Régimen aplicable a la actuación extraterritorial de las sociedades

Por Carlos E. López Rodríguez

En algunos casos, la acción de las sociedades mercantiles se hace directamente presente dentro de países ajenos a aquél donde se constituyeron y tienen su sede principal. La sociedad sale de su hábitat natural, se desplaza espacialmente y localiza su actividad en suelo extranjero, a través de sucursales o filiales (caso absolutamente internacional).

La actuación extraterritorial referida plantea, entre otros, los problemas siguientes:  ¿debe permitirse la actuación extraterritorial de las sociedades constituidas en el extranjero sin ninguna exigencia? ¿debe exigírseles su reconstitución en el país anfitrión o basta con el cumplimiento de algunas formalidades y el sometimiento a ciertos controles? y, en todo caso  ¿a partir de qué momento se debe exigir la reconstitución o el cumplimiento de dichas formalidades?

El numeral siguiente trata del reconocimiento de las sociedades constituidas en el extranjero (I). El numeral segundo está dedicado al tema de la actuación extraterritorial habitual y el establecimiento de una sucursal perteneciente a una sociedad constituida en el extranjero (II). 

I. Reconocimiento extraterritorial

En materia de reconocimiento extraterritorial, distinguió la posibilidad de tres regímenes: el régimen de territorialidad absoluta, según el cual la persona jurídica constituida en un Estado sólo cobra existencia en otro si se reconstituye en este último, lo cual importa la fragmentación jurídica de la persona; el régimen de extraterritorialidad absoluta, en cuya virtud la persona jurídica constituida en un Estado existe como tal en los demás Estados, de pleno derecho y para todos los casos, lo cual importa consagrar su unidad jurídica; y el régimen de la extraterritorialidad parcial, que supone una combinación de los anteriores, puesto que la persona jurídica queda sometida al régimen extraterritorial cuando actúa fuera del Estado donde fue constituida realizando actos aislados o actos no comprendidos en el objeto social, pero cuando actúa en forma habitual o realiza actos comprendidos en su objeto social queda sujeta al régimen territorial.

Precisamente, respecto de las sociedades comerciales, decidir el problema de la extraterritorialidad o territorialidad de las personas jurídicas, implica adoptar posición en el referente a si las entidades reconocidas conforme a Derecho en un país, pueden extender válidamente su actividad a otros sin mediar un acto de reconocimiento por la autoridad pública de éstos últimos. En segundo lugar, debe determinarse cuál es el alcance del reconocimiento conferido, esto es: qué clase o cantidad de actos o qué forma de actuación puede desarrollar una sociedad en virtud del reconocimiento. El alcance del reconocimiento suele encontrarse sujeto a ciertas limitaciones.

A. El reconocimiento de pleno derecho

La circunstancia de que una sociedad exista válidamente en el ámbito de un determinado orden jurídico no significa en todos los Derechos, ipso facto, la afirmación ecuménica de su personalidad. Fuera de dicho ámbito requiere su reconocimiento.

El reconocimiento puede definirse como el acto legal, administrativo o judicial, necesario para la admisión de la existencia y  personalidad jurídica de un ente colectivo regido por una ley extranjera. En otras palabras, se trata de la admisión de la existencia jurídica de una sociedad cuya personalidad fue conferida originariamente por una legislación extranjera.

Básicamente, existen tres sistemas para el reconocimiento de la personalidad jurídica de las sociedades constituidas en el extranjero: el sistema de autorización individual, el sistema de autorización colectiva y el sistema de reconocimiento de pleno derecho. Según el sistema de autorización individual, la sociedad sólo adquiere personería jurídica respecto del Derecho interno de un Estado, cuando es especialmente reconocida por un acto expreso de las autoridades locales.

Según el sistema de autorización colectiva, la personalidad jurídica de las sociedades provenientes de un Estado depende de la publicación de un decreto en el que se declare su reconocimiento, generalmente a cambio de un comportamiento recíproco. Este sistema fue aplicado por Francia en sus relaciones con varios países: Bélgica, Argentina, Turquía, Egipto, Portugal, Luxemburgo, Suiza, Grecia, Holanda, Rusia, Austria, Suecia, Noruega y los Estados Unidos. España aplicó este sistema en sus relaciones con Bélgica, Francia y Alemania. Alemania celebró acuerdos en esta materia con Suiza y con Francia Inglaterra suscribió convenciones sobre tratamiento recíproco de sociedades comerciales con Francia, Bélgica, Alemania, Grecia, Italia y España.

Según el sistema de reconocimiento de pleno derecho, las sociedades pueden prevalecerse de inmediato de su personalidad jurídica, independientemente de cualquier acto del poder ejecutivo o judicial. Sólo se requiere que la sociedad esté regularmente constituida según la lex societatis

De acuerdo con el sistema liberal, con fundamento en la teoría de la realidad de las personas jurídicas, debe reconocerse de plano a todas las sociedades constituidas en el extranjero, tanto en lo que respecta a su actividad jurídica, como su funcionamiento, con independencia de cualquier autorización. Esta concepción se basa, además, en el principio de igualdad ante la Ley entre nacionales y extranjeros.

La expresión "de pleno Derecho" implica la exclusión de todo condicionamiento ulterior a la comprobación de la existencia de la sociedad, para que el acto de reconocimiento tenga validez y eficacia.  La comprobación de su existencia se deberá efectuar mediante la presentación del documento que recoja el acuerdo social o su testimonio auténtico, más la constancia de haber cumplido con los requisitos de inscripción y publicidad que la lex societatis exija, todo debidamente legalizado.

El reconocimiento es un tema de importancia fundamental entre países que se encuentran en un proceso de integración. Los europeos advirtieron esta importancia desde el comienzo de su proceso de integración y, por ello, en el art. 220 del Tratado de Roma dispusieron que los Estados miembros deberían entablar negociaciones destinadas a garantizar el reconocimiento mutuo de las sociedades, el mantenimiento de la personalidad jurídica en caso de transferencia de sede y la posibilidad de fusión de sociedades sujetas a legislaciones nacionales diferentes. No existe, por el contrario, ninguna norma similar en el Tratado de Asunción. Alegría considera, no obstante, que el reconocimiento de pleno Derecho está implícito en el art. 1 de dicho tratado, en tanto en él se establece que el Mercado Común que se pretende constituir, implica la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, así como alcanzar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Parte. No cabe duda - dice Alegría - que las personas jurídicas con actividad económica son factores productivos y que del reconocimiento de pleno derecho de las sociedades constituidas en los Estados Parte del Mercosur depende que se alcancen condiciones adecuadas de competencia.

