El problema de la existencia una doble regulación general de los contratos

Por Nuri E. Rodríguez Olivera y Carlos E. López Rodríguez

El Código de Comercio (CCom) fue aprobado por Decreto del 26 de mayo 1865. Por Decreto del 24 de enero de 1866 se aprobaron los trabajos de la Comisión Revisora que modificó más de 250 artículos y se dispuso que el CCom entrara en vigencia el 1 de julio de 1866.

El Código Civil (CC) fue promulgado el 23 de enero de 1868 y su vigencia fue fijada para el 1 de enero de 1869 por Ley del 4 de agosto de 1868. 

Por lo tanto, desde el 1 de enero de 1869, el país tiene dos códigos con disposiciones paralelas y semejantes, pero no iguales, en materia de obligaciones y contratos. Se ha planteado, entonces, la interrogante de si existe dualidad en estas materias o si el CC derogó las disposiciones del CCom.

I. Posición de Pérez Fontana

Pérez Fontana, sostenía que el CC habría derogado las disposiciones sobre obligaciones y contratos del CCom[1]

Fundamentos:

A. En favor de su posición argumentaba, en primer lugar, que la disciplina de las obligaciones y contratos siempre habría constituido materia propia de la legislación civil. Las ordenanzas y códigos dictados para regir la materia comercial, tradicionalmente, no se han ocupado de ella.

B. En segundo lugar, Pérez Fontana argumentaba que la razón de ser de la inclusión de las disposiciones sobre obligaciones y contratos, resultaría de la insuficiencia de las normas sobre Derecho Civil existentes a la fecha de entrada en vigor del CCom[2]. Consecuentemente, con la entrada en vigencia del CC, habrían quedado derogadas las disposiciones del CCom porque, desaparecida la causa que motivó la inclusión de aquellas normas en el CCom, no se justificaría la dualidad de legislación sobre las mismas materias.

C. En tercer lugar, Pérez Fontana fundaba su opinión en el art. 2390 del CC que establece:

Quedan absolutamente derogadas todas las leyes y costumbres que han regido hasta aquí sobre las materias que forman el objeto del presente código.

II. Posición de Rodríguez Olivera

Rodríguez Olivera entiende que el CC no deroga al CCom en lo relacionado con obligaciones y contratos comerciales. 

Fundamentos: 

A. En primer lugar, interpreta diversamente el art. 2390 del CC. Lo que establece esta norma es que, por la sanción del CC, quedaron derogadas las leyes que tratan “sobre las materias que forman el objeto” del CC, esto es las  materias civiles (obligaciones y contratos civiles, familia, sucesiones, entre otras). No pueden considerarse derogadas las normas sobre materias ajenas al CC, como lo son las obligaciones comerciales y los contratos comerciales.

 

B. Debe tenerse en cuenta, además, lo dispuesto por el art. 1260 del CC. De acuerdo a ese texto, el CC reconoce la preexistencia y, desde luego, la vigencia de normas sobre transacciones mercantiles en el CCom. El art. 1260 del CC establece:

Los contratos, ya tengan o no, denominación particular están sujetos a unos mismos principios generales. Las reglas particulares a los contratos nominados se establecen en los títulos respectivos, y las peculiares a las transacciones mercantiles en el Código de Comercio.”

C. También, se apoya en los art. 191 y 935 del CCom, que contienen remisión a las normas del Derecho Civil. Al respecto formularemos algunas precisiones. 

Ambos artículos contienen una remisión expresa al Derecho Civil pero no se trata de una remisión general para todas las materias concernientes a las obligaciones sino una remisión respecto a ciertos temas puntuales. En el art. 191 hay una remisión a las normas del CC sobre capacidad, requisitos de los contratos, excepciones que impiden su ejecución, causas que los anulan o rescinden. En el art. 935 hay una remisión a las normas del CC sobre extinción de obligaciones.

La remisión que hace el CCom, en los arts 191 y 935, importa conferir al Derecho civil la jerarquía de fuente del Derecho comercial pero sólo para determinadas materias respecto de las cuales el CCom no tiene una regulación integral. En los temas remitidos, hay que aplicar el CC, teniendo en cuenta las modificaciones o restricciones contenidas en el CCom, porque así lo disponen esos arts. 191 y 935. Las modificaciones o restricciones del CCom han de interpretarse en sentido estricto, como corresponde a lo que configura una excepción.

