Libro II: De los Contratos de Comercio[1]

Anotado y actualizado por Nuri E. Rodríguez Olivera

Título I: De los contratos o de las obligaciones comerciales en general

Capítulo I: De los Contratos y Obligaciones en General

Art. 191. Las prescripciones del derecho civil sobre la capacidad de los contrayentes, requisitos de los contratos, excepciones que impiden su ejecución y causas que los anulan o rescinden, son aplicables a los contratos comerciales bajo las modificaciones y restricciones establecidas en este Código.

Art. 192. Los contratos comerciales pueden justificarse:

1. Por escrituras públicas.

2. Por las notas de los corredores y certificaciones extraídas de sus libros.

3. Por documentos privados, firmados por los contratantes o algún testigo, a su ruego y en su nombre.

4. Por la correspondencia epistolar.

5. Por los libros de los comerciantes.

6. Por testigos.  

Son también admisibles las presunciones conforme a las reglas establecidas en el presente título (arts. 295 y siguientes).

Art. 193. La prueba de testigos, fuera de los casos expresamente declarados en este Código, sólo es admisible en los contratos cuyo valor no exceda de doscientos pesos fuertes.

Tratándose de asuntos de mayor cuantía, la prueba testimonial sólo será admitida, existiendo principio de prueba por escrito.

Se considera principio de prueba por escrito, cualquier documento público o privado que emana del adversario, de su autor o de parte interesada en la contestación, o que tendría interés si viviera.

Art. 194. Los contratos, para los cuales se establecen determinadamente en este Código formas o solemnidades particulares, no producirán acción en juicio si aquellas formas o solemnidades no han sido observadas.

Art. 195. No serán admisibles los documentos de contrato de comercio en que haya blancos, raspaduras o enmiendas que no estén salvadas por los contratantes bajo su firma.

Exceptúase el caso en que se ofreciera la prueba de que la raspadura o enmienda había sido hecha a propósito por la parte interesada en la nulidad del contrato.

Art. 196. En los contratos de comercio, no ha lugar a la rescisión por causa de lesión, aunque se diga enorme o enormísima, a no ser que se probare error, fraude o simulación.

Tampoco ha lugar al beneficio de restitución concedido a los menores por las leyes generales, siempre que tengan la calidad de comerciantes los individuos que se digan damnificados.

Art. 197. La falta de expresión de causa en las obligaciones, sólo da derecho al deudor para probar que no ha mediado causa formal de obligación.

El inciso 2 del artículo 197 fue derogado por el Decreto Ley 14.701.

Art. 198. Los contratos ilícitos, aunque recaigan sobre operaciones de comercio, no producen obligación ni acción entre los que han tenido ciencia del fraude.

Son ilícitos los contratos que recaen sobre objetos prohibidos por la ley, o cuyo fin fuese manifiestamente ofensivo de la sana moral o de las buenas costumbres.

Art. 199. Se considera perfecto y obligatorio el contrato verbal, desde que los contrayentes convienen en términos expresos sobre la cosa objeto del contrato, y las prestaciones que respectivamente deban hacerse los contratantes, determinando las circunstancias que deben guardarse en el modo de cumplirlas.

Art. 200. Toda propuesta verbal debe ser inmediatamente aceptada.

No mediando aceptación inmediata, la parte que hizo la oferta, no queda sujeta a obligación alguna.

Art. 201. Mediando corredor en la negociación, se tendrá por perfecto el contrato, luego que las partes contratantes hayan aceptado, sin reserva ni condición alguna, las propuestas del corredor: expresada la aceptación, no puede tener lugar el arrepentimiento de las partes.

Art. 202. Los contratos que exigen escritura para su validación, sólo se consideran perfectos, después de firmada por las partes.

Mientras no haya sido firmada, cualquiera de las partes puede arrepentirse y dejar sin efecto el contrato.

Art. 203. En el caso de contrato por cartas, se requiere que el autor de la proposición persevere en su consentimiento, hasta el momento en que reciba la aceptación de su corresponsal.

Art. 204. El contrato por cartas se perfecciona en el lugar y en el acto en que la respuesta del que acepta el negocio llega al proponente.

Hasta ese momento está en libertad el proponente de retractar su propuesta, a no ser que al hacerla, se hubiese comprometido a esperar contestación, y a no disponer del objeto del contrato, sino después de desechada su oferta, o hasta que hubiese transcurrido un plazo determinado (art. 205).

Las aceptaciones condicionales se hacen obligatorias, desde que el individuo que propuso la condición, recibe la respuesta del primer proponente en que le avisa que se conforma con la condición.

