¿Qué es el disregard o la inoponibildad de la personería jurídica?

Por Nuri E. Rodríguez Olivera y Carlos E. López Rodríguez

La Ley de Sociedades Comerciales n° 16.060 de 1989, recoge un instituto de elaboración jurisprudencial y doctrinaria que comenzó en Estados Unidos. La jurisprudencia y la doctrina que adopta y analiza este instituto, toma como punto de partida la consideración de la sociedad como persona jurídica. La sociedad comercial es una persona jurídica lo cual significa que es un ente susceptible de adquirir derechos y de contraer obligaciones y un centro de imputación de hechos y actos jurídicos. Se explica que la personalidad atribuida a la sociedad constituye un recurso de la técnica jurídica que permite a una pluralidad de socios actuar como una unidad en el mundo jurídico, a los efectos de lograr el fin común que los ha llevado a asociarse.

En términos generales, se sustenta que la personalidad es siempre un mecanismo jurídico al servicio de fines determinados que el derecho pretende tutelar; pero consta que esta técnica de la personería jurídica suele ser utilizada con fines distintos a los tutelados o con fines ilícitos. En efecto, como la creación de la personería jurídica societaria es fruto de la libre voluntad de los particulares, ha sucedido y puede seguir sucediendo que se cree, por ejemplo una sociedad persona jurídica, con el sólo fin de ocultarse detrás de ella, como detrás de una máscara, actuando en el mundo de los negocios en forma encubierta. De este modo, las personas físicas, se disfrazan para la realización de maniobras ilícitas o fraudulentas con el vestido de la persona jurídica societaria.

Frente a la posibilidad de un uso indebido de la técnica de la personería jurídica, nace la creación de la jurisprudencia norteamericana en virtud de la cual, en los casos de utilización indebida del negocio societario corresponde prescindir de la personería jurídica dejando al descubierto la maniobra que se pretendió perpetrar.

La novedosa resolución fue recepcionada en Europa y luego recibida en Latinoamérica. En Argentina primero y luego en nuestro país muchos fallos la han acogido y la doctrina se ha ocupado frecuentemente de ella.

En nuestra realidad se han configurado situaciones que justificaban al aplicación de este instituto.

Puedo dar muchos ejemplos. Una persona, obtiene el concurso de otra – testaferro - para crear una sociedad con el solo fin de limitar su responsabilidad en el ejercicio de sus actividades comerciales o utiliza este recurso para ejercer una actividad que le está prohibida en razón de cuestiones personales (piénsese en el fallido o en un magistrado civil, a quienes les está prohibido el ejercicio del comercio). Otras veces se ha usado el esquema societario para defraudar los derechos del cónyuge para el caso de disolución de sociedad conyugal o los derechos de los herederos forzosos para el caso de sucesión, traspasando los bienes particulares de mayor importancia económica a una sociedad anónima, cuyas acciones luego serán entregadas a quien se quiere favorecer. En fin, es corriente que una persona trasmita sus bienes a una sociedad para eludir la persecución de sus acreedores. A veces, utilizando los esquemas societarios, se crean conjuntos económicos, traspasando de una a otra sociedad utilidades o distribuyendo entre ellas bienes y deudas, en burla de los derechos del Fisco o de acreedores o para lesionar los intereses de los socios o accionistas de alguna de las sociedades involucradas en la maniobra.

Las maniobras posibles son tantas como las que el ingenio humano puede elaborar. He mencionado algunas, a vía de ejemplo, para demostrar cómo los particulares pueden usar la persona societaria como un recurso técnico eficiente para simulaciones y fraudes.

El instituto recibe distintos nombre: prescindencia o desestimación de la personería jurídica o penetración de la personería jurídica o superación de la personería jurídica o se la justifica señalando la necesidad de descorre el velo o de quitar la máscara de la personería jurídica o se invoca el abuso de la personería jurídica[1].

La solución contempla aquellas situaciones en que la técnica de la personería jurídica se utiliza en oposición a los fines que llevaron al legislador a consagrarla. Se sostiene que, en tales casos, corresponde superar la forma jurídica adoptada o prescindir de ella o levantar el velo para constatar cuál es la realidad interna encubierta y aplicar a tal realidad el derecho que corresponda.

