Deberes, cargas y obligaciones de las sociedades y los comerciantes

Por Carlos E. López Rodríguez

El CCom ha creado un estatuto para el comerciante y le ha impuesto ciertos deberes, cargas y obligaciones que, en general, tienen como fundamento tutelar los intereses de los terceros o de quienes contratan con los comerciantes. Con ellas se pretende dar publicidad al ejercicio profesional del comercio, favorecer la buena fe, impedir el fraude, todo en el interés público.

En términos generales y sin perjuicio de otros deberes, cargas y obligaciones que surgen de diversas disposiciones y que se expondrán en las páginas siguientes, corresponde adelantar que el título II del CCom se dedica a las «obligaciones comunes a todos los que profesan el comercio». En el primer artículo que aparece bajo ese título (art. 44), se establece lo siguiente:

«Los que profesan el comercio contraen por el mismo hecho la obligación de someterse a todos los actos y formas establecidos en la ley mercantil.

Entre estos actos se cuentan:

1º. La inscripción en un registro público de los documentos que según la ley exige ese requisito.

2º. La obligación de seguir un orden uniforme de contabilidad en idioma español, y de tener los libros necesarios para tal fin.

3º. La conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante, así como la de todos los libros de la contabilidad.

4º. La obligación de rendir cuentas en los términos de la ley.»

Pese a que en el propio título II y en el texto del art. 44 se utiliza las palabras obligación u obligaciones, no se trata estrictamente de tales, salvo en el caso de la rendición de cuentas. Las demás son cargas o deberes genéricos.

Lo que acabamos de expresar nos impone realizar algunas precisiones conceptuales previas.

I. Deberes de los comerciantes

El deber supone una situación de sometimiento de la voluntad del sujeto a lo establecido por el orden jurídico, en consideración a un interés general[1]. Se trata de un mandato genérico que debe ser respetado por el comerciante o atenerse a las consecuencias que la norma establece como sanción[2]. Así sucede con el deber de obrar de buena fe y de la proscripción del abuso de derecho[3].

El § 1 del art. 5 del CCom establece el deber genérico de todos los que se dedican al comercio, una vez que tengan la calidad de comerciantes, de sujetarse a la jurisdicción, reglamentos y legislación comercial. En el mismo sentido, en el art. 44 del CCom se insiste en que «Los que profesan el comercio contraen por el mismo hecho la obligación de someterse a todos los actos y formas establecidos en la ley mercantil

II. Cargas de los comerciantes

La carga es una situación jurídica pasiva, consistente en el requerimiento de una conducta de realización facultativa, impuesta por la Ley o derivada de la propia reglamentación obligacional[4]. La doctrina repite que la carga es un imperativo del propio interés[5]. Quien tiene sobre sí la carga se halla compelido implícitamente a realizar el acto previsto. Es su propio interés quien le conduce hacia él[6]. Decía Carnelutti que la carga es la subordinación de uno o más intereses del titular a otro interés del mismo que se le impone porque se hace de aquélla una condición para la obtención de éste[7].

Si el comerciante no cumple con la carga no habrá una sanción[8]. La inobservancia de la carga no genera una reacción del ordenamiento jurídico en término de imputabilidad, reprochabilidad, ni responsabilidad[9]. Sin embargo, la omisión trae aparejada una consecuencia gravosa para él comerciante, en tanto le priva de los efectos favorables que el cumplimiento de la carga hubiera producido[10]. El cumplimiento de la carga no es exigible, pero su inobservancia deslegitima al sujeto para reclamar los efectos que se hubieran derivado de su cumplimiento[11].