Art. 205. En caso de respuesta tardía, el proponente que se ha comprometido a esperar contestación, debe participar su cambio de determinación. De otro modo no podrá excepcionarse, fundado en la tardanza contra la validez del contrato.

Se considera tardía una respuesta, cuando no se da dentro de las veinticuatro horas, viviendo en la misma ciudad, o por el más próximo correo, estando domiciliado en otra parte el que recibió la oferta.

Art. 206. El consentimiento manifestado a un mandatario o emisario para un acto de comercio, obliga a quien le presta, aún antes de transmitirse al que mandó el mensajero.

Art. 207. El resultado de las operaciones y transacciones que se verifican en la Bolsa determina el curso del cambio, el precio corriente de las mercaderías, fletes, seguros, fondos públicos nacionales y otros cualesquiera papeles de crédito cuyo curso sea susceptible de cotización.

Art. 208. Las cuestiones de hecho sobre la existencia de fraude, error, dolo, simulación, omisión culpable en la formación de los contratos comerciales o en su ejecución, serán siempre determinadas por arbitradores, sin perjuicio de las acciones criminales que por tales hechos pudieran tener lugar.

El Decreto Ley 14.476 deroga el arbitraje forzoso.  Esta norma regula una figura distinta: el arbitrador que debe ser designado para pronunciarse sobre determinadas cuestiones de hecho sobre las cuales será el Tribunal competente que determinará la aplicación del Derecho. La norma está vigente.

Capítulo II: Del efecto de las obligaciones

Art. 209. Las convenciones legalmente celebradas, son ley para los contrayentes y para sus herederos.

No pueden ser revocadas, sino por mutuo consentimiento, o por las causas que la ley expresamente señala.

Todas deben ejecutarse siempre de buena fe, sea cual fuese su denominación; es decir, obligan no sólo a lo que se expresa en ellas, sino a todas las consecuencias que la equidad, el uso, o la ley atribuyen a la obligación, según su naturaleza.

Sección I: De la obligación de dar

Art. 210. El que se ha obligado a entregar una cosa debe verificarlo en el lugar y en el tiempo estipulado; y en defecto de estipulación, en lugar y tiempo convenible según el arbitrio judicial.

El deudor está obligado además, a conservar la cosa como buen padre de familia, hasta que la tradición se verifique, so pena de daños y perjuicios.

Para determinados contratos, la ley establece plazos para cumplir con las obligaciones.  Así, en el contrato de compraventa, el art. 530; en el contrato de préstamo, el art. 705.

Art. 211. La obligación de cuidar de la cosa, ya tenga la convención por objeto la utilidad de ambos contrayentes, o la de uno solo, sujeta al obligado a toda la diligencia de un buen padre de familia, o sea la culpa leve (art. 221).

Esa obligación es más o menos extensa, relativamente a ciertos contratos, cuyos efectos a ese respecto se explican en los títulos correspondientes.

Art. 212. La obligación de entregar la cosa, se perfecciona con el solo consentimiento de los contrayentes.

La cosa aumenta, se deteriora o perece para el que la tiene que recibir, a no ser en los casos siguientes:

1º. Si pereciere o se deteriorare por dolo o culpa grave o leve, del que la debe entregar.

2º. Si se pactare que el peligro sea de cuenta del que la debe entregar.

3º. Si la cosa fuese de las que se acostumbran gustar previamente; pues antes de practicarse esta diligencia, no se entiende perfeccionado el contrato.

4º. Si el deudor ha caído en mora de entregar la cosa.

Art. 213. El deudor cae en mora, sea por interpelación judicial o intimación de la protesta de daños y perjuicios, sea por la naturaleza de la convención, o por efecto de la misma, cuando en ella se establece que el deudor caiga en mora por sólo el vencimiento del término.

Art. 214. Si uno se obliga sucesivamente a entregar a dos personas diversas una misma cosa, el que primero adquiere la posesión de buena fe, ignorando el primer contrato, es preferido, aunque su título sea posterior en fecha, con tal que haya pagado el precio, dado fiador o prenda, u obtenido plazo para el pago.

Sección II: De la obligación de hacer o de no hacer

Art. 215. Toda obligación de hacer o de no hacer, se resuelve en resarcimiento de daños y perjuicios, en caso de falta de cumplimiento de parte del deudor.

Sin embargo, el acreedor tiene derecho a exigir que se destruya lo que se hubiese hecho en contravención de la obligación, y puede obtener autorización judicial para destruirlo a costa del deudor, sin perjuicio del resarcimiento de daños, si hubiere lugar.

