Liquidación Administrativa de Entidades de Intermediación Financiera

Por Nuri E. Rodríguez Olivera y Carlos E. López Rodríguez

Bancos, cooperativas de intermediación financiera, bancos cooperativos, cooperativas de ahorro y crédito, sociedades administradoras de fondos de ahorro previsional y las colaterales de todos estos, se encuentran sometidos a una normativa especial en cuanto a su liquidación.

La Ley n° 18.401 de 2008 – modificatoria de la carta orgánica del Banco Central del Uruguay - creó la Corporación de Protección del Ahorro Bancario (COPAB) como persona jurídica de Derecho público no estatal (art. 14). Entre sus cometidos se estableció el de ser liquidador en sede administrativa de las empresas integrantes del sistema financiero y de sus respectivas colaterales (art. 15). Por ello, por el art. 16, lit. J se le confieren todas las atribuciones que le fueron asignadas al Banco Central del Uruguay por la Ley 17.613, arts. 14 a 21 inclusive.

La COPAB está dotada de amplios poderes, incluso de naturaleza jurisdiccional. En realidad, se dan a la COPAB, más facultades que las otorgadas a los jueces de concurso. En efecto, se autoriza a la COPAB para que administre y disponga de bienes, acciones, derechos y obligaciones para, luego, aplicar los resultados al pago de las deudas.

En la Ley de Declaración Judicial del Concurso y Reorganización Empresarial n° 18.387 de 2008, existe el juez, por una parte, y los síndicos provisorios y definitivos, por otra. En el sistema creado por la legislación que regula la liquidación de las entidades de intermediación financiera, la COPAB oficia de juez y de síndico provisorio y definitivo a la vez, cumpliendo, también, con las funciones de la junta de acreedores.

I. Supuestos en que procede la liquidación administrativa

A. Verificación de una causal de disolución

La COPAB resolverá la disolución y será liquidador. La disolución procede cuando se produzca cualquier causal de disolución de una sociedad, como el vencimiento del plazo, la decisión de los accionistas o  pérdidas que reduzcan el patrimonio a una cifra inferior a la cuarta parte del capital integrado, tal como establece el art. 159 de la Ley de Sociedades Comerciales n° 16.060 de 1989 (LSC). 

También, intervendrá cuando se trate de una liquidación concursal por cesación de pagos. Del contexto de la Ley y, en especial, del inc. 2 del art. 14 de la Ley 17.613, se desprende que la norma se aplica especialmente en las situaciones en que por Ley deba procederse a un proceso concursal.

B. Cesación de pagos

Tratándose de hipótesis de cesación de pagos y aplicando las normas generales, podría el directorio o representante legal de la entidad de intermediación financiera denunciar su situación de cesación de pagos ante la COPAB o podría un acreedor solicitar la liquidación judicial, exhibiendo un título que apareje ejecución. También, podrían denunciar la situación de cesación de pagos, el o los interventores que desplazaron al directorio y hubieren sido designados por  la COPAB. En cualquiera de los casos, será la COPAB quien determinará si corresponde o no decretar la liquidación.

La Ley no autoriza expresamente a la COPAB a disponer la liquidación, de oficio. Se podría entender que en razón de la vigilancia permanente a que están sometidas las entidades de intermediación financiera, se podría detectar de inmediato sus dificultades económicas y financieras y la consecuente necesidad de proceder a su liquidación. Sin embargo, el art. 14 de la Ley 17.613 dispone expresamente que se declarará la liquidación, “en los casos en que proceda conforme a la Ley” y la Ley limita la liquidación de oficio a situaciones taxativamente determinadas. No obstante, podrá la COPAB decretar de oficio la liquidación si un convenio es rechazado o incumplido.

II. Formas de liquidación

La Ley habilita distintas posibilidades: 

A. Liquidación de los activos de la entidad y pago a sus acreedores

Según se acaba de expresar en primer lugar, la COPAB procede a la liquidación de los activos de la entidad y pago a sus acreedores[8]. A esos efectos, la COPAB podrá realizar actos de administración y dispositivos de todo tipo. La COPAB tendría que disponer la ocupación de los bienes, la orden de detención de la correspondencia, la prohibición de hacer pagos y la intimación a terceros para que pongan bienes del banco en liquidación a su disposición y, luego, publicar su resolución.

A los efectos de facilitar su gestión de liquidador y poder actuar con total libertad, sin restricciones, se le autoriza, además, a que levante embargos e interdicciones, trabados contra la entidad disuelta y en liquidación (art. 15) . La norma nos resulta extraña; entendemos que la COPAB podrá solicitar al juez competente el levantamiento de embargos e interdicciones y que no podría decretarlo prescindiendo de la actuación judicial, pero los términos legales son tan imprecisos que dan para sostener cualquier postura.

Por Decreto 236/003 se dispuso que el Banco Central del Uruguay puede dejar sin efecto “por sí mismo embargos o interdicciones decretados o inscriptos por orden judicial y lo comunicará a la Dirección General de Registros”. El art. 2 agrega: Al solicitar la inscripción, el Banco Central del Uruguay deberá acreditar mediante copia sellada, haber dirigido al Juzgado competente, con identificación de las partes y ficha del respectivo expediente, escrito por el cual habrá comunicado que dispuso dejar sin efecto el embargo y que se propone inscribir su levantamiento”.

Entre otras facultades, se autoriza a la COPAB a la conversión de las obligaciones en moneda nacional o extranjera o en unidades reajustables. Es decir que, frente a una masa de acreedores con créditos en distintas monedas, se le permite adoptar un solo tipo de moneda y convertir todos los créditos a ella o convertir todos los créditos a unidades reajustables. Todo queda sometido a la prudencia de la COPAB, que ha de fijar la forma y la fecha de la conversión.

