Decreto Ley 14.188

SE ESTABLECEN NUEVAS NORMAS PARA LOS JUICIOS LABORALES, CREANDOSE CINCO JUZGADOS LETRADOS DE TRABAJO DE PRIMERA INSTANCIA EN MONTEVIDEO Y SE FIJA JURISDICCION EN LA MATERIA EN LOS RESTANTES DEPARTAMENTOS.
El Consejo de Estado ha aprobado el siguiente PROYECTO DE LEY

Artículo 1. Créanse cinco Juzgados Letrados de Trabajo de Primera Instancia en el Departamento de Montevideo, que tendrán, en régimen de turnos, la misma jurisdicción que los actuales Juzgados Letrados de Trabajo.

Las asignaciones de dichos cargos serán las que corresponden actualmente a los Jueces de Paz de Montevideo.

Artículo 2. Cinco de los actuales Juzgados de Paz de Montevideo, que determinará la Suprema Corte de Justicia sin que ello importe un cambio en la persona de sus titulares, se transformarán en los Juzgados Letrados de Trabajo de Primera Instancia a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 3. La Suprema Corte de Justicia de acuerdo con el Poder Ejecutivo fijará las circunscripciones territoriales de los restantes Juzgados de Paz que permanecerán como tales en el Departamento de la Capital.

Artículo 4. Los actuales Juzgados Letrados de Trabajo de Montevideo, se denominarán en lo sucesivo Juzgados Letrados de Trabajo de Segunda Instancia, de los Turnos 1° y 2°, y conocerán de las apelaciones que se deduzcan contra las sentencias de los Juzgados Letrados de igual competencia de Primera Instancia de la Capital.

Artículo 5. En los restantes departamentos, la jurísdicción en materia laboral que se crea por esta ley estará confiada a los Juzgados de Paz de las Primeras Secciones, salvo en las capitales en que haya más de un Juzgado, en cuyo caso entenderán todos en régimen de turnos.

De las apelaciones de sus sentencias entenderá el Juez Letrado de Primera Instancia de la Capital del Departamento. Si hubiere más de un Juzgado Letrado de Primera Instancia en cada Capital, la competencia de segundo grado se distribuirá en razón del turno.

Artículo 6. El procedimiento a seguir en material laboral, en primera y segunda instancia, será el que a continuación se establece.

En la primera instancia:

1°) Interpuesta la demanda en forma, el Juez decretará "traslado y autos". El demandado contestará dentro del término de diez días perentorios, oponiendo, al mismo tiempo, si las tuievere, las excepciones mancionadas en el artículo 246 del Código de Procedimiento CiviI y la agregada por el artículo 19 de la ley 13.355, de 17 de agosto de 1965.

2°) Contestada la demanda o vencido el término para contestar, el Juez convocará a las partes, mediante notificación personal a la audiencia de conciliación. El Juez presidirá dicha audiencia, so pena de nulidad que vicia los ulteriores procedimientos.

3°) Si en vista de la contestación el Juez estima necesario recibir a prueba el juicio, señalará un término que no podrá ser extraordinario, ni exceder de la mitad del ordinario previsto en el artículo 336 del citado Código Procesal.

4°) Dentro de los diez primeros días del término, las partes deberán solicitar el diligenciamiento de todas las pruebas que se propongan producir, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 374 del Cédigo de Procedimiento Civil.

Dentro de los diez días siguientes las partes podrán ofrecer contra pruebas o pruebas de tachas en las personas de los testigos propuestos. El Juzgado, de oficio, podrá además averiguar o complementar la prueba quedando investido a tales efectos, con todas las facultades inquisitivas previstas para el orden procesal penal. Se dirigirá directamente a las autoridades judiciales y administrativas para su debido diligenciamiento, pudiendo cometer las diligencias probatorias que crea convenientes a cualquiera de sus funcionarios mediante simple mandato verbal, dejándose constancia en autos.

5°) Vencido que sea el término el Actuario agregará y certificará la prueba sin necesidad de mandato, y lo hará saber a las partes Dor medio de la notificación respectiva. Las partes alegarán de bien probado dentro del término común e improrrogable de diez días durante el cual los autos quedarán de manifiesto en la oficina.