1. Doctrina discrepante sobre este instituto

Cierta doctrina moderna, siguiendo a Ascarelli no es partidario de esta construcción doctrinaria y jurisprudencial. Se argumenta por Ascarelli y sus seguidores que, en los casos en que la jurisprudencia y la doctrina, aplican la teoría de la prescindencia de la personería jurídica, simplemente se trata de situaciones en que no corresponde aplicar la normativa especial de las sociedades comerciales que le atribuyen personería jurídica. No corresponde decir, que se pueda desestimar la personería jurídica o prescindir de ella, sino simplemente que no la tienen, ya que la personería jurídica se otorga toda vez que se den determinados supuestos:  esto es, un negocio societario real celebrado con los fines tutelados por el derecho. Las normas de sociedades comerciales con la diferenciación del patrimonio de la sociedad y de los socios y con toda su estructura de responsabilidades no se aplican en aquellos casos en que faltan requisitos específicos para la existencia del negocio societario.

La estructura societaria se aplica toda vez que exista una pluralidad de personas que ponen bienes en común para realizar una actividad comercial y distribuir entre sí sus resultados. Si no se cumplen con esas condiciones y fines, cae el negocio societario y su caída arrastra a la Personería Jurídica, por aplicación de las normas específicas del derecho societario.

Dicen los autores que no se trata, entonces, de prescindir de la Personería Jurídica sino simplemente de no aplicar el régimen societario a la situación cuestionada, ya sea porque falta la pluralidad de elementos personales o por falta de consentimiento o por falta de causa o por simulación[2], Ripert señala que en los caso en que existe abuso de personería jurídica existe una simulación, estando el negocio viciado por falta de consentimiento.

2. Justificación del Instituto

La ley recoge la elaboración jurisprudencial y doctrinaria para crear una normativa que determina los casos en que este instituto puede ser utilizado y los mecanismo procesales para ello.

Se justifica su inclusión por las razones antes apuntadas.

La sociedad comercial es una persona jurídica, lo cual significa que es un ente susceptible de adquirir derechos y de contraer obligaciones y un centro de imputación de hechos o actos jurídicos. La personalidad atribuida a la sociedad constituye un recurso de la técnica jurídica que permite a una pluralidad de socios actuar como una unidad en el mundo jurídico a los efectos de lograr el fin común que los ha llevado a asociarse.

La personalidad es siempre un mecanismo jurídico al servicio de fines determinados que el derecho pretende tutelar:  intereses de los socios que se unen para realizar una actividad en común.

El negocio societario da marco jurídico para un fenómeno asociativo de colaboración. Sirve como instrumento para las personas que deseen aunar bienes y esfuerzos y compartir los riesgos de una actividad económica en común.

El legislador regula el contrato societario y atribuye personería jurídica al agrupamiento de bienes y personas formando por el contrato pero no admite se utilice el instrumento jurídico, vulnerando el orden jurídico, en perjuicio de los propios socios o de terceros.

Por el artículo 189 se autoriza a prescindir de la personalidad jurídica de la sociedad en determinados casos que preceptivamente se determinan, indicando la vía procesal. El artículo 190 atribuye determinados efectos al instituto y al art. 191 autoriza la adopción de medidas cautelares.

3. Modalidades de prescindencia

La prescindencia de la personería jurídica puede lograrse a través de dos mecanismos distintos:  a) la prescindencia normativa y b) la prescindencia jurisdiccional.

La prescindencia normativa se logra mediante una ley que establezca que, en determinados casos y circunstancias y a determinados efectos, corresponde prescindir de la personería jurídica para regular las relaciones que subyacen bajo su apariencia.

Existen varios casos en que nuestro derecho positivo ha autorizado la desestimación de la persona jurídica. Así por ejemplo, la Ley 13.426, que se aplica a la Caja de Jubilaciones de la Industria y Comercio, prevé la existencia de conjuntos económicos y establece que cuando se den se produce una comunicación de responsabilidad entre todas las entidades jurídicas que lo forman, prescindiéndose de sus individualidades jurídicas.

Otro ejemplo es la Ley 14.625 sobre Distribución, en que se responsabiliza a las “empresas” productoras o importadoras por los impuestos y cargas sociales que se generan por la actividad de las “empresas” distribuidoras, aún cuando éstas pertenezcan a personas jurídicas distintas, con salvedades expresamente establecidas.

En materia de liquidación judicial de Bancos, a partir de la Ley 13.892 se han dictado normas para determinados casos concretos que establecen la confusión patrimonial del patrimonio del Banco en liquidación con los patrimonios de sus sociedades colaterales, prescindiendo así de sus respectivas personalidades jurídicas, que justificarían, por el contrario, su separación. Las Leyes n. 14.672 y 14.774 para regular la liquidación de ciertas sociedades financieras y de ciertos frigoríficos, dispusieron que las distintas personas jurídicas que formaban el conjunto económico se liquidarán como una sola entidad patrimonial.

