Estatuto del Factor

Por Nuri Rodríguez Olivera y Carlos López Rodríguez

I. Derechos del factor

El factor es un mandatario mercantil. Los mandatos pueden ser gratuitos u onerosos; pero, a falta de previsión en el contrato, se presume que es oneroso, porque así lo dispone el art. 296, inc. 5, del Código de Comercio (CCom) que contiene una norma general sobre interpretación de los contratos y establece que los contratos comerciales siempre se presumen onerosos. Por lo tanto, el factor tiene derecho a la remuneración por su trabajo.

Por otra parte, habíamos dicho que el factor asume un múltiple carácter y que, además de ser mandatario, es empleado y, por lo tanto, tiene derecho a remuneración, de acuerdo a normas de derecho laboral. El salario podrá consistir en un sueldo fijo o en un sueldo más una habilitación (participación en las ganancias). Además, tiene derecho a aguinaldo, a sueldo anual complementario y licencias pagas y al salario vacacional.

Existen algunas normas especiales en cuanto al salario. El  art. 1732, en el inc. 4, del CCom establece que tienen privilegio: 

“Los salarios de los dependientes, obreros y criados, por lo que se les adeude correspondiente a los seis meses anteriores a la fecha de la declaración de la quiebra”. 

Es decir que, en caso de quiebra, el factor cobra su salario con preferencia, respecto de otros acreedores. En materia de prescripción, el art. 1023, inc. 1, establece un plazo corto de seis meses, pero  entendemos que esta norma está derogada por el Derecho Laboral.

En cuanto a la indemnización por despido, las normas del Código de Comercio están derogadas por las leyes laborales. Pueden entenderse aplicables, las normas que explicitan situaciones en que se puede justificar un despido. Incluso podría sostenerse la vigencia de alguna norma como el artículo 156 del Código de Comercio que atribuyen derechos al factor o dependiente y que podrían considerarse suplementarios de los previstos por normas laborales.

Además de la indemnización por despido, el artículo 157 establece una indemnización por los daños sufridos por el factor o dependiente, que deberá fijarse por arbitradores. Está establecido por el artículo 157: 

“Si en el servicio que preste al principal aconteciere al factor o dependiente algún daño o pérdida extraordinaria, será de cargo del principal la indemnización del referido daño o pérdida, a juicio de arbitradores.” 

Podría discutirse si esta norma está derogada por las leyes laborales y de seguridad social. Puede entenderse que se agrega a las compensaciones previstas en el orden laboral.

II. Obligaciones, prohibiciones y responsabilidad del factor

A. Obligaciones del factor

1. Administración

La principal obligación del factor es el cumplimiento del encargo conferido: administrar el establecimiento de su principal, haciendo uso de las facultades conferidas por el poder y por la Ley. La Ley enumera distintos deberes que deben ser observados por el factor.

2. Llevar contabilidad

El artículo 146 establece:

“Los factores observarán, con respecto al establecimiento que administren, las mismas reglas de contabilidad que se han prescrito generalmente para los comerciantes (arts. 55 y siguientes).”

Se trata de una obligación obvia. Si el factor sustituye al principal en la administración del establecimiento, está obligado a llevar la contabilidad en la misma forma que si fuera el principal. En caso de incumplimiento del factor, las consecuencias recaerán en el principal, quien, por ejemplo, en caso de quiebra sufrirá las consecuencias de la calificación de fraudulenta de acuerdo con el artículo 1.662, inciso 8.

3. Rendición de cuentas

Según dispone el artículo 322 del Código de comercio, el factor está obligado a rendir cuentas de su actuación al principal.

El artículo 322 establece:

"El mandatario está obligado a dar cuenta de su administración, entregando los documentos relativos, y a abonar al mandante lo que haya recibido en virtud del mandato, aún en el caso de que lo que hubiera recibido no le fuese debido al mandante".  

