Responsabilidad del adquirente y tutela de los acreedores

Por Nuri E. Rodríguez Olivera y Carlos E. López Rodríguez

Las deudas contraídas en ejercicio de la actividad comercial no constituyen un elemento de la casa de comercio, que se trasmitan con ésta. La casa de comercio sólo se integra con elementos activos.

Las deudas son personales al que las contrajo y gravan todo su patrimonio, inclusive la casa de comercio. La casa de comercio, por otra parte, es un bien que integra el patrimonio único de su dueño y con él responde frente a todos los acreedores por igual. Los titulares de créditos nacidos fuera de la explotación de la casa de comercio pueden pretender legítimamente su cobro, embargando a ésta o a sus elementos.

Cuando se enajena un establecimiento comercial se produce una disminución patrimonial que afecta las posibilidades de satisfacción de los créditos; situación que se agrava si ese establecimiento fuera el único bien o el de mayor valor económico de su enajenante. En tutela de los acreedores se dictó la Ley sobre Enajenación de Establecimientos Comerciales n° 2904 de 1904 (LEE). Antes de su sanción, el acreedor perjudicado sólo tenía la posibilidad de promover una acción pauliana para provocar la anulación del acto dispositivo que hubiera sido concertado en fraude de sus derechos, regulada en el art. 229 Código de Comercio.

La LEE y el Decreto Ley sobre Promesa de Enajenación de Establecimientos Comerciales n° 14.433 de 1975 (LPE), son las más importantes, dictadas en nuestro país, en materia de enajenación de establecimientos comerciales. Persiguen distintos fines. La LEE tiende exclusivamente a la tutela de los acreedores y la LPE busca proteger a los promitentes adquirentes. Por sus distintos fines, los regímenes legales creados resultan, en algunos aspectos, contradictorios y obligan a un esfuerzo interpretativo para su conciliación.

I. Ámbito de aplicación de la LEE

La LEE se aplica a las trasmisiones a título singular de establecimientos comerciales. La enajenación a título universal, concretamente las sucesiones, se rigen por los principios generales.

Por la sucesión se trasmite a los herederos el patrimonio íntegro de su causante con bienes y deudas. Los acreedores del comerciante fallecido no ven mayormente afectada su situación. Tienen frente a sí la responsabilidad de los herederos que han recibido los valores activos del causante. Aun cuando los herederos acepten la herencia bajo beneficio de inventario, igualmente los acreedores tienen la garantía de los bienes del causante que quedan afectados a su pago.

En la hipótesis de que un heredero o alguno de ellos tuvieran un patrimonio desequilibrado, el acreedor del causante puede correr riesgos porque, a consecuencia de la confusión patrimonial causada por la sucesión sobre los bienes heredados, también, pueden pretender derechos los acreedores particulares de los herederos. Para tales casos, el Código Civil (CC) confiere la posibilidad de solicitar la separación de patrimonios (art. 1181 y ss. CC).

Existen en el Derecho sucesorio, otras normas de tutela para los acreedores. Las deudas hereditarias se dividen entre todos los herederos que responden por sus respectivas cuotas (arts. 1168 y 1169 CC). No obstante, la Ley impone que en la partición de los bienes hereditarios se debe señalar un lote suficiente para cubrir las deudas conocidas (arts. 967 y 977); si no se hace, los herederos se convierten en responsables solidarios de su pago. Más aun, los acreedores hereditarios pueden oponerse a que se proceda a la partición mientras no se les pague o afiance lo que se les debe (art. 1.149 CC).

II. Régimen de la LEE

La publicación tiene por objeto hacer conocer la enajenación que se proyecta realizar y permite descartar cualquier sospecha de fraude en perjuicio de los acreedores. De este modo, la enajenación efectuada después de una publicación, no podrá ser objeto de una acción pauliana.

Efectuado el emplazamiento, el adquirente se hace responsable solidario por los créditos que se presenten en el término del emplazamiento y por los que resulten de los libros del enajenante. El acreedor que no concurre pierde la garantía de la responsabilidad solidaria del adquirente, a menos que su crédito figure en los libros del enajenante.

Si no se efectúa el emplazamiento, la enajenación es, de todos modos, válida. El incumplimiento de la LEE no apareja sino un agravamiento de las responsabilidades impuestas al adquirente. En efecto, la Ley determina, para el caso de omisión de este emplazamiento, que el adquirente debe responder solidariamente de todos los créditos, civiles y comerciales, aun de los futuros, que contraiga el enajenante.