No es a esta penetración normativa a la cual se refiere la Ley 16.060. Esta ley regula la desestimación jurisdiccional.

La prescindencia jurisdiccional es la que se logra mediante el ejercicio de una acción que promueve un juicio en que se debe resolver el caso concreto planteado, desestimando la personería jurídica para imputar hechos, actos y relaciones, en controversia, a los socios o terceros que resulten ser sus auténticos titulares.

Hasta la sanción de la Ley 16.060 no existían normas que autorizaran a los jueces a desestimar la personería jurídica. Los jueces fundaban sus fallos en el abuso del derecho o en la existencia de un negocio simulado. La Ley 16.060 incorpora una norma que los autoriza a hacerlo, en determinados casos pero encauzando y limitando la aplicación del instituto, para que no se convierta en un instrumento de utilización arbitraria y discrecional.

4. Terminología y efectos del instituto

La ley usa dos términos:  inoponibilidad como nomen juris de la sección que lo regula y prescindencia e inoponibilidad en el articulado.

¿Por qué ésta terminología? El negocio inoponible es el negocio válido pero que no puede ser opuesto a terceros. La sentencia que disponga la prescindencia de la personería jurídica no impone su disolución y liquidación ni resuelve su nulidad.

Acogida la demanda de inoponibilidad, la sociedad subsiste como contrato y como persona, sólo que no es oponible a la persona que la entabló y para el caso en que se ha planteado. La sentencia que se dicte tiene efectos respecto al caso concreto y no afecta a terceros de buena fe (art. 190).

Como consecuencia del fallo que se dicte y, según las circunstancias, determinados bienes, derechos u obligaciones de la sociedad y aún todo su patrimonio se atribuirá a quien se oculte detrás del velo de la personería societaria (art. 190).

Damos un ejemplo. Si se celebró la sociedad para defraudar las legítimas en caso de sucesión, los bienes sociales se imputarán al fallecido para luego incluirlos en el activo sucesorio.

Supongamos que un acreedor promueve una acción de inoponibilidad porque su deudor ha trasmitido bienes a una sociedad con el fin de insolventarse. El deudor obtiene una sentencia que producirá efectos sólo a su respecto. Los bienes de la sociedad se imputarán al deudor en la medida que sea necesario para cubrir el crédito del acreedor demandante. Si sobraran bienes la sociedad subsistirá con ellos.

En algunos casos, la imputación de bienes a la persona oculta será de tal entidad que la sociedad quedará sin bienes en su activo, produciéndose una causal de disolución (art. 159). Serían los casos de los ejemplos anteriores, en que el acreedor embarga y ejecuta todos los bienes de la sociedad para poder cobrarse, o cuando todos los bienes sociales se imputan al causante.

5. Casos en que procede

El artículo 189, inciso 1, dice así:  “Podrá prescindirse de la personalidad jurídica de la sociedad, cuando ésta sea utilizada en fraude a la ley, para violar el orden público, o con fraude y en perjuicio de los derechos de los socios, accionistas o terceros”.

a) Se comete fraude a la ley, cuando se actúa de acuerdo a las normas jurídicas pero contrariando los fines para los cuales éstas se han dictado. Aplicando este concepto general, habrá fraude a la ley cuando se utilice el negocio societario con fines distintos a los queridos por el legislador.

La ley organiza el instituto societario para permitir que dos o más personas unan bienes y esfuerzos para realizar una actividad económica.

Si el instrumento jurídico se utiliza por una persona con otros fines, como por ejemplo, el de limitar su responsabilidad personal para el ejercicio de actividades económicas, se está cometiendo un fraude a la ley.

b) Violar el orden público.

Se violará el orden público cuando mediante el negocio societario se vulneren normas de interés general, como podría ser el caso en que una persona constituya una sociedad anónima para transferirle bienes y luego distribuir las acciones al portador entre ciertas personas vulnerando las legítimas para el caso de muerte.

c) En fraude y en perjuicio de socios o accionistas.

Podrá darse tal circunstancia en el caso de sociedades vinculadas o de sociedades controlantes y controladas, en que se transfieran bienes o utilidades o gastos de una a otra, perjudicando a los socios o accionistas de una de ellas.

