Fuentes de la responsabilidad

Por Carlos E. López Rodríguez

Es un principio general de Derecho, el que cada persona responda por las consecuencias de sus actos. Esta regla general de Derecho tiene, también, cabida en materia de sociedades anónimas, por lo que son éstas las responsables de sus actos y no los integrantes de sus órganos. No lo son, entonces, los administradores cuando actúan en el desempeño de sus funciones de gestión y representación[1].

Por aplicación de la doctrina del órgano, en ausencia de una norma expresa atributiva de responsabilidad, por los actos celebrados por los administradores, en su función de administración y representación de la sociedad, debe entenderse exclusivamente responsable la sociedad administrada[2].

De ahí que sea imprescindible la existencia de normas expresas que atribuyan responsabilidad al administrador y a los directores. Si no existe una norma expresa, estos no pueden ser responsabilizados frente a terceros por los actos cometidos dentro del ámbito de sus funciones[3].

I. Responsabilidad civil

A. Ley de Sociedades Comerciales n° 16.060 de 1989 (LSC)

La LSC contiene una norma general sobre responsabilidad de administradores en su art. 83, en la que se les impone la actuación leal y con la diligencia de un buen hombre de negocios.

Luego, en sede de sociedades anónimas, incluyó una norma en la que estipula los casos en que, en general, podrían incurrir en responsabilidad los administradore, así como el alcance y caracteres de la responsabilidad que la LSC admite que les sea imputada (art. 391). En los arts. 392 a 395 se regula el ejercicio de las acciones reparatorias del daño eventualmente provocado por los administradores al patrimonio social. A esta acción, la propia LSC la denomina “acción social de responsabilidad”.

Sin perjuicio de estas disposiciones, la LSC contiene varias normas que establecen responsabilidades para los administradores.  

B. Responsabilidad vinculada con los fondos de inversión

La Ley n° 16.774 sobre fondos de inversión dispone que las sociedades administradoras de esos fondos deben ser sociedades anónimas con acciones nominativas o escriturales. El art. 11, inc. 1, dispone:

«La sociedad administradora, sus representantes, directores, gerentes, administradores, síndicos y fiscales serán solidariamente responsables por los perjuicios que pudieran ocasionarse a los cuotapartistas por incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes y del reglamento de Fondo.»

La norma establece un régimen de responsabilidad solidaria entre la sociedad, sus representantes, directores o administradores, síndicos y gerentes. Todos ellos son responsables solidarios por los perjuicios ocasionados a los cuotapartistas, por el incumplimiento de las normas legales pertinentes y del reglamento del Fondo.

La norma no sustituye el régimen de responsabilidad establecido en la LSC sino que agrega nuevas causales. En consecuencia, al administrador o directores de la sociedad que administra un fondo de inversión, se le aplican las normas analizadas de la LSC que establecen causales de responsabilidad frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a terceros y, además, serán responsables frente a los cuotapartistas del fondo por los perjuicios que deriven de la violación de la leyes que regulan los fondos de inversión o del Reglamento del Fondo.

El art. 11 contiene una remisión al Decreto Ley 15.322, referido a la sanción de inhabilitación que también será aplicable al caso.

C. Responsabilidad por el déficit concursal

La Ley de Declaración Judicial del Concurso y Reorganización Empresarial n° 18.387 de 2008 (LC) regula dos modalidades de responsabilidad de los administradores, una de carácter estrictamente indemnizatorio (art. 201-4° LC) y otra por el importe total o parcial de los créditos insatisfechos en la liquidación (art. 201, § 2, LC).

La posibilidad de que se llegue a una condena a responder por el déficit concursal depende de varios presupuestos procesales. En primer lugar, se debe formado el incidente de calificación (art. 196 LC). En segundo lugar, debe existir una propuesta de calificación culpable del síndico o el interventor, o un dictamen en dicho sentido del Ministerio Público.

El incidente de calificación culmina con una sentencia de carácter constitutivo, en la medida en que crea una nueva situación jurídica (inhabilitación) y con un pronunciamiento de condena a cumplir una determinada prestación (responsabilidad concursal).