Art. 216. En caso de falta de cumplimiento, tratándose de cosa que pueda ser ejecutada por un tercero, puede el acreedor obtener autorización para hacer ejecutar la obligación por cuenta del deudor, si no prefiere compelerle al pago de daños y perjuicios (art. 215).

El deudor para librarse de los daños y perjuicios que se le reclaman, puede ofrecerse a ejecutar la cosa prometida, si es tiempo todavía, sin perjuicio del acreedor, pagando los daños ocasionados por la demora.

Art. 217. Si la obligación es de no hacer, el contraventor debe los daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención.

Sección III: De los daños y perjuicios

Art. 218. Los daños y perjuicios sólo se deben, cuando el deudor ha caído en mora de cumplir su obligación (art. 213), o cuando la cosa que se había comprometido a dar o a hacer, no podía ser dada o hecha, sino en el tiempo determinado que ha dejado transcurrir.

La demanda de perjuicios, supone la resolución del contrato. El que pide su cumplimiento, no puede exigir otros perjuicios que los de la mora (art. 246).

Art. 219. El deudor es condenado al resarcimiento de daños y perjuicios, sea en razón de la falta de cumplimiento de la obligación, o de la demora de la ejecución, aunque no haya mala fe de su parte, siempre que no justifique que la falta de cumplimiento proviene de causa extraña que no le es imputable.

Art. 220. No se deben daños y perjuicios, cuando el deudor no ha podido dar o hacer la cosa a que estaba obligado, o ha hecho lo que le estaba prohibido, cediendo a fuerza mayor, o por caso fortuito.

No se entienden comprendidos en la regla antecedente, los casos siguientes:

1. Si alguna de las partes ha tomado sobre sí especialmente los casos fortuitos, o la fuerza mayor.

2. Si el caso fortuito ha sido precedido de alguna culpa suya, sin la cual no habría tenido lugar la pérdida o inejecución.

3. Si el deudor había caído en mora antes de realizarse el caso fortuito, no comprendiéndose en esta excepción el caso en que la cosa habría perecido del mismo modo, en manos del acreedor.

Art. 221. Se entiende por culpa en esta materia, todo hecho, toda omisión que causa perjuicio a otro, y que pueden ser imputados al que los ha cometido, aunque no haya mala fe de su parte.

El comerciante que se encarga, por cualquier título, de la guarda o cuidado de mercaderías, se considera que sabe lo que se necesita para su conservación, y es responsable si dejare de hacerlo.

Art. 222. Los daños y perjuicios debidos al acreedor, a no ser de los fijados por la ley, o convenidos por los contratantes, son en general, de la pérdida que ha sufrido, y del lucro de que se le ha privado, con las modificaciones de los artículos siguientes.

Art. 223. El deudor no responde sino de los daños y perjuicios que se han previsto, o podido prever al tiempo del contrato, cuando no ha provenido de dolo suyo la falta de cumplimiento, a no ser en los casos especialmente determinados en este Código.

Aun en el caso de que la falta de cumplimiento provenga de dolo del deudor, los daños y perjuicios que no están fijados por la ley, o convenidos por los contratantes, no deben comprender, respecto de la pérdida sufrida por el acreedor y el lucro de que se le ha privado, sino lo que ha sido consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento.

Art. 224. Cuando la convención establece que el que deje de cumplirla pagará cierta suma por vía de daños y perjuicios, no puede adjudicarse a la otra parte, una cantidad mayor o menor.

Art. 225. En las obligaciones que se limitan al pago de cierta suma, los daños y perjuicios provenientes de la demora en la ejecución, no consisten sino en la condenación en los intereses corrientes, excepto las reglas peculiares a las letras de cambio.

Esos daños y perjuicios se deben sin que el acreedor tenga que justificar pérdida alguna, y aunque de buena fe, el deudor no se considere tal.

Sólo se deben desde el día de la demanda, excepto los casos en que la ley hace correr los intereses ipso jure, o sin acto alguno del acreedor.

Hay normas que establecen régimen especial para los intereses.  En materia de mandato, los arts. 311 y el 323.; en materia de comisión, los arts. 374, 381 y 382; para la compraventa comercial, el art. 532, en el contrato de préstamo, arts. 707 y 708 del Código de Comercio; en el Decreto Ley de Cheques n° 14.412 de 1975, los arts. 42 y 43; en el Decreto Ley sobre Títulos Valores n° 14.701 de 1977, los arts. 100 y 101; en la Ley de Sociedades Comerciales n° 16.060 de 1989, arts. 70 y 318.

Sección IV: De los efectos de las convenciones con respecto a terceros

Art. 226. Las convenciones sólo producen efecto, entre los contrayentes y sus representantes legales o convencionales. No perjudican ni aprovechan a quien no ha intervenido en ellas, fuera del caso de los artículos 332, 333 y 334.

