Excepciones en procesales

Por Nuri E. Rodríguez Olivera y Carlos E. López Rodríguez

El inc. 2 del art. 108 del Decreto ley de Títulos Valores n° 14.701 de 1977 (DLTV), contiene un elenco excepciones calificadas como procesales, aunque la primera, inhabilidad del título, puede considerarse material y procesal a la vez.

I. Incompetencia y litispendencia

A. Incompetencia

Las normas sobre competencia están en la Ley 15.750. El art. 45 del Decreto Ley de Cheques (DLCh) prevé la excepción de incompetencia en términos generales. 

El art. 108 del DLTV admite la excepción de incompetencia, sea de jurisdicción o por razón de cantidad.

1. Alcance

Incompetencia de jurisdicción es aquélla en razón de la materia. Serán incompetentes los jueces en materia penal, de familia, laboral y contencioso administrativo. Dentro de los jueces con jurisdicción civil, la competencia varía de acuerdo al monto reclamado. Cuando se acumulan acciones derivadas de varios títulos valores, la competencia se determina por el valor sumado de todos los títulos.

De la diferente redacción de los textos podría deducirse que, en materia de cheques, el demandado puede excepcionarse por cualquier clase de incompetencia; en materia de letras y vales sólo podrían oponerse como excepción las modalidades de incompetencia enunciadas. De acuerdo al sentido estricto de la norma, no se podría interponer excepción de incompetencia por razón de territorio. La doctrina entiende que, no obstante el texto legal, todas las normas de competencia, por ser de Derecho público, darán base a un excepcionamiento o a un incidente de nulidad.

Entendemos que, también, es procedente esta excepción, en el caso de que los tribunales uruguayos fueren incompetentes, de acuerdo con lo determinado por la norma de conflicto aplicable.

2. Aspectos procesales

La incompetencia absoluta puede ser opuesta de oficio. El juez puede rechazar la demanda si se considera absolutamente incompetente.

Si la incompetencia fuera de territorio no se puede plantear de oficio. La competencia territorial puede prorrogarse expresa o tácitamente, estando incluso prevista para los vales la posibilidad de estipular una atribución de jurisdicción (artículo 125 Decreto Ley). Pongamos un ejemplo. En un vale se fijó competencia de jueces de Montevideo. Si el portador promoviera juicio en Salto, el demandado podría oponer la correspondiente excepción pues, de otro modo, no tendría sentido la previsión del artículo 125.

La excepción de incompetencia se debe resolver con carácter previo al análisis de cualquier otra excepción, porque admitida tal excepción no corresponde el análisis de las demás, tal como sostiene Cámara. Admitida la excepción, el actor puede promover una nueva acción en la sede efectivamente competente. El rechazo de la acción por razón de incompetencia no produce efectos de cosa juzgada material.

B. Litispendencia

1. Concepto y fundamento

Sostiene Cámara:

La pretensión se extingue con su ejercicio, y por ende, no puede reproducirse mientras se tramita; en su caso, procede la excepción de litis pendencia’ que lleva a la aniquilación del juicio posterior para evitar la duplicidad de juicios que pueden originar el escándalo jurídico de sentencias contradictorias o diversas o de dos sentencias similares con daño económico.”

Es condición de admisibilidad de esta excepción que exista un juicio iniciado antes. El juicio pendiente puede ser ordinario o ejecutivo, ya que la acción cambiaria se puede plantear por las dos vías.

En el juicio anterior, la relación procesal debe estar trabada por la demanda notificada o por la citación de excepciones. Si el juicio anterior terminó por desistimiento o si se declaró extinguida la instancia por perención, no corresponderá esta excepción.

Esta excepción podrá oponerse toda vez que se configure la identidad de partes, objeto y causa en el juicio que se inicia respecto a otro juicio ya promovido.

No puede oponer esta excepción un ejecutado cambiario, que alegase que el título valor es ejecutado en otro juicio, si el demandado en ese otro juicio es otro de los obligados cambiarios. No puede fundarse una excepción de litis pendencia porque existe otro juicio entre las mismas partes, aun cuando se trate de un juicio que tenga que ver con la relación fundamental. Si el deudor había consignado judicialmente el importe debido por el título valor, la excepción oponible será la de consignación y no la de litis pendencia.