En el Derecho uruguayo, el tema del reconocimiento ha recibido un tratamiento muy similar. Uruguay siempre ha establecido el reconocimiento de pleno derecho de las sociedades constituidas en el extranjero. Uruguay ratificó el Tratado de Derecho Comercial Terrestre de Montevideo de 1889, también la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia de Sociedades Comerciales de 1979 y dispone de disposiciones legales que establecen el reconocimiento de las sociedades constituidas en el extranjero.

1.  Tratado de Montevideo de 1889

El art. 5 del Tratado de Derecho Comercial Terrestre de 1889 establece que “las sociedades o asociaciones que tengan carácter de persona jurídica... serán reconocidas de pleno derecho como tales en los Estados y hábiles para ejercitar en ellos derechos civiles y gestionar su reconocimiento ante los tribunales”.

2. Convención de 1979 y Ley 16.060

En el art. 3 de la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia de Sociedades Comerciales de 1979, se encuentra consagrado el principio de hospitalidad:  "Las sociedades mercantiles debidamente constituidas en un Estado, serán reconocidas de pleno derecho en los demás Estados". 

Asimismo, el inciso primero del art. 193 de la LSC prevé, expresamente, el reconocimiento extraterritorial de las sociedades constituidas en el extranjero. Dispone el art. 193:  "Las sociedades debidamente constituidas en el extranjero serán reconocidas de pleno derecho en el país, previa comprobación de su existencia."

En virtud del principio expresado en estos textos jurídicos, el reconocimiento de la personalidad de la sociedad trasciende las fronteras del Estado en que se constituyó, de modo que también es persona en todos los demás, sin requerir su reconstitución de acuerdo a la Ley local.  En consecuencia, si en alguno de los países que aprobaron la Convención Interamericana de 1.979, se presenta una sociedad debidamente constituida en alguno de los demás países que también haya aprobado la Convención, su existencia y su personería jurídica serán reconocidas de pleno derecho.

B. Alcance del reconocimiento

De acuerdo con el régimen de extraterritorialidad parcial, se reconoce la existencia y la personalidad jurídica de la sociedad, bastando con la comprobación de su existencia como persona jurídica, de acuerdo con el Derecho del lugar de su constitución, cuando realiza actos aislados o actos no comprendidos en su objeto social. Sin embargo, cuando ejerce su objeto social en otro Estado habitual o mediante el establecimiento de alguna forma de representación permanente, queda sujeta a la Ley territorial. En la LSC, el reconocimiento de la sociedad constituida en el extranjero la habilita a celebrar actos aislados (a) y a comparecer en juicio (b). Como contrapartida, pueden ser emplazadas en el país anfitrión (c).

1. Celebración de actos aislados

A los efectos de distinguir aquellos actos que ameritarían que la sociedad deba sujetarse a la Ley territorial, en el Derecho Internacional Privado se han experimentado dos criterios: cualitativo y cuantitativo-cualitativo. El criterio cualitativo propone que toda vez que la sociedad constituida en el extranjero se proponga realizar un acto que por su cualidad esté comprendido en el objeto social, deberá cumplir con las prescripciones establecidas por el Estado donde pretenda realizarlo.

El artículo 5 del Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional de 1889 se afilia al criterio cualitativo, al establecer que las sociedades o asociaciones que tengan carácter de persona jurídica “serán reconocidas de pleno derecho como tales en los Estados y hábiles para ejercitar en ellos derechos civiles”. Inmediatamente agrega que “para el ejercicio de actos comprendidos en el objeto de su institución, se sujetarán a las prescripciones establecidas en el Estado en el cual intenten realizarlos”.

Intentando una interpretación armónica de ambos textos, Ricaldoni concluye que el artículo 5 del Tratado de 1.889, habilita el ejercicio irrestricto de la llamada “capacidad accesoria” de la sociedad, consistente en la celebración de actos inherentes a su capacidad (otorgamiento de mandatos, adquisición de bienes, contratación de personal), así como de actos preparatorios (presentación en licitaciones públicas, por ejemplo). La Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia de Sociedades Comerciales de 1.979, en lo fundamental, repitió la solución referida. En su artículo 4 estableció que "para el ejercicio directo o indirecto de los actos comprendidos en el objeto social de las sociedades mercantiles, éstas quedarán sujetas a la Ley del Estado donde los realizaren" .

El criterio cuantitativo-cualitativo postula considerar que la sociedad constituida en el extranjero posee existencia y personalidad jurídica extraterritorial tanto para cumplir actos que no están comprendidos en el objeto social como para realizar actos aislados, esporádicos o accidentales comprendidos en dicho objeto. Sólo cuando la actividad societaria extraterritorial se convierte en habitual o se establece una sucursal o cualquier otro tipo de representación permanente en el país anfitrión, se exige el cumplimiento de la Ley territorial. Éste ha sido el criterio adoptado por el Tratado de 1940: 

"Las sociedades mercantiles se regirán por las leyes del Estado de su domicilio comercial; serán reconocidas de pleno derecho en los otros Estados contratantes y se reputarán hábiles para ejercer actos de comercio y comparecer en juicio. Mas, para el ejercicio habitual de los actos comprendidos en el objeto de su institución, se sujetarán a las prescripciones establecidas por las leyes del Estado en el cual intentan realizarlos." 

Esta disposición, a continuación, mantiene una disposición similar a la que aparecía en el tratado de 1889:  Mas, para el ejercicio habitual de los actos comprendidos en el objeto de su institución, se sujetarán a las prescripciones establecidas por las leyes del Estado en el cual intentan realizarlos.” 

En el Tratado de 1940, el reconocimiento es más generoso que el brindado por el Tratado de 1889. Además de reconocerse la “capacidad accesoria” de las sociedades constituidas en el extranjero, se les reconoce capacidad para la realización de actos de comercio comprendidos en su objeto social, en tanto sean aislados.

El régimen cuantitativo-cualitativo, no impide que los actos que practiquen en el país, las sociedades constituidas en el extranjero , queden sujetos a las leyes y la jurisdicción territoriales. Tampoco impide que la sociedad constituida en el extranjero se rija en cuanto su existencia, capacidad, funcionamiento y disolución, por la Ley territorial, a pesar de su actuación extraterritorial habitual.