A. Matrícula

La matriculación del comerciante es un ejemplo de carga. El art. 32 del CCom dispone: «Para que las operaciones, actos y obligaciones activas y pasivas de la persona que ejerce el comercio sean determinadas y protegidas por la ley comercial, es necesario que la persona que quiere ser comerciante, se matricule en el Juzgado L. de Comercio, siendo domiciliada en el Departamento de la capital, y si en alguno de los otros Departamentos, ante el Alcalde Ordinario del pueblo cabeza del Departamento.»[12]

B. Solicitud de concurso

Del mismo modo, tal como establece el art. 10. § 1, de la Ley de Declaración Judicial del Concurso y Reorganización Empresarial n° 18.387/2008, de 23 de octubre (LC), todo empresario tiene la carga de solicitar su propio concurso dentro de los treinta días siguientes a que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. En el caso de las personas jurídicas, esta carga recae en cada uno de sus administradores, liquidadores o integrantes del órgano de control interno[13].

El empresario que solicita oportunamente su concurso obra en su propio interés, puesto que de esa manera podría – siempre que su activo sea suficiente para satisfacer el pasivo (art. 45 LC) - mantener la facultad de administrar y disponer de su patrimonio, aunque sujeto a la autorización o el control de un interventor, según los actos de que se trate (art. 47 LC). En caso de que fuere omiso, se suspende irremediablemente su legitimación para disponer y obligar a la masa del concurso, aun cuando su activo fuere suficiente para satisfacer el pasivo, designándose judicialmente un síndico que le sustituirá tanto en la administración de su patrimonio, como en todos los procedimientos jurisdiccionales o administrativos en que el empresario pudiera ser parte, con la única excepción de aquellos fundados en relaciones de familia que no tengan contenido patrimonial (art. 46 LC).

El empresario se encuentra compelido a solicitar su propio concurso en su propio interés, también, puesto que – si se aprobare un convenio que permita la satisfacción íntegra de los créditos concursales en un plazo no superior a dos años o, en caso de liquidación, que de lo actuado resulte que el activo es suficiente para satisfacer el pasivo – podría evitar la formación del incidente de calificación (art. 196 LC). Si omite la solicitud de su concurso, es indiferente la obtención de un convenio como el que se acaba de referir o que el activo resulte suficiente en la liquidación: necesariamente se formará el incidente de calificación.

Luego, aun cuando no pudiere evitar la formación del incidente de calificación, la solicitud oportuna del concurso impide que se presuma la existencia de culpa grave del deudor (art. 194). Esto es especialmente importante, si se tiene en consideración que un concurso culpable puede derivar en una inhabilitación de hasta veinte años para administrar bienes propios o ajenos, así como para representar a cualquier persona. En el caso de las personas jurídicas, sus administradores, liquidadores e integrantes del órgano de control interno, además de esa inhabilitación, pueden resultar condenados a la cobertura de la totalidad o parte del déficit patrimonial en beneficio de la masa pasiva (art. 201 LC).

C. Seguir un orden uniforme de contabilidad

Es un deber inherente a la calidad de comerciante. Nace y termina simultáneamente con el principio y el fin del ejercicio profesional del comercio.

En consecuencia, debe llevarse contabilidad desde el momento en que se inicia la actividad mercantil. Mientras ésta se desarrolla se mantiene esta carga y, finalizada esa actividad, cesa la carga de llevar contabilidad pero nace la carga de conservar los libros por el término de 20 años. En efecto, el art. 80 del CCom establece: 

"Los comerciantes tienen obligación de conservar sus libros de comercio por el espacio de veinte años, contados desde el cese de su giro o comercio.

El punto de partida del término es el cese del giro.

¿Qué explicación tiene la disposición transcripta? El cese del comercio de una persona no produce la extinción instantánea de las relaciones jurídicas nacidas de su actividad comercial. Por otra parte, aun terminados todos los negocios pueden surgir reclamos derivados de ellos. Por tal motivo, se impone obligación de conservar los libros, que constituyen medios probatorios.

El art. 80, inc. 2, establece lo siguiente: 

"Los herederos del comerciante se presume que tienen los libros de su autor, y están sujetos a exhibirlos en la forma y los términos que estarían la persona a quien heredaron."

Vencido el plazo de 20 años desaparece la obligación de conservarlos. De manera que, aun cuando se les conserve, no existe obligación de exhibirlos.

