Efectos de la enajenación sobre las relaciones laborales

Por Nuri E. Rodríguez Olivera

En párrafo precedente señalamos que las relaciones laborales no integran la casa de comercio y, por lo tanto, no se trasmiten con ésta. De acuerdo al procedimiento seguido en la práctica, reconocido por la Ley, el promitente adquirente toma posesión de la casa de comercio y, a partir de ese momento, debe decidir sobre el destino a dar a las relaciones laborales.

El adquirente de una casa de comercio puede no tener interés en mantener en la explotación de su establecimiento a los trabajadores vinculados al enajenante. En este caso, los trabajadores quedan cesantes. Si al adquirente le interesa su permanencia puede convenir con el enajenante en que éste le ceda las relaciones laborales, requiriendo el consentimiento de los trabajadores laborales o puede celebrar nuevos contratos directamente con ellos.

Si se cede el contrato, la relación laboral se mantiene en todo sus términos, cambiando sólo la persona del patrón. El trabajador conserva todos los derechos adquiridos, especialmente aquellos que resultan de su antigüedad.

Si se celebra un nuevo contrato, el trabajador tendrá los derechos y obligaciones que se establezcan en éste y perderá los derechos legales adquiridos en razón de su antigüedad con su anterior empleador, con las salvedades que analizaremos a continuación.

I. Normas legales

Los contratos o cesiones de contratos que se celebran para asegurar la continuidad de los trabajadores podrán conectarse con la enajenación, pero constituirán negocios independientes. Las leyes laborales en nuestro país han previsto la continuidad de la relación laboral, aunque no para imponerla como una consecuencia necesaria de la transmisión del establecimiento.

Las normas laborales que hacen referencia a la enajenación, en nuestro derecho, son escasas. Se refieren a la indemnización por despido y a la licencia. No hay normas especiales para el salario o para otros derechos del trabajador.

A. Ley 10.570

El art. 2 de la Ley 10.570 plantea la hipótesis en que el personal queda cesante a raíz de la enajenación del establecimiento. En el art. 2 de la Ley 10.570 se establece textualmente: 

Los beneficios de la indemnización por despido en los casos de enajenación, fusión, transferencia de establecimiento, sus secciones o dependencias ..., serán atendidas por el establecimiento que contrató los servicios ya prestados por el personal cesante.

La Ley se plantea la hipótesis en que, a raíz de la enajenación del establecimiento comercial, el o los trabajadores queden cesantes. Corresponde, entonces, el pago de una indemnización por despido que, de acuerdo al texto de la Ley, debe ser pagada por el “establecimiento que los contrató”. El legislador se expresa mal, ya que el establecimiento no es un sujeto de derecho que celebre contratos; sin duda se quiso referir a la persona propietaria del establecimiento que contrató sus servicios.

El art. 3 dispone que el adquirente es responsable subsidiario de los importes que por tal concepto el enajenante adeudare. Establece textualmente: 

Desde la sanción de la presente ley y en los casos referidos en el artículo anterior, los sucesores, si los hubiere, responderán subsidiariamente de las indemnizaciones impagas.

En la práctica, el cese se produce cuando se promete enajenar y se entrega el establecimiento comercial al promitente adquirente. A contrario sensu de lo dispuesto por esta Ley, si el enajenante cede las relaciones laborales, no hay despido y no se generan indemnizaciones a favor de los trabajadores. Si el despido se produce un tiempo después, el único responsable de la indemnización será el adquirente. A los efectos del cálculo de la indemnización deberá tomarse en cuenta el total de tiempo trabajado en el establecimiento, incluyendo el período en que lo hizo bajo la dependencia del enajenante, puesto que el adquirente es un cesionario que debe respetar los términos y condiciones de la relación laboral cedida.

Si el adquirente celebra contratos nuevos con los trabajadores, desvinculados de las relaciones anteriores, puede entenderse que se ha producido un cese de la relación laboral anterior que genera derecho a indemnización a cargo del enajenante, con la responsabilidad subsidiaria del adquirente.

Los contratos con el nuevo dueño de la casa de comercio, se autonomizan de las relaciones preexistentes. Los trabajadores, con este segundo mecanismo, perderían los derechos que la antigüedad con el anterior patrón le conferían. El legislador ha acudido a la tutela de los trabajadores estableciendo ciertos derechos a favor de los trabajadores, que continúan en la misma empresa, no obstante el cambio en su titularidad, como el de que se tenga en cuenta su antigüedad, para la determinación de los días de licencia que les corresponden y para el cálculo de la indemnización  por despido, cuando éste se produzca.

B. Ley 12.590

En la Ley 12.590, sobre licencia, se establece que para el cálculo de los días de licencia que corresponde a cada trabajador, se tendrá en cuenta su antigüedad en la "empresa", aunque ésta haya cambiado una o más veces de propietario (art. 2). La Ley da una solución única para todas las hipótesis en que los trabajadores continúan trabajando en el establecimiento. Se aplica aun cuando el adquirente haya celebrado un nuevo contrato con los trabajadores.

En el art. 13 de la Ley 12.590 se establece que, en caso de enajenación de un establecimiento, el adquirente y el enajenante serán solidariamente responsables del pago de los jornales de licencia adeudados[1].

Reiteramos que no hay normas especiales para proteger al trabajador a quien el enajenante debe salarios u otras prestaciones.

