Intervención judicial

Por Nuri E. Rodríguez Olivera y Carlos E. López Rodríguez

La intervención judicial de una sociedad comercial consiste en la designación de una persona para participar en la administración, desplazando a los administradores convencionales, coadministrando, controlando la administración o para ejecutar una medida concreta propia de un órgano de administración. 

Su fundamento es la tutela de los intereses de los socios, que pueden verse afectados por una actuación indebida de los administradores o por la inactividad de los órganos de administración ocasionada por una vacancia o por cualquier otro hecho que impida la adopción de resoluciones válidas y, por ende, trabe la marcha normal de la sociedad. Cuando la sociedad se ve afectada por una mala gestión o por la inactividad de los órganos sociales, se perjudica el patrimonio social y con ellos los intereses comunes de los socios.

La Ley 16.060/1989, de 4 de setiembre, de Sociedades Comerciales (LSC) dispone la aplicación de la medida cautelar de intervención con carácter restrictivo (art. 185).

La intervención puede promoverse como medida cautelar o como medida autosatisfactiva (art. 184, inc. 2, LSC)[7]

I. Presupuesto subjetivo

De acuerdo con la LSC, sólo pueden solicitar la intervención judicial los socios o accionistas (art. 185 LSC) y la Auditoria Interna de la Nación (AIN), según se establece en el art. 411 LSC.

A. Socios o accionistas

La LSC reclama al peticionante la condición de socio o accionista, condición que debería tenerse al solicitar la medida. Tal es la interpretación lógica de la norma en tanto trata de requisitos que deben acreditarse en la solicitud de intervención.

Alguna jurisprudencia ha considerado que no es indispensable que el promotor de la medida justifique que se encuentra en posesión de las acciones, bastando la prueba sumaria de que ha sido desposeído de éstas. También, se ha eludido el precepto legal cuando la intervención se solicita como medida cautelar del resultado de la acción de responsabilidad del administrador (SJLC de 17 t., nº 1701/1991, Tabaré Sosa).

No obstante, es claro que se debe acreditar la calidad de socio al momento de solicitar la intervención judicial. En el caso de las SRL y sociedades personales, la condición de socio ha de surgir del contrato social. En el caso de las SA ello dependerá de la modalidad de acciones que haya emitido. Si se trata de acciones al portador, la calidad de accionistas se prueba con la exhibición del título . Esto es así puesto que las acciones son un documento necesario para el ejercicio de los derechos del socio, en virtud de lo dispuesto en los arts. 1 y 6 del Decreto Ley 14.701/1977, de 12 de setiembre, de Títulos Valores (LTV), aplicables en virtud de lo dispuesto en el art. 316 de la LSC. Si la acción es nominativa sólo están legitimados para ejercer los derechos que confiere el estatuto de accionista – entre los cuales está el de solicitar la intervención de la sociedad - aquellos que han registrado sus acciones en el libro registro de acciones nominativas. Si la acción nominativa estuviere endosada, el endosatario debe solicitar el registro para poder ejercer los derechos que la LSC reconoce al accionista. La comunicación a la sociedad para que ésta registre su participación es una carga del endosatario de las acciones, impuesta por el juego de los arts. 305 de la LSC, 316 de la LSC y 32 de la LTV. En el caso de las acciones escriturales, la propiedad de las acciones resulta de las anotaciones en el libro de registro de acciones escriturales (art. 305 LSC). Cuando el titular lo solicite, la sociedad debe extender un certificado que individualice las acciones que le pertenecen .

B. Auditoría Interna de la Nación

El art. 411 LSC autoriza a la AIN a solicitar al juez competente la intervención de la administración, en los casos de grave violación de la Ley o del contrato social.

Los accionistas de una SA pueden, entonces, pedir una intervención directamente o denunciar hechos que motiven la actuación de la AIN (art. 410).

Luego, este órgano podrá solicitar la intervención judicial.

