Derechos políticos y otros derechos del socio

Por Nuri E. Rodríguez Olivera y Carlos E. López Rodríguez

I. Derechos políticos

Se denominan derechos políticos del socios a aquellos relacionados con el funcionamiento y el contralor del funcionamiento de los órganos sociales.

Los socios tienen los derechos políticos siguientes:

  1. Derecho a participar en el funcionamiento de los órganos sociales

  2. Derecho a fiscalizar el funcionamiento de dichos órganos

A. Derecho a participar en el funcionamiento de los órganos sociales

1. Participación en la adopción de resoluciones sociales

En general, el socio tiene derecho a participar en la adopción de las resoluciones sociales, con voz y voto. 

a. ¿Cómo se adoptan las resoluciones sociales?

Las resoluciones se adoptan en forma más o menos orgánica, según el tipo social

No se requieren mayores formalidades para las sociedades colectivas, en comandita simple, ni para las sociedades de capital e industria.

En las sociedades anónimas y en las en comandita por acciones, las resoluciones sociales se deben adoptar en asamblea. El derecho a asistir a las asambleas y a votar, es un derecho calificado como derecho fundamental del accionista por el art. 319 de la Ley 16.060/1989, de 4 de setiembre, de Sociedades Comerciales (LSC).

En las sociedades de responsabilidad limitada con menos de veinte socios, no se exigen formalidades para las reuniones de socios. Si tiene veinte o más socios, las resoluciones se deben adoptar en asamblea, con mecanismos similares a los previstos para las sociedades anónimas (art. 239 LSC).

Las resoluciones se adoptan por mayorías de capital y, en algunos tipos y casos, por mayorías de capital presente en la asamblea (art. 356). Se manejan en la regulación de cada tipo, distintas mayorías – simples o calificadas - según los asuntos sobre los cuales deba recaer la resolución.

Para ciertos tipos sociales, las modificaciones del contrato social  la transformación, fusión y escisión se requiere la unanimidad de los socios. En los tipos sociales en que tales negocios pueden adoptarse por mayorías calificadas, los disidentes pueden receder.

b. ¿Cuál es el ámbito de competencia general de los socios?

Los socios o accionistas, reunidos en forma orgánica o inorgánica, deben resolver sobre la aprobación de los balances anuales y sobre la distribución de las utilidades

En general, también, han de resolver sobre cuestiones que exceden las facultades conferidas a los administradores o que éstos sometan a la resolución de los socios.

Asimismo, han de resolver sobre la modificación del contrato de sociedad, la designación o remoción de administradores y si han de recibir o no remuneración.

2. Participación en la administración y representación

Como la sociedad comercial es una persona jurídica – ente ideal – carece de voluntad propia y de voz para manifestarla. Necesita, por lo tanto, quienes actúen por ella, esto es, necesita un administrador.

En el contrato social se puede establecer quién administrará la sociedad, pudiendo designarse a un socio o a un extraño. 

Tratándose de sociedades colectivas, cuando no haya sido designado administrador en el contrato social o por acto social posterior, cualquier socio puede administrar y celebrar negocios jurídicos, invocando el nombre de la sociedad. Así lo admite la LSC (art. 200).

También, respecto de las sociedades irregulares y de hecho, el art. 38 establece que cualquier socio representará a la sociedad.

Este derecho no ha sido previsto expresamente respecto del socio de una sociedad de responsabilidad limitada. En este tipo social, simplemente, se ha establecido que la administración corresponde a las personas designadas en el contrato social o posteriormente, pudiendo éstas ser socios o extraños (art. 237). 

Respecto de las sociedades en comandita y las sociedades de capital e industria, existe la prohibición de administrar para determinada clase de socios. 

En las sociedades en comandita, el socio comanditario no puede ser designado administrador, representante ni mandatario ocasional. Ello es contrapartida de su limitación de responsabilidad (art. 216). 

La administración y representación de la sociedad será ejercida por los socios comanditados o terceros designados al efecto.

En las sociedades de capital e industria, el socio industrial que no responde por las deudas sociales tampoco puede administrar (art. 221). La administración y representación de la sociedad podrá ejercerse por cualquiera de los socios capitalistas.