La LSC efectúa una adecuada distinción entre los conceptos de existencia, personalidad y capacidad extraterritorial por un lado y los de actividad o actuación extraterritorial por otro. Las sociedades constituidas en el extranjero, por lo tanto, se rigen por su lex societatis cualquiera sea su modalidad de actuación.  

La LSC reconoce a las sociedades constituidas en el extranjero de pleno derecho y casi incondicionalmente. Sólo deben comprobar su existencia en el país que se constituyeron (art. 193, inc. 1).  

Ahora bien, para determinar qué es lo que la sociedad constituida en el extranjero puede hacer en territorio uruguayo, en virtud de ese reconocimiento, la LSC nos obliga a un importante esfuerzo interpretativo. En primera instancia, la LSC parecería consagrar un criterio cuantitativo, puesto que, en el inc. 2 del art. 193, establece que el reconocimiento habilita a las sociedades constituidas en el extranjero a "celebrar actos aislados", sin distinguir entre actos civiles o comerciales ni que impliquen el cumplimiento del objeto social. Las sociedades constituidas en el extranjero pueden celebrar todo tipo de actos aislados en el Uruguay, cualquiera sea su naturaleza y sea que implique el cumplimiento del objeto social o que se trate del ejercicio de su capacidad accesoria.

Sin embargo, en el tercer inciso del art. 193, la LSC abandona el criterio cuantitativo y parece adherir al criterio cualitativo. Este tercer inciso, exige que las sociedades constituidas en el extranjero cumplan con un par de requisitos adicionales - inscripción en el Registro Nacional de Comercio y publicación si su tipo social así lo exige - en el caso de que se propongan el ejercicio de "actos comprendidos en el objeto social". Por lo tanto, para exigir el cumplimiento de requisitos adicionales, la LSC no parecería reparar en el número de actos sino en que los actos estén comprendidos en el objeto social. 

Por si ya esto no era lo suficientemente complicado de interpretar, la Ley 16.060 añadió un parámetro más que no puede calificarse como cuantitativo ni como cualitativo. Dice la Ley "mediante el establecimiento de sucursales o cualquier otro tipo de representación permanente". Este agregado - que es una innovación de la LSC - condiciona la exigencia legal respecto del cumplimiento de los requisitos referidos, al establecimiento de sucursales o cualquier otro tipo de representación permanente. Por lo tanto, deben darse dos condiciones para que se pueda exigir la inscripción y la publicación: que la sociedad pretenda la realización de actos comprendidos en su objeto social y que haya establecido una sucursal en Uruguay o cualquier otro tipo de representación permanente. Si falta cualquiera de estas dos condiciones, entonces la sociedad constituida en el extranjero no tiene por qué registrarse ni publicar.

Concluyendo, una vez comprobada su existencia, las sociedades constituidas en el extranjero pueden celebrar en el Uruguay actos aislados, estar en juicio (art. 193, inc. 2) y ejercer actos comprendidos en su objeto social, en tanto no establezcan aquí sucursales o cualquier otra forma de representación permanente (art. 193, inc. 3). Nada impide, entretanto, que la sociedad constituida en el extranjero establezca aquí sucursales o una representación permanente, comparezca en juicio y ejerza actos comprendidos en la denominada "capacidad accesoria", sin inscribirse en el Registro ni hacer publicaciones.

Si ejercen actos comprendidos en su objeto social, mediante el establecimiento de sucursales o cualquier otra forma de representación permanente, deben inscribirse en el Registro Nacional de Comercio y, si su tipo social así lo exige, hacer publicaciones, además de llevar contabilidad separada y en idioma español y someterse a los controles administrativos que correspondan (art. 194).

En consecuencia, La LSC contempla cuatro formas de actuación: en primer lugar, la celebración de actos aislados comprendidos o no en el objeto social y la comparecencia en juicio; en segundo lugar, el ejercicio de actos comprendidos en el objeto social, mediante el establecimiento de sucursales o cualquier otro tipo de representación permanente; en tercer lugar, el ejercicio de actos no comprendidos en el objeto social, tenga o no sucursales o una representación permanente en Uruguay; en cuarto lugar, la celebración de actos no aislados. Para la primer forma de actuación, la Ley prevé expresamente que basta la comprobación de la existencia de la sociedad constituida en el extranjero. Para la segunda forma de actuación exige la inscripción y la publicación. Respecto de la tercera y la cuarta formas de actuación, no se prevé nada.

No existiendo ninguna disposición que expresamente exija la inscripción y publicación de las sociedades constituidas en el extranjero cuya actuación encaja en lo que hemos referido como tercera y cuarta formas de actuación, consideramos que no les puede ser reclamado el cumplimiento de estos requisitos. Por otra parte, el reconocimiento de pleno de derecho planteado en forma general por el artículo 193, implica que pueden actuar válidamente en Uruguay. No existe ninguna prohibición en nuestro Derecho respecto de la celebración habitual de actos en el Uruguay por parte de sociedades constituidas en el extranjero. Las prohibiciones deben constar a texto expreso y no pueden extenderse por analogía.

De lo que venimos diciendo se deduce que consideramos que el inciso segundo del artículo 193, simplemente enuncia, a vía de ejemplo, que las sociedades constituidas en el extranjero pueden celebrar actos aislados y estar en juicio. Por otra parte, según se desarrollará más adelante, entendemos que en el Derecho uruguayo, el concepto de “actuación aislada” surge por oposición al de “actos comprendidos en el objeto social, mediante el establecimiento de sucursales o cualquier otro tipo de representación permanente”. Podría sostenerse, entonces, que en tanto la sociedad constituida en el extranjero no establezca una representación permanente en el Uruguay, su actuación debe considerarse “aislada”.

2. Comparecencia en juicio

Como corolario del reconocimiento de pleno derecho de las sociedades constituidas en el extranjero, se admite su comparecencia en juicio. Así sucede expresamente, por ejemplo, en la Ley 16.060, según lo dispuesto por el inciso 2 del artículo 193. Estas sociedades quedan así habilitadas a presentar una demanda o comparecer a contestarla, por ejemplo, con la única exigencia de acreditar su existencia conforme a su propia lex societatis.

3. Emplazamiento de sociedades

Las normas de Derecho Internacional Privado en materia societaria suelen autorizar el emplazamiento en el lugar de actuación, de las sociedades constituidas en el extranjero, cuando se trata de controversias concernientes a sus sucursales, agencias o filiales. Así es, puesto que los actos de una sociedad constituida en el extranjero quedan sujetos a la Ley nacional y puede ser demandada, en función de estos actos, ante los tribunales nacionales.