Las normas citadas han merecido interpretaciones contradictorias de la doctrina laboralista nacional[2]. Sería conveniente que los derechos de los trabajadores, en cada una de las hipótesis planteadas, fueran claramente establecidos.

II. Comparación con la Ley sobre Enajenación de Establecimientos Comerciales n° 2904 de 1904 (LEE)

En la LEE se establece que si se hace la publicidad allí establecida, los acreedores deben presentarse en el lugar indicado en el emplazamiento y dentro de los términos legales a los efectos de adquirir derechos contra el adquirente. Si no se hace la publicidad, el adquirente es solidariamente responsable de las deudas del enajenante sin que los acreedores deban desplegar actividad alguna.

El acreedor, por los créditos laborales, por despido o licencias, no está sujeto al régimen general de los acreedores creado por la LEE. No debe presentarse a los emplazamientos que se efectúen, en su aplicación. La responsabilidad del adquirente hacia estos créditos nace por el solo precepto legal, cuando se produce la enajenación, sin que sea menester una especial actividad del acreedor.

La responsabilidad creada por la LEE, a cargo del adquirente, es solidaria. En cambio, en las leyes laborales, la responsabilidad del adquirente es subsidiaria, respecto a los créditos por indemnizaciones por despido y solidaria respecto a los correspondientes por licencias.

El régimen creado para los créditos laborales tiene el inconveniente de que no organiza simultáneamente un procedimiento mediante el cual el adquirente pueda tener conocimiento del pasivo total de naturaleza laboral que podrá afectarle.

El trabajador a quien se le adeude salarios, a falta de una norma especial, si quiere tutelar su crédito frente a la enajenación, debe ajustarse a lo dispuesto por la LEE.

III.. Conciliación de las normas laborales con el Decreto Ley sobre Promesa de Enajenación de Establecimientos Comerciales n° 14.433 de 1975 (DLPE)

El DLPE, en cuanto confiere al promitente adquirente un derecho real respecto a embargos posteriores, es incongruente con las leyes laborales citadas, del mismo modo que lo es con relación a la LEE. La razón de la incongruencia radica en los distintos fines perseguidos en las diferentes leyes. Las leyes laborales tienden a la tutela de los trabajadores; el DLPE protege a los promitentes adquirentes.

En un esfuerzo para lograr una interpretación armónica de estas normas, podríamos admitir que el régimen sería el siguiente. En tanto no se produce la enajenación, no nace la responsabilidad subsidiaria o solidaria establecida en las leyes laborales. Si la casa de comercio fue prometida enajenar, el único responsable sigue siendo el promitente enajenante, pero por aplicación del DLPE los acreedores por estos créditos laborales no pueden embargar la casa de comercio, con eficacia respecto al promitente adquirente que tiene un derecho real sobre ella. El acreedor con un crédito laboral de indemnización por despido o por licencias, está en mejor situación cuando se celebra el contrato definitivo que cuando sólo hay una promesa de enajenación.

IV. Trabajadores que continúan en el establecimiento después de la promesa de enajenación

El promitente adquirente que toma posesión del comercio y continúa la explotación, puede celebrar contratos de cesión de las distintas relaciones laborales contraídas por el promitente enajenante, sin esperar a la celebración del contrato definitivo de enajenación. En tal caso, cuando llegue el momento de conceder licencia, el promitente adquirente computará la antigüedad de la relación laboral cedida y concederá los días de licencia que por derecho le corresponda a cada trabajador. No habrá despido que genere indemnizaciones a cargo de ninguna de las partes.

Si en lugar de efectuar cesiones, el promitente adquirente celebrase nuevos contratos de trabajo, ello implicaría el cese de las relaciones laborales anteriores. Nacerá entonces, la obligación de indemnización por despido y de pagar jornales de licencia a cargo del promitente enajenante, por cuyos importes será responsable también el promitente adquirente. Como en la hipótesis anterior, los trabajadores no podrán trabar embargo sobre el establecimiento hasta tanto no se produzca el contrato definitivo de enajenación. El trabajador – acreedor de indemnización por despido o de licencias - está en mejor situación después del contrato definitivo que antes, con la solución conciliatoria propuesta en el apartado anterior.

 



[1] Esta norma utiliza el término "empresa", que es algo diferente al establecimiento. El establecimiento, según ya expresamos, es un bien complejo destinado a la realización de una actividad comercial o industrial. La empresa, en uno de los sentidos más corrientes, es la organización de bienes y del trabajo ajeno para una actividad productiva.

La empresa no ha sido regulada por nuestro Derecho, que no disciplina su transferencia ni prevé la admisibilidad de tal transferencia. Lo que es susceptible  de dominio y, por lo tanto, de enajenación es el establecimiento. Por esto resulta impropia la referencia de la Ley de 1958 a los cambios de propietarios de la empresa y debe entenderse que el legislador quiso aludir a la enajenación de establecimientos comerciales.

[2] Sobre el alcance de las normas de despido puede leerse: De Ferrari, "La venta de un establecimiento y el despido", Revista de Derecho Laboral, t. IV, p. 135 y ss.; Plá Rodríguez, "Contrato de trabajo y transferencia de empresa", Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, año XLVI, pp. 222; Barbagelata, Manual del Derecho del Trabajo, t. I, p. 293-295.