Fondos de inversión

Por Virginia S. Bado Cardozo y Carlos E. López Rodríguez

Los fondos de inversión se encuentran regulados en la Ley de Fondos de Inversión n° 16.774 de 1996 (LFI).

I. Concepto

El fondo de inversión es un patrimonio de afectación independiente, integrado por aportes de personas físicas o jurídicas, para su inversión en valores y otros activos (art. 1, inc. 1, LFI). 

Las participaciones en el fondo pueden ser representadas en títulos negociables, denominados cuotapartes.

No son sociedades y carecen de personalidad jurídica.

El patrimonio del fondo de inversión es independiente de la agresión de los acreedores tanto de los aportantes como de la sociedad administradora.

La única responsabilidad que soporta el patrimonio del fondo, es la de sus propios acreedores.

El art. 1, inc. 3, de la LFI dispone: 

El patrimonio del Fondo no responderá por las deudas de los aportantes, ni de las sociedades administradoras o depositarias. Los acreedores del Fondo no podrán hacer efectivos sus créditos contra los aportantes, cuya responsabilidad se limita a sus aportaciones.”  

II. Clases

Los fondos de inversión se clasifican en abiertos y cerrados, según sea su composición.

A. Fondos de inversión abiertos

Se denomina fondo de inversión abierto a aquellos compuestos por bienes de distinta naturaleza.

El art. 21 de la LFI establece que los activos de los fondos de inversión podrán estar compuestos por los siguientes valores o activos:

  1. valores

    a. inscriptos en el Registro de Valores del Banco Central del Uruguay (BCU);

    b. públicos nacionales o extranjeros;

    c. emitidos y cotizados en mercados oficiales de terceros países, y que hayan sido autorizados por el órgano competente de dicho país.

  2. depósitos a la vista o a plazo fijo en empresas de intermediación financiera.

  3. otros activos y valores que autorice el BCU.

B. Fondos de inversión cerrados

Los fondos de inversión cerrados fueron incorporados al régimen de la LFI por la Ley 17.202.

Se caracterizar por tener una composición especial. Los fondos de inversión cerrados están constituidos por un conjunto de derechos de crédito con garantías hipotecarias. En el art. 30, que agrega la Ley 17.202, se dispone:

"(Constitución de los fondos). Se podrán constituir fondos de inversión cerrados cuyo objeto específico de inversión consista en conjuntos homogéneos o análogos de derechos de crédito, con garantías hipotecarias, cuya titularidad se trasmita a favor del fondo."

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo transcripto,  

Sobre estos fondos es que se permite el factoring, bajo un régimen de cesión de créditos especialmente aligerado. En especial, en este sentido, el art. 34 prevé lo siguiente:

"Los deudores de los créditos integrados al fondo podrán ser notificados por telegrama colacionado o cualquier otro medio hábil, con la designación de la sociedad administradora del fondo y del cedente, sin requerirse la exhibición del título a que refiere el inciso segundo del artículo 1757 del Código Civil. La fecha de las notificaciones se podrá probar por todos los medios de prueba admitidos por nuestra legislación.

La notificación al cedido no será necesaria cuando el deudor haya renunciado anticipada y expresamente a los derechos que le otorgan los artículos 1758, 1759 y 1760 del Código Civil y los artículos 563, 564 y 565 del Código de Comercio, según corresponda. En estos casos el deudor cedido paga lícitamente si lo hace al cedente y las cesiones de crédito, así como sus garantías, serán oponibles a terceros desde su otorgamiento, pudiéndose probar su fecha por todos los medios de prueba admitidos por nuestra legislación.

En los casos en que no exista la renuncia a que refiere el inciso anterior, la cesión de créditos que no se notifique al cedido será oponible a terceros desde su perfeccionamiento con excepción del cedido."

De la norma transcripta surge que la cesión de créditos para la constitución de un fondo de inversión cerrado desmantela el régimen previsto en los Códigos, a través de las medidas que se pasan a enumerar:

1. Se admite que en el contrato de donde surge el crédito hipotecario, se pacte la renuncia anticipada de derechos previstos en los Códigos en favor del futuro cedido. En particular, se admite que se pacte la renuncia del futuro cedido a oponer al cesionario todas las excepciones que habría podido oponer al cedente, aun las meramente personales (art. 565 CCom). Esto tiene dos consecuencias:

a. la notificación al cedido se convierte en innecesaria

b. la cesión de créditos y sus garantías son oponibles a terceros desde su otorgamiento.

2. Aun si no se pactó la renuncia anticipada de derechos, igualmente se aligera el régimen previsto en los Códigos:

a. se elimina el derecho del cedido a que le sea exhibido el título que se cede;

b. la notificación podrá hacerse por telegrama colacionado "o cualquier otro medio hábil";

c. la cesión de créditos, aun sin notificar al cedido, será oponible a terceros desde su perfeccionamiento.

II. Régimen jurídico

A. Propiedad

El fondo de inversión es propiedad de los inversores quienes devienen en copropietarios de los bienes que lo integran.

Estos bienes permanecen en estado de indivisión, mientras dure el fondo, y no podrá pedirse su disolución mientras exista (art. 3).

B. Administración

Estos fondos son administrados por una persona jurídica denominada “sociedad administradora de fondos de inversión”.

La LFI determina su naturaleza jurídica y en el art. 5 dispone:  

“Las sociedades administradoras de Fondos de Inversión deberán revestir la forma de sociedad anónima, por acciones nominativas o escriturales y tener por objeto exclusivo la administración de dichos fondos."

La sociedad que los administra sólo tiene facultades de dominio porque sin ellas no puede realizar las inversiones permitidas.

En el ejercicio de sus facultades de inversión, la sociedad administradora actúa como un comisionista: a nombre propio pero por cuenta de los inversores. 

Para la realización de las inversiones, la sociedad administradora debe realizar una composición adecuada de sus activos considerando en su decisión, los riesgos y los rendimientos de la colocación.

De acuerdo al art. 11, la sociedad administradora, sus representantes, directores, gerentes, administradores, síndicos y fiscales serán solidariamente responsables por los perjuicios que pudieran ocasionarse a los cuotapartistas por incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes y del Reglamento del Fondo.

Están controladas por el BCU.

C. Emisión de títulos representativos de cuotapartes

El art. 4 admite la posibilidad de que las participaciones de cada copropietario se representen en títulos negociables denominados cuotapartes. Se pueden emitir al portador o pueden ser nominativas o escriturales. Deben contener los caracteres materiales y las enunciaciones mínimas que el BCU establezca de conformidad con lo que estipula el Decreto Ley 14.701/1977, de 12 de setiembre, de Títulos Valores y las leyes vigentes en la materia.

El registro de las cuotapartes nominativas o escriturales emitidas estará a cargo de la sociedad administradora o de la entidad que ésta designe.