La litis pendencia puede ser considerada de oficio, si el Juez tuviere conocimiento de ella. Así lo sostiene la doctrina en razón del interés público que reviste este excepcionamiento.

2. Caso especial

La jurisprudencia ha admitido que el portador de un título valor ejecute la hipoteca que lo garantiza y por juicio separado promueva ejecución con embargos sobre otros bienes. Generalmente el acreedor promueve la ejecución hipotecaria y si entiende que el bien hipotecado no ha de cubrir los importes adeudados promueve luego una nueva acción basada en el título valor garantido para embargar bienes suficientes para la diferencia no cubierta.

También, se ha dado la hipótesis inversa. El acreedor promueve una acción ejecutiva basada en el título valor y promueve por vía separada la ejecución hipotecaria.

En estos casos se ha resuelto que no existe litispendencia puesto que asiste legítimo derecho al acreedor de lograr la satisfacción de su crédito por los procedimientos creados por la Ley.

3. Coetaneidad de una acción civil y una acción penal

También, se plantea en doctrina si puede suspenderse una acción ejecutiva por la existencia de una acción penal conexa con el título valor. Los arts. 27 y 28 del Código del Proceso Penal establecen:

Art. 27:

La acción civil y la acción penal que se fundan en el mismo hecho ilícito deberán ejercitarse separada e independientemente en las sedes respectivas.

Art. 28:

Si la acción civil se deduce antes de que medie sentencia ejecutoriada sobre la acción penal, se suspenderá el proceso civil cuando llegue al estado de resolver en definitiva.

Una vez recaída ejecutoria en el proceso penal, agregado el testimonio de la misma podrá dictarse la sentencia civil.”

El supuesto pensado por la Ley, es de aquél hecho delictivo que causa daño. La víctima puede denunciarlo en la vía penal y ejercer acción civil para la reparación del perjuicio. De acuerdo a tales normas, no puede dictarse sentencia en el juicio civil mientras no se haya terminado el proceso penal.

Las hipótesis que se pueden plantear en relación a los títulos valores son diversas. No puede adoptarse una solución general para todas ellas.

Generalmente, la acción cambiaria y la defensa cambiaria se fundan en el título valor y no precisamente en un hecho ilícito cometido mediante ese título. Como la acción civil a que se refieren los arts. 27 y 28 del Código de Proceso Penal es la emergente de una responsabilidad extracontractual por un hecho que configura simultáneamente una ilicitud civil y una ilicitud penal, la acción cambiaria no se vería afectada.

Analizaremos algunas situaciones posibles:

a. El portador de un título valor promueve una acción civil de cobro. El demandado se ha excepcionado y, a la vez, ha promovido una acción penal relacionada con ese título valor.

Por ejemplo, el portador de un vale promueve una acción contra el librador; éste se excepciona porque se llenó un claro contrariando el pacto cambiario y, a la vez, denuncia al portador por abuso de firma en blanco, en sede penal.

En este caso, el resultado del juicio penal puede interesar en sede civil.

Parecería razonable aplicar las normas procesales penales transcriptas; el juez de lo civil no podrá dictar sentencia sobre las excepciones en tanto no se dicte sentencia en el juicio penal.

b. El portador de un título valor promueve acción civil y, además, acción penal contra un obligado cambiario, ambas fundadas en el título valor. Por ejemplo, el portador de un cheque denuncia al librador por libramiento de cheques sin fondo y promueve, a la vez, acción ejecutiva.

En este caso no tiene sentido frenar el juicio civil porque en éste se reclama el cobro de un título valor y no los efectos civiles de un delito.

La acción civil no está fundada en el hecho ilícito de librar cheques sin fondo.

II. Falta de legitimación

A. Falta de legitimación activa

Tiene legitimación sustancial quien posea el título de acuerdo a la Ley de circulación. Ya analizamos este concepto. También, vimos en párrafos anteriores que hay una virtual coincidencia entre legitimación sustancial y legitimación procesal.