III. Acreedores

La LEE impone al adquirente una responsabilidad solidaria a la responsabilidad del enajenante por los créditos de éste que figuren en los libros o que se denuncien en los términos del emplazamiento.

Con la enajenación del establecimiento no se trasmiten las deudas del enajenante. No se produce una asunción de deudas por el adquirente, puesto que el enajenante sigue siendo deudor de las mismas. La LEE crea una responsabilidad adicional del adquirente, que se suma a la preexistente a cargo del enajenante.

La norma legal tiene por fin evitar las maniobras del deudor de una casa de comercio que la vende para frustrar las expectativas de cobro de sus acreedores, con un régimen excepcional que no se da para el caso de enajenación de los demás bienes de su patrimonio. Cuando se enajena cualquier otro bien, los acreedores del enajenante no pueden reclamar nada contra el adquirente; sólo tienen el recurso de la acción pauliana si se dan los supuestos de ésta. Si se trata de una enajenación fraudulenta, que cuenta con la complicidad del adquirente, pueden solicitar la anulación de la enajenación para retrotraer el bien al patrimonio del deudor. En cambio, tratándose de la enajenación de la casa de comercio, los acreedores tienen doble tutela: pueden promover una acción pauliana, si se dan sus supuestos, pero también pueden accionar para la satisfacción de sus créditos contra el enajenante y contra el adquirente, solidariamente responsables por imposición de la Ley especial.

A. Acreedores alcanzados por el emplazamiento

Los acreedores emplazados son todos los acreedores del enajenante, ya que la LEE no distingue. La LEE tutela a todos los acreedores, por cuanto la casa de comercio no es un patrimonio de afectación, según ya vimos en un párrafo anterior.

También, deben presentarse los acreedores a plazo aunque la enajenación de la casa de comercio no hace caducar los plazos de los créditos concedidos al enajenante.

B. Consecuencias del emplazamiento

El art. 1 de la LEE establece que se llama a los acreedores para que concurran a percibir el importe de sus créditos, pero la doctrina nacional ha interpretado que los acreedores deben concurrir no a cobrar sino a hacer conocer sus créditos. Se argumenta con el contenido del art. 2 de la misma LEE que establece la responsabilidad solidaria del adquirente por las deudas “... que se hayan presentado durante el término ...”. Si al presentarse fueran pagados, no habría razón para establecer la responsabilidad del adquirente.

Si la publicidad se realiza, el adquirente será solidariamente responsable con el enajenante por los créditos que se denuncien y por los que resulten de los libros de comercio. La publicidad supone, entonces, una doble ventaja para el adquirente: limita su responsabilidad y le permite conocer la extensión de la responsabilidad contraída. Por ello constituye un requisito ineludible para el adquirente cuidadoso de sus intereses.  

1. Situación de los acreedores que se presentan y de los que figuren en libros

El adquirente será responsable solidario de las deudas que consten en los libros y de las que se denuncien en el término del emplazamiento. Los acreedores, por tales deudas, podrán promover acción contra él. Tienen acción directa contra el adquirente en virtud de la responsabilidad solidaria impuesta por la Ley de 1904.

La responsabilidad del adquirente recién nace con la enajenación. Después de suscrito el contrato de enajenación, los acreedores tienen acción contra el enajenante y el adquirente y pueden embargar el establecimiento que, en ese momento, forma parte del patrimonio de este último.

El promitente adquirente, con promesa inscripta, adquiere un derecho real menor sobre el establecimiento comercial que le permite escriturar no obstante los embargos posteriores. Celebrada la enajenación definitiva, el adquirente adquiere un derecho real pleno sobre el establecimiento; pero simultáneamente contrae una responsabilidad solidaria frente a los acreedores del enajenante cuyos créditos resulten de sus libros o se hubieran denunciado en los términos del emplazamiento efectuado según la Ley 2.904.

El acreedor del promitente enajenante que quiera una efectiva tutela de sus derechos deberá presentarse al llamado que se efectúa por las publicaciones de la Ley 2.904. No le sirve embargar el establecimiento, si ya se inscribió una promesa de enajenación.

2. Situación de los acreedores cuando no se efectúan las publicaciones

En la hipótesis en que no se efectúan las publicaciones, el adquirente será responsable de todas las deudas del enajenante aún de las futuras. La responsabilidad del adquirente nace con la adquisición definitiva de la casa de comercio. Los acreedores del enajenante podrán promover acción contra el adquirente y embargarle la casa de comercio en virtud de la responsabilidad establecida por la Ley.