C. Terceros con derechos o intereses legítimos

En nuestra jurisprudencia se ha sostenido que un tercero con derechos o intereses legítimos, a pesar de no ser socio, puede pedir la intervención de la sociedad al amparo de las disposiciones del CGP . Por no ser socio no le sería exigible el cumplimiento de los requisitos previstos por el art. 184 y ss. de la LSC. La solicitud de intervención solicitada por un no socio estaría regulada exclusivamente por los arts. 311 a 317 del CGP, advirtiéndose que en su art. 316 se encuentra prevista la designación de un veedor o auditora, o la de un interventor, entre otras medidas cautelares .

El razonamiento referido en el párrafo anterior es desacertado. La referencia del art. 316 del CGP a la posibilidad de que los jueces designen veedores o interventores como medida cautelar, no supone que se haya establecido un régimen de intervención judicial de sociedades paralelo al establecido en la LSC. Los jueces sin duda pueden designar veedores o interventores, pero ajustando su decisión al régimen especial en materia de intervención de sociedades, que se encuentra establecido en los arts. 184 y ss. de la LSC, sin perjuicio de la aplicación, en lo pertinente, de los establecido en el CGP respecto a las medidas cautelares.

La interpretación de la jurisprudencia referida conduce a que un tercero logre intervenir una sociedad comercial sin acreditar los rigurosos presupuestos de procedencia establecidos en la LSC. Sería más sencillo obtener la intervención de una sociedad a quien no es socio, que a un socio. No puede sostenerse este absurdo. La LSC no autoriza, por ejemplo, a los acreedores a pedir la intervención de la sociedad, que es su deudora. Los acreedores tienen otros recursos legales como el embargo preventivo. Si se admitiera intervenciones a pedido de acreedores, ellas servirían sin duda, a indebidas intromisiones de éstos en la vida interna de la sociedad.

II. Intervención judicial cautelar
A. Casos en que procede la intervención judicial cautelar

Se podrá promover como medida cautelar de una acción de responsabilidad contra los administradores o directores de una sociedad o de una acción de remoción.

La intervención cautelar sólo puede solicitarse en las situaciones previstas por el art. 184.

1. Actuación u omisión de los administradores que pongan en peligro grave a la sociedad

La existencia de un peligro grave para la sociedad, para la integridad de su patrimonio o para su existencia, justifica la medida excepcional de una intervención. Si la sociedad ya ha sufrido daños, se impone la intervención toda vez que tales daños se puedan acrecentar. Se excluye la posibilidad de pedir una intervención invocando razones de conveniencia o utilidad.

2. Negativa a los socios del ejercicio de derechos esenciales

La norma admite la intervención cuando los actos de los administradores afecten derechos esenciales de los socios. No se podrá decretar una intervención frente a cualquier acto u omisión que vulnere derechos de menor importancia o trascendencia.

B. Improcedencia de la intervención como medida preparatoria de un juicio

No se puede pedir una intervención con el objeto de preparar un juicio. En una diligencia preparatoria podrá pedirse una exhibición general de libros - aplicando el art. 71 del Código de Comercio (CCom) y el art. 339 de la LSC, si se trata de una SA - o una pericia contable o una inspección ocular en que se constaten determinadas irregularidades para preparar la iniciación de un juicio futuro.

La intervención – cualquiera fuere su grado - supone una intromisión en la vida societaria que sólo se puede decretar en el marco de las medidas cautelares con todas la garantías que ellas presuponen (contracautela, justificación sumaria de la necesidad de la medida, juicio posterior inmediato) o en el marco de un juicio ordinario.

III. Intervención autosatisfactiva

La intervención recibe el nombre de autosatisfactiva cuando, intervenida la sociedad para solucionar el defecto de su funcionamiento, no se necesita iniciar ningún juicio posterior.

El fundamento de la intervención autosatisfactiva, tal como sostiene la doctrina, es la tutela del interés social, que puede verse afectados por la inactividad de los órganos de administración y por cualquier otro hecho que impida la adopción de resoluciones válidas y, por ende, trabe la marcha normal de la sociedad. Cuando la sociedad se ve afectada por la inactividad de los órganos sociales, se perjudica el patrimonio social y con ello los intereses comunes de los socios.

