Consumidor

Por Carlos E. López Rodríguez

En la Ley uruguaya de Relaciones de Consumo, Ley 17.250, artículo 2, se define al consumidor como “toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella. No se considera consumidor o usuario a aquel que, sin constituirse en destinatario final, adquiere, almacena, utiliza o consume productos o servicios con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación o comercialización”.

Esta definición contiene varios elementos que merecen un análisis particular. Los veremos a continuación.

1. El consumidor como persona física o jurídica

Para ser considerado como consumidor por la Ley 17.250, se debe ser persona física o jurídica. Quedan excluidos, por lo tanto, los grupos familiares o sociales, que carezcan de personería. Tal es el caso, por ejemplo, de los condóminos de un edificio[1].

Quienes sí quedan incluidos en la definición de consumidor son las sociedades comerciales, puesto que con la única excepción de las sociedades accidentales, tienen personería jurídica. La Ley no limita la calidad de consumidor a las personas jurídicas sin finalidad de lucro o no empresariales, por lo cual el intérprete carece de fundamento para excluir a las sociedades comerciales del ámbito de la definición legal[2].

2. Adquisición o utilización de productos o servicios como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella

La clave del concepto de consumidor se encuentra en la expresión “destinatario final”, esto es, con aquel sujeto que adquiere bienes y servicios para su utilización o disfrute final.

Con respecto al quien utiliza un producto o servicio “en función” de una relación de consumo, esta situación comprende, por ejemplo, a los invitados a una cena a quienes el ama de casa sirve alimentos enlatados y prepara con ellos la comida. Si las latas estaban en mal estado y los invitados resultan dañados, todos ellos también son consumidores para nuestra ley, a pesar de que no fueron quienes adquirieron las latas. En definitiva, todos ellos están legitimados para reclamar contra el proveedor.

3. Adquisición, almacenamiento, utilización o consumo de productos o servicios con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación o comercialización

En principio, el segundo inciso del artículo 2, establece que no se considera consumidro a quien, luego de haber adquirido el producto o servicio, lo integra o incorpora a la cadena de producción, transformación o comercialización. Sin embargo, en el medio de la oración, establece una salvedad: “sin constituirse en destinatario final”. Por lo tanto, si el adquirente se constituye en destinatario final del producto o servicio adquirido, aunque integre estos productos o servicios en procesos de producción, transformación o comercialización, igualmente debe ser considerado como consumidor. De esta forma, la norma confirma que lo esencial de la determinación de quién es consumidor no está en su inserción en un proceso de comercialización o producción sino en su calidad de destinatario final.

Surge de los antecedentes de la Ley 17.250, que la Comisión Redactora del anteproyecto que, acogiendo una propuesta de Szafir[2], se apartó de sus fuentes (Ley española, Ley argentina 24.240, Proyecto de Protocolo de Mercosur y Ley brasileña). La solución adoptada tiene importancia especial con relación a las personas jurídicas en general y, en especial, con las sociedades comerciales y las personas públicas estatales y paraestatales. De haberse mantenido la solución empleada por las fuentes de nuestra Ley, que por definición se habrían visto indirectamente  excluidas de la noción legal de consumidor o el ámbito de aplicación del art. 2 con relación a las mismas sería mínimo.

Si la materia prima tiene un vicio que origina daños como consecuencia de la utilización del producto final, quien adquirió dicha materia prima para producir a su vez, para la Ley uruguaya no es consumidor, debiendo reclamar por el Derecho común. En cambio, si quien reclama es el adquirente del producto final que lo utiliza como destinatario último, la acción contra el proveedor (fabricante o importador) se fundará en la Ley 17.250.

Para nuestra Ley, será consumidor el profesional que adquiere un equipo de aire acondicionado para su oficina, un teléfono celular para atender llamadas internacionales o personales, pero no será consumidora, la empresa que adquiere líneas telefónicas de Antel para dar un servicio 0900. Si esta última sufre perjuicios por la pérdida de clientela a raíz del fallo del servicio, su reclamación no será en calidad de consumidor sino por el régimen del Derecho común.

Otro ejemplo: el caso de adquisición de maquinaria industrial a través de la concesión de un préstamo bancario. Dichos bienes de capital no se integran al proceso de producción, como sucede con los que se usan para crear o transformar productos. Si un fabricante adquiere materia prima, como puede ser la lana para fabricar buzos, no cabe duda que la integra y no es consumidor. Pero si ese mismo fabricante compra una máquina para armar dichos buzos, no la integra en el proceso de producción o transformación sino que la utiliza como destinatario final.

 

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[2] Szafir  fundamenta su posición con los argumentos siguientes:

“Después de analizar la solución adoptada en relación al punto, en la casi totalidad de las legislaciones de consumo, entiendo que ella resulta injusta. Cuando se excluye del carácter de consumidor a quien usa un bien determinado para prestar un servicio, se reduce la protección legal, especialmente con referencia a la publicidad, deber de información y medidas preventivas y sancionatorias en vía administrativa, a un gran sector de personas físicas o jurídicas que adquieren el bien sin transformarlo ni comercializarlo pero que lo usan para prestar un servicio de la misma forma que lo haría quien se sirve directamente del bien.

¿Cuál es la razón que pueda justiciar la exclusión de la protección al escribano que usa el P.C. para hacer su trabajo y mantenerla cuando escribe para sí? En ambos casos es destinatario del bien y lo usa para satisfacer una necesidad, sea de trabajo o placer.

De la misma forma, una empresa (persona jurídica) que por su naturaleza puede ser considerada consumidora, de acuerdo con lo que dispone el  primer inciso del artículo de la ley, cuando adquiere bienes para prestar un servicio resulta excluida de la calidad de tal. Difícilmente una empresa adquiera bienes que no sean utilizados par prestar algún servicio, por lo que carecería de razón considerarla legitimada activa en calidad de consumidora si no tiene ámbito posible para serlo. Parece más razonable considerar consumidor a quien utiliza o consume un bien para prestar un servicio que no resulta incorporado a la cadena productiva o de comercialización” (Szafir apud Wonsiak de  Haskel "El concepto de consumidor en la Ley nº 17.250 que regula las relaciones de consumo, IV Jornadas Uruguayas De Derecho Privado “Prof. Esc. Eugenio B. Cafaro".

 

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