Si se trata de sociedades comerciales, la obligación de llevar libros, subsiste mientras se procede a su liquidación. Una sociedad da por terminada su actividad comercial cuando se produce una causal de disolución pero debe continuar llevando libros en la etapa de liquidación. En cuanto a la conservación de los libros, el art. 183 de la LSC dispone que, si los socios no se ponen de acuerdo, será el Juez quien resuelva quién ha de conservar los libros y documentos sociales.

¿Cuáles son las consecuencias de la teneduría irregular?

D. Conservación de la correspondencia

III. Obligaciones de los comerciantes

Sólo la rendición de cuentas es efectivamente una obligación. En efecto, siempre se dará que exista alguien con derecho correlativo de exigir la rendición de cuenta debida. La obligación de rendir cuenta la tiene el comerciante frente a quien ha celebrado con él un negocio.

Se denomina obligación, en sentido estricto, a una relación jurídica que une a dos sujetos, en situación de poder-deuda, caracterizada por la patrimonialidad y la coercibilidad[14].

La diferencia sustancial entre carga y obligación radica en que en ésta el vínculo está impuesto por un interés ajeno (del acreedor). Luego, La oposición entre obligación y carga no reside, pues, en la sujeción de la voluntad - que es un elemento común a ambos fenómenos - sino en las consecuencias derivadas de la omisión[15].

Esas consecuencias opuestas son las siguientes:

A. La obligación insatisfecha crea un derecho en favor del acreedor; de la carga insatisfecha solo surge un perjuicio para quien debía asumir la conducta establecida en la Ley[16].

B. En la obligación, quien no cumple puede ser sancionado (arts. 1431 y 1342 CC); en la carga no hay responsabilidad por el incumplimiento[17].

C. La obligación insatisfecha genera responsabilidad de tipo subjetivo; el incumplimiento de la carga genera responsabilidad objetiva, derivada de la mera inactividad del sujeto compelido a cumplir con la carga[18].

 


 

[1] Tarigo Vázquez, Lecciones de Derecho Procesal Civil Según el Nuevo Código, t. 1 (1998), p. 79.

[2] Ordoqui Castilla, Lecciones de Derecho de las Obligaciones, t. 1, La obligación y el contrato (1998), pp. 29 y 30.

[3] Blasco Gascó, «Concepto y fuentes de las obligaciones», Derecho de obligaciones y contratos (1994), p. 53.

[4] Blasco Gascó, op. cit., p. 54.

[5] Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil (1942), p. 82; Tarigo Vázquez, op. cit., p. 79; Véscovi, Teoría general del proceso (1999), p. 213.

[6] Couture, id., p. 82.

[7] Carnelutti, Instituciones del nuevo proceso civil italiano (1942), p. 195.

[8] Véscovi, id. ibid.

[9] Blasco Gascó, op. cit., p. 53.

[10] Blasco Gascó, op. cit., p. 54.

[11] Blasco Gascó, id. ibid.

[12] Según se verá en las páginas siguientes, la inscripción en la matrícula de comerciante, habría sido suplida por la Ley Orgánica Registral n° 16.871/1997, de 28 de setiembre. En ésta no se prevé la existencia de la matrícula pero crea una ficha registral que sustituiría a la matrícula, cumpliendo sus funciones.

[13] La LC se refiere a la obligación de solicitar el concurso, lo que llama la atención porque actualmente – y desde hace ya bastante tiempo – el concepto de carga se ha consolidado por completo, de modo que no habría habido peligro ninguno en emplearlo para una mejor sistematización de las normas. Parafraseando la opinión que expresaba Carnelutti ya en 1942, se evitó utilizar la palabra carga en nombre de una especie de agnosticismo científico que no tiene ya justificación ni adecuación con los tiempos actuales (Carnelutti, op. cit., p. 195).

[14] Gamarra, Estudios sobre obligaciones (1956), p. 29.

[15] Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, p. 82.

[16] Couture, id. p. 83.

[17] Ordoqui Castilla, Lecciones de Derecho de las Obligaciones, t. 1, La obligación y el contrato, p. 37.

[18] Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, p. 82.

 

 

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