Cuando el título valor es al portador, está legitimado para su cobro al portador. Si el título es a la orden, está legitimado el portador que es endosatario según cadena regular de endosos; en este caso la regularidad de la cadena resulta del propio título valor que se ejecuta. Si el título valor es nominativo, está legitimado el portador que es endosatario y que figura como tal en el Registro del creador. El actor no podrá acreditar el Registro. El ejecutado podrá oponer como excepción la falta de legitimación exhibiendo su registro.

1. Legitimación del obligado de regreso

También, está legitimado el obligado de regreso que pagó el título valor y que tiene acción de rembolso. En virtud de pago se ha convertido en portador del título valor con derecho propio a reclamar de quienes responden a su respecto.

El obligado de regreso debe probar el pago efectuado. El hecho de que tenga el título valor demuestra ya que él ha pagado.

El obligado de regreso que recobra la letra, se legitima con la sola posesión del título, sin necesidad de que se consigne en el título un endoso a su favor. Por otra parte, el pago por un obligado de regreso cancela o extingue las obligaciones de los endosantes posteriores.

Si el obligado de regreso pretende el rembolso de gastos, en tal caso debe agregar la documentación probatoria.

En la misma situación que quien pagó, está el obligado que obtuvo liberación por otro modo de extinguir la obligación cambiaria, como por ejemplo, por compensación. Producida la compensación, el obligado cambiario renuncia a cobrar su crédito contra el portador del título pero simultáneamente recupera la propiedad de ese título, lo que le permite el ejercicio de la acción de regreso.

2. Acción de rembolso del librador de la letra contra el aceptante

Pérez Fontana, refiriéndose a la letra de cambio, decía:

El librador carece de la acción de regreso porque siendo el creador de la obligación es el principal responsable por el cumplimiento de la misma.”

Nosotros entendemos que no es así. El art. 76, inc. 2, confiere al librador acción directa contra el aceptante. El art. 76, inc. 2 establece:

A falta de pago, el portador, aunque sea el propio librador, tendrá contra el aceptante una acción directa derivada de la letra de cambio para todo aquello que pueda exigirse de acuerdo a los artículos pertinentes.

Cámara comenta norma similar argentina señalando que, existiendo una norma, “no hay problema” en cuanto a la existencia de acción del librador contra el aceptante.

La acción del librador contra el aceptante puede ser de cobro o de rembolso.

* Es de cobro cuando es portador de la letra por el endoso efectuado a su favor. El art. 63 dispone:

El endoso podrá hacerse inclusive a favor del librado, haya aceptado o no, del librador o de cualquier persona no obligada. Todas estas personas podrán endosar la letra de nuevo.

* Es de rembolso cuando el librador pagó la letra por vía de regreso.

3. Acciones de rembolso sucesivas

El único pago que extingue la obligación cambiaria totalmente es el pago por el aceptante. Si paga un endosante, la obligación cambiaria no queda extinguida, pues ese endosante se convierte en un portador con acción cambiaria para el rembolso de lo que pagó.

Promovida una acción de rembolso contra quien se lo endosó y así sucesivamente hacia atrás, hasta llegar al aceptante de la letra o el librador del vale o del cheque.

También, tiene acción de rembolso quien firmó un título valor invocando falsamente un poder. Ya hemos estudiado esta situación. El falso procurador se obliga cambiariamente, en forma personal. Si paga el título valor, tiene el derecho de reclamar que tendría su pretendido representado contra quienes son responsables a su respecto (art. 24).

B. Falta de legitimación pasiva

La legitimación pasiva es la investidura formal del obligado cambiario, que lo hace idóneo para ser demandado en el juicio ejecutivo (Casals).

Es legitimado pasivo el obligado cambiario, esto es, todo aquel que ha firmado el título valor en calidad de creador, aceptante, endosante o avalista.

Por aplicación de lo dispuesto en el art. 105 del DLTV la acción puede promoverse contra uno, algunos o todos los obligados cambiarios exigiendo el todo a todos ellos, en forma sucesiva o simultánea.

Si se demanda a quien no es obligado cambiario, el demandado podrá excepcionarse alegando la falta de legitimación pasiva. La prueba de la falta de legitimación resultará del propio título valor.