Es admisible, entonces, que los tribunales de un Estado tengan competencia sobre una sociedad constituida o con sede en el extranjero. El régimen del emplazamiento, presenta dos variantes básicas, dependiendo de si la sociedad constituida en el extranjero estableció domicilio en el país de actuación o no.

Como contrapartida del derecho a estar en juicio y a los efectos de que no se puedan eludir responsabilidades o de que no se haga dificultosa la exigibilidad de los derechos que se tengan contra la sociedad constituida en el extranjero, se permite que se efectúe el emplazamiento en el domicilio que se haya establecido en el país de actuación. Dice Balestra - comentando la Ley argentina - no podría pretenderse que los terceros locales que contrataron con la sociedad, en nuestra República, deban trasladarse al lugar, tal vez remoto, donde la sociedad matriz tenga su domicilio, para entablar contra ella un juicio cuyo origen sea, precisamente, el acto o el contrato celebrado en la República. La posibilidad otorgada en la Ley a los terceros contratantes con la sociedad a demandar a ésta en la República, por consecuencia de las operaciones practicadas con dicha sociedad está, pues, perfectamente justificada.

La Ley 16.060 establece en su artículo 197:  "(Emplazamiento judicial). El emplazamiento a una sociedad constituida en el extranjero podrá cumplirse en la República en la persona que haya actuado en su representación en el acto o contrato que motive el litigio". 

Esto es: si la sociedad constituida en el extranjero celebró actos aislados en territorio uruguayo, se debe emplazar a quien la representó en el acto o contrato que motivó el litigio. Obvia­mente, esta modalidad de emplazamiento supone que en ese acto aislado se haya constituido domicilio en la República.

Dispone el segundo inciso del artículo 197 de la Ley 16.060:  "Si se hubiera establecido sucursal o representación permanente el emplazamiento se efectuará en la persona del o de los administradores o representantes designados."

Este inciso del artículo 197 prevé que, si existe sucursal o representación permanente, se emplace al administrador o al representante designado. En este caso, cuando no se haya constituido domicilio en el acto que motiva el litigio, el emplazamiento se efectúa en el domicilio indicado al inscribirse en el Registro Nacional de Comercio.

En último caso, si no se constituyó ningún domicilio en Uruguay, debe recurrirse al artículo 126 del Código General del Proceso, que dispone el emplazamiento mediante exhorto librado a las autoridades del lugar en que se domicilie. En esta hipótesis, el plazo para comparecer será fijado prudencialmente por el tribunal entre un mínimo de sesenta días y un máximo de noventa.

El reconocimiento de pleno derecho habilita a las sociedades constituidas en el extranjero a la actuación extraterritorial. Esta habilitación, sin embargo, está sujeta a algunas limitaciones. En primer lugar, según vimos, cuando la actuación es habitual o mediante el establecimiento de una sucursal, debe sujetarse a la Ley territorial. En segundo lugar, suelen establecerse limitaciones en cuanto al alcance de la capacidad que se le reconoce.

1. Sujeción de la actuación a la Ley territorial

Sujeción de la actuación a la Ley territorial significa que, en cuanto a los actos y operaciones que la sociedad realice fuera del lugar de constitución, ha de regir la Ley territorial. Por ejemplo, si una sociedad constituida en Brasil celebra una compraventa en Uruguay sobre bienes ubicados en Argentina, dicha sociedad no puede pretender regirse por su lex societatis en cuanto a la compraventa. Respecto de la compraventa quedará sujeta a las leyes y los tribunales uruguayos. Estas consideraciones dejan incólume la afirmación de que las sociedades - en sí mismas, esto es, en cuanto a su existencia, capacidad, forma, funcionamiento y disolución - se rigen por la Ley del lugar de su constitución, por más que actúen extraterritorialmente.

Otra interpretación posible es que las normas de Derecho Internacional Privado efectúan una referencia genérica al Derecho territorial, incluyendo a las normas de Derecho Internacional Privado interno. Esta interpretación es acorde con la teoría del reenvío.

2. Limitaciones relativas a la capacidad

Un sector de la doctrina latinoamericana distingue la capacidad patrimonial o accesoria de la capacidad específica o funcional, sometiendo la primera a la lex societatis y a la segunda a la Ley territorial. Según explica Tálice

"La distinción entre ambas capacidades alude a la realización o no en un Estado, por parte de un ente colectivo constituido en otro, de actos comprendidos en su objeto social. Cuando una sociedad actúa en otro Estado y realiza actos que no importan el ejercicio del objeto de su institución (por ejemplo, demandando en juicio a su deudor, recogiendo un legado, invirtiendo sus reservas en la compra de un bien inmueble, realizando operaciones bancarias, etc.), se entiende que goza de pleno derecho de capacidad patrimonial o accesoria, lo que significa que al ente colectivo se le reconozca una existencia o personalidad jurídica extraterritorial limitada a la realización de ciertos actos. En cambio, cuando la sociedad pretende actuar en otro Estado realizando actos que importan el ejercicio del objeto social (por ejemplo, instalando una agencia o sucursal), se afirma que solamente tendrá la capacidad específica que se requiere a estos efectos, luego de su admisión territorial conforme a la Ley local."

La Convención de 1979 y el legislador uruguayo entendieron que la capacidad societaria debía regirse por la Ley del lugar de constitución, en tanto constituye uno de los aspectos del estatuto jurídico de la sociedad y éste debe estar indivisiblemente sometido a una única ley.

Sin embargo, el artículo 192, inciso 2, de la Ley 16.060, además, dispone: "La capacidad admitida a las sociedades constituidas en el extranjero no podrá ser mayor que la reconocida a las creadas en el país.

El artículo 3 de la Convención, a su vez, establece: 

"En ningún caso, la capacidad reconocida a las sociedades constituidas en un Estado podrá ser mayor que la capacidad que la Ley del Estado de reconocimiento otorgue a las sociedades constituidas en este último." (fuente: Convención de La Haya de 1956).