La condena se extiende individualmente a los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, e integrantes del órgano de contralor interno de la persona jurídica cuyo concurso fuera calificado como culpable, que hayan contribuido a la generación o agravación del daño a los acreedores concursales.

II. Responsabilidad administrativa (sancionatoria)

A. Responsabilidad vinculada con la intermediación financiera

El Decreto Ley de Intermediación Financiera n° 15.322 de 1982 (DLIF) contiene un régimen para la constitución y funcionamiento de las entidades de intermediación financiera. Si los directores lo transgreden se generará su responsabilidad por la violación de la Ley, de acuerdo al art. 391 de la LSC. También, serán responsables por violar el estatuto y por no actuar con la debida diligencia que, en el caso, será de mayor rigor que respecto a otras actividades comerciales. Asimismo, serán culpables si actuaron con dolo o culpa o abuso de facultades.

El DLIF, en el art. 20, establece sanciones para las entidades de intermediación financiera que infrinjan las leyes o decretos, y normas dictadas por el Banco Central del Uruguay (BCU): observación, apercibimiento, multas, suspensión de actividades, revocación temporal o definitiva de la autorización para funcionar.

Luego, en el art. 23, con redacción dada por la Ley 17.613, se establecen sanciones de multas e inhabilitación para los administradores y otras figuras personales:

Los representantes, directores, gerentes, administradores, mandatarios, síndicos y fiscales de las empresas de intermediación financiera comprendidas en la presente ley, que actúen con negligencia en el desempeño de sus cargos, o aprueben o realicen actos o incurran en omisiones que puedan implicar o impliquen la aplicación de las sanciones previstas en los numerales 3º) a 7º) del art. 20 de la presente ley, podrán ser pasibles de multas entre UR 100 (cien unidades reajustables) y UR 10.000 (diez mil unidades reajustables) o inhabilitados para ejercer dichos cargos hasta por diez años, por el Banco Central del Uruguay.”

Con respecto a los directores, se trata de sanciones que se agregan a sus responsabilidades personales por aplicación de la LSC.

La Ley n° 16.238 crea un registro con los datos de los representantes, directores, gerentes, administradores, mandatarios, síndicos y fiscales de las empresas de intermediación financiera, sancionados con la pena de inhabilitación. Lo llevará el BCU. Se dispone que el BCU al aplicar la sanción establezca el plazo. Por ese plazo, estas personas no pueden ocupar tales cargos en otras entidades financieras.

También, llevará un registro con nombres de personas que, desempeñando los cargos antes referidos, hayan sido condenados por sentencia firme de la Justicia civil o penal, por actos u omisiones, vinculados con la actividad comercial o profesional respectiva.

B. Hipótesis de responsabilidad en la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia

La Ley de Promoción y Defensa de la Competencia n° 18.159 de 2007 (LDC) califica los actos anticompetitivos y establece un régimen de sanciones aplicables por el órgano de aplicación.

El art. 19 de la LDC extiende la posibilidad de aplicar sanciones a los administradores y directores y representantes de personas jurídicas, que contribuyeron activamente en el desarrollo de la práctica competitiva.

El art. 37 del Decreto reglamentario 404/007 reglamenta el art. 19:

«Además de las sanciones que el Órgano de Aplicación imponga a las personas jurídicas que realicen conductas prohibidas por la Ley que se reglamenta, también podrá imponer multas a los integrantes de sus órganos de administración y representación que hayan contribuido activamente e intencionalmente en el desarrollo de la práctica.

Se entenderá que los integrantes de los órganos de administración y representación han contribuido activamente en el desarrollo de una práctica prohibida por el artículo 2 de la Ley que se reglamenta, toda vez que la misma sea resuelta a través de los órganos de decisión correspondiente y no conste en las actas que el participante se abstuvo o votó en contra de la medida

El Decreto agrega:

«Las conductas desarrolladas por una persona jurídica controlada por otra, serán también imputables a la controlante. De la misma manera, las responsabilidades que pudieren corresponder a los integrantes de los órganos de administración y representación de la sociedad controlada, podrán también ser imputadas a quienes cumplen las mismas funciones en la sociedad controlante

En casos de situaciones de control, las conductas anticompetitivas de una sociedad controlada serán imputables a la controlante y serán además responsables los administradores, directores y representantes de una y otra.