1. Alcance de la legitimación pasiva

a. Falso procurator

En principio, para que un sujeto pueda obligar a otro mediante el libramiento de un conforme, se requiere mandato con facultades suficientes o carta dirigida al tenedor del conforme (art. 21 DLTV).

Sólo existen tres excepciones al principio enunciado en el numeral anterior:

Que se haya dado lugar, con hechos positivos o con omisiones graves, a que se crea, conforme a los usos del comercio, que un tercero está autorizado para suscribir títulos a su nombre (art. 21);

Que se trate de administradores o gerentes, de sociedades o de establecimientos comerciales (art. 23);

Que haya existido ratificación expresa o tácita de la suscripción (artículo 24).

Es obligado cambiario quien firmó un título valor invocando un poder inexistente de acuerdo a lo dispuesto por el art. 24 del DLTV:

"Quien suscriba un título valor a nombre de otro, sin facultades legales para hacerlo, se obligará personalmente como si hubiera obrado a nombre propio..."

Quien firma un título valor invocando una representación que no tiene (falso procurador), se obliga personalmente, como si hubiera obrado a nombre propio. Tal es la excepción que establece el art. 24 del DLTV:

Quien suscriba un título valor a nombre de otro, sin facultades legales para hacerlo, se obligará personalmente como si hubiera obrado a nombre propio, y si pagare tendrá los mismos derechos que hubiera tenido la persona a quien pretendía representar. Lo mismo se entenderá del representante que hubiere excedido sus poderes.”

El falso representante se obliga de acuerdo a los términos literales del título y responde de la forma que pretendió atribuir al falsamente representado. La responsabilidad del falso representante se funda ya en su culpa o en su voluntad de correr un riesgo regulado por la Ley.

Sin perjuicio de la claridad de la normativa invocada, me permito transcribir las opiniones concordantes de la generalidad de la doctrina:

Vivante decía: “Si la representación no existe, no hay obligación cambiaria”. 

Hamel y Lagarde sostenían que si el pseudo mandante no ha dado ningún mandato al pseudo mandatario, ninguna acción puede ser dirigida contra él; los portadores de la letra no tendrán así más que al pseudo mandatario. 

En cuanto a al doctrina argentina, Cámara afirma que cuando no hay facultad de representación, el acto deviene nulo o, mejor dicho, inexistente respecto del representado, salvo ratificación posterior. Zavala Rodríguez sostiene, como Cámara, que hay ineficacia de la relación entre acreedor cambiario y el pseudo representado que queda vinculado. 

Entre nosotros, Mezzera Álvarez, comentando el Código de Comercio expresaba que, si se demostrara que el poder invocado no existe, tampoco existirá la obligación cambiaria con respecto a las personas mencionadas como representadas.

Advertimos que la firma por un falso representante no invalida el título valor. Permanecen válidas las obligaciones cambiarias suscritas por los otros obligados (arts. 8 y 62).

Sin embargo, a menos que ratifique expresa o tácitamente el acto de suscripción, la persona cuya representación se invoca no queda vinculada por la firma de quien alega indebida o falsamente su representación. Siendo así, podrá oponer la excepción de falta de legitimación pasiva.

b. Sucesores

Son obligados cambiarios los sucesores de un obligado fallecido; en este caso el actor tendrá que acreditar la vocación hereditaria de los demandados. La acción contra los herederos es, también, cambiaria pues como dice Cámara:

La eventualidad de la muerte del deudor cambiario no puede trasmutar el derecho del portador, enervando la acción cartular conforme a la estructura de los títulos de crédito.”

De modo que los sucesores de un deudor o responsable cambiario son legitimados pasivos.

En caso de muerte del girado, el artículo 92 del Decreto Ley 14.701 prevé la realización de protesto notarial. Cámara sostiene que esta norma se incluye para poder hacer valer el derecho contra los herederos. No compartimos tal conclusión. Las previsiones sobre las personas con quienes debe entenderse la diligencia del protesto en caso de fallecimiento del girado, tiene por fin lograr la efectividad de la función del protesto, esto es, la constatación de la no aceptación o no pago. La responsabilidad de los herederos deriva de las normas del Derecho sucesorio.

c. Adquirente de casa de comercio

También, hay acción contra el adquirente de una casa de comercio, cuando éste ha quedado legalmente responsable de las deudas del enajenante en las situaciones previstas por la Ley del 26 de setiembre de 1904.

