Régimen para la constitución de cooperativas

Por Nuri E. Rodríguez Olivera

I. Celebración del contrato

La cooperativa es un contrato con características especiales. A los efectos de constituir una sociedad cooperativa debe darse cumplimiento a los actos detallados a continuación.

Se reúne una asamblea, que fue convocada al efecto. De manera que, necesariamente, los interesados en constituirla deben haber realizado negociaciones previas. A la asamblea se llevará un proyecto de estatuto.

La Ley General de Cooperativas n° 18.407 de 2008  (LGC) establece que le corresponde a la asamblea aprobar el estatuto proyectado. En la misma asamblea, se deben suscribir partes sociales y se eligen a los miembros de los órganos sociales (art. 12).

El art. 12 establece, en el inc. 2, que la resolución de la asamblea se consignará en un documento público o privado, con firmas certificadas notarialmente. El documento se protocolizará.

La norma agrega que el acta fundacional se registrará en el libro respectivo, disponiendo que se firme por Presidente y Secretario. Entendemos que se refiere al libro de actas de la asamblea general, previsto en el art. 77.

II. Contenido del estatuto

El art. 15 establece el contenido del estatuto.

A. Denominación

Debe estipularse en el contrato, la denominación de la sociedad.

El art. 5 dispone que se debe incluir en la denominación la palabra “Cooperativa” o su abreviatura “Coop”. Se debe indicar la naturaleza de la actividad principal.

También, se agregará la palabra “Suplementada”, si se adoptó el sistema de responsabilidad de socios previsto en el art. 20.

Con estos aditamentos en la denominación social, se logra una publicidad permanente para que los terceros conozcan la naturaleza de la sociedad[1].

La norma establece que no puede usarse la palabra cooperativa o cooperación o sus derivados, como denominación, marca o nombre comercial, por una persona que no se ajuste a esta ley[2].

Se impone que la denominación no puede ser igual o semejante a la de otra cooperativa preexistente.

B. Domicilio

En el contrato se debe indicar el domicilio.

El art. 6 distingue entre domicilio y sede.

El domicilio es el lugar, dentro del territorio nacional, donde centralice su gestión administrativa y dirección. La sede será la ubicación precisa de la administración, dentro del domicilio. La norma agrega que si existen sucursales, podrán tener domicilio y sede propios[3].

C. Secciones

El art. 91 establece la posibilidad de que el estatuto de la cooperativa prevea y regule la existencia de secciones.

En las secciones se deben desarrollar actividades económico-sociales complementarias del objeto social principal.

Se impone que cada sección lleve una contabilidad independiente de la general llevada por la cooperativa.

 La gestión y representación de las secciones corresponde al consejo directivo de la cooperativa.

El art. contiene normas sobre la distribución de excedentes. Dispone que se efectúe teniendo en cuenta el tipo de actividad practicada por el socio. Se hace una remisión al art. 70, que distingue las cooperativas, según se trate de cooperativas de consumo o de trabajo.

Suponemos que una sección puede realizar operaciones de una cooperativa de consumo y que otra, reciba el trabajo de los socios. Como se deduce de la redacción de la norma, cada sección lleva contabilidad independiente y de ella surgirán los resultados de cada una, que se repartirán, entonces en proporción a las operaciones efectuadas y del trabajo realizado, respectivamente, en cada sección.

La Ley establece límites para el volumen de las operaciones. Se establece que el volumen de una sección no puede superar el 20 % del volumen total de operaciones de la cooperativa. Si tiene varias secciones, el volumen de sus operaciones no puede superar el 50 % del volumen total de operaciones de la cooperativa.

El control de que se cumpla con estos límites estará a cargo de una auditoría externa, que deberá informar, en cada año, si se cumplen las normas mencionadas.

