¿Cuáles son los aspectos básicos de la regulación del secreto profesional financiero en nuestra legislación?

Por Carlos E. López Rodríguez

El art. 25 del Decreto Ley n° 15.322/2006, de 17 de setiembre, de Intermediación Financiera (DLIF) es una norma compleja que refiere a tres cuestiones:

  1. se establece una prohibición;

  2. se establecen las excepciones a esa prohibición;

  3. y se tipifica un delito. 

I. La prohibición o el deber de confidencialidad

Se prohíbe "facilitar noticia alguna" o "dar a conocer informaciones".

El art. 25 del DLIF, en la primera parte de su inc. 1, establece lo siguiente:

"Las empresas comprendidas en los artículos 1º y 2º de esta ley no podrán facilitar noticia alguna sobre los fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto, pertenecientes a persona física o jurídica determinada. Tampoco podrán dar a conocer informaciones confidenciales que reciban de sus clientes o sobre sus clientes."

A. Alcance objetivo de la prohibición

1. Según el art. 25 del DLIF

Según lo dispuesto por el art. 25 del DLIF, la prohibición impone el deber de reserva sobre lo siguiente:

  1. fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto;

  2. informaciones confidenciales que reciban de sus clientes o sobre sus clientes.

2. Según el art. 1 de la Ley 17.948/2006

El art. 1 de la Ley 17.948/2006, de 8 de enero, establece:

"(Operaciones amparadas por el artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.322). El secreto profesional instituido por el artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, ampara exclusivamente las operaciones bancarias pasivas que realizan las instituciones de intermediación financiera y toda otra operación en la que éstas asumen la condición de deudores, depositarios, mandatarios o custodios de dinero o de especie respecto de sus clientes, sin perjuicio del amparo de toda la información confidencial recibida del cliente - tanto en relación a operaciones pasivas como activas - comprendida también en la citada norma."

El art. 1 de la Ley n° 17.948 dispone que el secreto profesional instituido por el art. 25 del DLIF, ampara exclusivamente las operaciones bancarias pasivas que realizan las instituciones de intermediación financiera y toda otra operación en la que éstas asumen la condición de deudores, depositarios, mandatarios o custodios de dinero o de especie respecto de sus clientes, sin perjuicio del amparo de toda la información confidencial recibida del cliente -tanto en relación a operaciones pasivas como activas- comprendida, también, en la citada norma.

3. Diferencias en el alcance objetivo de ambas normas

La Ley 17.248 tiene una clara impronta restrictiva. Eso se evidencia en el uso de la palabra exclusivamente.

De modo que queda claro que el secreto profesional ampara únicamente las operaciones bancarias pasivas, sin perjuicio de que se mantiene la prohibición de divulgar información confidencial recibida de los clientes, aun en ocasión de la celebración de operaciones activas.

La otra diferencia consiste en que la referencia a las informaciones confidenciales "sobre sus clientes" prevista en el art. 25 del DLIF desaparece en la Ley 17.248.

Esto significa que no se puede brindar información respecto de la información brindada por los clientes sobre la composición de su patrimonio. No obstante, se podría dar información respecto de los préstamos otorgados y respecto de las deudas que mantienen los clientes con los bancos, puesto que esa no es información "recibida" de los clientes.

Esta interpretación legal es lo que ha permitido que los bancos intercambien información respecto de la situación crediticia de sus clientes y, en particular, que vuelquen información al clearing de informes. También es lo que habilita el funcionamiento de la Central de Riesgos Crediticios que maneja el Banco Central del Uruguay.

B. Alcance subjetivo de la prohibición

1. Sujetos expresamente incluidos

Según lo dispuesto por el art. 25 del DLIF, la prohibición de brindar información abarca a las empresas comprendidas en los arts. 1 y 2 de ese mismo Decreto Ley. Esto es, abarca a toda persona pública no estatal o privada que realice intermediación financiera y a las instituciones estatales que por la índole de sus operaciones queden comprendidas en el DLIF.

El Decreto 614/992, en el art. 17, agrega:

“El deber de secreto profesional, consagrado en el artículo 25º de la Ley Nº 15.322 de 17 de setiembre de 1982, alcanza además de las empresas, a todas las personas físicas que en virtud de las tareas que desempeñen, relacionadas con la organización, funcionamiento y contralor de las empresas de intermediación financiera, tengan acceso a las operaciones e informaciones a que se refiere la disposición legal citada, cualquiera sea la naturaleza jurídica del vínculo que une a tales personas físicas con los titulares de las empresas de intermediación financiera, incluyendo a los auditores externos abocados a las mismas.

Declárase que no es violatorio del deber de secreto profesional, consagrado por el artículo 25º de la Ley Nº 15.322 de 17 de setiembre de 1982, el conocimiento de las operaciones e informaciones cubiertas por el secreto que las personas físicas, referidas en el artículo anterior, adquieran necesariamente en el cumplimiento de sus tareas relacionadas con las empresas de intermediación financiera.”