2. Suscriptores del título que carecen de legitimación pasiva 

a. Endosante sin responsabilidad

No es obligado cambiario quien endosó con la cláusula sin responsabilidad u otra similar o quien endosó por recibo en la forma prevista en el art. 51. 

b. Cedente

No es obligado cambiario el cedente de un título valor, puesto que en la cesión de créditos el cedente sólo responde de la existencia y legitimidad del crédito salvo que pacte que, también, responde por el importe del crédito cedido. 

c. Endosante póstumo

Tampoco es obligado cambiario el endosante que endosó después de vencido el título, ya que, en tal caso, el endoso produce los efectos de una cesión (art. 47 DLTV).

d. Endosante en procuración frente al endosatario

Cuando se endosa en procuración, el endosante sigue siendo el propietario del título valor y no se obliga cambiariamente. El endosatario es propietario formal pero no material. El art. 45 del DLTV establece sus facultades.

Si en el endoso no se establece la clase de endoso, se presume que el título fue transferido en propiedad (art. 39), pero tal presunción no es absoluta. El endosante podrá probar lo contrario.

Aunque la Ley no establece la posibilidad de oponer una excepción entendemos que el endosante de la hipótesis en estudio, podrá oponerse al juicio ejecutivo que le promueve su endosatario alegando su falta de legitimación pasiva.

C. Falta de representación

La representación convencional o legal para estar en juicio se rige por el Código General del Proceso (CGP). Para actuar en juicio a nombre y por cuenta de un tercero debe acreditarse la condición para el ejercicio de la representación legal o presentar el poder conferido. En este segundo caso el apoderado debe ser procurador.

La excepción de falta de representación procederá cuando comparece en la demanda ejecutiva una persona invocando una representación o un poder; pero sin justificarlo. Podrá interponerse si con la demanda se presentara poder pero sin facultades para estar en juicio. También, podrá oponerse si quien invocara poder no es procurador o abogado.

Corresponderá el planteo de esta excepción si quien demanda invocara la representación de una persona jurídica, sin justificativos que lo acrediten.

La falta de representación puede ser controlada por el juez al recibir la demanda.

1. Hipótesis del endoso en procuración o en garantía

El endosatario en procuración puede cobrar el título valor por vía judicial o extrajudicial (art. 45). Del mismo modo, el endosatario de un endoso en garantía (art. 46).

No se necesita, en estos casos, que quien actúe sea procurador. No lo exige la norma especial.

En el caso de que actúe un endosatario en procuración debe invocar la calidad en que actúa, esto es, indicar que obra en nombre y por cuenta del endosante, propietario del título. Obrando de tal forma, el demandado podrá oponer las excepciones que tuviere contra el titular del título.

Es distinta la situación del endosante por un endoso en garantía. Este actúa por un derecho propio y a él no se le pueden oponer excepciones contra el anterior poseedor, esto es, contra el propietario. Así lo establece el art. 46, inc. 2.

2. Efectos de la admisión de la excepción de falta de representación

En este caso, acogida la excepción procesal de falta de representación no se configura una cosa juzgada material sino formal. Con el mismo título valor se podrá promover un nuevo juicio por su propietario personalmente o por quien tenga un poder suficiente.

Si se advierte la falta de representación por el juez o por el demandado que se excepciona, tal hecho puede ser subsanable con la presentación de la documentación que se omitió adjuntar con el pedido de embargo. También, se admite que la falta de representación sea subsanada por la ratificación del mandato por el dueño del título valor, ratificación que tiene efecto retroactivo.

En los dos casos precedentes, las costas y costos de la incidencia que se crea pueden ser puestas de cargo del actor que actuó negligentemente obligando al planteamiento de una defensa por el demandado.

Cronograma y Manual Virtual de Derecho Comercial II

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