Ud. es abogado de un proveedor de harina a quien la concursada (La Indigesta Sociedad Colectiva) le entregó un cheque por $ 70.000 que fue rechazado por falta de fondos.

Redacte sucintamente su presentación en el concurso.

Por Carlos E. López Rodríguez 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 95 de la Ley 18.387, de 23 de octubre de 2008, de Declaración Judicial del Concurso y Reorganización Empresarial (LC), la solicitud de verificación debe realizarse al síndico o al interventor por escrito y presentarse en el juzgado.

La LC establece la necesidad de que la solicitud sea declarada en forma expresa, que contenga, además, una serie de detalles tendientes a hacer posible el cotejo del crédito con los libros y documentos del deudor. Los datos que se exigen serán, luego, las categorías utilizadas por el síndico o por el interventor para la confección de la lista de acreedores. Así, el acreedor deberá indicar lo siguiente:

I.    fecha,

II.   causa,

III.    monto,

IV.   vencimiento y

V.    calificación solicitada para el crédito que se insinúan.

I. Indicación de la causa

Es evidente que la LC no utiliza la palabra “causa” en su sentido jurídico. De acuerdo con el art. 1287 del Código Civil, es causa para obligarse cada parte contratante, la ventaja o provecho que le procura la otra parte.

El uso de la palabra causa en la disposición en análisis, obedece a otro sentido de la palabra. En el contexto de la LC, la causa se refiere al hecho generador o fuente de la obligación y, por supuesto, del crédito respectivo. En el mismo sentido que en materia de títulos valores, la palabra “causa” refiere a la vinculación de cada crédito con el negocio jurídico al que deben su origen.

A. La causa de los títulos valores de contenido dinerario

El libramiento de todo título valor supone una relación fundamental entre quien lo libra y su beneficiario, sin perjuicio de la existencia de un pacto cambiario, que es un convenio explícito o tácito entre los sujetos del negocio fundamental por el cual ellos acuerdan la creación y la posterior entrega de un título valor. La relación fundamental es la causa mediata de la creación del título valor; el pacto cambiario es su causa inmediata. La relación fundamental - contrato de compraventa, préstamo, depósito, etcétera - puede documentarse mediante la firma de un contrato por las dos partes (comprador y vendedor, prestamista y prestatario, depositante y depositario). Por el pacto cambiario las partes contratantes acuerdan que el comprador, el prestatario o el depositario emitan un título valor.

En los juicios ejecutivos que se promueven con base en letras de cambio, vales o cheques, el demandado se encuentra impedido de presentar excepciones fundadas en su relación con el actor (art. 108 del Decreto Ley de Títulos Valores n° 14.701 de 1977 y art. 45 del Decreto Ley de Cheques n° 14.412 de 1975). Se entiende que la expresión "relaciones personales", se refiere, entre otras, a la relación fundamental que fue causa de la creación del título valor. A esa particularidad del juicio ejecutivo cambiario, la doctrina la denomina “abstracción.

La abstracción no es un atributo de los títulos valores en sí mismos considerados y que se aplique sea cual sea el ámbito en que hagan estos valer. Precisamente, ese atributo carece de toda aplicación en el Derecho concursal. Por el contrario, la LC exige expresamente que el acreedor indique cual es la causa del crédito que insinúa, sin excepciones. De modo que quien presente un vale, una letra de cambio o un cheque, también, debe indicar cuál fue el origen de la emisión del título (si el insinuante fuera su beneficiario inmediato) o cuál fue la relación fundamental que motivó la transmisión del título (de no existir tal inmediatez). La carga de insinuar los créditos abarca a todas las acreencias, incluyendo a los títulos valores.

B. Acreditación de la causa

En la doctrina argentina, Maffia – contra la jurisprudencia dominante - ha sostenido que bastaría con la mera indicación del origen del crédito, puesto que la Ley no exige prueba alguna. El síndico o el interventor, con base en las explicaciones del insinuante, tendría la facultad-deber de comprobar los antecedentes invocados, para descartar eventuales acuerdos fraudulentos entre el deudor y alguno o algunos de los insinuantes.

