Principios de universalidad patrimonial y de colectividad de los acreedores

Por Carlos E. López Rodríguez 

I. Principio de universalidad patrimonial

El principio de universalidad – también, denominado de unidad - se encuentra recogido en el art. 71 de la Ley 18.387/2008, de 23 de octubre, de Declaración Judicial del Concurso y Reorganización Empresarial (LC), que dispone:

«La masa activa del concurso estará integrada por la totalidad del patrimonio del deudor a la fecha de la declaración y por los bienes y derechos que adquiera hasta la conclusión del procedimiento.

Componen el patrimonio del deudor los bienes y derechos propios y los gananciales cuya administración le corresponda por ley o por capitulación matrimonial, con excepción de aquellos bienes y derechos que tengan el carácter de inembargables.»

A. Alcance de la afectación patrimonial del concursado

De modo que la declaración judicial de concurso implica la afectación de todos los bienes de una persona – propios y gananciales cuya administración le corresponda, presentes y futuros – a la satisfacción de los créditos anteriores a dicha declaración. 

No cabe distinguir entre bienes destinados al ejercicio de la actividad empresarial y bienes para el uso particular del deudor, como tampoco puede pretenderse la exclusión de determinados establecimientos o sucursales, ni siquiera en el caso hipotético de que realizaran actividades diferenciadas.

En esta afectación no sólo quedan incluidos los bienes que el síndico o interventor inventaríen sino, también, los que sean reintegrados a la masa activa, mediante las acciones revocatorias (arts. 80 y ss. LC) y paulianas que se promuevan, así como mediante las acciones de responsabilidad que correspondan.  

Los bienes hipotecados y prendados, también, integran la masa activa, puesto que el art. 71 no hace distinción alguna respecto a éstos. Sin perjuicio de lo dicho, a estos acreedores se les pagará con el producido de la enajenación de los bienes gravados (art. 181).

B. Limitación o suspensión de la legitimación para administrar y disponer de los bienes afectados por el concurso

El principio de universalidad tiene como consecuencia la suspensión de la legitimación del concursado para administrar y disponer de sus bienes (caso del concurso necesario) o en limitaciones sobre su capacidad o legitimación para disponer de su patrimonio (caso del concurso voluntario).

Eso implica que la regla general en el Derecho concursal sea la indisponibilidad total o parcial del patrimonio del concursado. En este sentido, el principio de universalidad sería contradictorio con respecto al principio de libertad de iniciativa que impera en el Derecho comercial.  

C. Precisión respecto a la referencia legal al patrimonio

Según dispone el art. 71, la masa activa estaría integrada por «la totalidad del patrimonio del deudor a la fecha de la declaración y por los bienes y derechos que adquiera hasta la conclusión del procedimiento».

La doctrina advierte que la norma no fue correctamente redactada. La noción de patrimonio que adopta la LC está circunscripta a su faz activa, esto es, sin tomar en cuenta las deudas que podrían descontarse del activo. 

La masa activa no puede considerarse integrada por todo el patrimonio. Para el Derecho, el patrimonio de un sujeto está integrado por el conjunto de sus bienes, derechos y obligaciones. Las obligaciones del deudor, como es obvio, no integran la masa activa del concurso sino la masa pasiva. Deducidas las deudas que gravan a la sociedad, el remanente constituye su patrimonio neto.

Se debió establecer que la masa activa se integra con todos los bienes del patrimonio. Evidentemente, en la LC no se usa el término patrimonio, en su sentido jurídico sino con el significado que le da la ciencia contable. Se trata de un equívoco reiterado del legislador.

II. Principio de colectividad de los acreedores

En virtud del principio de colectividad de los acreedores – también, llamado de generalidad - en el proceso concursal convergen las pretensiones de todos los acreedores sobre la totalidad del patrimonio del deudor y no en beneficio del primer embargante, como sucede en las ejecuciones individuales. Este principio encuentra consagración legal en el inc. 1 del art. 55 de la LC:

«(Composición de la masa pasiva). Todos los acreedores del deudor, cualquiera sea su naturaleza, nacionalidad o domicilio, quedarán comprendidos en la masa pasiva del concurso…, sin más excepciones que las establecidas en la presente ley.»  

Quedan afectados por la declaración de concurso, también, los acreedores con privilegio especial (arts. 61 y 181).

No están comprendidos en la masa pasiva, por ejemplo, los acreedores contra la masa (art. 91).

A. Prohibición de promover nuevos juicios y suspensión de las ejecuciones 

El proceso concursal convoca a todos los acreedores que, salvo excepciones, se ven impedidos de promover ejecuciones individuales y suspende las ejecuciones iniciadas con anterioridad a la declaración judicial del concurso. Así se lo establece en el inc. 1 del art. 56 y en el art. 60 de la LC:

«Art. 56 (Prohibición de promover nuevos juicios). Declarado judicialmente el concurso, los acreedores del deudor por créditos anteriores a la fecha de la declaración no podrán promover contra el deudor procedimientos judiciales o arbitrales de ningún tipo. Las actuaciones judiciales o arbitrales que se realicen serán nulas.

Art. 60. (Prohibición de nuevas ejecuciones y suspensión de las ejecuciones en curso). Declarado el concurso, ningún acreedor podrá promover ejecución contra el deudor por créditos anteriores a la declaración.

Las ejecuciones que se encuentren en trámite, así como los embargos que se hubieran trabado, quedarán en suspenso desde el momento de la declaración, procediendo su acumulación al concurso.»

B. Actuación colectiva u orgánica

Además, los acreedores no participan del proceso concursal como individuos – uti singuli – sino como integrantes de la masa pasiva. En ella, sus intereses eventualmente contradictorios, deben armonizarse o dilucidarse en función del principio de preeminencia de las mayorías.

Sin perjuicio de que en ocasiones la LC habilita la participación individual de los acreedores – como sucede, por ejemplo, en la impugnación del inventario (art. 78), del listado de acreedores (art. 104) o en el de la oposición al convenio (art. 151) - esta modalidad es residual y puntual. La LC, como todos los regímenes concursales, prioriza la actuación orgánica de los acreedores como, por ejemplo, sucede con su participación en la junta de acreedores o en la comisión de acreedores.

C. Pluralidad de los acreedores

La pluralidad de acreedores es considerada necesaria para la tramitación de un proceso concursal. Se argumenta que, sin la participación de una pluralidad de acreedores, el proceso concursal carecería de sentido y sería indiferenciable de la ejecución individual o de un simple acuerdo privado. Además, toda la regulación contenida en la LC parte del supuesto de la existencia de una pluralidad de acreedores, desde el constante uso de la palabra acreedores en plural, hasta el régimen de funcionamiento por mayorías de la junta y la comisión de acreedores.  

Sin embargo, corresponde advertir que el concurso puede ser solicitado por un solo acreedor, que tenga un solo crédito impago (art. 4, n° 3 y art. 6, n° 2). Luego, la junta de acreedores puede celebrarse con la presencia de un solo acreedor (art. 115, inc. 5). Tampoco la constatación de que existe solo un acreedor es motivo de suspensión, ni de conclusión del concurso (arts. 207 y 211).

 

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