6°) La sentencia decidirá al propio tiempo las excepciones dilatorias que se hubieron opuesto, la procedencia o improcedencia de las tachas, y sobre el mérito de la causa. Si se acogiera a la dilatoria de incompetencia, remitirá el expediente para su conocimiento a quien corresponda. Las actuaciones cumplidas en esa sede quedan legalmente convalidadas, no pudiendo ser impugnadas de nulidad.

7°) El recurso de apelación contra las sentencias definitivas se interpondrá dentro del término de cinco días perentorios, en escrito fundado en el que se expresarán agravios.
De la expresión de agravios se correrá traslado a la contraparte con término de cinco días perentorios.

8°) Contra las demás providencias que se dicten durante el juicio no se admitirá otro recurso que el de reposición. Este recurso se interpondrá dentro del tercer día, contado desde el siguiente a la notificación, y el Juez lo resolverá sin audiencia de la otra parte.

En la segunda instancia:

9°) Recibidos los autos por el Superior, se citará para sentencia.

10) Notificaclas las partes, manifestarán dentro del tercer día si sus abogados se proponen informar "in voce"; si así lo hiciere alguna de ellas, podrá informar también la otra parte, aunque el solicitante no concurra a la audiencia.

Para informar "in voce" los abogados no necesitarán poder, ni la presencia de la parte, siempre que ésta lo autorice por escrito antes de la audiencia.

En todos los casos hablará en primer término el que solicitó informar; si ambos lo hubieran hecho, el primer apelante.

11) En esta segunda instancia no se abrirá la causa a prueba pero las partes podrán, dentro de los cinco días siguientes a la citación para Sentencia, ponerse posiciones sobre hechos que no hayan sido objeto de otras propuestas anteriores, y agregar documentos que justifiquen sumariamente, a criterio del Juez, no haber conocido hasta entonces, o no haber podido proporcionárselos antes o que se refieran a hechos supervinientes.

Artículo 7. El plazo para dictar sentencia, en primera y segunda instancia, será de cuarenta días contados desde que los autos hayan sido puestos al despacho, cuando se trate de definitiva, y de veinte, si de interlocutoria. El Juez podrá solicitar de la Suprema Corte de Justicia, antes de su vencimiento, la ampliación del término, debiendo fundar el pedido con remisión de los autos. La Corte podrá ampliarlo en la medida que juzgue indispensable. Vencido el plazo sin que se hubiera dictado, el Juez de la causa quedará impedido para seguir entendiendo de ella, y pasará de oficio los autos a quien deba subrogarlo.

Inmediatamente de recibidos, el Juez subrogante dará cuenta del hecho, bajo su responsabilidad, a la Suprema Corte de Justicia, la que dispondrá se anote la omisión en la faja de servicios del Magistrado, teniéndolo en cuenta para su eventual ascenso.

Artículo 8. Las diligencias para mejor proveer, que sólo podrán dictarse una vez, interrumpirán el término correspondiente; pero cumplidas que sean y puestos nuevamente los autos al despacho, se computará el tiempo transcurrido hasta que se dispuso la diligencia.

Artículo 9. Con la sola presentación de la demanda de la parte trabajadora, el Letrado que la firme quedará investido del carácter de representante judicial de la misma en los términos y condiciones previstas en los artículos 159 y 160 del Código de Procedimiento Civil.

En los departamentos del litoral e interior esta representación judicial podrá acordarse a cualquier funcionario del Servicio de Asistencia Jurídica del Trabajador, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El trabajador, en todo momento, podrá sustituir a su representante judicial, siempre que lo haga por escrito.

Cuando se trate de trabajadores menores de edad, el Letrado que firme la demanda, o el funcionario del Ministerio, en su caso, quedarán investidos por ese solo hecho de la representación judicial del menor a todos sus efectos.

En Montevideo, la representación del trabajador podrá estar también a cargo de la Defensoría de Oficio de Trabajo o del Letrado que al efecto designe el Servicio de Asistencia Jurídica del Trabajador, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 10. Ante los Juzgados Letrados de Trabajo de Montevideo no podrá iniciarse juicio en materia laboral, sin la constancia que acredite haberse tentado la conciliación previa ante el Centro de Asistencia y Asesoramiento Jurídico del Trabajador, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En los demás departamentos esta exigencia se hará efectiva una vez que se instale el mencionado Servicio.