B. Creación de fondos de recuperación

En segundo lugar, resuelta la liquidación de una entidad de intermediación financiera, la COPAB puede disponer la creación de fondos de recuperación, que se regirán por las leyes 16.774 y 17.202.

Los fondos se constituyen con activos y pasivos de la entidad financiera (art. 16, inc. 1, Ley 17.613)[10].

Con la constitución de los fondos se crea un patrimonio de afectación constituido por determinados bienes y créditos que tiene esa entidad contra terceros, y por determinadas deudas que tiene esa entidad. Se debe entender que el administrador del fondo hará gestiones para el cobro de los créditos contra terceros y con lo obtenido pagará las deudas trasmitidas[11].

La COPAB determinará qué créditos se derivarán al fondo. A partir de entonces, los acreedores de la entidad de intermediación financiera pasarán a serlo del patrimonio de afectación. Se produce una cesión de créditos, sin cumplir con la regulación de Derecho común que la disciplina, porque así lo habilita la nueva normativa.

El fondo no responde por otras deudas que pudiera tener la entidad de intermediación financiera[12]. De este modo, la Ley autoriza que se efectúe un tratamiento desigualitario de los acreedores y quien determinará los criterios discriminatorios será el Banco Central del Uruguay.

La COPAB tendrá en cuenta los privilegios de ciertos créditos legalmente establecidos y la igualdad entre los acreedores de la misma categoría. No se entiende lesiva de la igualdad, la determinación de categorías de acreedores para incluirlos o no en fondos de recuperación o en universalidades transferidas a terceros, en tanto exista una razonable equivalencia entre activos y pasivos transferidos.

Dentro de esta posibilidad en análisis, la Ley establece varias opciones: la COPAB administra los fondos; la COPAB encomienda la administración del fondo a otro banco o a una sociedad administradora de fondos de inversión, regulada por el art. 5 de la Ley 16.774; o la COPAB encomienda la administración de los activos del fondo a otro banco o a una sociedad administradora de fondos de inversión.

C. Venta de cuotas parte del patrimonio de las sociedades en liquidación o de un fondo de recuperación

En tercer lugar, la COPAB puede realizar la venta, como universalidades, de cuotas parte del patrimonio de las sociedades en liquidación (art. 18). En la venta se determinan los activos y pasivos que integran la cuota parte enajenada.

La venta deberá efectuarse por procedimientos competitivos que determine la COPAB. 

Por último, la Ley admite, también, la venta de cuotapartes de un fondo de recuperación. Se deberá desglosar los activos y pasivos que se transferirán al comprador. La Ley exige que se mantenga una proporción entre aportes y activos del fondo existente al momento de la constitución del fondo. Ello se puede lograr ingresando al fondo el precio de la venta o mediante otra compensación.

El art. 18, en su inciso final, establece que no se aplica a los efectos de la enajenación de cuotas partes de fondos de recuperación, el inciso primero del art. 12 de la Ley 16.774[15]. En consecuencia, la sociedad administradora de un fondo de recuperación  podrá adquirir para sí cuotas partes del fondo que administra.

 

 


[8] En las distintas disposiciones de la Ley se hacen referencias a acreedores de las entidades de intermediación financiera y no específicamente a los ahorristas. Sólo encontramos referencias al ahorro y ahorristas, en las normas que establecen principios generales (art. 14, inc. 2 y ART. 22) y en el art. 27 que establece la posibilidad de adoptar soluciones más favorables para ciertos depositantes.

[10] El BCU puede crear uno o más fondos con activos y pasivos de la entidad que el BCU determine (art. 16, inc. 1).

[11] El art. 16, inc- 3, establece que el BCU publicará la constitución del fondo de recuperación en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación nacional. Lo importante de la norma es que se establece que los derechos y obligaciones y sus garantías, se entenderán transferidos al fondo de pleno derecho, en la fecha de la última publicación.

La trasmisión de pleno derecho de activos y pasivos  se producirá, entonces,  con la publicación de la resolución. Se trata de un peculiar modo de trasmisión: por una publicación. Una publicación en diarios opera como un modo de adquirir. Más aun, con la sola publicación se trasmiten también  las garantías.

El fondo debe tener una denominación que permita vincular su formación con la entidad de intermediación en disolución y liquidación, de la cual fueron disgregados ciertos activos y pasivos.

[12] En los reglamentos dictados por el Banco Central del Uruguay para los fondos creados con determinados bancos, se establece que el fondo no constituye una sociedad y carece de personería. Luego, en el artículo 9, se establece que el fondo podrá contraer obligaciones cuando ello sea conveniente para su funcionamiento. Se trata de una incongruencia. Si no es una persona jurídica, no puede contraer obligaciones.

[13] Artículo 24: 

El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección”.

Artículo 25:

Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación”.

[14] Artículo 11:

(Responsabilidades). La sociedad administradora, sus representantes, directores, gerentes, administradores, síndicos y fiscales serán solidariamente responsables por los perjuicios que pudieran ocasionarse a los cuotapartistas por incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes y del reglamento del Fondo.

Para el ejercicio de los cargos mencionados anteriormente así como para revestir la calidad de accionista, regirán las inhabilitaciones previstas en el Artículo 23 del Decreto-Ley 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el Artículo 2º de la Ley 16.327, de 11 de noviembre de 1992”.

[15] Artículo 18, inciso final:

“A los efectos del inciso anterior, no regirá para la sociedad administradora del fondo de recuperación de patrimonios bancarios o de activos incluidos en él, la prohibición del inciso primero del artículo 12 de la Ley Nº 16.774, de 27 de setiembre de 1996”.