Las sociedades anónimas son administradas por un administrador o un directorio, que es elegido periódicamente por la asamblea de accionistas. Los administradores o directores pueden ser accionistas o extraños. No está previsto que exista un derecho del accionista a administrar.

B. Derecho a la fiscalización

1. Derecho a examinar y aprobar o desaprobar los estados contables y memoria

Los socios reunidos informalmente o en asamblea, cuando ésta se impone por el tipo estipulado, tienen la función y el derecho de aprobar o desaprobar los estados contables, los informes que los acompañen y la memoria, según establece el art. 97:

La documentación referida en los artículos anteriores será sometida a la aprobación de los socios o accionistas...

El derecho a aprobar o impugnar los estados contables es irrenunciable. Así lo establece el inciso segundo del art. 97.

a. Formulación de la documentación y depósito de copias a disposición de los socios

A los efectos de permitir a los socios del análisis estado de situación patrimonial y de resultados, la información que deberá acompañarlos y la memoria de los administradores, la LSC impone que copia de éste quede depositada en la sede social, a disposición de los socios con, por lo menos, diez días de anticipación a la fecha en que deban ser considerados para su aprobación. Así lo dispone el art. 96:

"(Copias. Depósito). En la sede social deberán quedar depositadas copias de los documentos mencionados en el artículo anterior a disposición de los socios o accionistas con no menos de diez días de anticipación a su consideración por ellos."

A su vez, para evitar que el órgano de administración dilate la presentación de la documentación, la LSC impone plazos. Así, entonces, los administradores deben formular los estados contables: inventario, balance y propuesta de distribución de utilidades, dentro de los cuatro meses (ciento veinte días) de la fecha de cierre del ejercicio económico. El art. 87 establece:

"(Estados contables). Dentro de los cuatro meses de la fecha de cierre del ejercicio económico, los administradores de la sociedad deberán formular como mínimo:

A) El inventario de los diversos elementos que integren el activo y pasivo social a dicha fecha.

B) El balance general (estado de situación patrimonial y de resultados).

C) La propuesta de distribución de las utilidades, si las hubiera."

Por su parte, el art. 97 establece plazos para someter tales documentos a la aprobación de los socios. Como norma general, se establece un plazo de 180 días a contar de la finalización del ejercicio. Para las sociedades anónimas abiertas, el plazo se reduce a 120 días:

“La documentación referida en los artículos anteriores será sometida a la aprobación de los socios o accionistas en un plazo que no excederá los ciento ochenta días a contar de la finalización del ejercicio. Tratándose de sociedades abiertas, el plazo que será fijado por la reglamentación no podrá exceder de los ciento veinte días contados de la finalización del ejercicio..."

La norma se reitera para las sociedades colectivas en el art. 206 y para las sociedades anónimas en el art. 342.

b. Impugnación de la documentación presentada

El art. 97, también, establece que, de no haber impugnaciones dentro de los 30 días siguientes a su comunicación, dicha documentación se tendrá por aprobada, salvo que se trate de sociedades en las que funcionen asambleas, las que se regirán por sus normas específicas:

 De no haber impugnaciones dentro de los treinta días siguientes a su comunicación dicha documentación se tendrá por aprobada, salvo que se trate de sociedades en las que funcionen asambleas, las que se regirán por sus normas específicas.

El derecho a la aprobación e impugnación de los estados contables y a la adopción de resoluciones de cualquier orden a su respecto, será irrenunciable y cualquier convención en contrario será nula.

Si se tratara de sociedades sujetas a control estatal se remitirá otra copia al organismo estatal correspondiente. Estas sociedades publicarán sus estados contables y proyecto de distribución de utilidades aprobados, con la visación respectiva.

De la norma transcripta se desprende que, en las sociedades en que no funcionan asambleas, los administradores deben convocar a una reunión de socios para analizar los estados formulados. Luego, los socios tienen 30 días para formular oposiciones. Si no las formulan, se tienen por aprobados.

Si se trata de sociedades en que funcionen asambleas, los documentos referidos deben ser considerados en la asamblea y, dentro de ella, aprobarse o desaprobarse por mayoría.