Art. 227. Los acreedores pueden ejercer todos los derechos y acciones de su deudor, y oponer todas las excepciones que le correspondan, excepto las que sean exclusivamente personales.

Sin embargo, los acreedores no pueden usar de esa facultad, sino cuando el deudor rehúsa ejercer los derechos y acciones que le pertenezcan.  Los efectos de la acción intentada, sólo aprovechan a los acreedores que la ejercen, fuera del caso de falencia o quiebra.  

Art. 228. Pueden también los acreedores pedir a nombre propio rescisión de los actos ejecutados por el deudor en fraude de sus derechos dentro de un año, contado desde el día en que llegaron a su noticia, sin perjuicio de las resoluciones especiales en caso de quiebra.

Para que la acción sea admisible, se necesita que haya de parte del deudor, intención de defraudar; y de parte de los acreedores, pérdida efectiva (art. 229).

Art. 229. Hay intención de defraudar, cuando el deudor que conoce o debe conocer su insolvencia, disminuye o enajena sus bienes, aunque al hacerlo no se proponga precisamente defraudar a sus acreedores.

Sin embargo, las enajenaciones por título oneroso, hechas a personas de buena fe, no pueden ser revocadas, aunque el deudor haya tenido intención de defraudar.  Es necesario que se pruebe además, que el adquirente tenía noticia del fraude.

Esa prueba no se requiere en el caso de donatarios o cesionarios por título lucrativo, sea cual fuere su buena fe.

Ver arts. 80 y ss. de la Ley 18.387 (reintegración de la masa activa), art. 7 de la Ley 17.703 y art. 1296 Código Civil.

Capítulo III: De las diversas especies de obligaciones

Sección I: De las obligaciones condicionales

Art. 230. La obligación es condicional, cuando se contrae bajo condición.

La condición es el suceso futuro e incierto, del cual se hace depender la fuerza jurídica de una obligación.

Art. 231. Si alguno de los contrayentes fallece antes del cumplimiento de la condición, sus derechos y obligaciones pasan a sus herederos.

Exceptúase el caso en que la condición sea esencialmente personal, o no pueda ser cumplida por los herederos.

Art. 232. La condición cumplida en las obligaciones de dar, se retrotrae al día en que se contrajo la obligación, y se considera como celebrada puramente desde el principio.

Si la condición no se realiza, se considera la convención, como no celebrada.

Art. 233. La obligación contraída bajo condición de verificarse algún suceso para día determinado, caduca si llega éste sin realizarse aquél. Si no hay tiempo determinado para la verificación del suceso, puede cumplirse la condición en cualquier tiempo.

Art. 234. Contraída la obligación bajo condición de que no se verifique algún suceso en tiempo determinado, queda cumplida, si transcurre el tiempo sin verificarse. Se cumple igualmente, si antes del transcurso del tiempo, se hace evidente que el suceso no puede realizarse.

Si no hay tiempo determinado, sólo se considera cumplida la condición, cuando viene a hacerse evidente que el suceso no puede realizarse.

Art. 235. La condición de cosa absolutamente imposible, contraria a las buenas costumbres y prohibida por la ley, es nula e invalida la convención que de ella pende.

Es válida la convención, si la imposibilidad es meramente relativa, como si se pactase que uno haría una obra que le es actualmente imposible; pero que otro puede ejecutar, y que con esfuerzo, ejecutaría el obligado.

Art. 236. La condición de no hacer una cosa imposible, no anula la obligación que con ella se contrae, sino que se tiene por no escrita.

Art. 237. La condición de no ejecutar un acto contrario a la ley o las buenas costumbres, anula la obligación.

Art. 238. Es nula toda obligación contraída bajo condición meramente potestativa de parte del obligado.

Pero si la condición no hiciere depender la obligación, meramente de la voluntad del obligado, sino de un hecho que está en su mano ejecutar o no, la convención será válida.

Art. 239. Toda condición debe cumplirse de la manera en que verosímilmente han querido los contrayentes que lo fuese.

Art. 240. La condición se reputa cumplida, cuando ya sea el que la estipuló, o aquel que se obligó, bajo de ella, es el que ha impedido su cumplimiento, a no ser que el obstáculo puesto al cumplimiento de la condición, sólo sea la consecuencia del ejercicio de un derecho.

Art. 241. El acreedor puede, pendiente el cumplimiento de la condición, ejercer todos los actos conservatorios de su derecho.

Art. 242. La obligación contraída bajo condición suspensiva, es la que depende, o de un suceso futuro e incierto, o de un suceso ya realizado, pero que las partes ignoran.

