La cláusula de aceleración 

Por Nuri E. Rodríguez Olivera y Carlos E. López Rodríguez

El Derecho norteamericano admite que en los vales se incluya lo que denominan como “acceleration clause”.

Uribe la define como aquella cláusula “por virtud de la cual se autoriza la anticipación del vencimiento de un instrumento negociable, a voluntad del deudor o a voluntad del acreedor o al acaecimiento de una condición extrínseca”[1].

Concretamente, la cláusula suele establecer que el documento se hará exigible antes del plazo estipulado, si el firmante deja de pagar otras deudas contraídas con el mismo beneficiario.

En una variante, se establece en un vale que, la falta de pago a su vencimiento hará exigible el saldo de otros vales o conformes que el deudor tuviere pendiente con el mismo acreedor o endosatario, operándose la caducidad de sus plazos. En esta segunda fórmula, el vale no establece una fórmula alternativa de su propio vencimiento sino que prevé que para el caso de falta de pago, se harán exigibles otros vales o conformes que el deudor tuviere pendiente con el mismo acreedor. Claro está, que presupone la existencia de una serie de vales, que estarían encadenados por esta cláusula. De modo que, si se incumple con el primer vale, se harían exigibles todos los demás, a pesar de que en su tenor literal establezcan un vencimiento diferente. El objetivo final, entonces, es que el plazo de cada vale dependa de los términos en que está redactado otro documento.

En el Derecho de los países latinoamericanos - con la única excepción de Panamá - esta cláusula no es admisible, puesto que supone que el título posea dos fechas de vencimiento: una cierta y otra condicional[2]. Esto contradice el principio general en materia de títulos valores que reza que el deudor no puede ser obligado a pagar antes del vencimiento, concretándose su obligación al plazo cierto que figura literalmente en el título. El acreedor no puede disponer de este plazo a su antojo, ni mediante una forma alternativa de vencimiento[3].

I. Inadmisibilidad de las cláusulas de aceleración

La admisibilidad de las cláusulas de aceleración fue controvertida ya en 1952, por Pérez Fontana. Decía este autor:

La estipulación de este tipo de cláusula tiene el siguiente origen: se trata de una obligación por mayor suma que, para comodidad del acreedor se documenta en títulos separados, con el fin de descontarlos o de establecer vencimientos escalonados facilitando así el pago por el deudor. Pero, fraccionada así esa obligación original para incorporarla a títulos independientes, no es posible mantenerlos vinculados con una cláusula de vencimiento que haga exigible los que tienen mayor plazo cuando no se pagan los anteriores, porque esa cláusula es contraria a la naturaleza del título de crédito. Para que esa cláusula sea válida y produzca efectos, no hay otra solución que la emisión de un vale, pagaré o conforme en la que se establezcan vencimientos parciales... En esa forma es posible una estipulación que haga exigible la totalidad de la deuda, y lo es porque se trata de un solo documento en el que se estipulan plazos parciales.”[4]

Actualmente, la reforma del Derecho aplicable a los vales, conformes y pagarés, introducida por la Ley 16.788, ha provocado la reaparición en nuestro medio, de documentos que incluyen cláusulas de aceleración y, consecuentemente, opiniones doctrinarias a favor y en contra de la inclusión de este tipo de cláusulas.

Por nuestra parte, según se expondrá a continuación, consideramos vigentes los argumentos esgrimidos por Pérez Fontana. Según este autor, el vencimiento tiene ciertos caracteres inherentes a la función que desempeña: certidumbre y reconocimiento legal[5]. Tales caracteres son contradichos por la cláusula de aceleración. La cláusula de aceleración, además, carece de cualquier eficacia cambiaria, por contradecir el principio de literalidad, desvirtuando la naturaleza del título valor[6].

A. El vencimiento debe ser cierto

El vencimiento debe ser cierto para la seguridad de la circulación, inherente al Derecho cambiario, en beneficio del portador y del mismo deudor.

El deudor cambiario tiene derecho a que el vencimiento no adolezca de ninguna incertidumbre: el vencimiento ha de ser un día cierto, tanto respecto a si llegará, como respecto a cuándo llegará[7]. No son admisibles ambigüedades, sino sólo formas inequívocas, que suministren este dato con absoluta certeza[8].