B. Prohibiciones

El factor tiene el deber de fidelidad para con su principal. En virtud de ese deber, recaen sobre el factor diversas prohibiciones, las que están expresamente establecidas en el artículo 142, inciso 1. No puede negociar por cuenta propia en operaciones del mismo género que el explotado por su principal. En otros términos, no puede hacer competencia a su principal, competencia que sería desleal, pues se aprovecharía de su posición para obtener ventajas.

Tampoco puede tomar interés en negociaciones del mismo género, esto es, no puede participar de ningún modo en estas negociaciones, aun cuando no intervenga personalmente sino a través de una sociedad, sea ésta de tipo personal o no (por ejemplo: una sociedad anónima). Ambas actividades prohibidas las podría realizar sólo con autorización expresa del principal.

El factor que incumple con estas prohibiciones que la Ley le impone, será pasible de dos sanciones, también, establecidas por la Ley. En primer lugar, las utilidades que perciba serán para el principal, que no responderá por las pérdidas (art. 142, inc. 2). Pierde las utilidades que haya generado el negocio; pero sufre las pérdidas, es decir, que traslada al principal las ganancias aunque no las pérdidas.

En segundo lugar, se configura una causal de despido, aun cuando hubiere plazo pendiente (art. 161, inc. 3). El artículo 171 prevé, también, la posibilidad de un despido sin indemnización, en el caso que haya negociado por cuenta propia o ajena (n. 3).

El factor no puede delegar su mandato. Solamente podrá sustituir si tiene autorización escrita del principal. Así lo establece expresamente el artículo 162. Si el factor tiene autorización para sustituir, puede delegar ciertos encargos. Si lo hiciere, no mediando autorización escrita del principal, será directa y personalmente responsable por los actos de los sustitutos y las obligaciones que hubieren contraído.

El régimen del mandato comercial común es distinto. El principio es inverso aunque las consecuencias son similares. El artículo 320 del Código de comercio establece que el mandatario puede sustituir siempre que el mandante no se lo haya prohibido; pero responde de los actos del sustituto en dos circunstancias: cuando no se le hubiere dado facultad de sustituir y cuando el sustituto sea notoriamente incapaz o un insolvente.

C. Responsabilidad del factor

El tema de la responsabilidad tiene dos vertientes: la responsabilidad del principal por los actos del factor y la responsabilidad de los propios factores frente a sus principales y frente al fisco.

En cuanto a la responsabilidad del principal por los actos del factor, el artículo 138, inciso 1, dice así: 

“Tratándose en los términos que proviene el artículo antecedente, todas las obligaciones que contraen los factores recaen sobre los comitentes.” 

Esta norma contiene una aplicación del principio general en materia de representación: si los efectos de los actos celebrados por el factor recaen sobre el principal, es éste quien debe soportar, con su patrimonio, las consecuencias de esos actos. Sin embargo, el inciso 2, contiene una precisión: 

“Las acciones que se intenten para compelerles a su cumplimiento, se harán efectivas en los bienes del establecimiento y no en los propios del factor, a no ser que estén confundidos con aquellos de tal modo, que no puedan fácilmente separarse.”

La precisión referida introduce una modificación al principio, estableciendo que, también, los bienes del factor quedan afectados cuando están confundidos con los bienes del principal. Si en el establecimiento del comerciante hay bienes del factor, confundidos con los del principal, la apariencia creada es de que todos ellos son del principal. En consecuencia, el tercero puede accionar contra esos bienes del factor y éste no podrá alegar que son suyos para eludir el accionamiento. En la hipótesis, el factor ha creado una apariencia y debe sufrir las consecuencias de ello.

El fundamento de esta excepción es la protección del interés de los terceros que no están en condiciones de discernir a quién pertenecen los bienes que se encuentran dentro del establecimiento, así como evitar acuerdos entre principal y factor tendientes a disminuir la solvencia del primero en perjuicio de sus acreedores.

Si el mandatario actúa fuera de los límites del objeto que se le encomienda, actúa con exceso de poder y no obliga a su mandante. Es de aplicación al factor la norma general sobre mandato contenida en el artículo 308 que dice así:

“El mandante responde por todos los actos del mandatario, siempre que sea dentro de los términos del mandato.