Las sanciones se aplican a quienes participaron en las conductas prohibidas y también a las personas que negaron colaboración e información, según lo dispuesto por el art. 14.

El art. 14 de la Ley dispone:

«Toda persona, física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, queda sujeta al deber de colaboración con el órgano de aplicación y estará obligada a proporcionar a requerimiento de éste, en un plazo de diez días corridos contados desde el siguiente al que le fuere requerida, toda la información que conociere y todo documento que tuviere en su poder. En caso que la información fuera requerida del o de los involucrados en la conducta que se investiga, su omisión en proporcionarla deberá entenderse como una presunción en su contra.

Los deberes establecidos en este artículo en ningún caso significan la obligación de revelar secretos comerciales, planos, “como hacer”, inventos, fórmulas y patentes

Si se requiere información de los involucrados en hechos que se investigan, la omisión en prestarla se considera como presunción en contra.

El art. 17 habilita la aplicación de las siguientes sanciones:

1. apercibimiento,

2. apercibimiento con publicación de la resolución, a costa del infractor, en dos diarios de circulación nacional,

3. multa.

La Ley establece mínimos y máximos para las multas.

Por el art. 20, cuando se trata de una sanción de multa, el testimonio de la resolución firme que la impone, constituirá un título ejecutivo[1].

El art. 17 admite la posibilidad de acumular las sanciones, según las circunstancias del caso.

También se establecen criterio para su aplicación: la entidad del daño cau sa do, el grado de participación del sujeto respon sa ble, su intencionalidad, su condición de reincidente y la actitud asumida en los trámites administrativos.

La norma incluye atenuantes: la denuncia efectuada por uno de los miembros del acuerdo y el aporte que se brinde para obtener prueba contra los restantes infractores.

El inc. 2 del art. 36 del Decreto dispone:

«El Órgano de Aplicación llevará un registro de empresas y personas físicas sancionadas.»

Las sanciones se publican. El art. 18 de la Ley establece:

«Las resoluciones del órgano de aplicación serán publicadas en su página electrónica institucional. Asimismo, éste podrá dar una descripción detallada de los casos analizados

 III. Responsabilidad penal

A. Decreto Ley n° 14.095 de ilícitos económicos

El Decreto Ley n° 14.095, de ilícitos económicos prevé varias figuras delictivas: agio cambiario, negocio ilegal de divisas, fraude en la instrumentación de actos del comercio exterior, usura e insolvencia societaria fraudulenta.

El Decreto Ley n° 14.095 de ilícitos económicos establece, en su art. 12:

«Cuando en los delitos tipificados por esta ley se encuentren implicadas como autores, coautores o cómplices, personas jurídicas, los directores, Síndicos o Administradores de las mismas, serán también considerados en ese carácter, según las circunstancias del caso.»

Decretado el procesamiento del administrador o directores, quedan automáticamente suspendidos en sus funciones. Cuando hay condena, el juez deberá expedirse en la sentencia sobre la inhabilitación para ejercer ese tipo de funciones en personas jurídicas, por un término de seis meses a cinco años.

El inc. 2 establece una exención de responsabilidad para aquellos que dejaron constancia en actas de su voto negativo o que prueben su oposición a los mismos o resulte que no tuvieron conocimiento ni intervención en ellos.

B. Arts. 76 y 77 de la Ley 2230 de 1893

Existían normas que establecían responsabilidades penales específicas para los administradores de sociedades anónimas El art. 76 de la Ley 2230 de 1893 establece una especial responsabilidad penal de los administradores, que era aplicable cuando la sociedad había sido declarada en liquidación judicial. El art. 77 se refiere a los cómplices.

