Legislación Concursal

Por Carlos E. López Rodríguez

La legislación concursal tiene por objeto la regulación de lo siguiente:

  1. de los procesos concursales,

  2. de la situación en que se encuentran el deudor y sus acreedores, 

  3. y de las relaciones jurídicas que les atañen en ocasión de dichos procesos.  

Existen tres leyes principales:

  1. Ley 18.387/2008, de 23 de octubre, de Declaración Judicial del Concurso y Reorganización Empresarial (LC),

  2. Título VII del Libro II del Código General del Proceso (CGP),

  3. Ley 15.322/1982, de 17 de setiembre, de Intermediación Financiera (LIF).

El régimen establecido por la LC procederá respecto de cualquier deudor, persona física que realice actividad empresaria o persona jurídica civil o comercial.

Se considera actividad empresaria a la actividad profesional, económica y organizada con finalidad de producción o de intercambios de bienes o servicios.

Se encuentran excluidos del régimen de esta ley el Estado, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados, los Gobiernos Departamentales y las entidades de intermediación financiera, en este último caso con excepción de las normas relativas a la calificación del concurso, contenidas en el Título IX.

El régimen establecido en el CGP en sus arts. 452 a 471, que regula al concurso aplicable todas aquellas personas no comprendidas en la LC.

Siendo que el art. 2 de la LC dispone su aplicabilidad a todas las personas jurídicas, comerciales o civiles, el régimen del CGP ya no se aplica a ninguna persona jurídica que pueda catalogarse como civil, ni comercial.

Régimen previsto para las entidades de intermediación financieras:

El régimen preexistente para las entidades de intermediación financiera se encuentra ratificado por el inc. 3 del art. 2 de la LC, que excluye del régimen de la LC a las entidades de intermediación financiera.

Se les aplica, entonces, la LIF (arts. 35 y ss.), con las modificaciones introducidas por la  Ley 16.327/1992, de 11 de noviembre, que incorporó un régimen general para la liquidación administrativa de las entidades de intermediación financiera. Estas disposiciones deben ser complementadas por las normas incluidas en las leyes dictadas como consecuencia de la crisis que afectó al sistema bancario en el 2002 y que determinó la intervención y suspensión de actividades de varios bancos de nuestra plaza: la Ley 17.523/2002, de 4 de agosto, la Ley 17.542/2002, de 21 de agosto, y la Ley 17.613/2002, de 27 de diciembre de 2002.

La Ley 18.401/2008, de 24 de octubre – modificatoria de la carta orgánica del Banco Central del Uruguay (BCU) - creó la Corporación de Protección del Ahorro Bancario (COPAB) como persona jurídica de Derecho público no estatal (art. 14). Entre sus cometidos se establecieron los siguientes: ser liquidador en sede administrativa de las empresas integrantes del sistema financiero y de sus respectivas colaterales (art. 15). Por ello, por el art. 16, lit. J se le confieren todas las atribuciones que le fueron asignadas al BCU por la Ley 17.613, arts. 14 a 21 inclusive.

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