El artículo 50 dispone al respecto:  “Los administradores no podrán favorecer a una sociedad vinculada, controlada o controlante en perjuicio de la sociedad administrada debiendo vigilar que las operaciones entre las sociedades se efectúen en condiciones equitativas o con compensaciones adecuadas. Serán responsables de los daños y perjuicios causados en caso de violación de esta norma”.

El artículo 51 agrega:  “La sociedad controlante deberá usar su influencia para que la controlada cumpla su objeto, debiendo respetar los derechos e intereses de los socios o accionistas.

Responderá por los daños causados en caso de violación de estos deberes y por los actos realizados con abuso de derecho. El o los administradores de la sociedad controlante serán solidariamente responsables con ella cuando infrinjan esta norma”.

En los casos previstos por estos artículos podrá usarse este instituto.

d) En fraude y en perjuicio de terceros.

Se trata de los casos en que una persona constituya una sociedad para traspasarle sus bienes e insolventarse en perjuicio de los acreedores.

6. Personas legitimadas para promover la acción de legitimación

¿Quién puede promover la acción para obtener una declaración judicial de prescindencia, para imputar hechos o actos a las personas ocultas tras la máscara?

La ley no lo dice. Debe sobreentenderse que quien tiene interés tiene acción y que por lo tanto tendrá acción, quien resulte perjudicado por el uso indebido de la personería jurídica.

Podrán entablar la demanda los socios o accionistas o los terceros o una sociedad vinculada o controlada que haya sido perjudicada.

No resuelve la ley si los propios involucrados, podrían hacerlo. Parecería que no, dada la naturaleza de los caso enumerados. Son todos hechos ilícitos que no podrían ser invocados por quien los comete. Podría solicitarse sólo por los socios o accionista ajenos a la maniobra y víctimas de ella.

En sentencia argentina del 10/10/1973, publicada en la ley t. 153, Mellor Goodwin Combustion S.A. c/ Gobierno Nacional, se admitió que los tribunales pueden descorrer el velo societario en el interés de los mismos que la han creado, haciendo aplicación de la teoría de la penetración, porque lo que se trata es de la necesaria prevalencia de la razón de derecho sobre el ritualismo jurídico, formal... aprehendiendo la verdad jurídica objetiva, sea esta favorable al fisco o al contribuyente. En el caso al acto interesaba demostrar que entre varias sociedades, existía un conjunto económico.

7. Procedimiento

La pretensión debe promoverse por la vía del juicio ordinario, donde debe producirse prueba fehaciente de los hechos invocados.

Se ha querido que una pretensión de tanta trascendencia jurídica se dilucide con las máximas garantías procesales.

En otras materia societarias las controversias pueden tener una solución judicial de mayor agilidad (art. 18) pero este tema de la prescindencia debe ser manejada con las mayores cautelas.

8. Medidas cautelares

El Juez puede disponer la inscripción del testimonio de la demanda en el Registro Nacional de Actos Personales, sección Interdicciones[3]. Con ello se impide la posibilidad de que la sociedad enajene los bienes o los grave en tanto se sustancie el juicio.

Se podrán adoptar otras medidas cautelares prevista por las leyes procesales, incluso la  intervención de la sociedad también disciplinada en la ley.

9. Prueba de los hechos que hacen admisible a la desestimación

El artículo 189, en el inc. 2, exige prueba fehaciente. En esta materia debe recordarse que por la naturaleza del asunto, difícilmente existirá prueba documental de los hechos que configuran los casos que hacen posible la prescindencia[4]. La prueba de que se usa del esquema societario y de la personería jurídica con fines no tutelados por la ley, necesariamente se deberá armar sobre indicios que sirvan de base a presunciones judiciales, tal como sucede en materia de simulación[5].

10. Responsabilidades personales (Art. 190, inc. 4)

El instituto de la prescindencia es aplicable, sin perjuicio de las responsabilidades personales de quienes participan en los hechos (art. 190, inc. 4).

Me remito a las disposiciones ya comentadas sobre responsabilidad de los administradores, de los síndicos y de los accionistas por su voto, y a los artículos 50 y 51 de la ley, antes transcriptos, en que se establecen respectivamente la responsabilidad de los administradores de las sociedades vinculadas y de las sociedades controlantes.

Se dispone un régimen de responsabilidad de socios y administradores o participantes en los hechos, pero sin crear un régimen de responsabilidad objetiva a su cargo. Quien pretenda responsabilizarlos deberá probar sus respectivas culpas. El artículo 190, inciso 4 dice así:  “Lo dispuesto se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades personales de los participantes en los hechos, según el grado de su intervención y conocimiento de ellos”.