2. Derecho a pedir exhibición de libros y a recibir información

En el art. 75 se establece, como un principio general de la materia societaria, el derecho del socio a examinar los libros y documentos sociales. A los efectos del control individual, el art. 75, también, prevé que el socio tiene derecho a solicitar a los administradores, los informes que estime pertinentes.

El principio expresado en el art. 75 presenta dos excepciones a los derechos referidos: las limitaciones que la LSC establezca para determinados tipos sociales y los casos en que exista un órgano de control interno (art. 75, inc. 2).

a. Hay normas especiales sobre el derecho de información para las sociedades anónimas. En éstas, el derecho de información se encuentra limitado a los documentos que refiere el art. 321

* nómina de los integrantes del directorio y del órgano de control;

* resoluciones propuestas por el administrador a la asamblea de accionistas;

* lista de accionistas inscriptos para asistir a las asambleas y lista de quienes asistieron a ellas; 

* acta de asambleas

* balance general, memoria del órgano administrador, informe del fiscalizador.

El inc. final del art. 321 dispone lo siguiente: 

Si el órgano administrador rehusara proporcionar total o parcialmente la información o copia solicitada, el accionista podrá pedir al Juez que la ordene. En este caso, todos los gastos y honorarios que se devenguen serán de cuenta del administrador o de los directores omisos, los que responderán personal y solidariamente entre ellos.”

b. Se considera que si existe un órgano de control, cuyos miembros han sido designados por los socios, se hace innecesario el control individual.

La sindicatura se ha previsto para las sociedades anónimas. Su existencia es facultativa, si se trata de una sociedad anónima cerrada. Puede preverse su existencia en los estatutos y si estos no la prevén, la asamblea puede disponer su creación y designarlos (art. 397, inc. 4). La sindicatura es obligatoria si se trata de una sociedad anónima abierta.

Para la sociedad de responsabilidad limitada, se prevé la existencia de un órgano de control, en el art. 238 que establece:

“Podrá establecerse un órgano de fiscalización, sindicatura o comisión fiscal, que se regirá por las disposiciones establecidas para las sociedades anónimas, en cuanto sean compatibles.

La sindicatura o la comisión fiscal será obligatoria cuando la sociedad tenga veinte o más socios.”

c. Existiendo órgano de control, los socios tienen derecho a solicitarle información. El art. 402 establece:

“(Atribuciones y deberes). Serán atribuciones y deberes de los síndicos o de la comisión fiscal, sin perjuicio de los demás que la ley determine y los conferidos por el contrato social:....

7) Suministrar a accionistas que representen no menos del 5 % (cinco por ciento) del capital integrado, en cualquier momento que éstos se lo requieran, información sobre las materias que sean de su competencia.

8) Investigar las denuncias que le formule por escrito cualquier accionista, mencionarlas en informe a la asamblea y expresar acerca de ellas las consideraciones y proposiciones que correspondan; convocar de inmediato a asamblea extraordinaria para que resuelva al respecto, cuando la situación investigada no reciba del órgano de administración el tratamiento que conceptúen adecuado y juzguen necesario actuar con urgencia...

d. Si existe sindicatura, el socio no tiene derecho a pedir exhibición de libros, pero en el caso de la sociedad anónima se establece la salvedad de lo dispuesto en el art. 339. Este artículo establece que la exhibición de libros puede ser solicitada por accionistas en las condiciones siguientes:

No se confiere ese derecho a cualquier accionista, por las dificultades prácticas que ocasionaría el ejercicio de tal pretensión y por la posibilidad de que un accionista, con escasa participación en el capital social, pudiera solicitar una exhibición inspirado en intereses personales, contrarios a los intereses sociales, para conocer los negocios sociales con el fin de favorecer una actividad de un competidor, por ejemplo.

En todos los casos, estos derechos deben ser ejercidos en tal forma que no implique un uso abusivo. Si se comprueba el abuso de ese derecho, se podrá negar la exhibición y los informes.