En el primer caso, la obligación no existe hasta que el suceso se realice.

En el segundo, la obligación surte su efecto desde el día en que se contrajo.

Art. 243. Cuando la obligación se ha contraído bajo condición suspensiva, la cosa objeto de la obligación, perece para el obligado que sólo se ha comprometido a entregarla en el caso de realizarse la condición.

Si la cosa perece absolutamente sin culpa del obligado, la obligación no existe.

Si la cosa se ha deteriorado sin culpa del obligado, o si ha tenido aumento, esos deterioros o aumentos son de cuenta del acreedor.

Si la cosa se ha deteriorado por culpa del deudor, puede optar el acreedor entre resolver la obligación o exigir la cosa en el estado en que se encuentre, con los daños y perjuicios.

Art. 244. La condición resolutoria es la que, cuando se verifica, ocasiona la revocación de la obligación, reponiendo las cosas al estado que habrían tenido, si no hubiese existido la obligación.

Sin embargo, los derechos conferidos a tercero, pendiente la condición, surtirán su efecto, a pesar de la resolución, siempre que la cosa les hubiere sido entregada.

Art. 245. La condición resolutoria no suspende la ejecución de la obligación, obliga solamente al acreedor, a restituir lo que ha recibido, en caso de verificarse el suceso previsto en la condición.

Los frutos se compensan con los intereses del precio.

Para determinar a quién pertenecen las pérdidas o deterioros que sobrevienen, pendiente la condición, se atiende a las reglas establecidas en el artículo 243.

Art. 246. La condición resolutoria se entiende implícitamente comprendida en todos los contratos bilaterales sinalagmáticos, para el caso en que una de las partes no cumpla su compromiso. Mas en los contratos, en que hay hechos ya realizados, los que se han cumplido quedan firmes y producen en cuanto a ellos, las obligaciones del contrato.

Siendo implícita la condición, el contrato no se resuelve ipso jure, como cuando se ha pactado la condición resolutoria. La parte a quien se ha faltado, puede optar entre forzar a la otra a la ejecución de la convención, cuando es posible, o pedir la resolución con daños y perjuicios (art. 218).

La resolución debe reclamarse judicialmente; y según las circunstancias, pueden los Tribunales conceder un plazo al demandado.

El derecho a pedir la resolución del contrato, cesa en caso de quiebra.

Sección II: De las obligaciones a plazo

Art. 247. La obligación a plazo es aquella para cuya ejecución se señala un término al deudor.

El plazo difiere de la condición, en que no suspende la obligación, sino que retarda solamente la ejecución.

Art. 248. Lo que se debe a plazo, fuera de los casos de quiebra, no puede exigirse antes de su vencimiento; pero lo que el deudor pagare voluntariamente antes del plazo, no lo podrá repetir.

En las obligaciones a plazo, los riesgos y peligros de la cosa, son de cuenta del acreedor.

Art. 249. El plazo se presume siempre estipulado en favor del deudor y del acreedor, a menos que lo contrario resulte de la convención, o de las circunstancias especiales del caso.

Art. 250. En el plazo nunca se cuenta el día de la fecha; de manera que una obligación a diez días, pactada el 1º de Enero, no vence el diez, sino el once.

Siendo feriado el día de vencimiento, la obligación será exigible el día inmediato anterior que no fuere feriado.

Por Ley 8.888 se derogó el inciso 2. Si el vencimiento es un día feriado, la obligación se hace exigible el día inmediato posterior que no fuere feriado.  La norma se aplica a todas las obligaciones civiles y comerciales.

Hay normas especiales sobre cómputos de plazos en el art. 29 del Decreto Ley 14.412 y en los arts. 112 y 118 del Decreto Ley 14.701.

También, las hay en la Ley de Sociedades Comerciales 16.060, art. 514.

Art. 251. Cuando se habla de meses, se entiende el mes civil, de manera que una obligación a un mes, pactada el 1º de Febrero, vence el 1º de Marzo, aunque no alcance a treinta días.

Art. 252. La obligación en que por su naturaleza, no fuere esencial la designación del plazo, o que no tuviera plazo cierto, estipulado por las partes, o señalado en este Código, será exigible diez días después de su fecha.

Sección III: De las obligaciones alternativas

Art. 253. La obligación es alternativa cuando el deudor, por la entrega o la ejecución de una de las dos cosas comprendidas en la obligación, se libra de dar o hacer la otra.

Art. 254. La elección pertenece siempre al deudor, si no se ha concedido expresamente al acreedor.

Si el que ha de hacer la elección muere sin ejecutarla, ese derecho pasa a sus herederos.