A. Casos de intervención judicial autosatisfactiva

La LSC prevé dos casos de intervención judicial como medida autosatisfactiva: 

1. cuando los órganos sociales no funcionen o no puedan adoptar resoluciones válidas; 

2. y en caso de vacancia del administrador en sociedades comerciales, con excepción de las anónimas.

1. Inactividad de los órganos sociales o imposibilidad de adoptar resoluciones válidas

No actúan los órganos sociales, cuando, por ejemplo, han quedado desintegrados o cuando estando integrados no se pueda adoptar resoluciones porque hay empate y no se ha previsto contractualmente la forma de salir de él o cuando, por cualquier circunstancia, se obstaculiza la actuación de quienes los integran.

2. Vacancia del administrador en las sociedades personales

En materia de sociedades anónimas, el art. 379 prevé la forma de integrar los órganos de administración en caso de vacancia. En algunas hipótesis, será la Auditoría Interna de la Nación la que designe un administrador provisorio. El art. 379 dispone:

“El contrato social podrá establecer el régimen de suplencias del administrador o de los directores para el caso de vacancia temporal o definitiva. Si no hubiera previsiones estatutarias, se aplicarán las disposiciones siguientes.

Si se produjera la vacante del cargo de administrador el órgano de control interno nombrará un sustituto provisorio. Si no existiera órgano de control, cualquier accionista podrá pedir al órgano estatal de control que designe un administrador provisorio entre los accionistas mayoritarios. El administrador provisorio deberá convocar, dentro del plazo de sesenta días, la asamblea extraordinaria que nombrará el definitivo.

Los administradores provisorios sólo podrán realizar actos de gestión urgentes.

En el caso de vacancia en el cargo de director, el sustituto será nombrado por los directores restantes y actuará hasta la próxima asamblea. Si no se lograra acuerdo entre éstos o se hubiera producido la vacancia de todos o de la mayoría de los cargos, se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo.”  

Por lo tanto, en el ámbito de las sociedades anónimas, no corresponde una intervención judicial, en tanto la LSC prevé un procedimiento para solucionar el problema suscitado por la vacancia. La norma transcripta se aplica, también, a las sociedades de responsabilidad limitada en que actúa un directorio por lo dispuesto en el art. 237.

En cambio, en el ámbito de las sociedades personales, no está prevista una solución especial para el caso de vacancia. Entonces, la situación creada por una vacancia, se podrá remediar por medio de una intervención judicial. 

Esta solución es, también, aplicable cuando el órgano de administración de una sociedad de responsabilidad limitada es un administrador, puesto que se le aplican las normas de las sociedades colectivas. 

B. Naturaleza de intervención autosatisfactiva

Según se ha venido analizando, la LSC, al consagrar en su art. 184 la figura de la intervención judicial establece dos hipótesis. En la hipótesis de su inc. 1 - esto es, “cuando el o los administradores de la sociedad realicen actos o incurran en omisiones en que la pongan en peligro grave o nieguen a los socios o accionistas el ejercicio de derechos esenciales” – la LSC establece que la intervención procederá como medida cautelar. En la hipótesis de su inc. 2 - esto es, “cuando por cualquier causa no actúen los órganos sociales o cuando actuando, no sea posible adoptar resoluciones válidas, afectándose el desarrollo de la actividad social” – la LSC establece que no será necesario entablar un juicio posterior.

Obsérvese que la LSC, a diferencia de lo que realiza respecto de la primera hipótesis, no se pronuncia respecto de la naturaleza jurídica de la segunda hipótesis. Vale decir, respecto de la primer hipótesis, la LSC dispone que la intervención procede “como medida cautelar”. Respecto de la segunda hipótesis, diferentemente, la LSC establece que “no será necesario entablar un juicio posterior”.

