Incidente de impugnación

Por Virginia S. Bado Cardozo y Carlos E. López Rodríguez 

En el art. 104  de la Ley de Declaración Judicial del Concurso y Reorganización Empresarial n° 18.387 de 2008 (LC) se da comienzo a la regulación de la etapa contenciosa del procedimiento de verificación de créditos. Esta fase tiene por finalidad canalizar, procesalmente, las observaciones que los afectados puedan tener respecto del juicio efectuado por el síndico o por el interventor en oportunidad de confeccionar la lista de acreedores.

Con la impugnación, el juez del concurso dará inicio a un incidente concursal que, en términos generales seguirá el trámite establecido en el CGP, con las particularidades dispuestas en el art. 250 de la LC[1].

I. Legitimación activa y pasiva

El sujeto activo es cualquier interesado, sea acreedor o no. Aparentemente, la LC quiere ampliar el espectro de sujetos activos, abarcando a otros, además de los acreedores. Sin embargo, parece difícil encontrar otras personas que puedan estar interesadas en impugnar la lista de acreedores.

El legislador realiza una distinción en cuanto al sujeto pasivo de la demanda. Si lo que el acreedor impugna es la inclusión o la exclusión de su crédito o la modificación de la cuantía o  la calificación de su crédito, la acción se dirigirá contra el síndico o el interventor. Fuera de estos casos, la demanda se dirigirá contra el titular del crédito impugnado.

II. Plazo

El escrito de impugnación debe ser presentado dentro del plazo de quince días, contados desde que el interesado se enteró del resultado de la verificación de su crédito, sea mediante la puesta de manifiesto de la lista de acreedores o sea por la recepción de la comunicación del síndico o del interventor. Para el cómputo de este plazo sólo se cuentan los días hábiles, suspendiéndose durante las ferias judiciales y la Semana de Turismo[2].

Cuando el resultado de la verificación llega gracias a  la comunicación del síndico o del interventor, sólo se enterarán los acreedores notificados. En esta hipótesis, cada acreedor presentará su impugnación a su tiempo, dependiendo de cuándo haya recibido la comunicación. Es una circunstancia que la doctrina observa con preocupación por los problemas prácticos que puede determinar[3]. Por el contrario, cuando se conoce la suerte del crédito a través de la puesta de manifiesto, se enterarán tanto los acreedores como los “interesados”. En este caso, el proceso será más ordenado puesto que, todas las impugnaciones deberán ser presentadas respetando la misma fecha límite.

III. Causales de impugnación

Las causales de la demanda de impugnación son tres: en primer lugar, la inclusión o la exclusión de determinado crédito; en segundo lugar, la cuantía y, en tercer lugar, la calificación jurídica.

Respecto de la primera causal, deben distinguirse dos hipótesis. En primer lugar, el impugnante puede agraviarse debido a la decisión del síndico o del interventor de excluirlo de la lista de acreedores. En segundo lugar, puede impugnar la decisión de incluir o excluir de la lista, el crédito de otro acreedor.

En cualquiera de los supuestos referidos, ciertamente no podrá argumentar razones de conveniencia. En cambio, deberá basar su argumentación en la certeza del crédito y la legitimidad de su titular. Así, defenderá su derecho a ser incluido o defenderá su derecho a excluir a otro acreedor. En el primer caso, logrará se lo tenga en cuenta en la liquidación; en el segundo caso, al disminuir la masa pasiva acrecentará  su cuota parte en la liquidación.

La segunda causal permite al interesado observar la cuantía asignada a su crédito o la otorgada al crédito de otro acreedor. Respecto de su crédito, obviamente el acreedor entenderá que ha sido subestimado. Respecto del crédito de otro acreedor, en cambio, entenderá que ha sido sobre valorado. En cualquiera de los dos casos el éxito de su acción lo beneficia. En el primer caso su participación en la liquidación será mayor porque el crédito ha sido mejor considerado. En el segundo caso, también, aumentará su parte porque la disminución del crédito de otro acreedor supone un incremento en la masa activa a liquidar.

En la tercera causal, el interesado se agravia de la calificación jurídica atribuida al crédito en cuestión, sea el propio o el ajeno. La LC recoge varias categorías. Ataca, por ejemplo, el juicio respecto de si es privilegiado (especial o general y, en este caso, el grado), si es quirografario o si es subordinado; o si tiene o no derecho a voto.


 

[1] La norma dispone que se aplicarán, en todos los casos, las normas para los incidentes fuera de audiencia; todos los actos procesales serán notificados en la oficina y el juez deberá fijar los plazos para las actuaciones procesales, de modo que los mismos no determinen una demora respecto de los restantes plazos establecidos por la LC para las etapas del concurso.

[2] El art. 94 del CGP establece:

Transcurso de los plazos. Los plazos que se cuentan por días, sólo se suspenderán durante las ferias judiciales y la Semana de Turismo.

Exceptúanse los plazos cuya duración no exceda de quince días y los que se cuentan por horas, en los cuales solamente se computarán los días hábiles.”

[3] Martínez Blanco, op. cit., p. 296.

 

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