En algunas hipótesis, los hechos denunciados para reclamar la prescindencia de la personería jurídica generarán responsabilidad penal. Por ejemplo, el delito denominado insolvencia societaria fraudulenta, se tipifica toda vez que se oculta o disimula o se hace desaparecer el patrimonio de una empresa (art. 5º de la Ley 14.095). Al desaparecer el patrimonio de la empresa, ésta se insolventa en perjuicio de los acreedores y aún de los propios socios[6].

11. Traslado de la excepción previa de caducidad

No existe un término de caducidad ni de prescripción breve para la acción de prescindencia de la personería jurídica. No se establece en el artículo 191 que la regula ni en ningún otro texto legal ulterior.

El artículo 191 dispone: “El Juez interviniente en un proceso en el cual se pretenda la prescindencia de la personalidad jurídica de una sociedad, ordenará, si correspondiera, la inscripción del testimonio de la pretensión en la Sección Reivindicaciones del Registro General de Inhibiciones, a los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley 10.793, de 25 de setiembre de 1946; sin perjuicio de otras medidas cautelares que pueda adoptar”.

La Ley 10.793 fue derogada por la Ley 16.871. El artículo 35  de la Ley 16.871 dispone que la acción de prescindencia de la personalidad jurídica se inscribe en el Registro Nacional de Actos Personales. El artículo 100 de la Ley 16.871 deroga todas las normas que se opongan a ella. Por ende, ha quedado modificado el artículo 191, en su referencia al art. 38 de la Ley 10.793.

El artículo 35 de la Ley 16.871 no confiere ningún efecto especial a la inscripción de esta acción.

Tampoco contiene ninguna norma sobre prescripción o caducidad.

El efecto de las inscripciones registrales se establece en el artículo 54, para todos los actos registrales.

El artículo 54 dispone: “Los actos, negocios jurídicos y decisiones de las autoridades competentes que se registren conforme a la presente Ley serán oponibles respecto de terceros a partir de la presentación al Registro, excepto lo dispuesto en el artículo siguiente.”

El Legislador incurrió en error cuando, en la redacción del artículo 191 de la Ley 16.060, se refirió a “los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley 10.793”, porque en ese art. 38, no se establecían efectos del Registro. Más adelante explicaremos el error involuntario en la redacción de la Ley tal como surge de la discusión en la Comisión del Parlamento que la estudió y cuál fue el espíritu del legislador al redactar ese texto.

El artículo 38 de la Ley 10.793 establecía una nómina de acciones que se inscribían en la Sección Reivindicaciones y  contenía, además, una norma de prescripción referida exclusivamente a las acciones paulianas que era una de las acciones registrables, entre otras.

El artículo 38 de la Ley 10.793, hoy derogado, establecía un término de prescripción para la acción pauliana y fijaba como punto de partida de ese término la inscripción de la enajenación  - impugnada por tal acción  - en el Registro de Traslaciones de Dominio. Es decir que el término de prescripción no era un efecto de la inscripción de la demanda de la acción pauliana.



[1] En el derecho americano: disregard of legal entity.

[2] Freschi, Revista de las Obligaciones, 1976, pp. 743 y ss.; Colombres, Curso de Derecho Societario, pp. 39 y ss.

[3] Ley de Registros 16.871, art. 34.

[4] No se utiliza términos del Proyecto Pérez que exigía prueba plena y concluyente.

[5] En sentencia de casación n. 123 del 9.3.2000 se expresa: 

“Los actores indican que Menéndez y cía. empresa condenada en ambas instancias, no posee bienes propios con que hacer frene a la condena, en tanto Imenco, que no tiene vida social, posee un inmueble y deducen a partir de esta constatación la existencia de una finalidad fraudulenta.

Por lo demás, no se probó que el inmueble citado haya sido comprado con dinero de Sucesores de Menéndez y Cía. y no con dinero propio de sus socios. No surge probado que se hayan distraído fondos de Sucesores de Menéndez, que constituyan la garantía común de sus acreedores, hacia Imenco. Hasta aquí no se aprecia fraude a los acreedores de Sucesores de Menéndez, empresa por ese entonces solvente y prestigiosa, por el contrario, Imenco beneficiaba a Sucesores de Menéndez en la medida que funcionaba en su inmueble a título gratuito.

La mayoría de la Corte coincide entonces con la Sala en la inexistencia de prueba de fraude. Existían sí dos sociedades en identidad de socios, pero ello no prueba la existencia de fraude.