No está obligado por lo que se ha hecho excediendo el mandato, sino en cuanto lo haya ratificado expresa o tácitamente”.

En el caso del factor, cuyo poder es amplio, el exceso se cometería con la celebración de actos fuera del giro o contrariando una restricción expresa. El artículo 143, inciso 1, contiene una norma clara. Establece: 

“Los principales no quedan exonerados de las obligaciones que a su nombre contrajeran los factores, aun cuando prueben que procedieron sin orden suya en una negociación determinada, siempre que el factor estuviese autorizado para celebrarlo, según el poder en cuya virtud obre y corresponda aquella al giro del establecimiento que está bajo su dirección”.

Aplicando esta norma, si el factor actuó sin orden del principal en una operación determinada, siempre que ella esté comprendida en el giro y el factor estuviere facultado para celebrarla, el principal queda igualmente obligado. En este caso la norma tutela a terceros que están a la letra del mandato. El mandante no puede variar con una orden suya la autorización dada en el poder.

Existe abuso de poder cuando un mandatario celebra un negocio dentro de los límites del mandato pero en forma ilícita para sacar provecho para sí. En este caso el mandante queda vinculado frente a terceros.

El mandante no puede alegar un abuso de los poderes para excusarse y decir que no es responsable; responde igual. El artículo 143, inciso 2, establece

“No pueden sustraerse del cumplimiento de las obligaciones contraídas por los factores, a pretexto de que abusaren de su confianza o de las facultades que les estaban conferidas, o de que consumieren en su provecho los efectos  que adquirieron para sus principales, salvo su acción contra los factores, para la indemnización.” 

Esta norma prevé expresamente ciertas hipótesis de abuso del poder en que el principal queda de todos modos vinculado por actos del factor. El mandatario actúa dentro de los límites de su mandato, pero contrariando los fines para los cuales se le confirió, como por ejemplo, para obtener un provecho personal o para beneficio de un tercero. En estos casos el mandante responderá frente a terceros, por esos actos celebrados por el factor con abuso de poder.

Supongamos que el factor compra bienes y, en vez de ponerlos en el establecimiento, se los lleva para su casa. El precio de la venta de esos bienes lo debe el principal, porque el factor actuó dentro de su giro y lo vinculó.

Es diferente al caso en que el factor actúa con exceso de poder. Cuando el mandatario excede el poder, cuyo alcance debe ser conocido por los terceros, no obliga al mandante; pero si abusa del poder, el mandante sigue obligado porque él debe sufrir las consecuencias de su mala elección.

En cuanto a las multas en que incurriere el factor, el artículo 144 establece: 

Las multas en que incurriere el factor, por contravención a las leyes o reglamentos fiscales, en la gestión de los negocios que le están encomendados, se harán efectivas en los bienes que administren salvo el derecho del propietario contra el factor, si fuere culpable en los hechos que dieren lugar a la multa.

El factor que ha contravenido leyes o reglamentos está cometiendo una actividad ilícita; pero el principal no puede alegar que le encomendó que actuara de acuerdo a normas de derecho y que no se le dio mandato para violar leyes, para no quedar obligado por los actos del mandatario. En esa hipótesis, el mandante queda igual vinculado, porque la violación de la Ley se cometió en ocasión de ejecutar el negocio que se le había encomendado, un negocio comprendido dentro del giro.

La norma es aplicación del principio general, antes enunciado, sobre abuso de poder. En la hipótesis en análisis se ha configurado un abuso. Se agrega la posibilidad de que el principal repita contra el factor culpable.

En cuanto a la responsabilidad de los factores, el artículo 155 establece: 

“Los factores y dependientes de comercio son responsables a sus principales de cualquier daño que causen a sus intereses por malversación, negligencia o falta de exacta ejecución de sus órdenes o instrucciones, quedando sujetos en el caso de malversación a la respectiva acción criminal”. 

El artículo 144 da derecho al principal a repetir contra el factor culpable por las multas aplicadas por violación de leyes o reglamentos fiscales.

