Incidente de impugnación

Por Virginia S. Bado Cardozo y Carlos E. López Rodríguez 

I. Objeto de la impugnación

La impugnación ha de tener por objeto la demostración de la existencia de un error o de una omisión en la lista de acreedores, dirigido a la inclusión o la modificación de la cuantía o de la calificación del propio impugnante o de uno cualquiera de los acreedores que aparecen en la lista. Por lo tanto, el incidente de impugnación ha de culminar con una sentencia que aprueba la lista de acreedores o le introduce las modificaciones que motivadas por las impugnaciones.

El incidente de impugnación no tiene por objeto la verificación judicial de un crédito que no se insinuó oportunamente, ni la subsanación de errores u omisiones del impugnante ocurridos en ocasión de insinuar su crédito. De modo que, si la lista de acreedores fue correctamente formulada, en atención a la información con que contaba el síndico o el interventor al momento de presentarla, no puede ser impugnada y mucho menos en función de un error u omisión del impugnante al momento de la insinuación: nemo auditur propriam turpitudem allegans. En este sentido existe una jurisprudencia constante de ambas Sedes Concursales y, recientemente, del TAC de 7º Turno.

En la SJLC de 2º turno nº 698/2017, de 20 de marzo, se desestimó la impugnación de la lista de acreedores, debido a que no se acreditó la causa del crédito insinuado al momento de la presentación inicial, sino luego, al impugnar, so pretexto de que las facturas se le habían extraviado al impugnante. El Juez Concursal dictaminó que, en lugar de la impugnación, lo que correspondía era que el impugnante promoviera la incorporación de su crédito mediante el mecanismo de la verificación tardía (González González). En el mismo sentido, en la SJLC de 2º turno nº 2194/2016, de 18 de marzo, no se hizo lugar a la impugnación, ni a la solicitud de verificación, en tanto, no habiendo dado cumplimiento oportuno a la carga de verificar, se consideró que la impugnación no era la vía para subsanar la omisión del acreedor (González González).

Así, también, en la SJLC de 1er turno de 18 de marzo de 2016, se desestimó la impugnación, manteniéndose la verificación oportunamente efectuada por la sindicatura, a pesar de haberse subsanado tardíamente las observaciones formuladas. Se consideró que asistía razón al Síndico en cuento a que no correspondía introducir un incidente de impugnación, sino su verificación judicial, previo los trámites de estilo (Rodríguez Batista). En el mismo sentido se había fallado en la SJLC de 1er turno nº 1928/2015, de 28 de agosto, que desestimó, también, la impugnación, condenando en costas y costos a la promotora, por considerar que no correspondía impugnar una lista elaborada por la intervención que se ajustaba en todo a Derecho y a los recaudos que fueron alegados en su momento, habiendo admitido el impugnante que padeció error en su escrito de insinuación (Rodríguez Batista).

A su vez, en la STAC de 7º turno, 20/2018, de 11 de abril (ponente: Ettlin), se confirmó la resolución apelada en cuanto dispuso la exclusión de un acreedor bajo, entre otros, el siguiente considerando: «En realidad, la interposición de KUEHNE+NAGEL S.A. de fs. 191 más que una impugnación porque no formula una verdadera controversia, se trata de una nueva petición de verificación porque se pretende complementar o presentar una nueva información sobre la existencia del crédito; por lo que lejos de oponerse a las observaciones de la Sindicatura, el acreedor mencionado se allanó a ellas. En este sentido, se concede el razonamiento que hace la Sindicatura sobre este particular a fs. 232. Pretender enmendar el error en la insinuación para la verificación no es un cuestionamiento verdadero a la exclusión, por lo que no es impugnación a la Lista de Acreedores (art. 104 de la Ley No. 18.387)».

 II. Causales de impugnación

Las causales de la demanda de impugnación son tres: en primer lugar, la inclusión o la exclusión de determinado crédito; en segundo lugar, la cuantía y, en tercer lugar, la calificación jurídica.

A. Inclusión o exclusión de un crédito

Respecto de la primera causal, deben distinguirse dos hipótesis. En primer lugar, el impugnante puede agraviarse debido a la decisión del síndico o del interventor de excluirlo de la lista de acreedores. En segundo lugar, puede impugnar la decisión de incluir o excluir de la lista, el crédito de otro acreedor.

En cualquiera de los supuestos referidos, ciertamente no podrá argumentar razones de conveniencia. En cambio, deberá basar su argumentación en la certeza del crédito y la legitimidad de su titular. Así, defenderá su derecho a ser incluido o defenderá su derecho a excluir a otro acreedor. En el primer caso, logrará se lo tenga en cuenta en la liquidación; en el segundo caso, al disminuir la masa pasiva acrecentará  su cuota parte en la liquidación.

