Introducción a la Ley n° 17.250/2000, de 11 de agosto, de Relaciones de Consumo (LRC)

Por Virginia S. Bado Cardozo y Carlos E. López Rodríguez

En el Derecho uruguayo el consumo y la protección del consumidor tienen su marco legal en la LRC

Esquemáticamente y en lo principal, la LRC tiene por objeto la regulación de tres cosas: los sujetos que intervienen en la relación de consumo, la relación de consumo en sí misma y ciertos aspectos de Derecho Público relacionados con un órgano específico, el Área de Defensa del Consumidor, que se crea para el control del cumplimiento de la Ley.

I. Consideraciones generales

A. Carácter de orden público

Se trata de una ley de orden público o sea que no puede ser derogada por acuerdo de partes. 

B. Remisión al Código Civil

En lo no previsto, el art. 1 de la Ley 17.250 se remite al Código Civil (CC): 

En todo lo no previsto, en la presente ley, será de aplicación lo dispuesto en el Código Civil.

La aplicación subsidiaria del Código Civil tiene un alcance limitado. La LRC regula las condiciones de la oferta, la publicidad, la garantía, cláusulas de los contratos de adhesión, vicios y riesgos, por ejemplo, pero no alcanza a los contratos que continuarán gobernándose por sus normas sustantivas. Quiere decir que, de tratarse de un contrato comercial, podrán aplicarse las normas civiles en los aspectos señalados y siempre en subsidio de las disposiciones de la LRC, pero, en todos los demás aspectos deben atenderse las normas sustantivas del CCom. 

En nuestro concepto, las normas de la LRC se superponen a las regulaciones particulares de cada contrato, sea en el CC o en el Código de Comercio (CCom). No existe, en cambio, un desplazamiento de normas. Por tanto, la remisión que efectúa la norma transcripta más arriba significa que el CC suple los vacíos en cuanto a los temas regulados en la LRC.

II. La relación de consumo

La LRC regula las relaciones de consumo, a las que define en su art. 4:

"Relación de consumo es el vínculo que se establece entre el proveedor que, a título oneroso, provee un producto o presta un servicio y quien lo adquiere o utiliza como destinatario final.

La provisión de productos y la prestación de servicios que se efectúan a título gratuito, cuando ellas se realizan en función de una eventual relación de consumo, se equiparan a las relaciones de consumo."

Como se ve, la definición se centra en tres aspectos:

  1. los sujetos que integran la relación (proveedor y consumidor),

  2. el objeto de la relación (proveer un producto o prestar un servicio) y

  3. la onerosidad de la prestación.

A. Sujetos de la relación de consumo

1. El proveedor

El art. 3 de la Ley 17.250 define a la figura del proveedor:

Proveedor es toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, privada o pública, y en este último caso estatal o no estatal, que desarrolle de manera profesional actividades de producción, creación, construcción, transformación, montaje, importación, distribución y comercialización de productos o servicios en una relación de consumo.

Es de fundamental importancia la clara determinación de los personajes involucrados en la cadena de producción y comercialización porque sólo cuando estemos ante un proveedor en el sentido legal de la expresión, es que quien adquiere o utiliza un producto o servicio como destinatario final, podrá accionar en base a la normativa que estamos analizando. En efecto, si el vendedor no es un proveedor, puesto que no desarrolla la actividad en forma profesional, deberá reclamar los vicios del producto en base al Derecho civil común, con sus limitaciones. Sería el caso de un particular que vende su automóvil a otro particular.

a. Profesionalidad

El elemento más importante de la definición de proveedor radica en la profesionalidad. Este elemento aproxima en forma evidente la figura del proveedor a la de comerciante. Como se recordará, la profesionalidad habitual en el ejercicio de actos de comercio era el elemento fundamental de la definición de comerciante.