¿Qué sucede con los demás aspectos, a los cuales no se remiten los arts. 191 y 935? Por ejemplo ¿qué sucede en materia de prueba o en cuanto a los efectos de las obligaciones, en que no hay remisión? Debe entenderse que, a contrario sensu de lo que disponen los arts. 191 y 935, al no existir remisión al CC, esas materias deben regirse por el Derecho Comercial con exclusividad y, precisamente, es en materia de prueba donde el CCom ha dictado normas de gran especialidad (arts. 192 y ss.).

Si se considerara derogado el CCom, nos encontraríamos con grandes vacíos en la legislación

Los medios especiales de prueba del Derecho Comercial no han sido regulados por el CC. 

En las normas sobre obligaciones y contratos contenidas en el CCom, encontramos muchas que tienen en cuenta situaciones particulares de la actividad comercial, merecedoras de previsiones especiales. El CC posterior, no contiene previsiones al respecto. 

Si consideráramos, lisa y llanamente, que todas las disposiciones sobre obligaciones y contratos del CCom están derogadas por la vigencia del CC, se debería, también, concluir que aquellas situaciones particulares quedarían sin el amparo de las soluciones especiales.

Sobre la base de la posición hasta aquí expresada, abordaremos el estudio del Segundo Libro del CCom, titulado “De los contratos de comercio”. Advertimos, desde ya, que en los artículos de este Libro hay más de lo que sugiere esa denominación pues se regulan, también, las obligaciones comerciales. 

En efecto, el Título I, denominado “De los contratos y obligaciones en general”, contiene normas que comprenden, también, a todas las obligaciones (no solo a las de fuente contractual). En el art. 191 hay una remisión a las normas de Derecho Civil sobre capacidad, requisitos de los contratos, excepciones que impiden su ejecución, causas que los anulan o rescinden. 

Los títulos II a XIII contienen regulación de distintos contratos. 

Los títulos XIV y XV contienen la disciplina de las letras de cambio y vales, cuya naturaleza no es contractual. Estos títulos quedaron derogados por el Decreto Ley de Títulos Valores n° 14.701 de 1977 que regula a los títulos valores. No obstante, en la exposición siguiente, aunque nos referiremos principalmente a los contratos, haremos alguna mención a normas sobre títulos valores y sobre cheques, en cuanto pueda ser pertinente. 

El Título XVI, termina el Libro II, con normas sobre los  modos de extinguir las obligaciones. En el art. 935 hay una remisión a las normas de Derecho civil sobre extinción de obligaciones con la salvedad de las modificaciones y restricciones establecidas en el CCom.

 



[1] Pérez Fontana, "Obligaciones y contratos comerciales", Revista de Sociedades Anónimas, t. 11, p. 243 y ss.

[2] Pérez Fontana  se remite a lo expresado en la Exposición de Motivos del CCom de Buenos Aires, cuyo tercer párrafo expresa:

En el estado actual de nuestros Códigos Civiles era imposible formar un Código de Comercio, porque las leyes comerciales suponen la existencia de las leyes civiles, son una excepción de ellas y parten de antecedentes ya prescriptos en el Derecho Común. No podíamos hablar, por ejemplo, de consignaciones, sino suponiendo completa la legislación civil sobre el mandato: era inútil caracterizar muchas de las obligaciones mercantiles como solidarias, si no existían las leyes que determinasen el alcance y las consecuencias de ese género de obligaciones. Pero éstas y otras diversas materias no estaban tratadas en los Códigos Civiles; o la legislación era absolutamente deficiente respecto de ellas, guiándose los Tribunales solamente por la jurisprudencia general. Hemos tomado, entonces, el camino de suplir todos los títulos del Derecho Civil, que a nuestro juicio faltaban, para poder componer el Código de Comercio. Hemos trabajado por esto treinta capítulos del Derecho Común, los cuales van interpolados en el Código en los lugares que lo exigía la naturaleza de la materia. Llenando esa necesidad se ha hecho también menos difícil la formación de un Código Civil en armonía con las necesidades del país.

 

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