Como bien destacan Hargain & Lage, en los regímenes establecidos por la Ley 16.060 y por la Convención de 1.979, la capacidad de las sociedades extranjeras tiene dos límites: el límite que les marca su propia legislación de origen (en tanto la capacidad se rige por la lex societatis) y el límite que les marca la Ley territorial. Hargain & Lage explican estas limitaciones en los términos siguientes: 

"Si en su país de constitución la sociedad extranjera tiene una capacidad menor que la que la Ley nacional le otorga a una sociedad uruguaya de igual tipo, esa sociedad no va a poder hacer en el Uruguay lo que no puede hacer en su lugar de origen, o sea que su actuación en nuestro territorio no le representará una ampliación de capacidad. Por el contrario, si la normativa vigente donde se constituyó, le adjudica una capacidad más ampliada de la establecida por la legislación uruguaya para una sociedad del mismo tipo, en nuestro país no podrá efectuar aquellos actos que las sociedades nacionales están impedidas de realizar".

II. Actuación extraterritorial habitual y establecimiento de sucursales

Respecto de las personas físicas, la libertad de establecimiento significa que se les permita el ingreso al país, que se les permita permanecer en ese país e instalarse de forma de poder desarrollar una actividad económica en él. También, supone que se reconozca el derecho a realizar los actos preparatorios de la actividad económica a desarrollar, lo cual implica, entre otras cosas, poder adquirir bienes, celebrar contratos de arrendamiento y contratar personal.

En Uruguay, la libertad de establecimiento de “toda persona” se encuentra prevista en los artículos 36 y 37 de la Constitución. El tema de la libertad de establecimiento y de la actuación extraterritorial es bastante más complejo cuando se trata de personas jurídicas. En el caso de que se admita el reconocimiento de pleno derecho de personalidad jurídica de las sociedades comerciales constituidas en el extranjero, la actuación aislada y la comparecencia en juicio depende simplemente de la acreditación de la existencia y personalidad jurídica societarias de conformidad con la lex societatis. Sin embargo, su actuación extraterritorial se encuentra sujeta a requisitos más exigentes cuando se trata de actos habituales o de funcionamiento o cuando la sociedad constituida en el extranjero establece una sucursal en el territorio de alguno de los países cuyos normativa se analiza aquí. El numeral 1 se refiere a la distinción entre la actuación aislada y la actuación habitual.

La dificultad en la determinación de aquello que constituye una "actuación habitual", obvia contrapartida de la dificultad que supone la determinación de aquello que constituye un "acto aislado" conlleva le existencia de ciertos casos límites. Se analizan, en el numeral 2, algunas hipótesis  donde la dificultad para la categorización de la actuación social es más destacada.

Cuando la sociedad constituida o domiciliada en el extranjero actúa en forma "habitual", ya no le es suficiente la comprobación de su existencia de acuerdo con su "lex societatis". Las legislaciones nacionales, aun las que reconocen su existencia de pleno derecho, le exigen el cumplimiento de ciertos requisitos, que se analizan en el numeral 3.

A. Distinción entre la actuación aislada y la habitual

La LSC distingue entre actuación aislada y “ejercicio de los actos comprendidos en su objeto social, mediante el establecimiento de sucursales o cualquier otro tipo de representación permanente”. Se prevén, por lo tanto, la existencia de dos modalidades de actuación extraterritorial.

En una primer modalidad, la sociedad constituida en el extranjero se limitaría a cumplir actos aislados en el país anfitrión. En una segunda modalidad, la sociedad "funciona" en el estado anfitrión. Dice la Ley uruguaya: "ejercicio de los actos comprendidos en el objeto social, mediante el establecimiento de sucursales o cualquier otro tipo de representación permanente" (art. 193).

La referencia a establecer sucursal es suficientemente clara. Sin embargo se producen algunas dudas en cuanto a la expresión "cualquier otro tipo de representación permanente". Realizaremos, entonces, algunas precisiones sobre el concepto de sucursal y de representación permanente (a).

La expresión "ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social", por su parte, implica algunas dificultades interpretativas adicionales. Las dificultades tienen su origen en que tanto  "habitualidad" como "aislado"" son conceptos indeterminados (b).

1. Concepto de sucursal y de representación permanente

El concepto de sucursal presenta algunas dificultades por su confusión con el concepto de filial. En el Derecho uruguayo, como en el francés, la palabra filial se identifica con la palabra subsidiaria[5]. El concepto de representación permanente, requiere, asimismo, algunas precisiones.

Tálice define a la sucursal como un establecimiento secun­dario dotado de cierta autonomía económica, pero que jurídicamente no es independiente de la sociedad que lo estable­ció[6]. Según afirma Xavier, no dispone de una personería jurídica distinta de aquella de la que son un mero prolongamiento[7]. Por su parte, Pérez Fontana considera a la sucursal como una dependencia de la sociedad matriz, a cargo de administradores o gerentes con facultades más o menos extensas, que obligan plenamente a la matriz, puesto que conforma con la sucursal una misma y única persona jurídica. Los administradores o gerentes son empleados de la sociedad y no órganos sociales[8]. Como recuerdan Lamy Filho & Pedreiras, la casa matriz es responsable por los actos de su sucursal. La pluralidad de establecimientos no divide la responsabilidad de la persona jurídica matriz, que continua responsable por los actos practicados por sus representantes[9].

La LSC a la expresión "sucursal" le agrega, "o cualquier otro tipo de representación permanente" (art. 193, inc. 3). Evidentemente, considera que una sucursal es una modalidad de representación permanente. Restaría definir qué otras modalidades de representación quedarían incluidas en la norma legal.

Para empezar, cabe reconocer que la Ley incluye en la norma a "cualquier tipo de representación", con la única excepción de aquéllas que no sean permanentes. Esto es: queda excluida la representación otorgada para la realización de actos aislados o estar en juicio. Queda excluida, también, la representación para el ejercicio de los actos comprendidos en la "capacidad accesoria" de la sociedad.

Si nos remitimos a la fuente directa de esta norma, comprobamos que no coincide exactamente. La LSC argentina utiliza las expresiones “establecer sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación permanente" (art. 118). La LSC se vale de una expresión casi idéntica, pero omite la palabra “asiento”.

¿Basta, entonces, con que la sociedad constituida en el extranjero haya otorgado un poder a una persona domiciliada en el país anfitrión para que se pueda considerar que existe una representación permanente? En una publicación anterior entendimos que no. Esa opinión parecería coherente con el sentido restrictivo seguido por la Ley 16.497 de 1994[10]

Se consideran representantes de firmas extranjeras a las personas físicas o jurídicas domiciliadas en el país que, en forma habitual y autónoma, presten servicios consistentes en preparar, promover, facilitar o perfeccionar la transferencia de bienes o servicios que ofrezcan firmas extranjeras percibiendo una comisión o porcentaje a cargo del comitente” (art. 1).