B. Cuantía

La segunda causal permite al interesado observar la cuantía asignada a su crédito o la otorgada al crédito de otro acreedor. Respecto de su crédito, obviamente el acreedor entenderá que ha sido subestimado. Respecto del crédito de otro acreedor, en cambio, entenderá que ha sido sobre valorado. En cualquiera de los dos casos el éxito de su acción lo beneficia. En el primer caso su participación en la liquidación será mayor porque el crédito ha sido mejor considerado. En el segundo caso, también, aumentará su parte porque la disminución del crédito de otro acreedor supone un incremento en la masa activa a liquidar.

C. Calificación jurídica

En la tercera causal, el interesado se agravia de la calificación jurídica atribuida al crédito en cuestión, sea el propio o el ajeno. La LC recoge varias categorías. Ataca, por ejemplo, el juicio respecto de si es privilegiado (especial o general y, en este caso, el grado), si es quirografario o si es subordinado; o si tiene o no derecho a voto.

III. Incidente de impugnación

En el art. 104, la LC da comienzo a la etapa contenciosa del procedimiento de verificación de créditos. Esta fase tiene por finalidad canalizar, procesalmente, las observaciones que los afectados puedan tener respecto del juicio efectuado por el síndico o por el interventor en oportunidad de confeccionar la lista de acreedores.

A. Trámite

La impugnación ha sido concebida por la LC como una acción, según surge expresamente de su art. 104. Luego, también, en función de lo expresamente dispusto por el art. 250 de la LC respecto a las impugnaciones que se susciten en el concurso, el juez del concurso dará inicio a un incidente concursal. En términos generales, el incidente seguirá el trámite establecido en el CGP, con las particularidades dispuestas en el art. 250 de la LC[1].

En este aspecto las dos sedes concursales montevideanas han seguido criterios dispares. La sede de primer turno manda formar una pieza separada, como corresponde a los incidentes[2]. En cambio, la sede de segundo turno confiere traslado en la misma pieza de verificación[3].

B. Legitimación activa y pasiva

El sujeto activo es cualquier interesado, sea acreedor o no. Aparentemente, la LC quiere ampliar el espectro de sujetos activos, abarcando a otros, además de los acreedores. Sin embargo, parece difícil encontrar otras personas que puedan estar interesadas en impugnar la lista de acreedores.

El legislador realiza una distinción en cuanto al sujeto pasivo de la demanda. Si lo que el acreedor impugna es la inclusión o la exclusión de su crédito o la modificación de la cuantía o  la calificación de su crédito, la acción se dirigirá contra el síndico o el interventor. Fuera de estos casos, la demanda se dirigirá contra el titular del crédito impugnado.

C. Plazos

1. Plazo para deducir la impugnación

a. Cómputo del plazo

El escrito de impugnación debe ser presentado dentro del plazo de quince días, contados desde que el interesado se enteró del resultado de la verificación de su crédito, sea mediante la puesta de manifiesto de la lista de acreedores o sea por la recepción de la comunicación del síndico o del interventor. Para el cómputo de este plazo sólo se cuentan los días hábiles, suspendiéndose durante las ferias judiciales y la Semana de Turismo[4].

b. Dies a quo

En cuanto al dies a quo para el cómputo del plazo de impugnación son posibles dos interpretaciones, en función de la ambigua redacción del art. 104 de la LC. En esta norma, como se acaba de señalar en el parágrafo anterior, se establece que el plazo se ha de contar desde la puesta de manifiesto de la lista de acreedores o de la recepción de la comunicación de verificación o rechazo de los créditos «según los casos». La ambigüedad de la norma radica en que omite establece en qué caso corresponde que el término se cuenta a partir de la puesta de manifiesto y en qué caso corresponde que se cuente a partir de la comunicación.

En la interpretación que preferimos – por ser la única que le da sentido a la norma y por ser la posición más garantista y que permite la mejor ventilación de los intereses sustanciales – en el caso de los acreedores que se presentaron a solicitar la verificación de sus créditos, sea que hayan sido incluidos en la nómina de acreedores que integren la masa pasiva, o sea que hayan sido excluidos, el término para impugnar ha de correr a partir del días en que les llegue la comunicación. El término corre a partir de la puesta de manifiesto de la lista, respecto del propio concursado o de otros interesados.

En esta hipótesis, cada acreedor presentará su impugnación a su tiempo, dependiendo de cuándo haya recibido la comunicación. Es una circunstancia que la doctrina observa con preocupación por los problemas prácticos que puede determinar por la disparidad de términos para la impugnación y porque, si el síndico el interventor es omiso en la realización de las comunicaciones, la lista de acreedores nunca ha de quedar firme, pues los acreedores seguirían teniendo pendiente el plazo de impugnación hasta que se concretara la comunicación[5].