Alguna doctrina ha visto en esto una indefinición de la LSC y considerado que la segunda hipótesis sería consagratoria, también, de una medida cautelar, aunque de carácter sui generis, a la que denominan como “medida cautelar autosatisfactiva”. Esta “medida cautelar autosatisfactiva” tendría como particularidad – a diferencia de las medidas cautelares propiamente dichas – de eximir a quien la promueve de entablar un juicio posterior.

Esto sostiene Gaggero, quien califica a la intervención prevista en el inc. 2 del art. 184, como atípica o  autónoma, puesto que aunque no accede a un juicio ordinario, no pierde por ello su finalidad cautelar en sentido amplio[8].

En el mismo sentido, Rippe Káiser afirma: 

“En el segundo caso la intervención opera como medida cautelar autosatisfactiva, tiene el único propósito de desbloquear la inactividad o traba de funcionamiento de los órganos sociales para permitir el desarrollo normal de la actividad social, se agota en sí misma con el solo logro de ese propósito y no requiere el juicio ulterior, ley de sociedades comerciales, art. 184.”[9]

Contrariamente a la opinión de estos autores, se ha entendido que la intervención a que nos referimos no tiene naturaleza cautelar[10].

En primer lugar, cabe consignar que las medidas cautelares, en la disciplina provista por el CGP, siempre presuponen la existencia de un juicio o su adopción como diligencia preliminar, en cuyo caso debe entablarse la demanda dentro de los 30 días de “cumplidas” (art. 311 CGP).

En segundo lugar, la LSC, en el art. 184, expresamente distingue esta intervención de las medidas cautelares, de tres maneras: omite designarla como medida cautelar; le da un tratamiento separado en un inciso específico; advierte expresamente que se trata de otra hipótesis y que en ella no será necesario entablar un juicio posterior.

En tercer lugar, esta intervención difiere en forma esencial de las medidas cautelares, por cuanto no asegura la eficacia de ninguna cuestión principal sino que se agota en sí misma. Lo autosatisfactivo es intrínsecamente diverso a lo cautelar. Ambas – autosatisfactivo y cautelar – son categorías que se oponen por su esencia, de modo que una medida no puede revestir las dos características a la vez, por ser éstas contradictorias.

La intervención autosatisfactiva es una medida que se agota en sí misma, resolviendo el fondo del asunto con la normalización de la actividad social. No garantiza la ejecución de ninguna sentencia ni tampoco es una medida provisional, atento a que está destinada a ser confirmada o revocada por otra resolución[11].

En este sentido se pronunció el XIX Congreso Nacional de Derecho Procesal Argentino, según el cual, las medidas autosatisfactivas proveen soluciones urgentes, que procuran aportar una respuesta jurisdiccional adecuada a una situación que reclama una pronta y expedita actuación del órgano judicial, pero esto no las provee de carácter cautelar[12].

Advertimos que esta posición no es, en realidad, novedosa sino que repite lo que ha sido la doctrina procesalista tradicional. Carnelutti negaba la existencia del proceso cautelar autónomo. Este autor definía el proceso cautelar como aquel que, en vez de ser independiente, sirve para garantizar (establecer una cautela para) el buen fin de otro proceso. La función mediata del proceso cautelar implica, por lo tanto, la existencia de dos procesos con respecto a la misma litis o el mismo negocio: el proceso cautelar supone el proceso definitivo.

Clamandrei se pronunciaba en el mismo sentido. La providencia cautelar se caracteriza por su instrumentalidad. Nace en la espera de otra providencia y muere en la emanación de esta providencia.

 



[7] Antes de la sanción de esta ley y del Código General del Proceso se sostuvieron dos posiciones sobre el instrumento procesal para lograr una medida cautelar: una sustentada por Gelsi Bidart y otra por Barrios de Ángelis. Ambas fueron publicadas en la Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, t. 66, p. 74 y ss.