II. Otros derechos básicos

A. Receso

B. Derechos especiales para los socios de una sociedad de responsabilidad limitada

Los socios de una sociedad de responsabilidad limitada tienen derecho de preferencia para adquirir las cuotas que un socio quiere ceder (art. 232). Se analizó esta normativa en párrafos precedentes, sobre la adquisición de la calidad de socio.

C. Derechos especiales de los accionistas de una sociedad anónima

Se analizarán estos derechos al estudiar las normas relacionadas con sociedades anónimas. Sólo mencionaremos ahora el artículo 319 que establece:

“Serán derechos esenciales de los accionistas:

1) Participar y votar en las asambleas de accionistas.

2) Participar en las ganancias sociales y en el remanente de la liquidación, en el caso de disolución de la sociedad.

3) Fiscalizar la gestión de los negocios sociales.

4) Tener preferencia en la suscripción de acción, partes beneficiarias convertibles en acciones y debentures convertibles en acciones.

5) Receder en los casos previstos por la ley.

Estos derechos sólo podrán ser condicionados, limitados o anulados cuando expresamente la ley lo autorice.”

Algunos de estos derechos ya fueron analizados precedentemente. Otros derechos se establecen en otras normas legales que estudiaremos también al tratar el tema de la sociedad anónima.

1. Condicionamiento legal a los derechos fundamentales o esenciales de los accionistas

La LSC, que reglamenta minuciosamente el funcionamiento de las sociedades anónimas, enumera los derechos esenciales de los accionistas y a la vez establece condiciones para el ejercicio de cada uno de los derechos calificados como tales. Los derechos fundamentales están reglamentados en su ejercicio por la Ley. No se trata de derechos ilimitados e incondicionales, que se pueden ejercer en cualquier momento o de cualquier forma.

La LSC no autoriza el condicionamiento de los derechos fundamentales por los estatutos ni por la asamblea, pero la LSC sí condiciona el alcance, oportunidad y efectos del ejercicio de cada derecho consagrado. En la mayor parte de los casos, la Ley impone el ejercicio de los derechos de los socios en el marco de la estructura orgánica; excepcionalmente, se autoriza su ejercicio en forma individual, sin la mediación de los órganos sociales.

2. Derechos sobre la acción

La división del capital en acciones y la trasmisibilidad de la acción son rasgos tipificantes de las sociedades anónimas.

El accionista tiene derecho de exigir la entrega de las acciones o que se le inscriba en el Libro de Registro de Acciones Escriturales de la sociedad si el estatuto hubiere previsto que las acciones no se representarán en título negociables (art. 298).

También, tiene derecho el accionista a trasmitir su participación accionaria (art. 305, inc. 1). El derecho, asimismo, se refiere a los certificados provisorios que se hubieren emitido (art. 298, inc. 3).

3. Derechos relacionados con el capital social

a. Derecho de preferencia y de acrecer

El art. 326 atribuye a los accionistas el derecho de preferencia y de acrecer en la suscripción de nuevas acciones, cuando se resuelve un aumento de capital o la emisión de partes beneficiarias convertibles en acciones o la emisión de debentures convertibles en acciones

El derecho de preferencia es el derecho del accionista de suscribir las acciones correspondientes a un aumento de capital en proporción a las que ya tiene. El derecho de preferencia es un derecho fundamental del accionista y permite que cada uno de ellos pueda mantener su ecuación económica dentro del capital integrado.  

El derecho de preferencia es un derecho fundamental de accionista. Sin perjuicio de ello, ese derecho puede ser cedido a otros accionistas o a terceros (art. 327). 

El derecho de acrecer surge cuando no todos los accionistas ejercen el derecho de preferencia. El accionista interesado puede suscribir el capital no suscrito por otros. Este derecho permite mantener el sustrato personal de la sociedad impidiendo el ingreso de personas ajenas.

b. Derechos en caso de reducción del capital o de rescate de acciones

La Ley impone un tratamiento igualitario a los accionistas, cuando se resuelve la reducción del capital o el rescate de acciones (arts. 292 y 312).

c. Defensas cuando hay aumento de capital

El art. 287 impone que, previamente a una resolución sobre un aumento de capital, se formule un balance especial, se actualicen los valores de los bienes del activo y se proceda a una capitalización del aumento patrimonial que resulte de ese balance especial así como a la capitalización de las reservas, que no tuvieron afectación especial.

d. Capitalización obligatoria

El art. 288 de la LSC impone la capitalización obligatoria de reservas, cuando el capital social guarde una determinada relación con capital integrado y reservas. Con esta norma se procura que la cifra contable “capital integrado” se aproxima al valor real del patrimonio.