Profesión es el empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, 1970). No basta, entonces, poseer la aptitud o el oficio, se requiere el cumplimiento efectivo de la proveeduría de bienes o prestación de servicios. Ésta debe ser el medio de vida de quien ejerce la profesión de proveedor.

b. Actividades del proveedor

Las actividades que deben ejercerse profesionalmente para se considerado proveedor están descriptas en la Ley: producción, creación, construcción, transformación, montaje, importación, distribución y comercialización de productos o servicios

A esta enumeración se le agrega, al final del art. 3, la expresión "en una relación de consumo".

Respecto a la enumeración legal cabe señalar que está perfilada desde el punto de vista fáctico, al contrario de lo que sucede con respecto a los "actos de comercio" en el Código de Comercio (CCom). En el art. 7 del CCom se enumeran diversos actos jurídicos, con la única excepción de la empresa de fábrica.

Los hechos enumerados como actividades del proveedor, no obstante, se vinculan necesariamente a algún acto de comercio. Así, por ejemplo, la producción, creación, construcción, transformación y montaje, pueden quedar incluidos en el concepto de "empresa de fábrica" que maneja el art. 7 del CCom. Por su parte, las actividades de importación, distribución y comercialización, se vinculan a las diversas modalidades de contratos de distribución y constituyen, en última instancia, compraventas.

c. Comparación entre proveedor y comerciante

De lo hasta aquí expuesto surge una coincidencia básica entre la figura del comerciante y la figura del proveedor: tanto en la definición de comerciante (art. 1 CCom), como en la de proveedor (art. 3 Ley 17.250), se exige "profesionalidad". 

Además, el proveedor, al igual que el comerciante, ejerce una actividad económica que en muchos casos coincide con los actos de comercio enumerados en el art. 7 del CCom.

No obstante, existen elementos diferenciadores: 

* La exigencia de que la actividad se realice sea de cuenta propia contenida en el art. 1 CCom

Sólo se considera comerciante, a aquel sujeto que actúa de cuenta propia (art. 1 CCom). 

En cambio, es proveedor tanto el que actúa de cuenta propia como el que actúa de cuenta ajena, puesto que la LRC no distingue. La calidad de proveedor no depende de que los actos se realicen de cuenta propia o de cuenta ajena. En ambos casos se es proveedor (aunque no comerciante).

Por lo tanto, no son comerciantes pero sí proveedores, aquellos que actúan a nombre propio y de cuenta ajena, por ejemplo,:

el socio gestor de una sociedad accidental o el testaferro. Por otra parte, la discusión doctrinaria respecto de si el corredor, el comisionista o el rematador, actúan de cuenta propia o no, a pesar de ser relevante para determinar su calidad de comerciantes, es irrelevante para su calificación como proveedores. En definitiva, el socio gestor, el testaferro, el corredor, el comisionista y el rematador, son todos proveedores.

Aquellos que están investidos de la representación de otra persona, esto es, que actúan en nombre ajeno y de cuenta ajena, por ejemplo el factor o el representante de una sociedad comercial, no son comerciantes, ni proveedores. Una y otra cosa serán sus representados. 

* La expresión final del art. 3 de la LRC "en una relación de consumo"

El art. 3 considera proveedor sólo aquel que participa en una relación de consumo. Respecto del comerciante, en cambio, es indiferente que participe en una relación de consumo o no.

Alcanza con que el sujeto realice de cuenta propia y profesionalmente, la compraventa para revender, por ejemplo, para que se convierta en comerciante, a pesar de que la reventa se haga a un consumidor. Esta reventa no se considera mercantil. Sin embargo, quien compra para revender igualmente es comerciante, por la comercialidad de la compra. 

* Diverso alcance de los actos enumerados en el art. 3 de la LRC, respecto a la enumeración de actos de comercio que contiene el art. 7 CCom

El art. 1 de la LRC enumera una serie de actividades: "producción, creación, construcción, transformación, montaje, importación, distribución y comercialización de productos o servicios". Esas actividades, evidentemente, pueden ser consideradas desde la perspectiva de los actos de comercio.

Por ejemplo, la actividad de "producción" coincide con la "empresa de fábrica" a que se refiere el n° 4 del art. 7 del CCom. La "comercialización", vista desde la perspectiva del CCom, está prevista en el n° 1 del art. 7: quien comercializa "compra para revender".

