En un concurso voluntario ¿Qué consecuencias acarrearía la celebración de un pacto de refinanciación entre el deudor y uno de sus acreedores, después de declarado el concurso?

Por Carlos E. López Rodríguez 

En cuanto a los actos de administración y disposición sobre bienes y derechos que integran la masa activa, la actuación del deudor sin la autorización exigida por la Ley de Declaración Judicial del Concurso y Reorganización Empresarial n° 18.387 de 2008 (LCU), implicaría la ineficacia de lo actuado frente a la masa (art. 47, n° 3). 

Un pacto de refinanciación no constituye un acto de administración ni de disposición sobre bienes y derechos que integran la masa activa. Más bien es un acto que afecta la composición de la masa pasiva. Respecto de actos como éste no hay una sanción expresa en la LCU.

Entendemos que deben considerarse afectados por una nulidad[1], puesto que contrarían una norma prohibitiva.

El n° 1 del art. 47 contiene, implícitamente, una prohibición, al establecer que “el deudor requerirá de la autorización del interventor” para realizar ciertos actos. El tono imperativo de la norma implica que se prohíbe la realización de los actos que la norma enumera, sin la autorización del interventor. 

Para esos casos resulta aplicable el inc. 2 del art. 8 del CC[2] que establece que lo hecho contra las leyes prohibitivas es nulo, si en las mismas no se dispone lo contrario.

Podría entenderse, asimismo, que sin la autorización del interventor, el deudor no estaría legitimado para celebrar el pacto de refinanciación. Tratándose de un caso de falta de legitimación recepticia, la consecuencia sería, también, la nulidad del acto celebrado.

 

 


[1] En el n° 7 del art. 40 de la Ley Concursal española (LCE) se establece, con carácter general, que los actos del deudor que infrinjan las limitaciones derivadas de la declaración judicial del concurso, pueden ser anulados. La acción de anulación sólo la puede promover la administración concursal. Se admite, no obstante, que cualquier acreedor o quien haya sido parte en la relación contractual afectada, requiera a la administración concursal que se pronuncia acerca del ejercicio de la acción o de la convalidación o la confirmación del acto. La acción se tramita como un incidente concursal.

[2] Art. 8, inc. 2, de nuestro CC: “Tampoco surtirá efecto la renuncia especial de leyes prohibitivas: lo hecho contra éstas será nulo, si en las mismas no se dispone lo contrario.”

 

 

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