¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la intervención judicial de sociedades?

Por Nuri E. Rodríguez Olivera y Carlos E. López Rodríguez

I. Casos de intervención judicial cautelar

La intervención cautelar sólo puede solicitarse en dos situaciones previstas por la Ley de Sociedades Comerciales n° 16.060 de 1989 (LSC): que exista una actuación u omisiones de los administradores que pongan en peligro grave a la sociedad; que los administradores nieguen a los socios el ejercicio de derechos esenciales.

A. Actuación u omisión de los administradores que pongan en peligro grave a la sociedad

Sólo la existencia de un peligro grave para las sociedades, para su estructura, para la integridad de su patrimonio o para su existencia, justifica la medida excepcional de una intervención. Se excluye la posibilidad de pedir una intervención invocando razones de conveniencia o utilidad.

La procedencia de la intervención es independiente de la existencia de perjuicios. Basta la prueba del peligro para la sociedad o de la negativa en sí misma respecto del ejercicio de derechos esenciales. Si se requiriera la constatación de un daño, no estaríamos en el terreno de las medidas cautelares sino de las reparatorias.

En todo caso, si la sociedad ya ha sufrido daños se impone la intervención toda vez que tales daños se puedan acrecentar. 

Es indiferente para la configuración de la causal en análisis, la existencia de violación de la ley o el estatuto. El administrador puede realizar actos o incurrir en omisiones que pongan a la sociedad en peligro grave, sin haber violado ley o disposición contractual alguna.

Asimismo, es indiferente la existencia o no de intencionalidad por parte de los administradores, o su buena o mala fe.

B. Negativa a los socios del ejercicio de derechos esenciales

La Ley admite la intervención cuando los actos de los administradores afecten derechos esenciales de los socios[2]. No se podrá decretar una intervención frente a cualquier acto u omisión que vulnere derechos de menor importancia o trascendencia.

La Ley en el art. 319 establece cuáles son los derechos fundamentales del accionista de una sociedad anónima. Tratándose de socios de otros tipos sociales, se aplicará el art. 319 por analogía, para determinar cuándo se trata de un derecho esencial.

En general, para cada derecho atribuido existe una correspondiente defensa legal; pero cuando ni aún utilizando los recursos acordados por la Ley se obtiene una tutela efectiva, queda al socio o accionista la posibilidad de acudir a este instrumento. Como, según hemos de ver, el Juez debe resolver la adopción de una medida de intervención con carácter restrictivo, cada caso será objeto de un especial análisis y determinará distinta intensidad en la medida, de acuerdo a la naturaleza del derecho desconocido[3].

II. Casos de intervención judicial autosatisfactiva

La LSC prevé dos casos de intervención judicial como medida autosatisfactiva: 

A. cuando los órganos sociales no funcionen o no puedan adoptar resoluciones válidas 

B. y en caso de vacancia del administrador o directores en sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada.

Intervenida la sociedad para solucionar el defecto de su funcionamiento no se necesita iniciar ningún juicio posterior. En ningún otro caso o circunstancia podrá usarse como medida autosatisfactiva. La LSC ha restringido las posibilidades de utilización de este mecanismo excepcional porque significa el desplazamiento de las autoridades naturales de las sociedades[7].

A. Inactividad de los órganos sociales o imposibilidad de adoptar resoluciones válidas

No actúan los órganos sociales, cuando, por ejemplo, han quedado desintegrados o cuando estando integrados no se pueda adoptar resoluciones porque hay empate y no se ha previsto contractualmente la forma de salir de él o cuando, por cualquier circunstancia, se obstaculiza la actuación de quienes los integran.

B. Vacancia del administrador en las sociedades personales

En materia de sociedades anónimas, el art. 377 prevé la forma de integrar los órganos de administración en caso de vacancia. En algunas hipótesis, será el órgano estatal de control el que designe un administrador provisorio. El art. 377 dispone:

“El contrato social podrá establecer el régimen de suplencias del administrador o de los directores para el caso de vacancia temporal o definitiva. Si no hubiera previsiones estatutarias, se aplicarán las disposiciones siguientes.

Si se produjera la vacante del cargo de administrador el órgano de control interno nombrará un sustituto provisorio. Si no existiera órgano de control, cualquier accionista podrá pedir al órgano estatal de control que designe un administrador provisorio entre los accionistas mayoritarios. El administrador provisorio deberá convocar, dentro del plazo de sesenta días, la asamblea extraordinaria que nombrará el definitivo.

Los administradores provisorios sólo podrán realizar actos de gestión urgentes.

En el caso de vacancia en el cargo de director, el sustituto será nombrado por los directores restantes y actuará hasta la próxima asamblea. Si no se lograra acuerdo entre éstos o se hubiera producido la vacancia de todos o de la mayoría de los cargos, se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo.”  