Sin embargo, la comercialización de bienes inmuebles no puede ser considerada como un acto de comercio y, por ende, no convierte a quien se dedica profesionalmente a la venta de inmuebles, como un comerciante. En cambio, sí puede tener cabida en la definición de proveedor, contenida en el art. 3 de la LRC.

Lo mismo sucede con la venta que realiza el productor rural de sus cosechas o ganados. Desde el punto de vista del CCom, esa actividad no es mercantil, según lo dispone expresamente el art. 516, n° 3. Por lo tanto, el productor rural no puede jamás convertirse en comerciante. No obstante, su actividad puede perfectamente encuadrarse como producción o comercialización de productos, con lo que puede ser calificado como proveedor. La única condicionante, a este respecto, es que la venta de sus cosechas o ganados, se realice "en una relación de consumo" - esto es, a un destinatario final - tal como dispone el art. 3, in fine, de la LRC.

2. El consumidor

La LRC, en su art. 2, define al consumidor:

"Consumidor es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella.

No se considera consumidor o usuario a aquel que, sin constituirse en destinatario final, adquiere, almacena, utiliza o consume productos o servicios con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación o comercialización.

Esta definición contiene varios elementos que merecen un análisis particular.

a. El consumidor como persona física o jurídica

Para ser considerado como consumidor por la LRC, se debe ser persona física o jurídica. Quedan excluidos, por lo tanto, los grupos familiares o sociales que carezcan de personería. Tal es el caso, por ejemplo, de los condóminos de un edificio[1].

Quienes sí quedan incluidos en la definición de consumidor son las sociedades comerciales, puesto que, con la única excepción de las sociedades accidentales, tienen personería jurídica. La LRC no limita la calidad de consumidor a las personas jurídicas sin finalidad de lucro o no empresariales, por lo cual el intérprete carece de fundamento para excluir a las sociedades comerciales del ámbito de la definición legal.

* Posición de Ordoqui Castilla

Ordoqui Castilla considera que el comerciante, para la realización de su actividad mercantil, no puede ser considerado como consumidor pues no es el destinatario final de lo que adquiere sino que lo integra a un proceso que forma parte o posibilita la producción, transformación o comercialización[1].

Esta opinión es sin lugar a dudas compartible si se está pensando en la adquisición de materias primas o mercaderías. Tal cosa se encuentra establecida, expresamente, en el inc. 2 del art. 2 de la LRC:

"No se considera consumidor o usuario a aquel que, sin constituirse en destinatario final, adquiere, almacena, utiliza o consume productos o servicios con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación o comercialización.

Ordoqui Castilla, sin embargo, da un paso más. Considera que todo lo que el comerciante adquiere para ser utilizado en el proceso referido – vehículos, instrumentos de comunicación o de promoción, por ejemplo – no supondría una relación de consumo ni conllevaría la aplicación de la Ley 17.250. Según Ordoqui Castilla, la adquisición de los denominados bienes de capital no puede consistir en una relación de consumo[2].

Todo depende, según Ordoqui Castilla, del destino que le da la persona al bien. Si satisface necesidades propias, familiares, sociales o domésticas se trataría, entonces, de un consumidor. Todo lo que se adquiere para ser utilizado en su proceso de producción (materia prima, vehículos, instrumentos de comunicación, de promoción, etc.) no supone una relación de consumo. Debe, en definitiva, analizarse el destino del bien, viendo si el producto o servicio está o no afectado al comercio o a la industrialización futura[3].

En esta tesis, si un fabricante adquiere máquinas para aplicar a su industria, no es destinatario final, no es consumidor. Si la materia prima tiene un vicio que origina daños, quien adquirió dicha materia prima para producir, a su vez, para la Ley uruguaya no es consumidor, debiendo reclamar por el Derecho común. En cambio, si quien reclama es el adquirente del producto final que lo utiliza como destinatario último, la acción contra el proveedor (fabricante o importador), se fundará en la LRC

* Posición de Szafir

Szafir reconoce que la empresa constructora que adquiere Pórtland para integrarlo a un proceso de transformación no es consumidora a los efectos de la LRC, a pesar de que considera que no es ésta una solución aconsejable. Asimismo, considera que no es consumidor el comerciante que adquiere para revender, ni el industrial que compra productos químicos para la fabricación de otros[4].