En consecuencia, el vencimiento condicionado a la realización de un suceso futuro e incierto[9], o el vencimiento que consista en un plazo sometido a condición resolutoria[10], o el vencimiento que dependa del no pago de otros conformes, no sería válido.

En este sentido, Cámara, comentando jurisprudencia francesa, considera improcedente que el portador reclame el pago antes del vencimiento en virtud de una cláusula de exigibilidad inmediata, en caso de producirse ciertos hechos. Tal solución, dice Cámara, resulta improcedente desde que importa una fecha incierta de vencimiento[11]. El vencimiento debe ser cierto - no ambiguo - cualquiera sea la forma adoptada, no pudiendo quedar sujeto a condición o a cualquier otra eventualidad[12].

B. El vencimiento debe estar reconocido legalmente

Con anterioridad a la sanción del Decreto Ley 14.701, de 12 de setiembre de 1977, de Títulos Valores (LTV), Pérez Fontana opinaba:

La ley establece taxativamente los términos y vencimientos de las letras y, por lo tanto, de los vales, pagarés o conformes, previendo solamente los absolutos y relativos enumerados en el artículo 805 del Código de Comercio. No se admite un vencimiento supeditado al cumplimiento de un hecho o acto por un tercero o por el propio deudor. En nuestro derecho el plazo está establecido en beneficio del deudor y del acreedor (art. 1436 del CC) y tratándose de títulos de crédito, el rigorismo de la ley es bien manifiesto... La exigibilidad de las obligaciones antes de su vencimiento solamente está establecida en el caso de que quiebre el deudor (art. 1607 del Cód. de Comercio). Se trata de una disposición excepcional cuya finalidad es la de mantener y hacer efectiva la ‘pars condictio creditoris’. Fuera de ese caso de excepción aplicable a todas las obligaciones, aun a las contenidas en títulos de crédito, las cláusulas que se inserten en otros documentos carecen en absoluto de valor para hacer exigible el pago de los vales, etc., antes del vencimiento establecido en los mismos”[13].

Pérez Fontana, en su Manual sobre títulos valores, mantiene su opinión respecto a las cláusulas de aceleración:

Hace algunos años, tratándose de vales, pagarés o conformes, se empezó a incluir cláusulas de vencimiento no correspondientes a las establecidas por la ley, por ej., se consideraba vencido y exigible el vale... si vencían otros vales, etc., práctica absolutamente ilegal que suponía el desconocimiento de los más elementales principios cambiarios[14].

Según explicaba Pérez Fontana, autor del proyecto que se convirtió en la LTV, cuando redactó el capítulo II (De los vales, pagarés y conformes) - a los efectos de acabar con la práctica de incluir ese tipo de cláusulas - introdujo un artículo (el art. 123) que declaraba nulas las cláusulas de vencimiento que no hubieran sido expresamente reconocidas por la LTV.

Como es sabido, la Ley 16.788 derogó el art. 123. Sin embargo, se mantuvo el art. 125, que establece cuáles son las modalidades de vencimientos en los vales, a saber: a la vista, a cierto plazo desde su fecha, a fecha fija y vencimientos sucesivos pactados en el mismo vale[15].

A nuestro entender, aun cuando hoy falte una sanción expresa de nulidad respecto de la inclusión de variedades de vencimientos no previstas por el LTV, la cláusula en análisis debe ser considerada igualmente como nula por la falta de certidumbre[16]. Además, el título valor es un documento formal y solemne (art. 2 LTV). Debe contener las estipulaciones exigidas por la LTV y en materia de vencimiento sólo pueden estipularse los especialmente previstos[17].

C. El portador sólo puede ejercer los derechos que surgen del título

Literalidad significa que el contenido, extensión, modalidades de ejercicio y todo otro posible elemento principal o accesorio del derecho cartular, son únicamente los que resultan de los términos en que está redactado el título[18]. Langle Rubio considera: Cuando se dice que el derecho incorporado al título es literal, quiere significarse que las modalidades cualitativas y cuantitativas de ese derecho se ciñen exclusivamente al tenor del documento. El derecho es tal y como resulta del título, según lo que en él aparece consignado, o lo que es expresamente invocado por el mismo y, por tanto, cognoscible a través de él. Fuera de esto, ningún otro elemento puede tener influencia sobre ese derecho”[19].

