Presupuesto objetivo del concurso

Por Carlos E. López Rodríguez

El art. 1 de la Ley de Declaración Judicial del Concurso y Reorganización Empresarial n° 18.387 de 2008 (LC), en su inc. 1, establece que procede la declaración judicial de concurso respecto de cualquier deudor que se encuentre en «estado de insolvencia» [1].

A pesar del tono terminante y universalista de este inciso, el régimen legal no es tan terminante como parece. Ni procede la declaración judicial de concurso respecto de cualquier deudor, ni estrictamente procede en caso de insolvencia.

I. Conceptos

A. Concepto legal de insolvencia

En el inc. 2 del art. 1, se define a la insolvencia en los términos siguientes:

«Se considera en estado de insolvencia… al deudor que no puede cumplir con sus obligaciones.»

Entonces, el presupuesto objetivo del concurso es la insolvencia, definida legalmente (inc. 2) como la imposibilidad del deudor de cumplir con sus obligaciones[15].

Esa imposibilidad se acredita a través de la comprobación de presunciones relativas o absolutas.

Si la presunción es absoluta, el juez debe decretar el concurso, sin otras consideraciones. Si sólo se acredita la verificación de presunciones relativas, el juez puede apreciar si el deudor se encuentra realmente o no imposibilitado de dar cumplimiento a sus obligaciones.

B. Concepto económico de insolvencia

Desde el punto de vista económico, un patrimonio es insolvente cuando el monto de su pasivo supera la suma de los valores de su activo. La comprobación de la insolvencia requiere un estudio de la situación patrimonial del deudor, con la estimación del valor venal de cada una de las unidades que componen su activo y con la confrontación de la suma de esos valores con el estado de su pasivo[16].

El insolvente no puede pagar su pasivo ni siquiera enajenando todos los bienes de su activo.

Es evidente que el concepto legal, insolvencia dista del concepto económico. Es más bien afín al concepto de iliquidez o al estado de cesación de pagos, tal como sucedía en el régimen anterior.

C. Concepto de iliquidez

Una persona presenta una situación patrimonial de liquidez, cuando los bienes del activo disponible[19] son, por lo menos, iguales al pasivo exigible a corto plazo[20].

El deudor tiene la obligación de pagar sus deudas en dinero. El acreedor puede recibir del deudor alguna cosa en pago de su deuda, pero ello es una facultad del acreedor, nunca una obligación. La dación de bienes en pago constituye un modo anormal de cumplir las obligaciones, que requiere el consentimiento expreso del acreedor, según establecen el art. 1490 del Código Civil (CC) y el art. 943 del CCom[21].

En consecuencia, si el deudor no puede pagar, en efectivo, sus deudas de exigibilidad inmediata o a corto plazo, su estado será de iliquidez y, por ende, también, de quiebra económica[18]. Entonces, aun teniendo un patrimonio solvente, una persona puede estar en estado económico de quiebra, porque no basta la solvencia, es necesaria, además, la realizabilidad de los valores que constituyen el activo[22].

II. La insolvencia como imposibilidad de cumplimiento

El art. 1 de la LC no exige que se haya verificado, específicamente, el incumplimiento sino que se establezca judicialmente que el deudor se encuentra en un estado tal que «no puede cumplir con sus obligaciones».

El incumplimiento es un hecho cuya determinación depende de los términos establecidos en la Ley o en el contrato. Se incumple con una obligación, cuando el deudor no realiza la prestación que constituye su contenido, en el momento y forma convenidos con el acreedor o determinados legalmente[24].

En determinadas condiciones, el incumplimiento tiene relevancia jurídica como uno de los hechos que habilitan la solicitud de concurso (art. 4, n° 3, LC)[25].

La determinación de si el deudor se encuentra o no en ese estado, es una cuestión de prueba. Para facilitarla, la LC establece una serie de presunciones en sus arts. 4 y 5.

Contradictoriamente con la definición legal de insolvencia, alguna de las presunciones, consisten en la verificación de que el deudor se encuentra en una situación concordante con el concepto económico de insolvencia (art. 4, n° 1). Otras, en cambio, ajustándose al concepto legal, se refieren a situaciones de incumplimiento efectivo y especialmente calificado (art. 4, ns. 2, 3 y 4).

III. Irrelevancia de la existencia de pluralidad de acreedores

El art. 1 de la LC hace una precisión: la insolvencia existe «independientemente de la existencia de pluralidad de acreedores». De manera que se configurará el presupuesto objetivo y se habilita al proceso concursal, aunque exista un solo acreedor.

Conclusiones

1. El concepto jurídico de insolvencia no se corresponde con el significado económico de esta expresión. Sería, en cambio, la imposibilidad de cumplir con las obligaciones contraídas.

2. La situación de insolvencia económica, sin embargo, tiene igualmente trascendencia jurídica, puesto que aparece mencionada en el n° 1 del art. 4, de la LC, paradojalmente, como una presunción relativa de insolvencia.

3. Tratándose de una presunción relativa de insolvencia jurídica (art. 4, n° 1), el deudor podría acreditar que está en condiciones de cumplir con sus obligaciones. Le bastaría, por ejemplo, con justificar la obtención de un préstamo o la refinanciación de sus principales pasivos.

 

 

[19] En el activo disponible, se incluyen el dinero en efectivo y las cuentas a cobrar.

[20] Rodríguez Olivera, op. cit., p. 93.

[21] Rodríguez Olivera, íd. ibíd.

[22] Rodríguez Olivera, íd. ibíd.

[24] Rocco, Il fallimento, § 2.

[25] Mezzera Álvarez, op. cit., p. 9.