Sin embargo, Szafir considera que quien adquiere un bien determinado para utilizarlo en la prestación un servicio, sin transformarlo ni comercializarlo, también debe ser considerado consumidor. A su entender, lo contrario significaría una reducción injusta de la protección legal, especialmente con referencia a la publicidad, deber de información y medidas preventivas y sancionatorias en vía administrativa, a un gran sector de personas físicas o jurídicas. Szafir, entonces, se inclina por la solución que favorece al comerciante, considerándolo como consumidor[5].

* Nuestra posición

Si el inc. 2 del art. 2 no contuviera la expresión "sin constituirse en destinatario final", concordaríamos plenamente con la interpretación de Ordoqui Castilla. Despojado de ese agregado, el inc. 2 establece, claramente, que no se considera consumidor a aquel que adquiere productos o servicios con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación o comercialización.

Un comerciante puede adquirir determinados productos para su uso personal o para aplicarlos a su actividad comercial o fabril. Si los aplica con este destino, los integra en un proceso de producción, transformación o comercialización. Por lo tanto, no podría ser calificado como consumidor.

No obstante, la expresión "sin constituirse en destinatario final", fue incluida en el inciso en análisis, por lo que el intérprete no puede desconocerla.

A nuestro entender, el inc. 2 del art. 2, impide que se considere comerciante a aquel que adquiera un producto con el fin de integrarlo en un proceso de producción, transformación o comercialización, solamente en el caso de que esta integración sea realizada "sin constituirse en destinatario final”. Ésta viene a ser una condición para la aplicación de la exclusión declarada en este inc. 2.

Por lo tanto, la verdadera función que cumple el inc. 2 es la de enfatizar que el elemento clave de la definición de consumidor  lo constituye la expresión “destinatario final”. Si una persona es “destinatario final” de un determinado producto o servicio es indiferente que lo integre en un proceso de producción, transformación o comercialización. Igualmente seguirá siendo considerada como consumidora. Lo esencial de la determinación de quién es consumidor no está en su inserción en un proceso de comercialización o producción, sino en su calidad de destinatario final.

* Consumidor financiero

En particular, nos interesa analizar la cuestión interpretativa que aquí se analiza se plantea en el ámbito financiero. En este ámbito, la cuestión se desdibuja un poco por la particular naturaleza del dinero, en tanto está destinado a circular.

Es generalmente aceptado que son consumidores financieros las personas físicas sin actividad comercial o industrial que toman un crédito para aplicarlo a sus necesidades de consumo. En cambio, se descarta que sean consumidores las sociedades comerciales o los comerciantes, especialmente si la finalidad de la operación de crédito es aplicar los recursos financieros a su actividad comercial o industrial.

Sobre este particular entendemos que se debe descartar como criterio para la atribución de la calidad de consumidor que el sujeto sea civil o comerciante, persona física o jurídica. Esa distinción no la hace la LRC y por lo tanto, no la debe hacer el intérprete.

En segundo lugar, entendemos que la naturaleza del bien sobre el que recaen las operaciones de crédito – el dinero – no habilita una solución diferente a la expresada por Szafir respecto de otros bienes. El destino final del dinero se produce al utilizarlo de acuerdo a su función, esto es: para cancelar obligaciones pecuniarias. De modo que si un comerciante toma un préstamo para utilizarlo pagando materias primas, mercaderías o salarios, estará utilizando el dinero como destinatario final del mismo.

Una situación diferente se daría en el caso de que un sujeto tomase un préstamo para, a su vez, dar en préstamo el dinero recibido. En ese caso, el dinero – como mercadería – continúa en el ciclo económico y por lo tanto, el primer tomador del préstamo no sería su destinatario final, ni consumidor.