La Ley de Declaración Judicial del Concurso y Reorganización Empresarial n° 18.387 de 2008 derogó el régimen de liquidación judicial previsto en la Ley 2230 pero mantuvo la vigencia de los arts. 76 y 77. El art. 76 fue derogó por la Ley 18.411.

C. La responsabilidad establecida en el art. 43 de la Ley de 1893

El art. 43 de la Ley 2230 prevía responsabilidades civiles y penales para la hipótesis de determinadas conductas, en caso de promoverse un concordato preventivo o preclusivo. Fue derogado expresamente por la LCU.

El art. 43 referido establecía:

«Los representantes o administradores contraen asimismo responsabilidad civil ilimitada además de la criminal que se establecerá:

1° Si para determinar o facilitar la aceptación del concordato han disimulado, de cualquier manera que sea, una parte de su activo;

2° Si han hecho intervenir en las deliberaciones uno o más acreedores supuestos, o cuyos créditos se hayan exagerado;

3° Si han omitido o preterido algunos acreedores en la lista de ellos;

4° Si hubiesen pactado ventajas especiales a favor de uno o más acreedores para obtener o asegurar su adhesión al concordato.»

La responsabilidad civil que se generaba por aplicación de esta norma, se regía por la disciplina general contenida en la LSC.

IV. Responsabilidad tributaria

En Derecho Tributario hay normas que establecen la responsabilidad solidaria de los directores por impuestos y sanciones. Transcribimos a continuación las normas más importantes con unos breves comentarios.

A. Código Tributario

El art. 21 del Código Tributario establece una norma general sobre responsabilidad por las obligaciones tributarias.

“Los representantes legales y voluntarios que no procedan con la debida diligencia en sus funciones, serán solidariamente responsables de las obligaciones tributarias que correspondan a sus representados. Esta responsabilidad se limita al valor de los bienes que administren o dispongan, salvo que hubieren actuado con dolo.»

El art. 104 del Código Tributario establece el régimen para infracciones:

«Las personas jurídicas podrán ser sancionadas por infracciones sin necesidad de establecer la responsabilidad de una persona física.

Sin perjuicio de la responsabilidad pecuniaria de la persona jurídica, sus representantes, directores o gerentes, o administradores o mandatarios serán sancionados por su actuación personal en la infracción

El art. 105 establece:

«Cuando un mandatario, representante, administrador o encargado incurriera en infracción, los representados serán solidariamente responsables por las sanciones pecuniarias.»

El art. 112 dispone:

«Cuando el delito de defraudación tributaria se comete en beneficio de una persona jurídica, las penas se aplicarán a las personas físicas que hubieren participado en los hechos.»

B. Responsabilidad por el pago del impuesto a las rentas de las actividades económicas

1. La Ley n° 18.083 crea y regula el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas en el art. 3.

En esa norma se sustituye el Título 4 del Texto Ordenado 1996.

Dentro de las normas sustitutivas se incluye el art. 95 que establece:

«Los socios de sociedades personales o directores de sociedades contribuyentes, serán solidariamente responsables del pago del impuesto.»

De acuerdo a esta norma y respecto a este impuesto son responsables los socios de sociedades personales y su responsabilidad es solidaria. No se responsabiliza a los accionistas de una sociedad anónima.

También, se responsabiliza a los «directores» de sociedades constituyentes. El término «directores» se utiliza en la Ley societaria para designar a los miembros del directorio, que solo se prevén para las sociedades anónimas; pero que pueden preverse para otros tipos sociales. Expresamente para las sociedades de responsabilidad limitada y las en comandita por acciones, la Ley admite que funcionen con un directorio.

Cuando  no existe un directorio, quien está al frente de los negocios sociales es el «administrador». Si estamos al tenor estricto de la Ley, en una sociedad personal con administrador, solo responderán los socios; si se trata de una sociedad anónima, los responsables serán los directores, pero no los accionistas. Si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada con un administrador, responderán los socios, pero si tiene un directorio, responderán los directores. Si se trata de una socidad en comandita por acciones con un directorio, responderán solo sus miembros.

