La Indigesta Sociedad Colectiva  solicita concurso.

Ud. es el abogado del propietario del local de venta de La Indigesta, local que viene arrendando desde hace muchos años. 

El propietario no cobra el alquiler hace un año.

¿Cuál será su consejo?

 

  Por Carlos E. López Rodríguez

El contrato de arrendamiento es típicamente un contrato celebrado con anterioridad a la declaración de concurso que mantiene obligaciones pendientes de ejecución. Por lo tanto, encuadra en la hipotesis prevista en el art. 68 de la Ley de Declaración Judicial del Concurso y Reorganización Empresarial n° 18.387 de 2008 (LC).

De acuerdo con dicha disposición, la parte in bonis puede exigir una manifestación del síndico respecto a si se ha de resolver o no el contrato en cuestión (art. 68), dentro del plazo establecido para que los acreedores presenten la solicitud de concurso.

Como se advertirá, es una especie de jactancia.

La LC no establece ningún procedimiento especial para cursar esa exigencia. En la práctica forense, la parte in bonis se suele presentar en el expediente judicial, solicitando que se intime al síndico y al deudor a pronunciarse respecto a la resolución.

Una vez requerido su pronunciamiento, la LC confiere al síndico o al deudor y al interventor, un plazo de cinco días para el ejercicio de la facultad rescisoria. El requerimiento rescisorio no debe realizarse, necesariamente, por vía judicial. El plazo de cinco días no es procesal, a pesar de lo cual la doctrina considera que sólo debieran contarse los días hábiles.

Vencido ese plazo, la LC declara que ya no podrán ejercer ese derecho, salvo que se apruebe un convenio que no implique la continuación de la actividad del deudor o disponga la liquidación de la masa activa. En estos casos, según el tenor del n° 2 del art. 68, renace la facultad rescisoria que en el n° 1 se atribuye al síndico o al deudor (con la autorización del interventor).

En el caso en que el síndico o el deudor no opten por la resolución del contrato – y sólo en ese caso - el n° 4 del art. 68 de la LC le da a la contraparte del deudor, el derecho a solicitar la rescisión del contrato o que se garantice suficientemente el cumplimiento del mismo.

El n° 3 del art. 68 establece que, si la resolución causare daños y perjuicios, el juez fijará la indemnización correspondiente. El crédito correspondiente a la indemnización se considerará comprendido en la masa pasiva del concurso.