Fuero de atracción y extensión de la competencia a las acciones sociales de responsabilidad

Por Carlos E. López Rodríguez

I. Principio de unicidad

El principio de unicidad impone que todas las cuestiones de contenido patrimonial contra el deudor sean sometidas al fuero del tribunal concursal.

En ese sentido, el proceso concursal se distingue de aquellos procesos de ejecución en que sólo se ventilan pretensiones individuales sobre determinadas relaciones jurídicas o sobre determinados bienes.

La LC sólo exceptúa de este régimen a los procedimientos que se funden en relaciones de familia siempre que no tengan contenido patrimonial (art. 56. inc. 2), los procesos  judiciales en trámite (art. 57) y los de conocimiento referidos en el segundo inciso del art. 59.

En el caso de los créditos prendarios e hipotecarios, la prohibición de promover ejecuciones y la suspensión de las ejecuciones en curso caduca una vez transcurridos ciento veinte días desde la sentencia declaratoria del concurso. No obstante, aun en estos casos la ejecución debe promoverse o continuar, según los casos, ante el juez del concurso (art. 61).  

II. Fuero de atracción

A. Concepto

El fuero de atracción es el fenómeno que se plantea cuando por una disposición legal se le atribuye a un juez la competencia de causas que ordinariamente les corresponderían a otros jueces. Siendo el concurso, en el caso de que se decretara la liquidación, un proceso de ejecución general de todos los bienes para la satisfacción de todos los acreedores, resulta conveniente, a los efectos de que el juez tenga un conocimiento global de la situación patrimonial del fallido, que todos los litigios que conciernen a esos bienes y a esos acreedores, sean resueltos por el juez del concurso. El fuero de atracción no es más que una consecuencia de los principios que orientan a los procesos concursales: unidad patrimonial, generalidad e igualdad.

En definitiva, el fuero de atracción concursal es un efecto de la declaración del concurso que implica una alteración de las reglas normales de competencia, respecto de los procesos que tengan por objeto la ejecución del patrimonio del deudor o que se decreten medidas cautelares sobre el mismo.

B. Alcance

El fuero de atracción concursal alcanza a todos los procesos de ejecución que se promuevan contra el deudor, incluyendo aquellas medidas que supongan la adopción o el levantamiento de medidas cautelares sobre bienes y derechos que integren la masa activa. Quedan, entonces, comprendidas las ejecuciones prendarias e hipotecarias, así como los procesos de ejecución que pudiera promover acreedores laborales y aquellos procesos dirigidos a que estos obtengan el dictado de medidas cautelares.

Están excluidos, en general, los procesos de conocimiento (que son aquellos que permiten obtener una sentencia declarativa o de condena), judiciales o arbitrales, en trámite a la fecha de declaración del concurso. Seguirán ante la sede en que se sustancian hasta que se dicte sentencia o laudo y quede firme. También, están excluidos los procedimientos que se funden en relaciones de familia siempre que no tengan contenido patrimonial (art. 56).

III. Extensión de la competencia a las acciones sociales de responsabilidad

El § 3 del art. 12 dispone que el juez que entiende en el concurso será, también, competente en «las acciones sociales de responsabilidad promovidas contra los administradores o directores de sociedades concursadas (artículos 83 y 393 y siguientes de la Ley Nº 16.060 de 4 de setiembre de 1989)». Este parágrafo vuelve a consagrar la norma contenida en el art. 13 de la Ley 17.292 cuyo fin es claramente centralizar en un único Juzgado Letrado de Concursos las acciones contra la masa patrimonial concursal para que dicho juez tenga un conocimiento cabal de sus características.

Estas acciones sociales de responsabilidad se tratan de procesos en que los demandados son los administradores o directores de sociedades; la sociedad en situación concursal no es demandada. El proceso se promueve para resarcir a la sociedad concursada de los daños causados por hechos ilícitos o antiestatutarios o mala gestión de sus administradores. Lo que importa es que el resultado de ese accionamiento, ha de beneficiar a la masa concursal. Por ello, quien promueve esas acciones será el síndico o el interventor que reemplaza a la sociedad concursada en su actuación procesal (art. 52 LC)[1].



[1] Rodríguez Olivera, Manual de Derecho Comercial Uruguayo, v. 6, Derecho Concursal (2009), pp. 115 y 116.

 

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