La sociedad que capitaliza reservas debe emitir acciones liberadas que corresponden a tal capitalización. Con ello aumenta el número de papeles en circulación. Se logra que cada accionista disponga de mayor número de títulos y la posibilidad de que negocie unos y se quede con otros y que se produzca mayor dispersión de capital social, flexibilizando y agilizando los negocios con acciones.

3. Derecho a solicitar la fiscalización por el órgano de control estatal

Las sociedades anónimas se encuentran sometidas a la fiscalización de la Auditoría Interna de la Nación, respecto de la constitución y modificación de su contrato social, así como respecto a su disolución anticipada, transformación, fusión, escisión y cualquier variación del capital social. Las sociedades anónimas abiertas, además, están sujetas al control estatal durante su funcionamiento y liquidación (art. 409).

Además de estos casos de control preceptivo, los accionistas que representen, por lo menos, el 10 % del capital integrado, pueden solicitar la fiscalización de la Auditoría Interna de la Nación, sea cual fuere la clase de sociedad anónima. Una vez requerida la fiscalización, la Auditoría podrá recabar información al órgano de administración de la sociedad y, en su caso, al de control privado. Las medidas de fiscalización se limitarán a lo que se haya solicitado por los accionistas (art. 410).

D. Derecho al ejercicio de acciones judiciales

1. Acciones contra la sociedad

Los socios tienen derecho de reclamar a la sociedad por el desconocimiento de sus derechos o por los daños sufridos como terceros. Tal como ya expresamos, no podría reclamar que se le repare por las pérdidas sufridas por el patrimonio social, por cuanto todos deben soportar las pérdidas.

2. Acciones contra los administradores y síndicos

Los socios y accionistas tienen acción contra los administradores para reclamar por los daños sufridos directamente, como socios o como terceros. En materia de sociedades anónimas, el artículo 394 otorga legitimación a los accionistas para ejercitar la acción social de responsabilidad por daños causados a la sociedad (art. 391). Nos explicamos: la acción de responsabilidad contra los administradores corresponde, en primer término, a la sociedad. Si la sociedad no la ejerce, pueden hacerlos los accionistas.

Cuando existen órganos de control, quienes desempeñen las funciones respectivas son, también, responsables frente a socios o accionistas. El artículo 406 establece:

“Los síndicos serán responsables frente a la sociedad y a los accionistas por el incumplimiento de las obligaciones y deberes a su cargo y por la veracidad de sus informes. Si se tratara de una comisión fiscal la responsabilidad de sus integrantes será además solidaria, en los términos del inciso segundo del artículo 83.

La responsabilidad se hará efectiva por decisión de la asamblea e importará la remoción. En lo demás se aplicarán las normas establecidas para el administrador o los directores.”

Sobre este tema hemos de volver, cuando nos refiramos a la administración y al control de las sociedades comerciales.

3. Legitimación para solicitar la intervención de la sociedad (art. 185)

El socio podrá solicitar, cuando se den las condiciones para ello, la intervención de la sociedad, al amparo de los arts. 184 y ss.

4. Legitimación para impugnar asambleas

El art. 367 establece: 

“Estarán legitimados para ejercer la acción de impugnación cualquiera de los directores, el administrador, el síndico o los integrantes de la comisión fiscal, el órgano estatal de control y los accionistas que no hayan votado favorablemente o hayan votado en blanco o se hayan abstenido y los ausentes. También podrán ejercerla quienes hayan votado favorablemente si su voto fuera anulable por vicios de la voluntad o la norma violada fuera de orden público.”

5. Legitimación para promover la acción de exclusión de un socio

Se considera que existe una justa causa de exclusión cuando el socio incurre en un grave incumplimiento de sus obligaciones y en los supuestos de declaración en quiebra, concurso civil o liquidación judicial del socio (art. 147). La Ley 16.060 prevé otras causales de exclusión en el resto de su articulado.