En este mismo sentido - en consulta inédita respecto de la actuación de una sociedad constituida en el extranjero ante una institución bancaria uruguaya - Rodríguez Olivera sostuvo:

La actuación en el País de directores que ejercen la representación y aun el hecho de que esos directores tengan domicilio en el País, no significa que la sociedad tenga una sucursal o una representación permanente en el País. La Ley alude a la representación como a la actuación de una entidad organizada para recibir encargos y cumplirlos en el País y no al representante necesario de un sujeto jurídico (presidente de su directorio) o a los apoderados para celebrar negocios jurídicos. Tampoco tiene trascendencia que a los efectos de un contrato celebrado en el País, una sociedad extranjera exprese que a los efectos de ese contrato, su domicilio en Uruguay será el de la calle... Las sociedades extranjeras pueden contratar en el País y generalmente constituyen a los efectos del contrato, domicilio en él, que generalmente coincide con el domicilio de algún asesor en Uruguay. Tampoco tiene relevancia que las sesiones del directorio se celebren en Uruguay, fuera de la sede social[11].

2. Los conceptos de habitualidad y actos aislados

La dificultad para la categorización de la actuación extraterritorial de las sociedades constituidas en el extranjero, consiste en determinar qué es lo que debe considerarse como "actos aislados". Según expresa Boggiano, "lo aislado es gradual"[12]. Es muy engorroso, entonces, determinar cuándo los actos dejan de ser aislados u ocasionales y cuándo comienzan a ser repetidos, continuados o habituales[13]. Debiendo interpretar los conceptos de habitualidad y actos aislados, la primera posibilidad es considerarlos como conceptos indeterminados. La segunda posibilidad consiste en apreciar restrictivamente el concepto de acto habitual.

Los conceptos indeterminados describen el "hecho" que la relación jurídica pretende alcanzar, con cierta latitud o vaguedad. Esta característica muchas veces los hace polisémicos, permitiendo una razonable dosis de libertad por parte del intérprete[14].

En la norma en análisis, precisamente, es extremamente difícil encontrar elementos que permitan definir objetivamente el concepto de  "habitualidad". En este sentido, en la doctrina argentina, se destaca la actitud de Boggiano, que no intenta definir la "habitualidad". En su lugar, prefiere alcanzar el sentido del concepto indeterminado a través de lo que sugiere la apreciación de la casuística[15].

Nissen propone una interpretación restrictiva del concepto de habitualidad, aun dentro del marco del Derecho argentino. Consecuentemente, la categoría de "acto aislado" quedaría ampliada a todos aquéllos que no requieren para su ejecución la designación de un representante permanente ni la instalación de una sucursal o agencia[16].

Siguiendo la línea de razonamiento de Nissen y atendiendo a las dificultades que había acarreado el concepto de "habitualidad", el legislador uruguayo - que se inspiró ciertamente en la Ley argentina - eludió su utilización. En su lugar, hizo depender el cumplimiento de los requisitos referidos, del establecimiento de una sucursal u otro tipo de representación permanente. Por lo tanto, en el Derecho societario uruguayo, consideramos apropiado entender que existe actuación habitual cuando la sociedad ejerce actos comprendidos en su objeto social mediante el establecimiento de sucursales o cualquier otro tipo de representación permanente[17].

B. Casos límite

Según algunos autores, en definitiva, la única actitud inteligente frente al problema es renunciar a intentar preestablecer un criterio general y examinar caso por caso, para concluir si hay o no funcionamiento o habitualidad. Definiciones a priori sólo son posibles en los casos extremos[19].

Coincidentemente con esa línea de razonamiento, a continuación nos referiremos a tres casos límites: la constitución de una subsidiaria (a), la participación societaria extranjera (b) y la constitución o integración de una unión transitoria de empresas (c).

1. Constitución de una subsidiaria

La creación de una subsidiaria de una sociedad constituida en el extranjero presenta dificultades específicas, fundamentalmente cuando se produce el fenómeno conocido como “interposición de subsidiarias”[20]. Tal vez el debate mas conocido, sobre este punto, lo suscitó el caso Barcelona Traction.

La Barcelona Traction, Light and Power Company Ltd. era una sociedad holding constituida en Canadá en 1.911. Esta sociedad tenía 15 subsidiarias: 3 en Canadá y 12 en España. Sin embargo, el 88 % de su capital pertenecía a sociedades que Bélgica, según su propia legislación. Era propietaria, entre varias otras sociedades, de una extensa red de energía eléctrica en Cataluña[21].

El 10 de febrero de 1.948, tres obligacionistas demandaron, en España, la quiebra de la Barcelona Traction, Light and Power Company Ltd.. El 12 de febrero, el Juzgado de Reus dictó el auto de quiebra. Como consecuencia de este auto, se ordenó la ocupación de todos los bienes de las subsidiarias constituidas en España[22]. La competencia de los tribunales españoles y la aplicación de la Ley española para declarar la quiebra de una sociedad constituida en Canadá, se fundó en que la Barcelona Traction realizaba negocios en España a través de sociedades interpuestas. Esto es, se consideró que el principal objeto de la Barcelona Traction estaba destinado a cumplirse en España, aunque no lo ejerciera directamente sino a través de sociedades interpuestas[23]. La actividad de la Barcelona Traction en España se entendió determinada por numerosos vínculos que fueron acreditados respecto de este país: la sociedad emitió obligaciones en pesetas garantizadas por hipotecas sobre inmuebles localizados en España; gran parte de los acreedores eran españoles (incluso los que solicitaron la quiebra); en España debían pagarse el principal y los intereses de las obligaciones referidas;  durante seis años explotó por sí misma y en nombre propio los tranvías de Barcelona; realizaba operaciones mercantiles a través de agentes y mandatarios; era acreedora y accionista de sociedades domiciliadas en España; utilizaba en el membrete de algunos documentos la mención de un domicilio en Barcelona, con el que se hizo inscribir en algunos anuarios financieros[24].

La Ley 16.060 no incluyó ninguna disposición relativa a la constitución de subsidiarias de sociedades constituidas en el extranjero. ¿La constitución de una subsidiaria debe entenderse, entonces, como un acto aislado o como el ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social ?