Art. 255. El deudor puede librarse, entregando cualquiera de las dos cosas prometidas; pero no puede obligar al acreedor a recibir parte de una y parte de otra.

Art. 256. Si una de las dos cosas prometidas no podía ser materia de la obligación, se considera ésta pura y simple, aunque contraída como alternativa.

Art. 257. La obligación alternativa se convierte en simple, si una de las dos cosas prometidas perece, aunque sea por culpa del deudor, y no puede ser entregada.

En este caso, el deudor debe entregar la que hubiere quedado, sin que ni él cumpla con ofrecer, ni el acreedor pueda exigirle el precio de la otra.

Si ambas han perecido, y sólo una por culpa del deudor, debe entregar el precio de la última que ha perecido.

Art. 258. Cuando en los casos previstos en el artículo precedente, correspondiera por la convención la elección al acreedor, o sólo una de las cosas ha perecido, y entonces, si ha sido sin culpa del deudor, debe el acreedor tomar la que quede; y si ha perecido por culpa del deudor, puede pedir el acreedor la cosa que existe, o el precio de la que ha perecido; o las dos cosas han perecido y entonces, si ha habido culpa del deudor, respecto de las dos, o de una de ellas, puede el acreedor a su arbitrio, pedir el precio de cualquiera de las dos.

Art. 259. Si las dos cosas han perecido sin culpa del deudor, la obligación se extingue.

Art. 260. Los mismos principios se aplican al caso en que hay más de dos cosas comprendidas en la obligación alternativa.

Art. 261. Si la alternativa consiste en dar o hacer alguna cosa a favor del tal o tal persona, el deudor se libra, cumpliendo, respecto de una de ellas, cual más quisiere, y éstas no pueden obligarle a satisfacer por mitad a las dos.

Sección IV: De las obligaciones solidarias

Artículo 262. Las obligaciones son solidarias, o consideradas, respecto a los acreedores, o con relación a los deudores.

La solidaridad entre los acreedores de una misma cosa, es el derecho que cada uno tiene de reclamar el pago en su totalidad.

La solidaridad entre los deudores, es la obligación impuesta a cada uno de ellos, de pagar solo por todos, la cosa que deben en común.

Art. 263. La solidaridad nunca se presume, sino que debe estipularse expresamente. Es un principio común a la solidaridad entre los acreedores y entre los deudores.

Hay normas legales que imponen solidaridad en las obligaciones o responsabilidad solidaria.  Así, por ejemplo, el art. 611 para la fianza comercial y los artículos 41 del Decreto Ley 14.412 y 14 y 15 del Decreto Ley 14.701.  En materia societaria se impone la responsabilidad solidaria y subsidiaria de los socios de ciertos tipos sociales y la responsabilidad solidaria de quienes integran órganos como el Directorio o la Comisión fiscal de una sociedad anónima, en caso de generarse responsabilidad a su cargo.

Art. 264. La regla expresada en el artículo anterior sólo cesa en el caso de que la solidaridad tenga lugar ipso jure, en virtud de disposición de la ley.

Art. 265. No deja de ser solidaria una obligación, aunque uno de los codeudores esté obligado al pago de diverso modo, por ejemplo, si uno se ha obligado condicionalmente, mientras que la obligación del otro sea simple, o si uno goza de plazo, que no tiene el otro.

Aun en el caso de ser simple la obligación, si uno de los deudores no tiene capacidad para obligarse, o llegase a estado de insolvencia, deberán sufrir su parte los demás.

Art. 266. Siempre que dos o más personas se constituyen en la obligación de dar una cosa o ejecutar un hecho, que en su cumplimiento sean indivisibles, será considerada solidaria la obligación, aún cuando se contraiga con cláusulas de simple.

Art. 267. Los efectos de la solidaridad entre los acreedores son:

1º. Que cualquiera de los acreedores tiene el derecho de pedir el pago total del crédito.

2º. Que el pago hecho a uno de los acreedores, libra al deudor respecto de los otros, sin que eso impida que los acreedores puedan reclamar entre sí la división de lo pagado por el deudor.

3º. Que cualquier acto que interrumpe la prescripción, respecto de uno de los acreedores, aprovecha a los otros.

4º. Que el deudor puede pagar indistintamente a cualquiera de los acreedores, mientras no ha sido judicialmente demandado por alguno de ellos.

5º. Que la remisión hecha por uno de los acreedores, libra al deudor respecto de los otros, si éstos no le habían judicialmente demandado todavía.

Art. 268. Los efectos de la solidaridad entre los deudores son:

1º. Que el acreedor tiene el derecho de pedir la totalidad del crédito al deudor que eligiere, el cual está obligado a pagarla por entero, sin que pueda pretender la división entre los demás deudores.  