La misma obligación de guardar secreto la tiene el BCU y sus funcionarios. La Ley 16.696 establece en el art. 22: 

(Secreto y reserva). El Banco estará obligado a guardar secreto, en los términos establecidos en el artículo 25 del Decreto Ley 15.322, de 17 de setiembre de 1982, cuando ejerza actividad financiera. En todos los demás casos los miembros del Directorio deberán ajustar la divulgación de sus informaciones y opiniones a las reservas propias de la materia objeto de competencia del Banco, sin perjuicio de su inherente transparencia pública propia de la responsabilidad que les compete.”

El art. 23 agrega: 

(Obligación de secreto). Los funcionarios del Banco tienen el deber de guardar el más estricto secreto y la más absoluta reserva sobre cada uno de los asuntos bancarios que lleguen a su conocimiento en el ejercicio o en ocasión del ejercicio de sus funciones, bajo la más severa responsabilidad administrativa, civil y penal, si fuere del caso (artículo 25 “in fine” del Decreto Ley 15.322, de 17 de setiembre de 1982, y artículo 163 del Código Penal).”

2. Sujetos expresamente excluidos

La Ley n° 16.320/1992, en el art. 504 establece que la obligación de guardar secreto no alcanza a las empresas que administren créditos, interviniendo en ventas o servicios prestados por terceros, si la información la pide la Dirección General Impositiva.

II. Excepciones: casos de relevamiento del secreto bancario

Los casos en que el banco o la entidad de intermediación financiera pueden levantar el secreto bancario, son excepcionales y por lo tanto de aplicación estricta. El banco o la entidad de intermediación financiera puede proporcionar la información reservada en los siguientes casos: 

1. cuando lo solicite el propio cliente del banco en forma expresa y por escrito

2. cuando lo solicite en forma fundada un Juez Penal sea cual sea la causa que juzga;

3. cuando lo solicite también en forma fundada un Juez de Familia siempre y cuando se trate de un proceso en la que esté en juego una obligación alimentaria

4. cuando lo solicite en forma fundada un Juez Civil siempre y cuando se trate de un proceso de rebaja del alquiler;  

5. cuando lo solicite la Auditoría Interna de la Nación

6. cuando se trate de embargos trabados por la Inspección General del Trabajo;

7. cuando lo soliciten los organismos recaudadores de tributos (DGI)[1].

A. Relevamiento a solicitud del propio cliente de la institución financiera

En el primer caso es el propio interesado en que se guarde el secreto el que autoriza al banco a proporcionar la información. Para que el banco no tenga responsabilidad por este hecho, la autorización debe ser expresa y por escrito.   

Si el cliente del banco se encuentra en situación concursal, el síndico y el interventor, en el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán la facultad de administrar y obtener información sobre las cuentas bancarias del deudor, sin que les sea oponible el secreto profesional de las entidades de intermediación financiera (art. 76 de la Ley de Declaración Judicial de Concurso y Reorganización Empresarial n° 18.387 de 2008)..

B. Relevamiento a solicitud de la Justicia

Los casos señalados en los nos 2, 3, y 4, son casos en donde se hace primar el interés de otras personas sobre el interés del cliente del banco. En efecto, es en interés del ofendido en una causa penal que el Juez mediante una resolución fundada libera al banco de su obligación de guardar reserva. Lo mismo sucede con el Juez Letrado de Familia, pero en este caso sólo puede levantarse el secreto bancario si el Juez está juzgando un asunto en donde esté en juego una obligación alimentaria (por ejemplo la pensión alimenticia para los hijos menores en un proceso de divorcio o un juicio de alimentos). Iguales consideraciones caben respecto al Juez Civil aunque solamente puede eximir al banco de guardar el secreto bancario si se trata de un proceso determinado: el de rebaja del alquiler.

En los casos 2 y 3, el juez debe fundar su resolución (art. 25 DLIF). Supongamos que un Juez manda un oficio a un banco y le dice “Sr. Gerente del banco, en el juicio que se está practicando en esta sede por pensión alimenticia, solicito a Ud. que me informe cuánto dinero tiene Fulano en ese banco”. Ese oficio no se puede contestar por el banco, porque al banco no le consta a través de ese oficio que el juez haya dictado una resolución fundada. El juez tiene que fundamentar, esto es, desarrollar el por qué pide informes.

C. Relevamiento a solicitud de organismos del Estado

1. DGI

Las empresas de intermediación financiera quedan relevadas del secreto bancario, cuando la administración tributaria así lo solicite, con las condiciones siguientes (art. 54 Ley n° 18.083 de 2006, en redacción dada por art. 15 de la Ley n° 18.718 de 2011):

a. que la administración tributaria haya presentado una denuncia fundada al amparo del art. 110 del Código Tributario (defraudación);

b. que solicite el levantamiento del secreto bancario ante la sede penal;

c. que no medie pronunciamiento contrario del fiscal o del juez de la causa, en un plazo de treinta días hábiles.