Si se han superado los porcentajes, la cooperativa, en el plazo de un año, contado desde la fecha de aprobación del balance del cual ello resulta, debe adecuarse a las normas. Si vencido el plazo, no se subsanó la irregularidad, la cooperativa debe proponer a la Auditoría Interna de la Nación un plan de adecuación, para ser aprobado. Se establece como causal de disolución el rechazo del plan o su incumplimiento si hubiere sido aceptado. La norma dispone que la disolución se producirá de pleno Derecho y automáticamente, agregando que se puede pedir que se declare la disolución judicialmente, por cualquier interesado o por la autoridad de control.

El art. 92 contiene otra norma sobre las secciones. Se establece que le serán aplicables todas las normas correspondientes al tipo de cooperativa o actividad que desarrolle cada sección.

El art. 92 establece:

“A las secciones relacionadas en el art. anterior le serán aplicables todas las normas legales y reglamentarias correspondientes al tipo de cooperativa o actividad que desarrolle cada sección, excepto los beneficios legales tales como descuentos de sueldos o de pasividades por retenciones ordenadas por cooperativas de conformidad con la Ley N º 17.691, de 23 de setiembre de 2003. Asimismo, no se podrán transferir a las secciones beneficios fiscales ni legales que provengan del tipo de actividad u objeto principal de la cooperativa.”

D. Otras cláusulas

Se debe establecer el objeto social.

1. Se debe establecer el régimen de responsabilidad.

En el art. 20 se establecen las variantes que pueden estipularse sobre responsabilidad de los socios.

2. En el contrato debe figurar el capital inicial y el valor de las partes sociales.

Tal como ya señalamos, en la asamblea constitutiva, se deben suscribir partes sociales, pero del texto del art. 16 surge que también habrá un capital integrado inicial, que debe figurar en el contrato.

3. Organización y funciones de la asamblea General y los procedimientos y formas de elección de todos los órganos sociales electivos

4. Condiciones de ingreso, retiro, suspensión y exclusión de los socios, y sus derechos y obligaciones.

5. Forma de distribución de excedentes y asunción de pérdidas, formación de reservas y fondos permanentes.

6. Fecha de cierre del ejercicio económico.

7. Normas sobre integración y educación cooperativa.

8. Procedimientos de reforma del estatuto, disolución y liquidación.

9. Destino de los bienes para el caso de disolución.

10. Forma de representación de la cooperativa.

Todas las estipulaciones que debe contener el contrato están reguladas por la Ley y es dentro de su marco que se podrán acordar.

III. Registro

La Ley, en el art. 13, dispone que el estatuto se debe inscribir en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Cooperativas.

Esta sección se crea por el art. 215 de esta ley.

A los efectos de la inscripción se debe llevar la primera copia de la escritura pública o el primer testimonio de la protocolización. El registro debe efectuar un control de legalidad.

En la nueva ley, no hay normas que exijan autorización gubernativa para la creación o el funcionamiento de las cooperativas.

En el régimen vigente, las cooperativas de ahorro y crédito requieren autorización del Poder Ejecutivo, previo asesoramiento del Banco Central del Uruguay.

La Ley no establece exigencias de publicidad en diarios para el proceso constitutivo.

IV. Cooperativa en la etapa de formación

La cooperativa adquiere personería con su inscripción en el Registro (art. 13).

A. El art. 14 contiene un régimen para los actos que realice la cooperativa, cuando se encuentre en la etapa de regular constitución.

 En tanto no se inscriba, se la considera en formación (art. 14). En ese estado, sólo puede realizarse, a nombre de la cooperativa, los actos necesarios para el trámite de registro. Entendemos que, en consecuencia, no se pueden realizar actos relacionados con el objeto.

B. La Ley dispone que por los actos que se celebren, antes de adquirir personería jurídica, a nombre de la cooperativa, son solidariamente responsables quienes los celebraron. Entendemos que la norma se refiere a actos en que se anticipe la realización del objeto social. Si se comienza a realizar la actividad social antes del registro, la sociedad cooperativa no queda obligada, por cuanto aun no existe como persona jurídica.

