¿Cuáles son las medidas que deberá adoptar el síndico o el interventor para formar la masa activa de Derecho?

Por Carlos E. López Rodríguez

Para formar la masa activa de Derecho, el síndico o el interventor deberá realizar las operaciones de reintegración y de reducción de la masa activa que correspondan, reguladas respectivamente en el  capítulo III y capítulo IV de la  Ley 18.387, de 23 de octubre de 2008, de Declaración Judicial del Concurso y Reorganización Empresarial (LC)

I. Reintegración de la masa activa

Se denomina reintegración de la masa activa a las actuaciones tendientes a restaurar el patrimonio del deudor concursado, mediante la revocación de actos realizados en perjuicio de la masa activa, antes de la declaración del concurso. Para lograr ese objetivo, la LC provee una acción especial, denominada acción revocatoria.

La acción revocatoria, referida en el art. 80 de la LC, tiene por objeto la reintegración, a la masa activa, de los bienes o derechos que hubieran salido del patrimonio del deudor antes de la declaración de concurso.

En principio, esta acción afecta a actos de disposición del patrimonio válidos pero que, presumiblemente, han sido realizados con la intención de defraudar a los acreedores o, por lo menos, tienen la potencialidad de empobrecer su garantía. Para simplificar el ejercicio de la acción revocatoria, en algunos casos se presume el perjuicio patrimonial.

II. Reducción de la masa activa

El proceso de depuración de la masa activa supone, también, su reducción, mediante la entrega de todos aquellos bienes ajenos, que se encuentren en patrimonio del deudor, a sus legítimos titulares. Estos tienen la oportunidad de solicitar al juez la restitución pues, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 676 del CC, “El propietario tiene derecho para perseguir en juicio la propiedad de su cosa, contra cualquiera que la posea y pretenda retenerla”. La acción que pretende, justamente, la restitución de la cosa se denomina “acción de reivindicación” o “acción de dominio”. En la LC se acuña el término “separación” utilizada por la doctrina italiana.

El bien o derecho, objeto de la separación que estamos estudiando, puede encontrarse en el patrimonio del deudor y, por tanto, ser arrastrado a la masa activa del concurso, debido a la celebración de diversos contratos. Por ejemplo, el deudor puede haber celebrado, previo al concurso, un contrato de depósito, arrendamiento, mandato o transporte. En todos estos casos, el bien no es de su propiedad pero, sin embargo, está en su patrimonio y no corresponde, en principio, que sea incluido en la garantía de los acreedores concursales. El propietario (depositario, arrendador, mandante o cargador) los ha entregado para la ejecución de los contratos celebrados y ahora, en virtud del concurso, se ve privado de ellos. En este caso, además, debe tenerse presente lo dispuesto en el art. 67 de la LC respecto de la existencia de contratos en ejecución.

De cualquier forma, la decisión, respecto de la separación del bien o derecho, la toma el juez siempre y cuando cuente con el informe favorable del síndico o del interventor. Quiere decir que no siempre, y en todo caso, corresponde la restitución de bienes ajenos. El juez, el síndico o el interventor, pueden negarse a la entrega, por no haberse probado el derecho del reclamante, por ejemplo, o por no resultar conveniente la restitución a los intereses del concurso.

Si la negativa se origina en el informe desfavorable del síndico o del interventor, el interesado deberá reiterar la solicitud dentro del plazo de quince días, siguiendo el procedimiento previsto en el art. 104 de la LC.

 

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