas a control estatal se remitirá otra copia al organismo oficial correspondiente. Estas sociedades publicarán sus estados contables y proyecto de distribución de utilidades aprobados, con la visación respectiva.[3]

El art. 342 agrega: 

“Corresponderá a la asamblea ordinaria, considerar y resolver los siguientes asuntos:

1) Balance general (estado de situación patrimonial y estado de resultados), proyecto de distribución de utilidades, memoria e informe del síndico o comisión fiscal y toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad que le competa resolver conforme a la ley y al contrato o que sometan a su decisión el administrador o el directorio, y la comisión fiscal o el síndico.

2) Designación o remoción del administrador, de los directores, de los síndicos o de los miembros de la comisión fiscal y fijación de su retribución.

3) Responsabilidades del administrador o de los directores, del síndico o de los miembros de la comisión fiscal.”[4].  

* Fiscalización por un órgano de control interno 

La fiscalización privada es obligatoria para las abiertas y facultativa para las cerradas (art. 397). Sin embargo, para las cerradas se admite la creación del órgano de control y que se designen sus titulares a pedido de los accionistas que representen por lo menos un 20 % del capital integrado (art. 397, inc. 4).

De la redacción del artículo 402 se deduce el derecho de los accionistas a pedir informes y de efectuar denuncias al órgano de control interno[5]. El pedido se puede formular en una asamblea ordinaria o extraordinaria cuando no figure, el orden del día.

* Fiscalización por un órgano de control externo

Las sociedades anónimas se encuentran sometidas a la fiscalización de la Auditoría Interna de la Nación, respecto de la constitución y modificación de su contrato social, así como respecto a su disolución anticipada, transformación, fusión, escisión y cualquier variación del capital social[6]. Las sociedades anónimas abiertas, además, están sujetas al control estatal durante su funcionamiento y liquidación (art. 409).

Además de estos casos de control preceptivo, los accionistas que representen, por lo menos, el 10 % del capital integrado, pueden solicitar la fiscalización de la Auditoría Interna de la Nación, sea cual fuere la clase de sociedades anónimas. Una vez requerida la fiscalización, la Auditoría podrá recabar información al órgano de administración de la sociedad y, en su caso, al de control privado. Las medidas de fiscalización se limitarán a lo que se haya solicitado por los accionistas (art. 410)[7].

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[1] En el Proyecto Pérez Fontana ese derecho sólo podrá ejercitarse una vez cada seis meses, salvo presunción de graves regularidades.

[2] Fuente: Proyecto Pérez Fontana.

[3] La redacción del art. 97 fue dada por la Ley 17.243. La redacción anterior del art. 97 era la siguiente:

(Consideración de los estados contables. Comunicación). La documentación referida en los artículos anteriores será sometida a la aprobación de los socios o accionistas en un plazo que no excederá los ciento ochenta días a contar de la finalización del ejercicio. De no haber impugnaciones dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, dicha documentación se tendrá por aprobada, salvo que se trate de sociedades en la que funcionen asambleas.

El derecho a la aprobación e impugnación de los estados contables y a la adopción de resoluciones de cualquier orden a su respecto, será irrenunciable y cualquier convención en contrario será nula.

Si se tratara de sociedades sujetas a control estatal se remitirá otra copia al organismo oficial correspondiente. Estas sociedades publicarán su balance general, estado de situación patrimonial y de resultados, y proyecto de distribución de utilidades aprobados, con la visación respectiva.

[4] Donde dice sociedades abiertas, seguramente se quiso decir sociedades anónimas  abiertas.

[5] El art. 402 establece:

 (Atribuciones y deberes). Serán atribuciones y deberes de los síndicos o de la comisión fiscal, sin perjuicio de los demás que la ley determine y los conferidos por el contrato social:

.....

7) Suministrar a accionistas que representen no menos del 5 % (cinco por ciento) del capital integrado, en cualquier momento que éstos se lo requieran, información sobre las materias que sean de su competencia.

8) Investigar las denuncias que le formule por escrito cualquier accionista, mencionarlas en informe a la asamblea y expresar acerca de ellas las consideraciones y proposiciones que correspondan; convocar de inmediato a asamblea extraordinaria para que resuelva al respecto, cuando la situación investigada no reciba del órgano de administración el tratamiento que conceptúen adecuado y juzguen necesario actuar con urgencia...

[6] Ver Decreto 335/990.

[7] El art. 410 agrega:  

Sea cual fuera la clase de sociedad anónima, el órgano estatal de control podrá ejercer funciones de fiscalización cuando lo soliciten fundadamente accionistas que representen por lo menos el 10 % (diez por ciento) del capital integrado. Presentada la solicitud, el órgano estatal de control podrá recabar información al órgano de administración de la sociedad y en su caso, al de control privado. De disponerse la fiscalización, ella se limitará al contenido de la solicitud.

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