¿Cuál es el contenido de la sentencia que declara el concurso de acreedores?

Por Virginia S. Bado Cardozo y Carlos E. López Rodríguez

La sentencia de concurso tiene un contenido complejo ya que no sólo marca el nacimiento del estado de concurso sino que, también, tiene efectos sobre el status del concursado y, a la vez, encamina los actos procesales sucesivos. Su contenido se encuentra establecido en el art. 19 de la Ley 18.387/2008, de 23 de octubre, de Declaración Judicial del Concurso y Reorganización Empresarial (LC). Lo reseñamos a continuación:

I. Declaración de concurso del deudor

El primer contenido de la sentencia es la declaración de concurso del deudor, individualizando a la persona física o jurídica concursada.

A. Concurso voluntario

De acuerdo con lo que establece el art. 11 de la LC, el concurso será voluntario cuando sea solicitado por el propio deudor, a condición de que no exista una solicitud de concurso previa, promovida por alguno de los restantes legitimados legalmente. 

En el caso de personas jurídicas, la solicitud deberá ser realizada por sus órganos con facultades de representación o por apoderado con facultades expresas para la solicitud.

En el mismo auto de rechazo del acuerdo privado de reorganización, el juez declarará el concurso del deudor. En este caso el concurso se considerará declarado a solicitud del deudor.

B. Concurso necesario

El concurso será necesario en los restantes casos.

En el caso de que el concurso haya sido declarado en el extranjero, el art. 245 habilita a cualquiera de los sujetos listados en el art. 6 de la LC a solicitar el concurso. Por disposición expresa del art. 245, el concurso se considerará tendrá la calidad de necesario, incluso cuando lo solicite el propio deudor.  

II. Suspensión o limitación de la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso, según corresponda

Este es uno de los efectos de la sentencia sobre la persona del concursado.

Como señala Creimer Bajuk la doctrina ya había señalado que un concursado no era un incapaz absoluto como lo prevé el art. 1280 del Código Civil[1]. Esta postura es ratificada por el art. 263 de la LC, que declara que el inc. 1 del citado artículo no es aplicable al deudor concursado[2].

En consecuencia, el deudor concursado es civilmente capaz, pero con limitaciones.

Si el concurso fuera necesario, se le suspenderá la legitimación para disponer y obligar a la masa del concurso, sustituyéndolo en la administración y disposición de sus bienes por un síndico (art. 45 LC).

Si el concurso fuera voluntario, se le suspenderá la legitimación para disponer y obligar a la masa del concurso, solamente cuando el activo no sea suficiente para satisfacer el pasivo. En los demás casos, se designará un interventor que coadministrará los bienes conjuntamente con el mismo (art. 46 LC).

III. Designación de síndico o interventor, según corresponda

En los casos de suspensión de la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso, se remueve al deudor persona física de su actividad empresaria o a la dirección de la persona jurídica, siendo suplantados por un síndico, quien toma el control de los bienes del concursado. La suspensión es decretada cuando el concurso es necesario y en los concursos voluntarios solamente cuando el activo no sea suficiente para satisfacer el pasivo.

En los casos que se decreta la limitación de la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso se designa un interventor que sin sustituir al deudor en sus funciones coadministrará los bienes del concursado conjuntamente con él.

En el caso de solicitudes conjuntas de concurso, el inciso final del artículo bajo análisis prevé que el juez debe designar para todos los procesos, al mismo síndico o interventor.

IV. Convocatoria de la junta de acreedores a celebrarse dentro del plazo máximo de ciento ochenta días

En la propia sentencia inicial declaratoria del concurso se fijará la fecha de celebración de la junta de acreedores dentro del plazo máximo de ciento ochenta días y se dispondrá su convocatoria. En la normativa anterior no se disponían plazos máximos para la celebración de la junta de acreedores.

V. Inscripción de la sentencia en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones, y publicación de un extracto de la misma en el Diario Oficial

La sentencia declaratoria del concurso debe contener el mandato de inscripción de la misma en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones, y la publicación de su extracto en el Diario Oficial.

Ambas son medidas de publicidad del concurso y puesto que éste no sólo interesa al concursado sino, también, a sus acreedores y a terceros que contrataron o pueden tener intención de contratar con él.

A continuación analizaremos los arts. 20 y 21 de la LC que prevén de manera específica estas medidas de publicidad.



[1] Art. 1280 CC: 

«Son también incapaces los menores adultos que se hallan bajo la patria  potestad o que no han obtenido habilitación de edad con arreglo a lo dispuesto en el Título VIII del Libro Primero y los comerciantes fallidos.

Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes.»

[2] Creimer Bajuk, Concursos, Ley n° 18.387 de 23 de octubre de 2008 (2009), p. 38.

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