Pérez Fontana agrega: “La literalidad fija, determina el contenido y los límites de la obligación cartular mencionada en el documento (declaración cartular) y por lo tanto, los del derecho del tenedor del título valor, que solamente puede reclamar el cumplimiento de la obligación de acuerdo con la que aparece escrito en el documento”[20].

Los derechos que acuerda el título valor, entonces, son exactamente - ni más ni menos - los que surgen del documento y sólo existen en los términos que constan en el título. El tenedor no puede pretender más de lo que figura en el documento. Los derechos no pueden ser ni ampliados ni restringidos por constancias de otros documentos.

En el art. 1 de la LTV se establece que la literalidad como un atributo definitorio de los títulos valores. El alcance de este atributo está precisado en el art. 9 de la LTV: El suscriptor de un título valor quedará obligado en los términos literales del mismo...”.

Por lo tanto, el derecho del portador se limita a lo que consta en el título y no puede ser aumentado ni disminuido, por obra de lo que surja de otros documentos ni de relaciones extracartulares. El obligado cambiario no puede oponer otras excepciones que las derivadas del título mismo pero, como contrapartida, su obligación no puede nacer más que del propio título, a la vez fuente y límite de la vinculación crediticia[21].

 El art. 83 - en sede de letras - establece que el pago debe efectuarse el día del vencimiento o en uno de los dos días hábiles sucesivos. El pago anticipado de un título valor sólo procede en los casos que la Ley expresamente prevé (art. 99 LTV)[22].

No corresponde, por lo tanto, pretender la caducidad del plazo establecido en un vale, en función de lo acaecido con otros documentos.

Decía Pérez Fontana: La cláusula es nula en cuanto se refiere a otras obligaciones independientes, cuyo vencimiento vendría a ser modificado por la aplicación de lo establecido en la estipulación sobre incumplimiento en el plazo fijado en otro título, porque ello haría depender la exigibilidad de esas obligaciones de lo pactado en otros documentos, dejando así de ser títulos abstractos. Por ello, aunque los diversos títulos suscritos por el mismo deudor se encuentren en poder de un mismo tenedor, una cláusula de ese tenor carece de efectos jurídicos. Si se admitiera su validez se derogaría el carácter de documento necesario que caracteriza al título de crédito y la obligación ‘cartular’ o ‘cartacea’ como le llaman algunos autores italianos vendría a quedar modificada por otro documento, lo que es incompatible con la naturaleza del título de crédito”[23].

II. La cláusula de aceleración como condición

Recientemente se han publicado dos opiniones contradictorias sobre este tema. Resumiremos ambas posiciones antes de expresar la nuestra.

A. Posición de Vallarino Berretta

Por un lado, Vallarino Berretta considera que la cláusula de aceleración funciona como una condición resolutoria del plazo. Sostiene que las obligaciones consignadas en el título estarían condicionadas, porque se hacen exigibles por cláusulas contenidas en otro documento[24].

B. Posición de Piaggio

Por su parte, Piaggio expone una posición diametralmente opuesta a la sustentada por Vallarino Berretta. Básicamente, sustenta que la inclusión de una cláusula de aceleración no afecta en forma alguna la incondicionalidad de la promesa, ya que la ocurrencia del hecho mirado como desencadenante del vencimiento anticipado sólo afecta al vencimiento de la obligación (el plazo). Según Piaggio nos encontramos ante hipótesis convencionales de caducidad de los plazos”. Siendo así, y no existiendo ya - en opinión de Piaggio - limitación alguna en cuanto a las cláusulas facultativas que puede contener un vale, no existiría inconveniente ni obstáculo alguno para que el librador, al emitirlo, establezca las situaciones que justificarían el vencimiento anticipado[25].

C. Nuestra posición

Por nuestra parte, coincidimos con Piaggio en que la cláusula de aceleración no supone una condición resolutoria de la obligación consignada en un vale. La obligación sigue siendo incondicionada, a pesar de la cláusula de aceleración. Sin embargo, discrepamos con Piaggio en varios conceptos fundamentales.