Por lo tanto, en el ámbito de las sociedades anónimas, no corresponde una intervención judicial, en tanto la LSC prevé un procedimiento para solucionar el problema suscitado por la vacancia. La norma transcripta se aplica, también, a las sociedades de responsabilidad limitada en que actúa un directorio por lo dispuesto en el art. 237.

En cambio, en el ámbito de las sociedades personales, no está prevista una solución especial para el caso de vacancia. Entonces, la situación creada por una vacancia, se podrá remediar por medio de una intervención judicial. 

Esta solución es, también, aplicable cuando el órgano de administración de una sociedad de responsabilidad limitada es un administrador, pusto que se le aplican las normas de las sociedades colectivas. 

 



[2] Fuente:  Proyecto Pérez Fontana, artículo 139.

[3] La Ley se aparta de la Ley argentina que no admite la intervención para el caso de que se niegue a los socios el ejercicio de sus derechos; pero la doctrina de ese país, interpreta que es posible pedir la intervención toda vez que esa negativa afecte la estructura de la sociedad.

[7] Antes de la sanción de esta ley y del Código General del Proceso se sostuvieron dos posiciones sobre el instrumento procesal para lograr una medida cautelar: una sustentada por Gelsi Bidart y otra por Barrios de Angelis. Ambas fueron publicadas en la Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, t. 66, p. 74 y ss.

Para Gelsi Bidart, una misma medida puede, según los casos, revestir carácter de medida cautelar o ser autosatisfactiva.

a) La medida cautelar sirve para la satisfacción de un proceso principal. Se aplica la disciplina del artículo 62 de la Ley  13.355 complementario del régimen establecido en el Título VIII, Parte Segunda del Código de Procedimiento Civil.

La medida cautelar debe promoverse existiendo un juicio en trámite o al mismo tiempo en que se inicia un juicio. Si la medida se pide antes de la iniciación del juicio principal, éste debe ser planteado en el término de 20 días (art. 841 C.P.C.), bajo pena de nulidad (caducidad) de la medida adoptada.

Por su función instrumental se debe adoptar cuando se configura una situación de peligro que puede hacer frustrar  el resultado del juicio. La medida adelanta provisionalmente lo que se pretende o pretenderá en el juicio principal.

b) Una medida será autosatisfactiva cuando no tiende a asegurar el resultado de un juicio principal. La medida tiende, por sí misma, a solucionar un conflicto. La doctrina llama a esta modalidad “medida cautelar lato senso” o “media cautelar en sentido genérico” o “medida cautelar autosatisfactiva”. Tales denominaciones son impropias, pues tales medidas no tienen el rasgo de accesoriedad de las medidas cautelares.

En la construcción elaborada por Gelsi Bidart, la medida autosatisfactiva debe ser el contenido de una acción, que debe sustanciarse en un juicio ordinario. Quien pretende la adopción de tal medida, debe promover un juicio ordinario con el objeto de determinar – con todas las garantías procesales - en una sentencia, si se dan las circunstancias y condiciones que justifiquen su adopción. Culminado el juicio ordinario que dispone la adopción de la medida, ya no será necesario proseguir otro juicio, pues la medida satisface la pretensión ejercida, para solucionar una determinada situación.

Decía Gelsi Bidart textualmente:  

“... una misma medida puede ser cautelar o no, según concurra o no la referida instrumentalidad para evitar el riesgo relativo a una ulterior media procesal. En otros términos, será criterio decisivo para juzgar de su naturaleza, su finalidad principal. Es cautelar si se hace en vistas de una futura medida procesal, para asegurar que ésta no se frustre”. 

La medida autosatisfactiva no es entonces una medida cautelar sino una medida principal – así la califica el autor - que no necesita de un juicio ulterior porque esa medida se adoptó en la sentencia dictada en un juicio ordinario promovido a ese efecto.

Agrega Gelsi Bidart que quien inicia un juicio ordinario para obtener la concreción de una determinada medida puede pedir como medida cautelar, una medida de contenido similar para asegurar el resultado de su juicio ante el peligro de frustración. Sería el pedido de una medida cautelar típica para asegurar la medida cautelar “lato senso”.

Barrios de Ángelis sostiene que, en el artículo 62 de la Ley 13.355 hay unos incisos (los primeros) aplicables a todo tipo de media cautelar – en sentido genérico - y los restantes estarían referidos exclusivamente a la medida cautelar típica adoptada para asegurar el resultado de un proceso. Sostiene que las medidas cautelares lato sensu, no requieren un juicio futuro y hacen innecesaria una demanda posterior.

La existencia de la discusión doctrinaria analizada influyó en el tenor de los textos adoptadas por la LSC. La LSC regula a la intervención como un instrumento de corte excepcional y si bien admite la intervención como medida autosatisfactiva lo hace en forma limitada y para los casos taxativamente enumerados. Se admite la intervención como autosatisfactiva sólo en los casos en que no actúan los órganos sociales.

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