La mayoría de la Corte, considera que el disregard es una acción excepcional mediante la cual el Juez está habilitado a ingresar dentro del marco de la persona jurídica y llegar hasta las personas físicas (o jurídicas) que hay en su base y hasta la plata forma económica subyacente, a fin de aplicar aquellas normas de derecho que correspondieren evitándose así el uso abusivo de la personalidad jurídica. Dado su carácter de excepcionalidad es que cabe aplicar este correctivo únicamente cuando la persona jurídica es utilizada abusivamente, encubriendo conductas que burlan a los acreedores, lo cual como se dijo, no quedó demostrado en el caso de autos”.

[6] Otras soluciones de doctrina y derecho comparado

Proyecto propuesto por el Profesor Argentino Rogasiano María Lo Celso: 

“Los tribunales pueden prescindir de la personalidad jurídica en caso de manifiesta utilización de ella en fraude de la ley, de los derechos de sus miembros o de terceros, discerniendo las responsabilidades conforme a derecho”.

El informe de Lo Celso que contenía ese texto fue aprobado por unanimidad en sesión conjunta de los institutos de Derecho civil y Derecho comercial de la Facultad de Derecho de Rosario, celebrada el 13 de noviembre de 1975 (Revista del Derecho Comercial, 1976, pp. 27 y ss.)

Art. 138 del Proyecto de Pérez Fontana establece:

“Prescindencia de la personalidad jurídica. Podrá prescindirse de la personalidad jurídica de la sociedad, responsabilizándose personalmente a los socios de una sociedad de responsabilidad limitada y a los administradores e integrantes del órgano fiscalizador de una sociedad anónima, en los siguientes casos:

1) Cuando se utilice la sociedad para perjudicar los intereses del fisco.

2) Cuando se utilice la sociedad para perjudicar los intereses de terceros o de los accionistas o de los socios de una sociedad de responsabilidad limitada especialmente en el caso de que se haga desaparecer dolosamente el patrimonio de la sociedad.

3) Cuando se utilice la sociedad para realizar  negocios en fraude a la ley.

Los socios o administradores y los integrantes del órgano fiscalizador que demuestren ser ajenos al hecho imputado y haber actuado de buena fe, estarán exentos de responsabilidad.

Solamente podrá prescindirse de la personalidad cuando exista prueba plena y concluyente de los hechos en que se funde el pedido.

Los jueces deberán actuar con extrema cautela y, en caso de duda, rechazar la acción iniciada.”

Art. 54 de la LSC argentina.

“Inoponibilidad de la personería jurídica.

“Inoponibilidad de la personería jurídica. La actuación de la sociedad en encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe para frustrar derechos de terceros se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieran posible, quienes responderán solidaria o ilimitadamente por los perjuicios causados.”

Proyecto de modificación del CC argentino con media sanción legislativa

El art. 39 de ese proyecto establece:

“Las corporaciones, asociaciones, etc. serán consideradas como personas enteramente distintas de sus miembros. Los bienes que pertenezcan a la asociación no pertenecen a ninguno de sus miembros; y ninguno de sus miembros ni todos ellos están obligados a satisfacer las deudas de la corporación, si expresamente no se hubiesen obligado como fiadores o mancomunado con ella”.

“La primera parte de este artículo no será aplicable cuando la personalidad sea utilizada con el fin de obtener una ventaja ilegítima, a expensas de terceros, o de cometer un fraude a la ley; en estos casos los directores, administradores y miembros, serán solidariamente responsables con la persona jurídica frente a quienes resulten perjudicados, siempre que no demuestren que han sido extraños al hecho o acto impugnado, en cuyo caso responderán en la medida del beneficio que hubieren recibido.

“Cuando una persona jurídica se halle sometida al poder de dirección de otra persona física o jurídica tampoco se aplicará la primera parte de este artículo, y el patrimonio de aquélla se considerará parte integrante del de ésta, sin perjuicio de los derechos de los otros miembros de la persona jurídica sometida a tal dirección. La interposición de personas para ocultar ese poder constituye una actividad ilícita y quienes hayan actuado en ese carácter responden solidariamente por todas las obligaciones que graven ese patrimonio.”

En la norma proyectada por el legislador argentino se incorpora una norma para todo tipo de corporación o asociación. En el segundo inciso se crea un régimen de responsabilidad. En el tercero, se proyecta, efectivamente, un régimen de prescindencia pero sólo para situaciones de control.

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