¿Qué excepciones existen al principio de igualdad en los procesos concursales?

Por Nuri Rodríguez Olivera y Carlos López Rodríguez

El principio de igualdad implica meramente la supresión de la regla prior in tempore, potior in iure[1]. Una vez en el ámbito de los procesos concursales, no importa cuán rápidamente hayan accionado los acreedores en forma individual ni la fecha del crédito, ni quién haya sido el primer embargante.

En el Derecho concursal, la afectación del patrimonio se permite con la condición de que satisfaga a todos los acreedores por igual, no importando cuál sea el orden en que trabaron embargos en sus intentos de ejecución individual. Todos los bienes del deudor se destinan a la satisfacción de todos los acreedores con un tratamiento igualitario – par conditio creditorum - salvo las legítimas causas de privilegio.

Fuera de esta igualación primaria a que acabamos de referirnos, existen una multitud de diferencias entre los acreedores, tanto de hecho como de Derecho.

I. Excepciones de Derecho

A. Créditos con privilegio especial

En primer lugar, entre las excepciones de Derecho, cabe citar a los acreedores hipotecarios y prendarios. A estos la Ley 18.387 de 2008, los denomina "créditos con privilegio especial" (art. 109).

Los créditos con privilegio especial se pagarán con el producido de la enajenación de los bienes gravados (art. 181), con independencia del proceso concursal. 

Los créditos con privilegio especial deberán estar inscriptos a la fecha de declaración del concurso en el Registro Público correspondiente, salvo los créditos emergentes de contratos de prenda común que serán considerados privilegiados cuando hayan sido otorgados en documento público o en documento privado con fecha cierta o comprobada.

B. Créditos con privilegio general

En segundo lugar, el Derecho otorga una serie de privilegios generales, expresamente estipulados en el artículo 110 de la Ley 18.387

Son créditos con privilegio general, los siguientes:

1. Los créditos laborales de cualquier naturaleza, devengados hasta con dos años de anterioridad a la declaración del concurso, siempre y cuando no hubieran sido satisfechos en la forma prevista en el artículo 62, hasta por un monto de 260.000 unidades indexadas por trabajador. Tienen, también, este privilegio los créditos del Banco de Previsión Social (BPS) por los aportes personales de los trabajadores devengados en el mismo plazo.

No gozarán de este privilegio, los créditos de los directores o administradores, miembros del órgano de control interno y liquidadores de la deudora, los cuales tendrán naturaleza de quirografarios, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 210.

2. Los créditos por tributos nacionales y municipales, exigibles hasta con dos años de anterioridad a la declaración del concurso.

3. El cincuenta por ciento de los créditos quirografarios de que fuera titular el acreedor que promovió la declaración de concurso, hasta el diez por ciento de la masa pasiva.

En forma independiente del pago a los acreedores con privilegio especial, el síndico pagará con el producido de la realización de los bienes que integran la masa activa, por su orden, a los acreedores con privilegio general, a los acreedores quirografarios y a los acreedores subordinados (art. 182).

Si la masa activa que quedara una vez satisfechos los créditos con privilegio especial fuera insuficiente para satisfacer todos los créditos con privilegio general, el pago se realizará por el orden en que se exponen más arriba los privilegios, a prorrata dentro de cada número (art. 183).

C. Créditos subordinados

La Ley 18.387, en su artículo 111, dispone que son créditos subordinados los siguientes:

1. Las multas y demás sanciones pecuniarias, de cualquier naturaleza.

2. Los créditos de personas especialmente relacionadas con el deudor.

Se consideran personas especialmente relacionadas con el deudor (art. 112):

1. En el caso de las personas físicas:

a. El cónyuge y el concubino o quien lo hubiera sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso.

b. Los ascendientes, descendientes y hermanos del deudor o de cualquiera de las personas comprendidas en el literal a), que antecede.

c. Los cónyuges y concubinos de los ascendientes, descendientes y hermanos del deudor.

d. Las personas que hubieran convivido con el deudor en los últimos dos años, salvo que sean titulares de créditos de naturaleza salarial.

2. En el caso de las personas jurídicas:

a. Los socios ilimitadamente responsables y los socios y accionistas limitadamente responsables, que sean titulares de más del 20% del capital social.

b. Los administradores de derecho o de hecho y los liquidadores, así como quienes lo hubieran sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso.

c. Las sociedades que formen parte de un mismo grupo de sociedades. Se entenderá que existe un grupo de sociedades cuando una sociedad se encuentre sometida al poder de dirección de otra o cuando varias sociedades resulten sometidas al poder de dirección de una misma persona física o jurídica o de varias personas que actúen sistemáticamente en concierto.

3. También, tendrán esta consideración los cesionarios o adjudicatarios de créditos pertenecientes originariamente a las personas especialmente relacionadas con el deudor, que hubieran sido adquiridos en los dos años anteriores a la declaración de concurso.

El pago de los créditos subordinados se realizará una vez íntegramente satisfechos los créditos quirografarios (art. 187).

D. Propuesta de convenio con ventajas para algunos acreedores

El artículo 145 establece que cuando una propuesta contenga ventajas en favor de uno o varios acreedores o de una o varias clases de créditos, además de las mayorías generales, será necesario que voten a favor de la propuesta acreedores que representen una porción del pasivo no beneficiado superior a la correspondiente a aquellos acreedores que hubieran votado en contra.

II. Excepciones de hecho

Las diferencias de hecho son aquellas que la práctica forense ha admitido: acreedores “comerciales”, acreedores de pequeño monto, acreedores por consumos necesarios.

Por acreedores “comerciales” nos referimos a  proveedores fundamentales para la continuación del giro, por contraposición a los acreedores civiles y financieros. En forma explícita o implícita se prioriza el pago de estos acreedores, bajo la justificación de que el mantenimiento de ciertos suministros es esencial para mantener la actividad comercial del deudor.

También, se admite pacíficamente el pago anticipado a los acreedores de pequeño monto, por razones prácticas.

Algo similar ocurre con los acreedores de consumos necesarios, como la energía eléctrica, el agua corriente, el gas o el combustible.

En todos los casos, se aduce la necesidad de mantener la explotación del giro, puesto que el corte en el suministro, llevaría al cierre definitivo.

Martínez Blanco - sin perjuicio de expresar que debería reafirmarse el principio de igualdad, por estar en la esencia de todo el sistema concursal - considera que pactos discriminatorios en los casos referidos podrían ser admisibles, siempre y cuando se cuente con la aceptación expresa de los acreedores relegados, sea en la propuesta concordataria o en la junta de acreedores. En su opinión, sería insuficiente la simple adhesión tácita deducida de la ausencia de oposiciones[2].

 

 


[1] Primero en el tiempo, mejor en el Derecho.

[2] Martínez Blanco, Manual teórico-práctico de Derecho concursal, pp. 46 y 47.