Por analogía y, en atención a sus precedentes jurisprudenciales, cuando éstos disponían de un texto semejante al que hoy se dispone en Uruguay, podría llegarse a sostener que debe aplicársele el inciso 3 del artículo 193. Sin embargo, la analogía es un procedimiento de integración que sólo puede aplicarse cuando ya no hay interpretación posible (art. 16 C.C. uruguayo). En este caso, es posible interpretar que la omisión de los autores de la Ley de Sociedades fue intencional. Siéndolo así, debe entenderse que el legislador quiso que se le aplicara la misma disciplina que a los actos aislados.

Esta interpretación concuerda con la historia fidedigna de la sanción de la Ley de Sociedades[25]. En efecto, según consta en la versión taquigráfica de la sesión de la Comisión encargada de estudiar el proyecto de ley sobre sociedades comerciales, éste contaba con una norma similar a la argentina, que fue eliminada a propuesta del Presidente de la Comisión, Sr. Héctor Martín Sturla. Dijo el legislador cuando se analizaba el artículo proyectado: 

“Propongo que esta norma sea eliminada, porque puede plantear un conjunto severo de inconvenientes... Estoy dispuesto a debatir en el momento oportuno si es bueno o no que exista esa posibilidad, pero no a romper la neutralidad de esta ley en esa materia. Esta norma es claramente un castigo a la inversión extranjera“ (refiriéndose a la norma eliminada)[26].

2. La participación societaria extranjera como modalidad de actuación extraterritorial

El tema de la participación societaria extranjera ha provocado varias interpretaciones, en función de la falta de una solución general expresa.

En el Derecho uruguayo, el límite entre la actuación aislada y la habitual se encuentra establecido de forma terminante, por el  requerimiento de que se haya establecido una sucursal o cualquier otra forma de representación permanente. El participio “mediante” utilizado en el artículo 193, según se vio, implica  una calificación del ejercicio de los actos comprendidos en el objeto social.

Hemos entendido que la participación en una sociedad no puede ser considerada por sí misma, una forma de actuación habitual y, por lo tanto, sometida al régimen del inciso 3 del artículo 193 de la Ley 16.060. Sólo entrará en dicho régimen si establece una sucursal o cualquier otro tipo de representación permanente en Uruguay. En consulta referida a una sociedad fiduciaria constituida en el extranjero, se opinó de la manera siguiente: “entendemos que no se aplica al caso lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 193. La sociedad extranjera no establece una sucursal ni crea una representación permanente en el País. Es accionista de una sociedad con giro bancario. El accionista de una sociedad constituida en el Uruguay no tiene necesidad de instalar un establecimiento en el País para el ejercicio de los derecho de accionista o para cumplir sus obligaciones como tal. Es la sociedad uruguaya la establecida en el Uruguay. La Ley no impone para quien sea accionista de una sociedad constituida en el Uruguay, la obligación de registrarse en el Registro de Comercio y demás exigencias formales del artículo 193”[27]. Este tipo de interpretación se encuentra respaldada por la historia fidedigna de la sanción de la Ley. El punto fue objeto de un intenso debate de la comisión encargada del estudio del proyecto de ley, con una delegación del Instituto de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Oriental del Uruguay.  En dicho debate prevaleció la opinión del Presidente de la Comisión, Sr. Héctor Martín Sturla. Dijo el legislador en una oportunidad: “Tenemos numerosísimas hipótesis en las que se da la participación accidental, por ejemplo, de sociedades holdings extranjeras que tienen acciones al portador en la República. Someter a sociedades extranjeras, que participan en sociedades en la República, a una serie de requisitos, conduce a una especie de – perdonen la expresión – locura, o imposibilidad práctica”[28].

En la Ley 16.060 existen sí limitaciones a la participación de una sociedad, pero sin distinguir si fue constituida en el extranjero, en su artículo 47[29] . En virtud de este artículo, una sociedad no puede invertir en acciones de otra por un monto que supere sus reservas disponibles y la mitad de su capital y reservas legales. Sin embargo, ese límite no se impone para las sociedades de inversión[30].

La finalidad de la restricción es, por un lado, impedir que una sociedad destine sus recursos a una actividad distinta a su objeto. Si una sociedad tiene por objeto, por ejemplo, la fabricación de artículos textiles, no podrá aplicar sus recursos a adquirir acciones de una sociedad que tenga actividad bancario, por encima de los topes referidos en los artículos referidos. Una sociedad fiduciaria, en cambio, tiene por objeto, precisamente, recibir encargos fiduciarios que suponen necesariamente inversiones. Es coherente, por lo tanto, que el límite no se le aplique[31]. Por otro lado, se pretende evitar que la sociedad se descapitalice por la vía de la canalización de recursos propios a otras sociedades[32].

C. Requisitos exigidos para la actuación habitual

El Derecho uruguayo no contiene una sanción expresa para el caso de incumplimiento de los requisitos exigidos para actuar extraterritorialmente. La doctrina y la jurisprudencia, por lo tanto, han debido ocuparse especialmente de este punto. 

Cuando la sociedad constituida en el extranjero pretenda el ejercicio de actos comprendidos en su objeto social, mediante el establecimiento de sucursales u otro tipo de representación permanente, la Ley 16.060 le impone el cumplimiento de los siguientes requisitos (art. 193, inc. 3, y artículo 194)[35]: inscribir en el Registro Nacional Comercio[36] el contrato social, la resolución de la sociedad de establecerse en el país, la indicación del domicilio, la designación de la o las personas que la administrarán o representarán y la determinación del capital que se le asigne cuando corresponda por la Ley[37]; efectuar las  publicaciones que la Ley exige para las sociedades constituidas en el país, según el tipo[38]; llevar contabilidad separada y en idioma español; someterse a los controles administrativos que correspondan (art. 194)[39]. El artículo 49 de la Ley de Registros 16.871 confirma la necesidad de esta inscripción: "Respecto a las sociedades comerciales constituidas en el extranjero, se inscribirán cuando corresponda y en los términos del artículo 193 de la Ley 16.060, de 4 de setiembre de 1989 ".  

El Decreto reglamentario agrega que, cuando corresponda la inscripción referida, deberá previamente protocolizarse la documentación requerida para la registración.

