¿Qué personas físicas podrían quedar excluidas del presupuesto subjetivo del concurso?

Por Carlos E. López Rodríguez

En el inc. 1 del art. 2, de la Ley Concursal uruguaya n° 18.387 de 2008 (LCU), se establece que la declaración judicial de concurso procede respecto de cualquier deudor, persona física que “realice actividad empresaria”

La LCU, en el inc. 2 de su art. 2, define lo que considera como “actividad empresaria”:  

Se considera actividad empresaria a la actividad profesional, económica y organizada con finalidad de producción o de intercambios de bienes o servicios.

Según se dispone en el inc. 4 del art. 2, el concurso de todas aquellas personas físicas que no queden comprendidas en el marco establecido por los incs. 1 y 2, que acabamos de referir, se rige por el título VII del libro II del CGP, que regula al concurso civil, y normas concordantes.

Por lo tanto, quedarían excluidos del presupuesto subjetivo del concurso, las personas físicas que pudieran ser incluidas en las categorías siguientes:

I. Deudores excluidos por no realizar actividad profesional

Según los diccionarios, “profesión” es el empleo, arte, facultad u oficio habitual que se ejerce públicamente y con el cual se gana el sustento. Para que la actividad pueda ser reputada como “empresaria”, entonces, se requiere que sea realizada por la persona física deudora en función de una aptitud u oficio que le sea propio y que ejerza públicamente, de modo que pueda ser considerado como su o medio de vida.

Para algunos, la profesionalidad significa, implícitamente, la finalidad de lucro o, cuando menos, la existencia de una organización que asegure un rendimiento favorable, que suponga una ganancia neta como producto de la “actividad empresaria”.

Por consiguiente, quedarían excluidas como sujetos pasivos del concurso las personas siguientes:

A. los empleados[2], los funcionarios públicos, los jubilados y las personas que no realicen ninguna actividad;

B. los viajantes y los vendedores de plaza no entrarían, porque son reputados como empleados[3];

C. quienes hayan cesado su actividad, puesto que el art. 2 exige que la persona "realice" actividad, en tiempo presente.  

II. Deudores excluidos por no realizar actividad económica

En el contexto de definiciones similares a la del art. 2 de la LCU, se ha entendido que la expresión “actividad económica” es aquella encaminada a la producción y al cambio de bienes y servicios.

Quedarían excluidas como sujetos pasivos del concurso, entonces, las personas físicas siguientes:

A. las personas físicas que realicen actividades culturales, sociales, religiosas o deportivas;

B. las personas físicas que disponen de un local donde se exponen obras de arte o donde se dictan conferencias culturales o sobre temas científicos[1];

III. Deudores excluidos por no tener una finalidad productiva ni de intercambio de bienes o servicios

Para considerar a una actividad como “empresaria”, además, el art. 2 establece que debe tener por finalidad la producción o el intercambio de bienes o servicios. Esta exigencia dejaría fuera del alcance de la LCU, a las personas que, en un sentido estricto, no serían producción o no serían intercambio de bienes o servicios, entre las cuales se nos ocurren las siguientes:

A. las personas físicas que explotan un yacimiento minero, porque no son productores, pues realizan extracción de minerales[4];

B. las personas físicas que se dedican a la pesca, tampoco son productores[5];

C. los agentes marítimos y los agentes aéreos actúan como mandatarios, por lo que tampoco quedarían comprendidos en la LCU[6].

D. quienes realizan intermediación, puesto que el intercambio es un concepto distinto (intercambia quien realiza permutas e intermedia quien compra para revender)[7].

Si se adoptara una interpretación restrictiva de la expresión “intercambio”, quedarían, también, fuera del alcance de la LCU, los sujetos siguientes:

A. quienes realizan transportes y los corredores - corredor inmobiliario, corredor de seguros, corredor de bolsa, agentes de servicios turísticos, quedarían excluidos puesto que ni producen ni intercambian bienes o servicios, puesto que, estrictamente, celebran contratos de arrendamiento de obra, no de arrendamientos de servicios[8];

B. los rematadores quedarían excluidos porque actúan como mandatarios o comisionistas (no producen ni intercambian servicios, mucho menos bienes)[9].

IV. Deudores excluidos por carecer de organización

Por último, el art. 2 de la LCU exige que la actividad sea “organizada” para considerarla como “empresaria”, por lo que quienes no dispusieren de organización tampoco podrían ser concursados según el régimen de la LCU. Entre los sujetos que realizan una actividad sin organización, podrían mencionarse los siguientes:

A. quienes poseen un establecimiento comercial pero lo explotan solos, sin empleados;

B. los propietarios de una quinta o de una granja, que sólo tienen la ayuda de su cónyuge o de sus hijos o de un peón;

C. los profesionales liberales - abogados, escribanos, contadores, médicos - que ejercen su profesión personalmente, sin organizar trabajo ajeno y capital;

D. los artesanos que producen bienes pero sin organización empresarial[10].

 


[1] Rodríguez Olivera, “Presupuesto subjetivo del concurso en el proyecto de Ley de Concursos”, RDC, n° 1, pp. 195 y 196 (2008).

[2] Creimer Bajuk, Concursos, Ley n° 18.387 de 23 de octubre de 2008 (2009), p. 20.

[3] Rodríguez Olivera, íd., p. 197.

[4] Rodríguez Olivera, íd., p. 196.

[5] Rodríguez Olivera, íd. ibíd.

[6] Rodríguez Olivera, íd., p. 197.

[7] Rodríguez Olivera y López Rodríguez, Manual de Derecho Comercial Uruguayo, v. 1: Parte general, t. 1: El Derecho comercial y los actos de comercio, pp. 12 y 13.

[8] Rodríguez Olivera, “Presupuesto subjetivo del concurso…”, p. 197.

[9] Rodríguez Olivera, íd., p. 197.

[10] Rodríguez Olivera, íd., p. 198.