Juez competente

Por Carlos E. López Rodríguez

I. Competencia en primera instancia

A. Competencia de los Juzgados Letrados de Concursos

En el art. 12 de la Ley 18.387/2008, de 23 de octubre, de Declaración Judicial del Concurso y Reorganización Empresarial (LC) se mantiene la competencia especializada de los Juzgados Letrados de Concursos, que ya atribuía la Ley 17.292/2001, de 19 de diciembre, de Urgente Consideración, para todos los procedimientos concursales cuya competencia corresponda al departamento de Montevideo es decir, en los concursos de deudores domiciliados en el departamento de Montevideo sin importar su cuantía (art. 12, §1, Ley 17.292)[1].  

La norma en análisis innova en cuanto a la legislación anterior al prever que los procesos concursales promovidos fuera del departamento de Montevideo pero que presenten un pasivo superior a Unidades Indexadas (UI) 35.000.000 (a valor UI del 3 de marzo de 2014: aproximadamente US$ 4.326.870)[2] deben ser radicados, también, ante los Juzgados Letrados de Concursos de Montevideo. En este sentido, la LC se aparta de la regla de competencia en materia concursal que hace primar el criterio territorial del domicilio del deudor y así debería haberlo dispuesto en forma expresa en vez de referirse a «los procesos concursales originados fuera del departamento de Montevideo». La finalidad de la norma es claramente otorgar primacía al criterio cuantitativo, a los efectos de que entiendan en dichos procesos de mayor importancia económica los juzgado especializados de concursos.

B. Competencia de los Juzgados del interior de la República

En los demás procedimiento concursales planteados contra concursados domiciliados fuera del departamento de Montevideo rigen las normas generales en materia de competencia. El art. 33 de la Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales n° 15.750/1985, de 24 de junio (LOT) dispone:

«En los casos de concursos de acreedores, serán tribunales competentes los de lugar en que el deudor tuviese su domicilio y según la cantidad; salvo lo dispuesto en el Código de Comercio y leyes especiales.» 

Por lo tanto, en el interior serán competentes, según la cuantía, los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior con competencia en materia civil o los Juzgados de Paz Departamentales del Interior o incluso los Juzgados de Paz de las ciudades, villas o pueblos en caso de concursos con un pasivo muy pequeño[3].

A los efectos de aplicar lo dispuesto en el art. 33 de la LOT,  debemos considerar como domicilio, en cuanto al deudor persona física, si fuere comerciante, el lugar donde tiene su principal establecimiento (art. 40 CCom). El comerciante puede tener un establecimiento principal en una localidad y sucursales en otras. La determinación de cuál es el domicilio principal será una cuestión de hecho a probar y que será apreciado por el juez. Se entiende, en general, que será el lugar en que el comerciante tenga la sede de su administración, su documentación y libros. En cuanto al deudor persona jurídica la expresión domicilio se encuentra definida por la LSC como el «departamento, ciudad o localidad donde se establezca su administración» (art. 13)[4].

II. Competencia en segunda instancia

Respecto de la segunda instancia, el art. 257 de la LC previó dentro del Título XVI «Disposiciones Transitorias y Especiales» que, mientras no sea creado un Tribunal de Apelaciones con competencia en materia concursal, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) debería distribuir la competencia entre los Tribunales de Apelaciones en lo Civil (TAC), de forma tal que a uno de ellos acudan, en segunda instancia, todos los recursos de apelación contra sentencias de primera instancia en materia concursal. La finalidad de la norma, evidentemente, es unificar la jurisprudencia en materia concursal[5].

De acuerdo con esa misma disposición, la SCJ debería liberar a dicho tribunal de doble número de expedientes provenientes de otras materias[6].  De esa forma, el TAC sobre el cual recayeran los procedimientos concursales contaría con el tiempo suficiente para abocarse al análisis de dichos asuntos[7].

La SCJ, por Acordada 7833/2015, designó al TAC de 7mo turno para entender en los recursos de apelación contra las sentencias de primera instancia dictadas por los Juzgados con competencia concursal de primera instancia.

 



[1] El art. 256 de la LC únicamente derogó el § 2 del art. 12 de la Ley 17.292.

[2] Fuente BCU: $ 2,7802.

[3] Martínez Blanco, Manual… (2009), pp. 126 y 127.

[4] En este sentido se manifiesta expresamente la LCE al disponer en su art. 10 que la competencia para declarar y tramitar el concurso corresponde al juez de lo mercantil en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales, entendiéndose como centro de intereses principales, el lugar en donde el deudor ejerce de modo habitual y reconocible por terceros la administración de tales intereses. En caso de deudor persona jurídica, la LCE presume que el centro de sus intereses principales se halla en el lugar del domicilio social, agregando que será ineficaz el cambio de domicilio efectuado en lo seis meses anteriores a la solicitud de concurso.

[5] Martínez Blanco, op. cit., p. 193.

[6] Como señala Abal Oliú, cuando la primera instancia haya tenido lugar ante un Juzgado de Paz éste artículo altera las reglas normales de atribución de competencia por grado (Abal Oliú, «Ley de concursos y reorganización empresarial 18.387 desde el Derecho Procesal [Lineamientos generales, naturaleza y sujetos del proceso concursal]», La Ley Uruguay, v. 2, nº 12, 2009, p. 1444).

[7] Chalar Sanz y Olivera García, «Ley Nº 18.387 de concursos y reorganización empresarial: breve aproximación al nuevo régimen», LL Uruguay, v. 2, nº 1 (2009), pp. 94 y 95.

 

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