En la doctrina y la práctica forense nacional, no basta con la mera indicación del origen del crédito insinuado. El acreedor, al presentarse, debe acompañar, no sólo los títulos valores donde consta su crédito sino, también, la prueba documentaria que acredite la existencia del negocio que dio origen a la creación o trasmisión del título valor que se insinúa. Debe acompañarse, entonces, el contrato de donde surge la relación fundamental (compraventa, arrendamiento, transporte, seguro, etc.) o los documentos que prueben la ejecución de estos contratos (factura, carta de porte, etc.), u otros documentos de los cuales pueda surgir, en forma veraz, la causa del libramiento de los títulos. La falta de acreditación de la causa impide que los créditos sean verificados y que los insinuantes se conviertan en acreedores concurrentes.

Esta exigencia se fundamenta en la necesidad de verificar que los títulos valores no fueron emitidos de favor, a los efectos de facilitarle al deudor la obtención de las mayorías necesarias para la aprobación de convenios o para lograr una vía indirecta para el recupero de parte de su activo, en caso de liquidación de sus bienes. Asimismo, por esta vía se impide que prospere en el ámbito concursal, la práctica corriente en nuestro medio de exigir cheques en garantía del préstamo que se otorga, a pesar de la sanción penal establecida en el art. 60 del Decreto Ley de Cheques n° 14.412 de 1975. Exigiendo la acreditación de la causa del cheque que se presenta para su verificación, el acreedor se ve en la disyuntiva de reconocer que el cheque fue obtenido como garantía de un préstamo o renunciar al cobro del mismo.

La necesidad de acreditar el origen de los créditos que se insinúan no surge del texto de la LC. Sin embargo, tal como establece el art. 137 del CGP, “corresponde probar los hechos que invoquen las partes y sean controvertidos”. En el mismo sentido, el art. 139 dispone que “corresponde probar, a quien pretende algo, los hechos constitutivos de su pretensión”.

II. Indicación de la cuantía

Entendemos que la cuantía del crédito insinuada por el acreedor debe estar expresada en moneda nacional y consistir en una cantidad líquida.

En virtud de lo dispuesto en el art. 63 de la LC, como efecto de la declaración judicial del concurso, los créditos expresados en moneda extranjera se deben convertir a moneda nacional, al tipo de cambio comprador interbancario de la fecha de declaración del concurso.

El acreedor, en su presentación, debe distinguir qué monto de su crédito corresponde a intereses, habida cuenta de que el art. 64 dispone la suspensión del devengamiento de los mismos, desde la declaración del concurso.

La única excepción a este régimen la constituyen los acreedores hipotecarios y prendarios, que se encuentran expresamente habilitados por la LC para insinuar sus créditos en moneda extranjera, hasta el límite de su respectiva garantía. Los créditos con estas garantías tampoco tienen suspendido el devengamiento de intereses.

III. Calificación solicitada

La calificación jurídica, a que hace referencia este artículo al procedimiento de clasificación de créditos (art. 108 y ss.) que, en el régimen del CCom se denominaba “graduación de créditos”. La calificación solicitada, entonces, deberá ser la de privilegiado especial, privilegiado general, subordinado o quirografario.

IV. Documentación acreditante de la existencia del crédito

El art. 95 exige la presentación de los documentos originales o medios de prueba que permitan acreditar la existencia de sus créditos.

V. Constitución de domicilio

Si los acreedores tienen domicilio en el exterior, deberán constituir domicilio en la “sede del Juzgado”.

Podría entenderse que la norma dispone que la constitución de domicilio se haga en los estrados. Sin embargo, esa no parece una interpretación que le brinde sentido a la norma. Entendemos que por “sede del Juzgado” debe interpretarse “radio del Juzgado”.

 

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