En primer lugar, se equivoca Piaggio al referirse a “hipótesis convencionales de caducidad del plazo”. El vale se crea por un acto unilateral. El vale no es un contrato y, por lo tanto, no puede contener un acuerdo convencional sobre caducidad de plazos.

En segundo lugar, discordamos completamente con la afirmación de Piaggio en cuanto a que no exista hoy en nuestro Derecho cambiario limitación alguna en cuanto a las cláusulas que pueden ser incorporadas en los vales. En las Jornadas celebradas por los veinte años de vigencia de la LTV, ya manifestábamos nuestra alarma por prever que las modificaciones legislativas que sufrió la LTV, podrían llegar a alentar interpretaciones como la que ahora controvertimos[26]. Luego, en nuestro primer manual sobre títulos valores, sostuvimos que, a pesar de que se omitió la palabra solamente, en el art. 125, la creación de los vales debe sujetarse al formalismo de los títulos valores[27].

Esto es, admitimos que en el vale puedan incorporarse más cláusulas que las previstas por el legislador. Lo que controvertimos, es que se considere que se debe admitir la inclusión de cualquier tipo de cláusula. En nuestra opinión, no pueden admitirse cláusulas que desvirtúen la naturaleza del título valor ni cláusulas que contradigan los principios básicos del Derecho cambiario.

No es admisible una cláusula que desconoce la literalidad de los títulos valores. El librador sólo se obliga en los términos literales que deben consignarse en el título y nada ajeno al título puede hacerse valer en su contra.

La LTV impone el carácter de literalidad a los títulos valores, desde su definición. Entendemos que la inclusión de una cláusula que desvirtúe esa literalidad está, por lo tanto, prohibida y, como consecuencia, el título no podrá ser categorizado como título valor[28].

La doctrina ha sido uniforme, antes y después de la Ley 16.749, en que está prohibida la inclusión de cláusulas que desnaturalicen la naturaleza cambiaria del vale.

En tercer lugar, consideramos que es desajustada a Derecho la estipulación de un plazo distinto a los legalmente previstos. También, consideramos que la cláusula que se pretenda incluir no puede contradecir el principio de certidumbre que, también, es básico al Derecho cambiario, según ya fue expuesto.

Conclusiones

1. El plazo del pago debe surgir del propio título. No puede acudirse a elementos extraños para fijarlo[29].

2. La cláusula de aceleración desvirtúa la literalidad, carácter esencial del título valor.

Si se promueve un juicio ejecutivo cambiario con el vale, con cláusula de aceleración, antes de su vencimiento, corresponde interponer la excepción de inhabilidad del título.

3. En caso de que se ejecute algún vale ya vencido, que contenga la cláusula de aceleración referida a otros vales, el ejecutante no queda habilitado a extender el embargo a las cantidades que se prometió pagar en vales no vencidos[30].



[1] Uribe apud Peña Castrillón, La letra de cambio, pp. 112 y 113 (Bogotá: Federación Latinoamericana de Bancos, 1977).

[2] Uribe apud Peña Castrillón, id. ibid.

[3] Peña Castrillón, id., p. 112.

[4] Pérez Fontana, «Cláusulas de vencimiento en los vales», Sociedades Anónimas, Revista de Derecho Comercial, año 13, n° 142, p. 106 (1958).

[5] Pérez Fontana, Títulos valores, t. 3: Letra de cambio, vales y pagarés, p. 145.

[6] Rodríguez Olivera y López Rodríguez, “La cláusula de aceleración en el Derecho cambiario uruguayo”, Tribuna del Abogado, n° 125, pp. 11-14 (2001).

[7] Garrigues, Curso de Derecho Mercantil, t. 1, p. 825

[8] Langle Rubio, Derecho mercantil español, t. 2, p. 323 (1954).

[9] Pérez Fontana, id., p. 146.

[10] Bugallo Montaño, op. cit., p. 56.

[11] Cámara, Letra de cambio y vale o pagaré, t. 3, p. 510.