Nuestra jurisprudencia concursal de primera instancia se ha inclinado por entender que, una vez puesta de manifiesto la lista de acreedores, el plazo corre siempre a partir de ésta, no pudiendo prevalecerse el impugnante ni de que la comunicación le fue realizada en una fecha posterior a la puesta de manifiesto, ni de que la comunicación no se le hubiere realizado nunca[6]. En apoyo de esta posición cabe invocar lo dispuesto por el art. 250 de la LC, en cuanto a que todos los actos procesales han de ser notificados en la oficina. Nuestra jurisprudencia, además, argumenta que la comunicación prevista en el art. 101 no es una notificación judicial, sino que es una actividad que compete a la sindicatura o intervención[7]. En esta posición, cuando se conoce la suerte del crédito a través de la puesta de manifiesto, se enterarán tanto los acreedores como los interesados. En este caso, el proceso será más ordenado puesto que, todas las impugnaciones deberán ser presentadas respetando la misma fecha límite.

En una variante de esta interpretación jurisprudencial, el TAC de 7º turno entiende que hay que considerar, según las circunstancias de cada asunto, cuál de los dos momentos acaeció primero – el de la puesta de manifiesto o el de la comunicación – para a partir del mismo iniciar el conteo del término de quince días para efectuar la impugnación. Le parece al TAC que la interpretación razonable es que el término se cuente a partir de la primera actuación en que el acreedor podía enterarse del resultado de la verificación de su crédito. El dies a quo, dice el TAC, no puede elegirlo el eventual acreedor, buscando lo que le sea más beneficioso[8].

Luego, en la misma sentencia, el TAC de 7º turno ha entendido que, siendo la puesta de manifiesto un acto de carácter procesal que se materializa a través de un decreto judicial de mero trámite, opera sus efectos en el mundo del Derecho una vez que queda notificado o, en otra posición, ejecutoriado. No antes. El manifiesto, entonces, inicia un término procesal de quince días, que debe computarse a partir de que el decreto que ordenó la puesta de manifiesto quedó comunicado (si se hubiere notificado personalmente) o ejecutoriado. De modo que ha de aguardarse el tiempo de la notificación ficta (tres días hábiles), para comenzar a contar el plazo legal de quince días[9].

2. Plazo para evacuar el traslado de la impugnación

De acuerdo con lo establecido por el art. 321 del CGP – aplicable por la remisión que el art. 250 de la LC efectúa al procedimiento de los incidentes establecido en el CGP - de la demanda incidental de impugnación se debe dar un traslado por seis días. De acuerdo con lo dispuesto por el CGP, el traslado se debería notificar a domicilio. No obstante, en función de lo dispuesto por el nº 2 del art. 250, el traslado ha de ser notificado en la oficina.

En función de lo dispuesto por el art. 86 del CGP, si la notificación se retardare tres días hábiles por falta de comparecencia del demandado, se tendrá por efectuada, ni necesidad de constancia alguna en los autos.

D. Carga de la prueba

La carga de la prueba de los hechos alegados contra la lista de acreedores recae sobre el impugnante. Así, por ejemplo, en un caso en el que la impugnante controvirtió los elementos invocados en la calificación de su crédito como subordinado, pretendiendo una calificación diferente, en nuestra jurisprudencia se entendió que era a ella a quien correspondía acreditar fehacientemente los extremos en que fincaba su postura controversial. No habiendo cumplido con esa carga, procedió el rechazo de la impugnación[10].


 

[1] La norma dispone que se aplicarán, en todos los casos, las normas para los incidentes fuera de audiencia; todos los actos procesales serán notificados en la oficina y el juez deberá fijar los plazos para las actuaciones procesales, de modo que los mismos no determinen una demora respecto de los restantes plazos establecidos por la LC para las etapas del concurso.

[2] Por ejemplo, SSJLC de 1er t., nº 1522/2016, de 10 de junio, Rodríguez Batista; nº 641/2015, de 20 de abril, Rodríguez Mascardi.

[3] Por ejemplo, SSJLC de 2º t., nº 1747/2016, de 9 de agosto, nº 1690/2016, de 3 de agosto, nº 1504/2016, de 8 de junio, y nº 1760/2015, de 26 de octubre, González González.

[4] El art. 94 del CGP establece:

«Transcurso de los plazos. Los plazos que se cuentan por días, sólo se suspenderán durante las ferias judiciales y la Semana de Turismo.

Exceptúanse los plazos cuya duración no exceda de quince días y los que se cuentan por horas, en los cuales solamente se computarán los días hábiles».

[5] Martínez Blanco, Manual de Derecho Concursal. De las causas de las crisis empresariales a la aplicación de la reforma concursal, 2ª ed. [2012], p. 319.

[6] SJLC de 2º t., nº 234/2017, de 14 de febrero [González González].

[7] SJLC de 2º t., nº 802/2017, de 28 de marzo [González González].

[9] STAC de 7º t. nº 25/2018, de 18 de abril [ponente: Ettlin].

[10] SJLC 1 t. nº 2993/2016, de 21 de octubre, Rodríguez Batista.

 

Cronograma y Manual Virtual de Comercial I

Cronograma y Manual Virtual de Comercial II

Leyes y decretos

Exámenes de Comercial II

Preguntas de Derecho Concursal