Los artículos 21 y 104 del Código Tributario disponen su responsabilidad civil y penal en materia tributaria. Artículo  21: 

“(Solidaridad de los representantes). Los representantes legales y voluntarios que no procedan con la debida diligencia en sus funciones, serán solidariamente responsables de las obligaciones tributarias que correspondan a sus representados. Esta responsabilidad se limita al valor de los bienes que administren o dispongan, salvo que hubieren actuado con dolo”.

El artículo 104, dentro del capítulo de Infracciones y Sanciones, establece:

“(Responsabilidad de las entidades). Las personas jurídicas y las demás entidades podrán ser sancionadas por infracciones sin necesidad de establecer la responsabilidad de una persona física.

Sin perjuicio de la responsabilidad pecuniaria de la persona o entidad, sus representantes, directores, gerentes, administradores o mandatarios, serán sancionados por su actuación personal en la infracción”.

III. Atribuciones o facultades del factor

Los artículos 136 y 147, caracterizan al factor como un representante del comerciante. El artículo 136, en su inciso 10 establece: 

“Los factores constituidos con cláusulas generales se entienden autorizados para todos los actos que exige la dirección del establecimiento. 

El artículo 147 dispone en su inciso 1: 

“Sólo tiene el carácter legal de factor para las disposiciones de esta sección, el gerente de un establecimiento comercial o fabril, por cuenta ajena, autorizado para administrarlo, dirigirlo y contratar sobre las cosas concernientes a él, con más o menos facultades, según haya tenido por conveniente el propietario. 

La fuente de las facultades de representación del factor se encuentra en el denominado “mandato institorio”. El factor no es un simple mandatario. El mandato al factor es un mandato reglamentado en forma especial por el Código de Comercio con normas que lo separan del mandato común. Por otra parte, la Ley le acuerda al factor facultades de representación, aun en el silencio del contrato (Decreto Ley 14.701).

A. Facultades de administración

El factor tiene amplias facultades para la administración del establecimiento del principal (art. 136). Las limitaciones deben ser establecidas expresamente. En el mandato común, se deben señalar las facultades que se otorgan.

El factor puede no invocar el nombre del principal e igual lo obliga en ciertos casos (art. 139). En el mandato común, si el mandatario no invoca el nombre de su mandante no lo obliga en ningún caso (art. 2068 CC y art. 314 CCom).

El factor no puede delegar sus funciones sin autorización para ello (art. 162). El mandatario común puede delegar salvo que se le prohíba.

El mandato común se extingue por muerte del mandante; en el caso del factor no se da esta causal de extinción (art. 145). Es causa especial de extinción del mandato del factor, la venta del establecimiento. En cambio no se extinguen, por ese hecho, los mandatos comunes otorgados.

B. Representación legal para la firma de títulos valores

Para firmar títulos valores, la Ley requiere mandato con facultades suficientes. Como excepción, el art. 23 del Decreto Ley 14.701/1977, de 14 de setiembre, de Títulos Valores establece: 

“Los administradores o gerentes de sociedades o de establecimientos comerciales se reputarán autorizados por el solo hecho de su nombramiento, para suscribir títulos-valores a nombre de las entidades que administren”. 

Se trata de un caso de representación acordada por Ley, aunque el mandato no lo estipule.

C. Facultades para actuar en juicio

En algún momento cierta doctrina entendió que la facultad de actuar en juicio debía entenderse implícita en el mandato al factor. Vale decir que, aunque nada se dijera, el factor tenía naturalmente esa facultad.

Sin embargo, no es ésta la posición correcta. De acuerdo al Código General del Proceso, para actuar en juicio se requiere poder especial para pleitos otorgado en escritura pública (art. 38 CGP) requiriéndose, además, la calidad de abogado o de procurador. Si no se tiene tal calidad, debe conferírsele las facultades para sustituir en un abogado o procurador. En consecuencia, no puede el factor actuar en juicio, salvo que se reúnan las calidades referidas.

 

 

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