También se puede levantar el secreto bancario por resolución judicial, cuando el Director General de Rentas, en el ejericio de las facultades fiscalizadoras de la Dirección General Impositiva y respecto de obligaciones tributiarias no prescriptas, solicite en forma expresa y fundada ante los Juzgados Letrados de Primera Instancia con competencia en materia civil, toda la información relativa a las operaciones bancarias de personas físicas o jurídicas determinadas. El juez sólo hará lugar a la solicitud cuando la administración tributaria haya acreditado la existencia de indicios objetivos que hagan presumir razonablemente la existencia de evasión por parte del sujeto pasivo y siempre que la información solicitada resulte necesaria para la correcta determinación de adeudos tributarios o la tipificación de infracciones (art. 54 Ley n° 18.083, en redacción dada por Ley n° 18.718).

La misma información podrá ser solicitada por la administración tributaria, en cumplimiento de solicitudes expresas y fundadas por parte de la autoridad competente de un Estado extranjero, exclusivamente en el marco de convenios internacionales ratificados por la República en materia de intercambio de información o para evitar la doble imposición (art. 54 Ley n° 18.083, redacción dada por Ley n° 18.718).

2. Inspección General del Trabajo

Los bancos deben, además, informar sobre cuentas de clientes, cuando existe embargo trabado por la Inspección General del Trabajo. Los embargos se traban y se comunican por el Banco Central. La Ley n° 15.903, en su art. 290 dispone: 

“Facúltase a la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social a solicitar, en los juicios ejecutivos que inicie para hacer efectivo el cobro de las multas impuestas, el embargo de las cuentas bancarias de las empresas, sin necesidad de otra identificación que el nombre completo o la razón social del demandado. Dicho embargo se notificará al Banco Central del Uruguay, quien lo hará saber a la red bancaria nacional. Esta, en caso de tener cuentas abiertas a nombre del ejecutado, deberá informarlo a la sede judicial en un plazo de tres días hábiles a efectos de proceder al embargo específico.

D. Ley n° 17.016 de 1998 sobre estupefacientes[2]

El art. 71 de la Ley 17.016 contiene normas para entidades de intermediación financiera, disponiendo que deben ajustarse a las reglamentaciones que se dicten por el Poder Ejecutivo o el Banco Central del Uruguay para prevenir la conversión, transferencia u ocultación de bienes, productos o instrumentos precedentes de las actividades calificadas como delictivas por la Ley. Se prevé la aplicación de sanciones previstas por las leyes que regulan la actividad financiera, sin perjuicio de la eventual responsabilidad personal de directores, gerentes, síndicos.

El art. 72 establece que las entidades antes referidas no pueden mantener cuentas sin la debida identificación de sus titulares. Se les impone verificar, por medios veraces, la identidad, representación, domicilio, ocupación u objeto social de los titulares de las cuentas. El art. 73 les impone llevar y mantener en condiciones que establezca el Banco Central del Uruguay registros y correspondencia que permita la reconstrucción de las transacciones financieras que superen el monto que establezca la reglamentación.

El art. 74 y ss. se refiere a la cooperación jurídica internacional. El art. 77, n° 3, se refiere al secreto bancario:

"En los casos de solicitudes de cooperación penal relativas a registros, levantamiento del secreto bancario, embargo, secuestro y entrega de cualquier objeto, comprendidos, entre otros, documentos, antecedentes o efectos, el Tribunal nacional actuante diligenciará la solicitud si determinara que la misma contiene toda la información que justifique la medida solicitada. Dicha medida se someterá a la ley procesal y sustantiva de la República."

La Ley se reglamentó por Decreto 398/999. El art. 9 dispone: 

“Las instituciones o empresas que realicen actividades de intermediación financiera, los bancos de inversión, las casas de cambio y en general todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sujetas a control del Banco Central del Uruguay, deberán ajustarse a las reglamentaciones dictadas por el Poder Ejecutivo o el Banco Central del Uruguay con la finalidad de prevenir la conversión, transferencia u ocultación de bienes, productos o instrumentos procedentes de cualesquiera de las actividades previstas como delito por la ley que se reglamenta.”

III. El delito

Se castiga penalmente a las empresas financieras que faciliten noticias sobre fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto, cualquier persona física o jurídica. Es decir, que se les impone a las entidades financieras la obligación de guardar secreto sobre fondos o valores que tenga un cliente suyo. También, se le impone guardar secreto sobre informaciones confidenciales que reciban de sus clientes o sobre sus clientes. Quienes incumplan con ese deber serán sancionados con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.


[1] Bado Cardozo, Nociones fundamentales de Derecho Comercial Uruguayo, p. 152.

[2] Esta ley se reglamentó por Decreto 398/999.

 

 

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