[12] Cámara, id., t. I, p. 377.

[13] Pérez Fontana, “Cláusulas de vencimiento en los vales...”, p. 105.

[14] Pérez Fontana, id. ibid.

[15] Cabe aclarar que la hipótesis legal de vencimientos sucesivos no concuerda con lo que sucede en el caso que se nos plantea. En la hipótesis legal, se pacta el pago en cuotas del importe consignado en un vale. Por ello, el no pago de una o varias cuotas hace exigible la totalidad del importe.

[16] Pérez Fontana, op. cit., pp. 330 y 331.

[17] Garrigues, op. cit., p. 824.

[18] Baccaro Castañeira, op. cit., p. 21.

[19] Langle Rubio, op. cit., t. 2, p. 81.

[20] Pérez Fontana, Títulos valores, t. I, p. 58.

[21] Baccaro Castañeira, op. cit., pp. 21 y 22.

[22] Pérez Fontana, Títulos valores, t. 3, p. 160; Bugallo Montaño, op. cit., p. 158.

[23] Pérez Fontana, “Cláusulas de vencimiento en los vales...”, p. 105.

[24] Vallarino Berretta, “Cláusulas facultativas den los vales, pagarés y conformes: otras reflexiones”, ADC, t. 9, pp. 373 y 374 (2001).

[25] Piaggio, “Acerca de ciertas cláusulas de vencimiento anticipado incluidas en los vales”, Tribuna del Abogado, n° 124, pp. 2-4 (2001).

[26] Rodríguez Olivera, “Evaluación de la aplicación de la Ley de Títulos Valores”, ADC, t. 8, pp. 20 y 21.

[27] Rodríguez Olivera, Títulos valores, pp. 172 y 173.

A pesar de que Piaggio cita la opinión de Rippe Káiser en apoyo de su tesis de que no existen limitaciones en cuanto a las cláusulas que pueden incluirse en los vales, si se lee con atención la exposición de este último, se advierte una posición sustancialmente diferente. Rippe Káiser sostiene que las cláusulas admisibles dependen de los límites que objetivamente establezca la Ley. Expresamente menciona el art. 120, el 125, el 108 y el 3, del DLTV (Rippe Káiser, “Evaluación de la aplicación de la Ley de títulos valores en materia de letras de cambio, vales, pagarés y conformes”, ADC, t. 8, p. 47). En otro trabajo – también citado por Piaggio - Rippe Káiser confirma que considera que la eliminación de la palabra “solamente” habilitaría a incluir todo tipo de cláusulas facultativas, pero “en tanto no violen normas imperativas o prohibitivas o no desvirtúen la naturaleza misma de los vales”. En la misma obra, Rippe Káiser, también, se refiere al riesgo de que se incluyan cláusulas abusivas para el usuario (Rippe Káiser y Rodríguez Mascardi, «El nuevo régimen de los vales, conformes o pagarés: una primera aproximación a la Ley 16.788», LJU, t. 114, pp. 71-75, 1996).

[28] Pérez Fontana, op. cit., p. 330; Bugallo Montaño, op. cit., p. 205; Merlinski Goldstein  y Arambel, «Cláusulas no previstas expresamente en los vales, conformes o pagarés», in: AA.VV., Títulos valores, problemática vigente, p. 34 (1994).

[29] Cámara, Letra de cambio y vale o pagaré, t. I, p. 376.

[30] Pérez Fontana comentaba:

«De acuerdo con lo que sostenemos, cuando un acreedor que es tenedor de varios vales, pagarés o conformes en los que se ha establecido la cláusula cuya nulidad quedó demostrada, solicita el embargo de bienes para asegurar el pago del importe total de los mismos, aunque algunos de ellos no estén vencidos por no haber transcurrido los términos pactados, los Jueces no deben acceder a ese pedido, debiendo limitar el embargo a bienes suficientes para asegurar el pago de los vencidos. Cuando los Jueces y los deudores procedan en la forma indicada, desaparecerán esas cláusulas que hasta ahora han podido producir efectos debido a la tolerancia judicial y al desconocimiento de los principios fundamentales que rigen a los títulos de crédito.» (Pérez Fontana, id. ibid.).

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