¿Qué implica la suspensión de la legitimación del deudor?

Por Carlos López Rodríguez

Según lo dispuesto por la Ley Concursal uruguaya 18.387 de 2008 (LCU), La “suspensión de la legitimación” del deudor procede en todos los casos en que el concurso es necesario y en los casos en que, a pesar de tratarse de un concurso voluntario, el activo no es suficiente para satisfacer el pasivo. En los demás casos de concurso voluntario, la declaración del concurso sólo “limita la legitimación” del deudor.

I. Suspensión de las facultades de administración o disposición sobre la masa activa

El deudor es sustituido en la administración y disposición de sus bienes por un síndico (art. 45, n° 1, LCU), que es el único legitimado para realizar actos que afecten los bienes y derechos que integran la masa activa (art. 46, n° 2). Son ineficaces frente a sus acreedores, los actos de administración y disposición que realice el deudor respecto de los bienes o derechos que integren la masa activa del concurso, incluida la aceptación o repudiación de herencias, legados y donaciones (art. 46, n° 1).

A. Nulidad

Rodríguez Olivera considera que si el deudor realiza actos de administración o disposición sobre bienes y derechos que forman la masa activa, después de declarado el concurso, esos actos serían nulos. Se funda en que el inc. 2 del art. 8 del Código Civil (CC)[1] establece que lo hecho contra las leyes prohibitivas es nulo y, precisamente, el n° 2 del art. 46, contiene implícitamente una prohibición, al establecer que el síndico es el único legitimado para realizar actos de administración y disposición sobre los bienes y derechos que forman la masa activa del concurso[2].

B. Ineficacia

En nuestra opinión, los actos de administración y disposición del deudor, en violación a lo dispuesto por el n° 2 del art. 46 son válidos aunque “ineficaces frente a la masa”.

El inc. 2 del art. 8 del CC reserva la sanción de nulidad únicamente para aquellos casos en que las normas prohibitivas no dispongan una sanción contraria a la nulidad. Precisamente, en este caso, el art. 46, en su n° 1, dispone que la consecuencia de la violación a la norma es la ineficacia.

La expresión “ineficaces frente a la masa” significa que a pesar de que el deudor hubiere, por ejemplo, enajenado un bien que integra la masa activa del concurso, ese bien continúa integrando la masa activa, a los efectos del concurso. Es, entonces, una especie de inoponibilidad frente a los acreedores concursales.

La solución legal recoge la posición de Thaller[3] y Ripert[4] que, entre nosotros, sustentaban, también, Mezzera Álvarez[5], Rocca[6] y Dayvière[7]. Según estos autores, los actos del deudor concursado son válidos aunque ineficaces frente a los acreedores que integran la masa pasiva del concurso, en tanto el proceso concursal perdure. Si el proceso terminara por cualquier motivo, el acto recobraría plena eficacia.

II. Suspensión de la legitimación para la cobranza de deudas

En un sentido análogo, de acuerdo con lo dispuesto en el n° 4 del art. 46, los pagos realizados al deudor no tienen efecto liberatorio para quien paga. Quien realiza un pago al deudor, en lugar del síndico, paga mal y, por ello, pagará dos veces.

Quedan a salvo los pagos realizados de buena fe en el período que medie entre la sentencia declaratoria del concurso y la registración y publicación de la misma.

Advierte Martínez Blanco algo que para él constituye un error evidente. En el numeral que estamos comentando se establece que los pagos realizados al deudor no tendrán efecto liberatorio “para los acreedores”. No son los acreedores quienes se liberan de una deuda mediante el pago sino los deudores. Se trata de pagos realizados por deudores del deudor concursado, no por acreedores del concursado[8].

Puestos a adivinar sobre lo que torpemente se dispuso, tal vez se haya querido significar que el pago es válido pero inoponible a los acreedores. Esta interpretación tiene el mérito de ser consistente con la “ineficacia frente a la masa” establecida en otros numerales de los arts. 46 y 47.

III. Suspensión de la legitimación procesal

Asimismo, le confiere legitimación respecto de todos los procedimientos jurisdiccionales o administrativos en curso. La única excepción a este respecto la constituyen los procesos fundados en relaciones de familia, que no tengan contenido patrimonial (art. 46, n° 3). A este régimen la LCU lo denomina “suspensión de la legitimación”.



[1] Art. 8, inc. 2, de nuestro CC: “Tampoco surtirá efecto la renuncia especial de leyes prohibitivas: lo hecho contra éstas será nulo, si en las mismas no se dispone lo contrario.”

[2] Rodríguez Olivera, Manual de Derecho Comercial uruguayo, v. 6, Derecho concursal uruguayo, p. 177 (2009).

[3] Thaller, Traité de Droit Commercial, § 1.778 (1910).

[4] Ripert, Tratado de Derecho Comercial, t. 4, pp. 216, 304 y 338 (1954).

[5] Mezzera Álvarez, Curso de Derecho comercial, t. 5: Quiebras. 4ta ed., pp. 138 y 139 (1997).

[6] Rocca, De las quiebras, p. 107 (1946).

[7] Dayvière, Concordatos y quiebras, p. 266 (1945).

[8] Martínez Blanco, Manual del nuevo Derecho Concursal. De los orígenes de las crisis empresariales a la Ley N° 18.387 de 23/10/2008, p. 248 (2009).