2º. Que la demanda deducida contra uno de los deudores, no impide al acreedor que demande a los otros.  

3º. Que la demanda deducida, contra uno de los deudores, interrumpe la prescripción respecto de todos.  

4º. Que produce el mismo efecto el reconocimiento de la deuda, verificado por uno de los codeudores.  

5º. Que la demanda de intereses, contra uno de los deudores, los hace correr respecto de todos.  

6º. Que si la cosa debida ha perecido por culpa de uno o más de los deudores, o después de haber incurrido en mora, los otros no quedan exonerados de pagar el precio de la cosa; pero sólo aquellos responderán de los daños y perjuicios.  

7º. Que el pago verificado por uno de los codeudores libra a todos respecto del acreedor.

Art. 269. La obligación contraída solidariamente respecto al acreedor, se divide ipso jure entre los codeudores, que no responden entre sí, sino por la cuota que les corresponde.

Art. 270. Si el negocio que ha dado lugar a la deuda solidaria, no interesare sino a uno de los codeudores, responderá éste de toda la deuda a sus correos que, no serán considerados con relación a él, sino como sus fiadores.

Art. 271. El correo de una deuda solidaria que la paga íntegra, sólo puede repetir contra los demás por la parte que a cada uno toca.

Art. 272. El deudor solidario, demandado por el acreedor, puede oponer todas las excepciones que resulten de la naturaleza de la obligación y las que le sean personales, así como las comunes a los demás deudores.

No puede oponer las excepciones que sean meramente personales a alguno de los otros deudores.

Art. 273. El acreedor que consiente en la división de la deuda, respecto de uno de los deudores, conserva su acción solidaria contra los demás, con deducción de la parte correspondiente al deudor a quien ha exonerado de la solidaridad.

Art. 274. El acreedor que reciba la parte de uno de los deudores, aunque no reserve en el resguardo la solidaridad, o sus derechos en general, no se entiende que renuncia a la solidaridad, sino en lo que toca a ese deudor.

Art. 275. No se considera que el acreedor exonera de la solidaridad al deudor, aún cuando reciba de él una suma igual a la parte que le corresponde, si no dice en el resguardo que la recibe por su parte.

Lo mismo sucede con la demanda deducida contra uno de los deudores por su parte, si éste no se ha conformado a la demanda, o no ha intervenido sentencia definitiva.

Art. 276. El acreedor que recibe separadamente, aunque no reserve sus derechos la parte de uno de los deudores en los intereses del crédito, no pierde la solidaridad, sino relativamente a los intereses vencidos; pero no a los futuros ni al capital, a no ser que el pago separado se haya continuado por diez años.

Art. 277. Cuando uno de los deudores viene a ser heredero único del acreedor, o cuando éste viene a ser heredero único de alguno de los deudores, la confusión extingue el crédito sólo en la parte correspondiente al acreedor o deudor a quien se hereda.

Sección V: De las obligaciones divisibles e indivisibles

Artículo 278. Las obligaciones, aunque sean divisibles por su naturaleza, deben ejecutarse entre deudor y acreedor, como si fueran indivisibles.

La divisibilidad sólo tiene aplicación cuando son varios acreedores o deudores por contrato o por sucesión.

Art. 279. Cuando son varios los acreedores o deudores por contrato, el derecho y la obligación se dividen ipso jure entre todos los individuos enumerados conjuntamente, sea como acreedores o deudores de una misma cosa, a no ser que disponga de diverso modo la ley o la convención.

Art. 280. Cuando son varios los acreedores o deudores, por título de sucesión, no pueden exigir la deuda, ni están obligados a pagarla, sino por las partes que les corresponden como representantes del acreedor o deudor.

Art. 281. El principio establecido en el artículo precedente, admite excepción respecto de los herederos del deudor:

1º. En caso que la deuda sea hipotecaria.

2º. Cuando es de especie determinada.

3º. Cuando se trata de deuda alternativa a elección del acreedor de dos cosas, de las cuales una es indivisible.

4º. Cuando uno solo de los herederos ha sido gravado con toda la deuda, por el testamento o por la partición.

5º. Cuando resulta, sea de la naturaleza de la obligación, sea de la cosa objeto de ella, sea del fin que se han propuesto las partes en el contrato, que la intención de los contrayentes ha sido que la deuda no pueda cubrirse parcialmente.