En cualquier estado de los procedimientos judiciales, en primera o segunda instancia, y hasta la citación para sentencia, los Jueces podrán tentar la conciliación y tomar de oficio o a pedido de parte, todas las medidas cautelares que estimen del caso.

En los juicios a que se refiere esta disposición no será necesario llenar el requisito de la previa conciliación (artículo 255 de la Constitución de la República).


Artículo 11. Los créditos reconocidos por sentencias dictadas por los Juzgados competentes en la materia que regla esta ley, generarán un interés mensual equivalente al recargo que generan las obligaciones fiscales, a contar de la fecha de la demanda.

Se ejecutarán por el procedimiento previsto por los artículos 494 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; y en lo que no excedan el importe correspondiente a tres meses de salarios, por la vía del artículo 211 del Código citado. En caso de quiebra, o concurso, los acreedores no están obligados a aguardar sus resultas para ejercitar las acciones que correspondieran (artículos 1.737 del Código de Comercio y 2.381 del Código Civil).

Art. 12. Exceptúase de lo dispuesto en el artículo 49 del decreto- ley 8.992, de 26 de abril de 1933, la obligación de pago de salarios, cualquiera sea su causa.

En tal caso, los socios responderán en forma subsidiaria, personal y solidariamente por la totalidad de los salarios debidos, con sus accesorios de ley.

Cuando se demande por pago de salarios a una sociedad de responsabilidad limitada, el juzgado dispondrá preceptivamente el embargo preventivo de sus bienes.

Modif. por Decreto Ley 14.358

Artículo 1°.
Modifícase el inciso 2° del artículo 12 de la ley 14.188, de 5 de abril de 1974, que quedará redactado de la siguiente forma;

"En tal caso, los socios responderán en forma personal y solidaria, por la totalidad de los salarios debidos, con sus accesorios de ley".

Artículo 2°.
Derógase el inciso 3° del artículo 12 de la ley 14.188, de 5 de abril de 1974.

Art. 13.
En caso de despido injusto, el máximo de indemnización que corresponáa de acuerdo con las leyes vigentes será de seis mensualidades, sin tener en cuenta los eventuales derechos jubilatorios que puedan corresponder al trabajador.

Art. 14. Las acciones por cobro de salarios y de indemnización por despido prescribirán al año, a contar del momento en que debió hacerse efectivo el salario, o de aquel en que se produjo el despido.

Art. 15. En todo lo que no esté previsto en la presente ley regirá lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil y en las leyes 9.594, de 12 de setiembre de 1936, 13.355, de 17 de agosto de 1965 y demás disposiciones especiales en materia laboral, en cuanto fueron aplicables.

Las sentencias definitivas de segunda instancia no admitirán recurso ulterior, ordinario o extraordinario, de especie alguna.

Artículo 16.
Los juicios actualmente en trámite en los Juzgados Letrados de Trabajo continuarán sometidos a su competencia, y se sujetarán al procedimiento con arreglo al cual estaban sustanciándose desde su iniciación; pero los Jueces podrán hacer uso de las facultades previstas en los artículos 10 y 12 de la presente ley.

Todos los demás asuntos que a la fecha de esta ley se encontraron radicados en los Juzgados de Paz que se suprimen serán distribuidos por la Suprema Corte de Justicia en la forma que entienda de mejor servicio.

Artículo 17. Deróganse los artículos 48 a 56 del decreto del Poder Ejecutivo 622, de l° de agosto de 1973, dictado de conformidad con lo que establece el numeral 17 del artículo 168 de la Constitución, y aprobados por el Consejo de Estado por resolución de fecha 9 de enero de 1974.

Artículo 18. La presente ley entrará en vigencia a los treinta días de cumplido lo que dispone el artículo tercero.

Artículo 19. Comuníquese, etc.


Sala de Sesiones del Consejo de Estado, en Montevideo, a 2 de abril de 1974.

ALBERTO DEMICHELI. Vicepresidente. ANDRES M. MATA, MANUEL MARIA DE LA BANDERA, Secretarios.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Ministerio de Educación y Cultura.

Montevideo, 5 de abril de 1974.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.

BORDABERRY. MARCIAL BUGALLO. EDMUNDO NARANCIO.