También, se admite que, si se celebran actos anticipados del objeto, podrán ser ratificados por la cooperativa, después de su registro. Si se ratifican, ello tiene efectos retroactivos.

Se impone además que en los actos que se celebren, deben añadir a su denominación las palabras “en formación”. Con ello se impone una publicidad para tutela de terceros[4].

C. La norma hace la salvedad de que se deben cumplir con inscripciones y trámites correspondientes para obtener la autorización necesaria para las actividades que desarrollarán.

Existen, para algunos tipos, obligaciones de inscripción en registros especiales: las de ahorro y crédito, en el Registro del Banco Central; las agrarias, en el Registro a cargo del Ministerio de Agricultura y Pesca y las cooperativas de vivienda, en la Dirección Nacional de Vivienda.

D. La LC dispone la inscripción en la Auditoría Interna de la Nación.

El art. 211 establece que la fiscalización sobre las cooperativas estará a cargo de la Auditoría Interna de la Nación. Luego , por el art. 212 se precisa que la Auditoría Interna de la Nación, a los efectos del cumplimiento de los cometidos de fiscalización sobre las entidades cooperativas, tendrá entre sus atribuciones la de convocar a las cooperativas a inscribirse en el plazo y con los recaudos que ella determine.

Se exceptúa de este régimen, a las cooperativas sociales cuyo contralor está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Sin perjuicio de ello, se dispone que la Auditoría ha de establecer criterios técnicos de contralor, aplicables a las cooperativas sociales y que el Ministerio podrá solicitar a la Auditoría que las fiscalice.

Precisión: la Ley no contiene normas especiales para la sociedad cooperativa que realice su actividad sin haber cumplido exigencias legales[5].

V. Cooperativas constituidas en el extranjero

La Ley contiene una previsión especial en el art. 17. Dispone que se aplican a las cooperativas los arts. 192 a 198 de la LSC. Estas disposiciones contienen el régimen aplicable a las sociedades constituidas en el extranjero.

Se hace la salvedad de las modificaciones de esta ley, en cuanto al control de legalidad, registro y autorización para funcionar.

Entendemos que la salvedad se aplica a las sociedades cooperativas que instalen sucursales u otro tipo de representación permanente o su sede principal en nuestro país o cuyo objeto principal esté destinado a cumplirse en él. En función de la salvedad, estas cooperativas deberán cumplir con exigencias de la Ley sobre control y registro y cuando corresponda, autorización para funcionar.



[1] La Ley 15.645 impone que en la razón social se incluya el nombre del tipo – “Cooperativa Agraria” – y se agreguen también aditamentos que hagan referencia al régimen de responsabilidad “de Responsabilidad Limitada” o “de Responsabilidad Suplementada”.

[2] Destacamos la similitud con el régimen de la LSC. El art. 12 de la LSC, también, impone la inclusión del tipo en la denominación, en forma completa o abreviada o mediante una sigla.

[3] Régimen similar en la LSC, para sociedades comerciales (arts. 6 y 13).

[4] Se trata de un régimen similar, pero distinto, al establecido en la LSC, en los arts. 19 a 21 para las sociedades en formación. En la LSC, la sociedad adquiere personería jurídica desde la celebración del contrato. La LSC es más precisa y tiene algunas diferencias. Se establece expresamente que los actos anticipados comprometen a la sociedad, sin perjuicio de las responsabilidades personales de socios, administradores y representantes y, si se trata de una sociedad anónima, de sus fundadores o promotores. En cambio, la Ley de cooperativas solo responsabiliza a quienes celebraron esos actos.

En la LSC se precisa que las responsabilidades personales, son sin el beneficio de excusión previsto en el art. 76.

La LSC expresamente dispone que la sociedad en formación podrá realizar todos los actos necesarios para su regular constitución, agregando, la adquisición de los bienes aportados.

[5] En la LSC las sociedades que realizan una actividad sin haber cumplido con requisitos de constitución, serán irregulares o sociedades de hecho.

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