En los dos primeros casos, el heredero que posee la cosa debida o el fundo hipotecado puede ser perseguido por el todo, salva su acción contra sus coherederos. Con esta misma calidad, puede ser perseguido por el todo el heredero en el tercer caso, con arreglo a las disposiciones de la Sección III de este Capítulo. En el cuarto caso, el heredero encargado del pago, y en el quinto, cualquiera de los herederos puede ser reconvenido por el todo, salva su acción contra los demás coherederos.

Art. 282. Cualquiera de los herederos del acreedor puede exigir en su totalidad la ejecución de la deuda indivisible; pero no puede uno solo hacer remisión de la deuda, ni recibir en lugar de la cosa el precio de ella.

Sin embargo, si alguno de los herederos ha remitido la deuda o recibido el precio de la cosa indivisible, su coheredero no puede reclamarla sin abonar la porción del que ha hecho la remisión, o ha recibido el precio.

Art. 283. El heredero del deudor que es demandado por la totalidad de la obligación puede pedir término para citar a sus coherederos, a no ser que sea de tal naturaleza la obligación, que sólo pueda ser cumplida por el demandado.  En tal caso, sólo éste será condenado, dejándole a salvo la acción contra sus coherederos.

Sección VI: De las obligaciones con cláusula penal

Art. 284. La cláusula penal, es aquella en cuya virtud, una persona, para asegurar la ejecución de la convención, se obliga a alguna pena, en caso de falta de cumplimiento.

Art. 285. La nulidad de la obligación principal, trae consigo, la de la cláusula penal.

La nulidad de ésta no importa la de la obligación principal.

Art. 286. La cláusula penal es válida, aun cuando se agregue a obligación cuyo cumplimiento no puede exigirse judicialmente, pero que no es reprobada por derecho.

Art. 287. El acreedor, cuyo deudor ha incurrido en mora, puede a su arbitrio exigir la pena estipulada o la ejecución de la obligación principal. (art. 288).

Art. 288. La cláusula penal, es la compensación de los daños y perjuicios que se irrogan al acreedor, por la falta de cumplimiento de la obligación principal.

No puede, pues, pedir a la vez la obligación principal y la pena, a no ser que se haya así pactado expresamente.

Sin embargo, si habiendo optado por el cumplimiento de la obligación, no consiguiera hacerlo efectivo, puede pedir la pena.

Art. 289. Sea que la obligación principal contenga o no, plazo en que deba cumplirse, no se incurre en la pena, sino cuando el obligado a entregar, a tomar, o a hacer, ha incurrido en mora (art. 213).

Art. 290. Incurre en la pena estipulada, el deudor que no cumple dentro del tiempo debido, aún cuando la falta de cumplimiento provenga de justas causas, que le hayan imposibilitado de verificarlo.

Sin embargo, si la obligación principal es de entregar cosa determinada, y ésta perece, no tiene lugar la pena, en los casos en que el deudor no sea responsable de la obligación principal.

Art. 291. Cuando la obligación principal se haya cumplido en parte, la pena se pagará a prorrata por lo no ejecutado.

Art. 292. Cuando la obligación primitiva contraída con cláusula penal es de cosa indivisible, y son varios los deudores por sucesión o por contrato, se incurre en la pena por la contravención de uno solo de los deudores, y puede ser exigida por entero del contraventor, o de cada uno de los codeudores por su parte y porción, salvo el derecho de éstos para exigir del contraventor que les devuelva lo que pagaron por su culpa.

Art. 293. Si la obligación indivisible contraída con cláusula penal es a favor de varios contra varios, sea por herencia o por contrato, no se incurre en la pena total, caso de obstáculo puesto por uno de los deudores a alguno de los acreedores, sino que sólo el causante del obstáculo incurre en la pena, y se adjudica únicamente al perturbado, ambos proporcionalmente a su haber hereditario, o cuota correspondiente.

Art. 294. Cuando la obligación primitiva con cláusula penal es divisible, sólo se incurre en la pena por aquel de los herederos del deudor que contraviniere a la obligación, y sólo por la parte que le toca en la obligación principal, sin que haya acción contra los que la han cumplido.

Esta regla admite excepción cuando, habiéndose agregado la cláusula penal con el fin expreso de que la paga no pudiese verificarse por partes, un coheredero ha impedido el cumplimiento de la obligación en su totalidad.

En tal caso, puede exigirse de él toda la pena.

 


[1] Existen diversos contratos regulados en leyes especiales, fuera del Código de Comercio: cuenta corriente bancaria, Ley 6895; crédito de uso, Ley 16.072 modificada por Leyes 16.205, 16.320, 16.781 y 16.906; factoraje, Ley 17.202; prenda sin desplazamiento, Ley 17.228.

Manual Virtual de Comercial II

Manual Virtual de Comercial I

Leyes y Decretos

Artículos anteriores