Cuando se produce una causal de exclusión, se aplica el art. 148, inc. 1:

"(Acción de exclusión). Producida una justa causa de exclusión, los socios, incluyendo el socio a excluir, podrán acordar la rescisión parcial, modificando el contrato social.” 

El art. 148 agrega:

De no lograrse acuerdo entre los socios, la rescisión podrá ser declarada judicialmente.  

La exclusión podrá se solicitada por uno de los socios o resuelta por la sociedad...”

El art. 149 agrega: “La acción de exclusión se extinguirá si no se ejerciera en el término de un año desde la fecha en que se haya conocido el hecho que la justifique”.

6. Legitimación para solicitar la disolución de la sociedad (art. 162)

Las sociedades se disuelven cuando se verifican algunas de las causas referidas en el art. 159 LSC Algunas de estas causas operan independientemente de la voluntad de los socio. En otros casos, en cambio, los socios podrán demandar la disolución judicial de la sociedad. Algunas veces la legitimación les corresponde exclusivamente a los socios y otras veces comparten esta legitimación con terceros interesados (art. 162).

Este tema se estudia con mayor extensión al analizar la disolución de sociedades. Sólo adelantamos algunas nociones.

La sociedad se ha de disolver toda vez que los socios acuerden en ello. Así lo dispone el art. 159, inc. 1. Se trata de lo que la LSC llama, en otras disposiciones, disolución anticipada. Teniendo el contrato de sociedad, un plazo de duración, éste debe ser respetado, pero nada impide que los socios consientan en disolver la sociedad no obstante la pendencia del plazo. No es necesario indicar la causa de la decisión, basta que expresamente y por las mayorías necesarias se adopte la resolución de disolver.

Respecto a la disolución del contrato por el vencimiento del plazo que el propio contrato prevé, hay que recordar varias disposiciones: los arts. 6 y 15. El art. 6 impone que el contrato de sociedad estipule un plazo de duración. El art. 15 impone que no puede ser superior a 30 años, salvo para la sociedad anónima que pueden tener plazo mayor. Esta causal opera ipso jure, sin necesidad de acuerdo de socios ni de declaración judicial ni de registro. No es necesario registro, porque en el Registro Nacional de Comercio ya está inscripto el contrato del cual surge la fecha de vencimiento (art. 163). En este caso, cualquiera de los socios podrá promover la liquidación del patrimonio social. Cuando se producen otras causales de disolución, si los socios no se ponen de acuerdo en declarar disuelta la sociedad, cualquiera de ellos puede pedir su declaración judicial.

Una hipótesis especial es la disolución a pedido de cualquiera de los socios de una sociedad irregular (art. 43). Esta causal está prevista en el art. 43 de la LSC. La sociedad irregular, por ser tal, es inestable. Cualquier socio puede pedir que se declare su disolución. En esta hipótesis, el contrato se resuelve totalmente por la sola voluntad de un socio. Los demás socios pueden oponerse a la disolución si, en el plazo de 10 días, resuelven regularizar la sociedad y efectivamente la regularizan en un plazo de 60 días. Recién vencido ese plazo, si la sociedad no se ha regularizado, la disolución produce sus efectos.

7. Derechos especiales en la liquidación de una sociedad disuelta

El liquidador se designa por mayoría simple de presentes, en hipótesis del art. 170. Si la mayoría no lo designa, cualquier socio puede pedir su designación judicial (art. 170). Si el liquidador no desempeña su cargo, cualquier socio puede solicitar una nueva designación (art. 170).

El liquidador puede ser removido por las mismas mayorías requeridas para su designación (art. 171). El art. 171, inc, 2, agrega: 

“Cualquier socio podrá demandar la remoción judicial por justa causa. Si se tratara de sociedad anónima o en comandita por acciones dicha remoción podrá ser solicitada por el síndico, cualquier socio comanditado o accionistas que representen el 10 % (diez por ciento) del capital accionario integrado.”

El art. 179 establece la posibilidad de impugnar el balance final y el proyecto de distribución de bienes, confeccionados por el liquidador.