Entendemos que no tiene lógica esta interpretación estricta y que, seguramente, el legislador, al autorizar el término directores, quiso referirse a administradores.

La Ley no establece la responsabilidad solidaria de socios y directores; el uso de la conjunción «o» hace deducir que, en las sociedades personales, los socios serán responsables solidarios y, si existe directorio, serán responsables solidarios los directores.

2. De acuerdo con este texto, son responsables los socios de sociedades personales. La calificación de sociedades personales es meramente doctrinaria.

Se consideran sociedades personales, aquellas en que interesa la persona del socio, como la colectiva, la de capital e industria y la de comandita simple. La sociedad anónima se califica como sociedad de capital porque, en general, no interesa la persona del socio; aunque adquiere relevancia cuando se emiten acciones nominativas o cuando las acciones son escriturales. En las sociedades de responsabilidad limitada, la persona del socio interesa  pero no con tanta intensidad como en la sociedad colectiva. En las sociedades en comandita por acciones, la sociedad es mixta, personal respecto al comanditado y de capital respecto al accionista.

Por lo antes expuesto, señalamos que la norma no es clara en cuanto a su alcance.

Podemos entender que serán responsables los socios de las sociedades colectivas, los socios de las sociedades de responsabilidad limitada, los socios de las sociedades de capital e industria y los socios comanditados y los comanditarios de la sociedad en comandita simple y los comanditados de una sociedad en comandita por acciones. No serán responsables los accionistas de las sociedades anónimas y podría entenderse que tampoco lo serán los comanditarios de la comandita por acciones.

3. De acuerdo con el texto transcripto, serán rsponsables los directores de sociedades contribuyentes, sin distinguir entre sociedades personales y de capital.

No se menciona a los administradores.

La LSC ha previsto Directorio para la sociedad anónima, aunque para este tipo puede el estatuto prever el administrador único. En las sociedades de responsabilidad limitada puede haber administrador único o directores. Ídem en las sociedades en comandita por acciones.

Con una interpretación estricta, solo habrá responsabilidad de directores, esto es, de quienes integran un directorio y no será responsabe el administrador, pero suponemos que la norma quiso referirse a los administradores y a los integrantes de directorios, en todos los tipos sociales.

 

 


[1] Rodríguez Olivera, Responsabilidad civil de administradores de sociedades anónimas, p. 69.

[2] Rodríguez Olivera, íd. ibíd.

[3] Contra Caffera, y Mantero Mauri, Protección extracontractual del crédito, p. 161 (Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 2009). Según estos autores, no habría ninguna razón para excluir al administrador del régimen general de responsabilidad. Reconocen que se trata de un tercero respecto a las relaciones obligaciones de la sociedad con sus acreedores. No obstante, consideran que, a falta de norma que excluya su responsabilidad en tal plano, el administrador respondería como cualquier tercero

[4] Olivera García, ADC, t. 2, p. 20  

[1] El art. 38 del Decreto establece que el producido del cobro de multas se destinará a Rentas Generales.

[2] La Ley 18.184 establece:

«A) "Admisión temporaria" es la introducción a plaza, exenta de tributos, de mercaderías extranjeras procedentes del exterior del territorio aduanero nacional con un fin determinado, ajeno al consumo, para ser reexpedidas, dentro del plazo que fije la reglamentación, sea en el estado en que fueron introducidas o después de haber sido objeto de una transformación, elaboración, reparación o agregación de valor determinadas, con efectiva ocupación de mano de obra.

B) "Toma de stock" es la posibilidad de reponer bienes importados en régimen general por la importación de similares, libres de tributos y gravámenes, cuando los mismos se hayan utilizado como insumo para elaboración, transformación, reparación o agregación de valor en el país, de productos exportados.

C) "Régimen devolutivo" (o "draw back"), es la posibilidad de reclamar la restitución de tributos y gravámenes abonados por la importación, en régimen general, de todos aquellos bienes –que por definición puedan importarse en admisión temporaria- que se utilizaron en el país, en la elaboración, transformación, reparación o agregación de valor, de productos destinados a la exportación.»

 

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