Para Gelsi Bidart, una misma medida puede, según los casos, revestir carácter de medida cautelar o ser autosatisfactiva.

a) La medida cautelar sirve para la satisfacción de un proceso principal. Se aplica la disciplina del artículo 62 de la Ley  13.355 complementario del régimen establecido en el Título VIII, Parte Segunda del Código de Procedimiento Civil (CPC).

La medida cautelar debe promoverse existiendo un juicio en trámite o al mismo tiempo en que se inicia un juicio. Si la medida se pide antes de la iniciación del juicio principal, éste debe ser planteado en el término de 20 días (art. 841 CPC), bajo pena de nulidad (caducidad) de la medida adoptada.

Por su función instrumental se debe adoptar cuando se configura una situación de peligro que puede hacer frustrar  el resultado del juicio. La medida adelanta provisionalmente lo que se pretende o pretenderá en el juicio principal.

b) Una medida será autosatisfactiva cuando no tiende a asegurar el resultado de un juicio principal. La medida tiende, por sí misma, a solucionar un conflicto. La doctrina llama a esta modalidad “medida cautelar lato senso” o “media cautelar en sentido genérico” o “medida cautelar autosatisfactiva”. Tales denominaciones son impropias, pues tales medidas no tienen el rasgo de accesoriedad de las medidas cautelares.

En la construcción elaborada por Gelsi Bidart, la medida autosatisfactiva debe ser el contenido de una acción, que debe sustanciarse en un juicio ordinario. Quien pretende la adopción de tal medida, debe promover un juicio ordinario con el objeto de determinar – con todas las garantías procesales - en una sentencia, si se dan las circunstancias y condiciones que justifiquen su adopción. Culminado el juicio ordinario que dispone la adopción de la medida, ya no será necesario proseguir otro juicio, pues la medida satisface la pretensión ejercida, para solucionar una determinada situación.

Decía Gelsi Bidart textualmente:  

“... una misma medida puede ser cautelar o no, según concurra o no la referida instrumentalidad para evitar el riesgo relativo a una ulterior media procesal. En otros términos, será criterio decisivo para juzgar de su naturaleza, su finalidad principal. Es cautelar si se hace en vistas de una futura medida procesal, para asegurar que ésta no se frustre”. 

La medida autosatisfactiva no es entonces una medida cautelar sino una medida principal – así la califica el autor - que no necesita de un juicio ulterior porque esa medida se adoptó en la sentencia dictada en un juicio ordinario promovido a ese efecto.

Agrega Gelsi Bidart que quien inicia un juicio ordinario para obtener la concreción de una determinada medida puede pedir como medida cautelar, una medida de contenido similar para asegurar el resultado de su juicio ante el peligro de frustración. Sería el pedido de una medida cautelar típica para asegurar la medida cautelar “lato senso”.

Barrios de Ángelis sostiene que, en el artículo 62 de la Ley 13.355 hay unos incisos (los primeros) aplicables a todo tipo de media cautelar – en sentido genérico - y los restantes estarían referidos exclusivamente a la medida cautelar típica adoptada para asegurar el resultado de un proceso. Sostiene que las medidas cautelares lato sensu, no requieren un juicio futuro y hacen innecesaria una demanda posterior.

La existencia de la discusión doctrinaria analizada influyó en el tenor de los textos adoptadas por la LSC. La LSC regula a la intervención como un instrumento de corte excepcional y si bien admite la intervención como medida autosatisfactiva lo hace en forma limitada y para los casos taxativamente enumerados. Se admite la intervención como autosatisfactiva sólo en los casos en que no actúan los órganos sociales.

[8] Gaggero Errecart, op. cit., p. 161.

[9] Rippe Káiser Sociedades comerciales, Ley n° 16.060, p. 81.

[10] Valdés Herrera, "La intervención judicial de las sociedades comerciales", ADCom, t. 9, pp. 216 y 217.

[11] Valdés Herrera, op. cit., p. 216.

[12] Congreso Nacional de Derecho Procesal Argentino apud Valdés Herrera, íd ibíd., p. 216.

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