Según Szafir, para nuestra Ley, será consumidor el profesional que adquiere un equipo de aire acondicionado para su oficina, un teléfono celular para atender llamadas internacionales o personales, pero no será consumidora, la empresa que adquiere líneas telefónicas de Antel para dar un servicio 0900. Si esta última sufre perjuicios por la pérdida de clientela a raíz del fallo del servicio, su reclamación no será en calidad de consumidor, sino por el régimen del Derecho común.

Otro ejemplo: el caso de adquisición de maquinaria industrial a través de la concesión de un préstamo bancario. Dichos bienes de capital no se integran al proceso de producción, como sucede con los que se usan para crear o transformar productos. Si un fabricante adquiere materia prima, como puede ser la lana para fabricar buzos, no cabe duda que lo integra y no es consumidor. Pero si ese mismo fabricante compra una máquina para tejer dichos buzos, no la integra en el proceso de producción o transformación, sino que la utiliza como destinatario final.

En nuestra opinión, el inc. 2 del art. 2 implica que aunque el bien – cualquiera sea éste, incluso el dinero - sea adquirido o utilizado con el fin de integrarlo en un proceso de producción o comercialización, el sujeto que lo recibe continúa siendo consumidor, en tanto se constituya en destinatario final del bien. De modo que el énfasis está puesto por la LRC en la calidad de destinatario final y es tal quien se ubica al final del ciclo económico y utiliza el bien de acuerdo al destino propio del mismo.

b. Adquisición o utilización como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella

* El consumidor como destinatario final

La clave del concepto de consumidor se encuentra en la expresión destinatario final, esto es, aquel sujeto que adquiere bienes y servicios para su utilización o disfrute final.

* El consumidor como adquirente en función de una relación de consumo

Con respecto a quien utiliza un producto o servicio en función de una relación de consumo, esta situación comprende, por ejemplo, a los invitados a una cena a quienes el ama de casa sirve alimentos enlatados y prepara con ellos la comida. Si las latas estaban en mal estado y los invitados resultan dañados, todos ellos son consumidores para nuestra ley, a pesar de que no fueron quienes adquirieron las latas. En definitiva, todos ellos están legitimados para reclamar contra el proveedor.

B. Objeto de la relación de consumo

El objeto de la relación de consumo, según lo dispuesto en la definición contenida en el art. 4, consiste en proveer un producto o prestar un servicio.

El art. 5 define lo que se entiende por producto y por servicio. Define producto como “cualquier bien corporal o incorporal, mueble o inmueble". Por su parte “servicio” es “cualquier actividad remunerada, suministrada en el mercado de consumo, con excepción de las que resultan de las relaciones laborales”.

En el anteproyecto el art. 5 contaba con un segundo inciso donde se aclaraba expresamente que quedarían comprendidos los servicios financieros y de seguros[1]. No obstante la omisión, se entiende que ambos servicios quedan comprendidos en la definición. Además, el art. 21 trata expresamente de la “oferta de servicios financieros[2].

C. Onerosidad

La definición de relación de consumo sólo da el carácter de relación de consumo a los vínculos onerosos. 

Existe onerosidad toda vez que cada parte de la relación de consumo obtenga una utilidad proporcionada por la contraria y que considere equivalente a la que brinda a su vez. Sin embargo, en el inc. 2 del art. 4 de la LRC se incluyen los vínculos gratuitos cuando la relación tenga por fin una eventual relación de consumo onerosa como sucede, por ejemplo, en el caso de las muestras gratis:

"La provisión de productos y la prestación de servicios que se efectúan a título gratuito, cuando ellas se realizan en función de una eventual relación de consumo, se equiparan a las relaciones de consumo."

Entendemos que es el caso, también, del servicio de estacionamiento gratuito que prestan diversos establecimientos comerciales.



[1] Ordoqui Castilla, Derecho del consumo, pp. 39 y 40.

[2]Ordoqui Castilla, id., p. 37.

[3] Ordoqui Castilla, id., pp. 37 y 38.

[4] Szafir, Consumidores, análisis exegético de la Ley 17.189 (2000), p. 21.

[5] Szafir, id. pp. 21 y 22.