3. Situación de los acreedores posteriores a la publicación

A partir de la publicación de los emplazamientos dispuestos por la Ley 2.904, los terceros conocen que el establecimiento ha de salir del patrimonio del enajenante y quedan advertidos de que no puede ser tenido en cuenta para el otorgamiento de créditos futuros.

Si, no obstante la publicación, le confieren crédito al enajenante, luego sólo tendrá acción para hacerlo efectivo contra el resto de los bienes que quedan en su patrimonio, si es que le quedan.

En tanto no se efectúen las publicaciones, las deudas de cualquier naturaleza que siga contrayendo el enajenante, en actividades de cualquier índole y aun en su vida privada, comprometen al adquirente con una responsabilidad solidaria. La Ley tutela a los acreedores del enajenante pues presume que la enajenación se ha mantenido oculta en su perjuicio.

El adquirente que paga los créditos del enajenante en esta segunda hipótesis, puede repetir lo pagado ya que lo hace por la responsabilidad con que la Ley lo ha gravado pero se trata de una deuda ajena.

4. Sanción al acreedor omiso

El acreedor que no se presenta en el término del emplazamiento conserva sus derechos contra el enajenante, pero no tiene acción alguna contra el adquirente, salvo la posibilidad de ejercer una acción pauliana[1].

IV. Responsabilidad del adquirente en caso de enajenación del establecimiento en la liquidación concursal

El art. 177 de la Ley 18.387/2008, de 23 de octubre, de Declaración Judicial del Concurso y Reorganización Empresarial (LC) es una norma esencial a los efectos de viabilizar la enajenación de establecimientos concursales en el marco de los actos de liquidación propios de un proceso concursal. Dispone lo siguiente:

¨No será de aplicación al adquirente de los activos del deudor, del establecimiento o de la explotación del deudor, enajenado en el proceso de liquidación de la masa activa, la responsabilidad que la ley pone a cargo de los sucesores o adquirentes por obligaciones comerciales, laborales, municipales, tributarias o de cualquier otra naturaleza¨.

Al establecer que el adquirente no será responsable por las obligaciones del enajenante, esta norma declara inaplicable el régimen de responsabilidad, establecido en la LEE, aplicable a toda enajenación de establecimiento comercial.

Por lo tanto, cuando el establecimiento comercial es objeto de enajenación gracias a la liquidación de la masa activa en un proceso concursal, no es necesario realizar las publicaciones previstas en el art. 1 de la LEE, ni el adquirente se convierte en responsable, por su omisión, respecto de todas las deudas contraídas por el concursado antes de la enajenación, ni de las que contraiga mientras no se hagan las publicaciones.

 



[1] En el régimen de la Ley francesa de 1909 se imponen publicaciones con emplazamientos a los acreedores. Estos tienen un derecho de oposición que tiene como efecto impedir que el vendedor cobre el precio y un derecho de puja si estiman que el fondo ha sido vendido a un precio demasiado bajo que no es suficiente para desinteresarlos. Si no se efectúan las publicaciones, la enajenación  no puede oponerse a los acreedores del vendedor.
En la Ley argentina se impone también una publicación previa pero con distintos efectos.
Los acreedores pueden reclamar la retención del precio de venta que no puede ser inferior al pasivo de la casa de comercio y la venta no se puede celebrar si no se efectúa el depósito de las sumas adeudadas a los acreedores que formulen oposición. La oposición del acreedor en, la Ley argentina, impide el pago del precio al vendedor. No se trata de una oposición a la venta proyectada sino que se inmoviliza el precio.
Sobre el precio depositado los acreedores pueden pedir embargo, dentro de un plazo que fije la Ley (veinte días). El término fijado para formular oposición no impide que el acreedor ejerza las acciones que tenga contra el deudor y obtenga un embargo de sus bienes o sobre la casa de comercio inclusive, que no salió aún de su patrimonio.
En la Ley argentina, los acreedores que pueden oponerse son aquellos con créditos que proceden de mercancías u otros efectos suministrados al negocio o de los gastos generales del mismo (art. 8). Los acreedores particulares del comerciante, quedan excluidos, lo cual significa una quiebra del sistema general del derecho que no admite la divisibilidad del patrimonio. La sanción por el incumplimiento de la publicidad es la responsabilidad solidaria del comprador, vendedor y escribano por los créditos impagos de la casa de comercio y hasta el monto del precio de lo vendido. Igual responsabilidad se tiene si se vende por un precio inferior al pasivo de la casa de comercio. Como se puede apreciar, no se trata de una responsabilidad ilimitada en el tiempo y en el monto como la establecida en la Ley uruguaya.