La Ley uruguaya remite imperativamente a las normas que regulan la publicación de las sociedades constituidas en el País. Sin embargo, en cuanto al registro, dispone expresamente lo que ha de inscribirse: 

"el contrato social, la resolución de la sociedad de establecerse en el país, la indicación de su domicilio, la designación de la o las personas que la administrarán o representarán y la determinación del capital que se le asigne cuando corresponda por la Ley".

Respecto de la inscripción, parecería haber alguna dificultad interpretativa en cuanto al último de los elementos cuya inscripción se exige: "la determinación del capital que se le asigne cuando corresponda por la Ley". 

Consideramos, en primer lugar, que lo que se pretende es la determinación del capital asignado a la sucursal, no a la sociedad. El "se le asigne" se refiere a la sucursal.

En segundo lugar, el concepto de "capital" aquí empleado no coincide con el de "capital social", empleado en general por la Ley. Se refiere aquí, simplemente a los recursos asignados a la sucursal.

En tercer lugar, la determinación del "capital" asignado a la sucursal, depende de que alguna Ley expresamente así lo exija. Esto es: depende de que alguna Ley exija que las sucursales de sociedades extranjeras le asignen a estas un capital especial. Por supuesto que el art. 193 no está imponiendo que se le asigne un capital a las sucursales. Tampoco se refiere al capital mínimo que deben tener las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada en nuestro país. En definitiva, a menos que por el giro especial que tenga la sucursal, alguna Ley exija la asignación de un capital especial a ésta, no debe realizarse inscripción alguna al respecto.

 


[1]  Tálice, Las sociedades mercantiles en el Derecho internacional privado americano”, Revista de Derecho Comercial y de la Empresa, v. 29/30, pp. 63 y 64 (1984)

[2]  PÉREZ FONTANA,  Manual de sociedades anónimas, p. 228. 

[3]  LAMY FILHO & PEDREIRAS, A Lei das SA, pp. 445 y 451.

[4] Aprobada el 15 de junio de 1.994 y publicada en el Diario Oficial el 26 del mismo mes.

[11] Rodríguez Olivera, Consulta sobre la actuación de Newold International Corporation, p. 1.

[12] Boggiano, Sociedades y grupos multinacionales, p. 63 (Buenos Aires: Depalma, 1985).

[13] A la misma dificultad se enfrenta el intérprete del Derecho brasileño cuando debe distinguir entre la "simples prática de atos" y el funcionamiento de una sociedad (Lobo, op. cit., p. 25). 

[14] Martins-Costa, "As cláusulas gerais como fatores da mobilidade do sistema jurídico2, Revista de Informação Legislativa, nº 112, p. 22.

[15] Boggiano, op. cit., pp. 622 y 623.

[16] Nissen, Ley de Sociedades Comerciales,  v. 1, p. 332.

[17] Rippe Kaiser, Sociedades comerciales, p. 94.

[19] Lobo, “Participação de sociedades estrangeiras em sociedades por cotas de responsabilidade limitada”, Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 25, n. 64, p. 26 (São Paulo: Malheiros, 1986).

[20] Dobson, El abuso de la personalidad jurídica, p. 16, y Le Pera, Cuestiones de Derecho Comercial Moderno, pp. 204 y 205. 

[21] Esplugues Mota, La quiebra internacional, pp. 177 y 178. 

[22] Esplugues Mota, íd. ibíd.

[23] Esplugues Mota, íd. pp. 178 y 179.

[24] Rovira, op. cit., p. 74.

[25] República Oriental De Uruguay, Cámara de Representantes, XLIa. Legislatura. Versión taquigráfica de la sesión realizada el día 10 de agosto de 1988, p. 15. 

[26] Sentencia recopilada por la Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n. 27, pp. 115 y ss.

[27] Rodríguez Olivera, consulta inédita, p. 29.

[28] Versión taquigráfica de la sesión realizada el día 14 de julio de 1988, p. 35.

[29] Artículo 47:

Participación de sociedades en otras sociedades. Ninguna sociedad, excepto las de inversión, podrá participar en el capital de otra o de otras sociedades por un monto superior a sus reservas legales disponibles y a la mitad de su capital y reservas legales. Se exceptúa el caso en que el exceso en la participación resulte del pago de dividendos en acciones, de la capitalización de reservas o de la capitalización del aumento patrimonial de acuerdo al artículo 287.

Las participaciones que excedan de dicho monto deberán ser enajenadas dentro del año siguiente a la fecha de aprobación del balance general del que resulta que el límite ha sido superado. Esta constatación deberá ser comunicada a la sociedad o sociedades participadas dentro del plazo de diez días de la aprobación del referido balance general. El incumplimiento de la obligación de enajenar el excedente producirá la suspensión de los derecho a votar y a percibir las utilidades hasta que se cumpla con aquélla.”

[30] Rodríguez Olivera, op cit., p. 28.

[31] Rodríguez Olivera, íd., p. 29.

[32] Rippe, Sociedades comerciales, p. 45.

[33] En la unión transitoria de empresas las partes deben contribuir a la ejecución de una obra, servicio o suministro, y efectuar los aportes al fondo común operativo pactados. Pueden aprobar o rechazar los estados de situación y realizar las inspecciones contables y verificaciones que estimen adecuadas. Llegado el caso, pueden intervenir en la remoción y designación de los representantes de la unión. Asimismo, asumen responsabilidad con el alcance establecido en el artículo 381 de la Ley argentina., ZALDÍVAR, Manovil y Ragazzi Contratos de colaboración empresaria, p. 145.

[36] Ley 16.781.

[37]Arts. 224 y 279 LSC.

[38]Arts. 227 y 225.

[39]Estas últimas dos obligaciones , no se modificaron en mucho con la LSC, al menos en lo que se refiere a las sociedades anónimas. Con anterioridad a dicha ley se entendía que debía llevar los libros de comercio exigidos legalmente y cumplir con todas las obligaciones impuestas por las leyes internas en materia administrativa, fiscal y de la seguridad social.

Ya la Ley 6889 del 27 de febrero de 1919, en su artículo 1, las sujetaba al control estatal:

"Las sociedades anónimas nacionales y extranjeras, para ejercer su principal comercio en la República, así como las sucursales y agencias, quedan sujetas a la vigilancia y fiscalización que practicará la Inspección General de Bancos y Sociedades Anónimas (función hoy a cargo de la Ins­pección General de Hacienda, artículo 133 de la Ley 13.241 del 31/1/64), de conformidad con las disposiciones contenidas en la presente ley." (BERRO, Normas vigentes sobre sociedades comerciales, v. 1, p. 26.).