Aproximación a la nueva ley de contrato de seguro

Dra. Virginia S. Bado Cardozo

I. Estructura, fuentes y objetivos A. Estructura B. Fuentes C. Objetivos del legislador 1. Modernización de las normas contractuales 2. Fortalecimiento de las normas sobre seguros previsionales 3. Aumento de la eficiencia y respaldo del Banco de Seguros del Estado respecto a ciertos contratos de seguro 4. Creación de una base de datos II. Diferencias fundamentales con el régimen derogado A. Orden público 1. Los modelos y el cambio de paradigma 2. Consecuencias de la infracción del Derecho necesario de la LCS 3. Las cláusulas más beneficiosas para el asegurado B. Perfeccionamiento C. Aplicación de la Ley de Relaciones de Consumo D. Adopción de un criterio de clasificación de los seguros E. Adopción de la teoría dualista del seguro F. Fraude de seguro 1. Naturaleza jurídica del fraude de seguro y alcance objetivo de la disposición 2. Elementos del fraude en seguros.

Introducción

El 26 de octubre pasado el Parlamento de la República sancionó la ley 19.678, de Contrato de Seguro (LCS), que deroga los artículos 634 a 699, 1327 y 1423 a 1432 del Código de Comercio, texto estructural que regía este contrato desde 1865[1]. Es una ley muy importante para la materia comercial y para el mercado del seguro. Las líneas que siguen son el resultado de una primera lectura fundamentalmente comparativa. A tales efectos, a pie de página se encontrará la concordancia con las normas del Código de Comercio que ahora han quedado derogadas.

I. Estructura, fuentes y objetivos

A. Estructura

La LCS es una norma que trata sobre el contrato de seguro y también sobre otros aspectos relacionados con el asegurador. Se divide en once capítulos.

Los tres primeros capítulos, integrados por 110 artículos, regulan el contrato. El capítulo primero se ocupa del contrato de seguro en general y los capítulos segundo y tercero trata de los seguros de daños patrimoniales y los seguros para las personas. Luego, existen capítulos de especial interés para el asegurador, caso del capítulo sexto que trata sobre la denominación de la empresa aseguradora, el séptimo que regula los activos y reservas en materia de obligaciones previsionales y el décimo que faculta a los aseguradores crear una base de datos. Se contempla el reaseguro en el capítulo cuarto y en el quinto se establecen las reglas de Derecho internacional privado. Finalmente, el capítulo octavo y noveno sustituyen ciertos artículos de la legislación vigente en materia de seguro obligatorio de automotores y de seguros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y se dedica el décimo primero y décimo segundo a las derogaciones, sustituciones y disposiciones transitorias. En total la Ley consta de 135 artículos.

El Código de Comercio trataba los aspectos contractuales del seguro en 66 artículos ordenados en dos capítulos, uno para los seguros en general y otro para las diferentes especies de seguros terrestres donde se incluía el seguro contra el incendio, los seguros contra los riesgos a que están sujetos los productos de la agricultura y los seguros de vida. Todo esto se encuentra en el Título IX del Libro II del Código de Comercio que ahora se deroga. Luego, en el Título IX del Libro III, el Código de Comercio trata los seguros marítimos en cinco capítulos que suman 96 artículos. Estas normas permanecen vigentes salvo el artículo 1327. Finalmente, el titulo X regulaba los seguros contra los riesgos del transporte por tierra, o por ríos y aguas interiores en 10 artículos que han quedado derogados.

B. Fuentes

Signorino Barbat explica que la Ley de Contrato de Seguro se originó en un anteproyecto elaborado por la Comisión Honoraria Asesora del Poder Ejecutivo y la Asociación de Empresas Aseguradoras[2]. También trabajaron en el texto el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central del Uruguay, el Banco de Seguros del Estado[3].

La Asociación Internacional de Derecho de Seguros (AIDA) elaboró un proyecto de ley en el año 2006 sobre la base del Proyecto de Ley Modelo sobre Contrato de Seguro para Latinoamérica de Morandi. De las actas de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración no surge que este trabajo se haya tenido en consideración[4].

C. Objetivos del legislador

La Ley de Contrato de Seguro se ha proyectado con la finalidad de cumplir tres objetivos principales: el primero, modernizar la normativa sobre el contrato de seguro; el segundo, fortalecer el marco regulatorio e institucional de los seguros previsionales y el tercero, aumentar la eficiencia y el respaldo del Banco de Seguros del Estado (BSE) en la actividad de seguros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Fuera de estos objetivos, la LCS propone la creación de una base de datos

1. Modernización de las normas contractuales

La Ley dedica cuatro capítulos a la modernización de la normativa sobre el contrato de seguro. Se ha legislado con la esperanza de que las modificaciones reflejen las características actuales de los seguros ofrecidos en el mercado, en consonancia con unas recomendaciones internacionales en materia de seguros que no se detallan. También se espera que las disposiciones sobre los derechos y deberes de las partes armonicen con las disposiciones de la Ley 17.250/2000, de 11 de agosto, de Relaciones de Consumo (LRC).

a. Capítulo I

El primer capítulo se compone de seis secciones que resultan comunes a todas las modalidades de seguros. La mayor parte de los artículos dispuestos en la primera sección tratan los aspectos contractuales del seguro.

Los artículos primero y segundo demarcan el ámbito de aplicación objetiva y subjetiva de validez y establecen la eficacia de la norma lo que constituye una de las diferencias fundamentales con el Código de Comercio. Asimismo, se atiende el perfeccionamiento del contrato, que ahora es consensual (artículo 3)[5].

El legislador de la nueva ley ha dado un concepto de contrato de seguro en el artículo 2, que contiene algunas diferencias interesantes con el derogado artículo 634 del Código de Comercio. Se mantiene la descripción del contenido obligacional, pero se amplia la obligación del asegurador que ahora agrega, al tradicional resarcimiento de los daños, pérdidas o privación de un lucro esperado, el pago de un capital, el servicio de una renta o el cumplimiento de otras prestaciones.

En esta sección se trata, asimismo, el objeto del contrato de seguro, objeto que queda delimitado a los riesgos, cualquiera sea, siempre y cuando exista un interés asegurable al momento de la celebración de la convención (artículo 5). En comparación con el artículo 635 del Código de Comercio se elimina la mención a los riesgos cuya cobertura es posible en un seguro, que ya en el régimen del Código era enunciativa, y se elimina también la referencia al interés estimable en dinero como objeto de la cobertura, independiente a los riesgos. Este artículo establece, además, la nulidad del contrato cuando tiene por objeto operaciones ilícitas o cuando ofrezca cobertura a bienes que el asegurado posea en forma ilícita o cuando el seguro tiene por objeto la cobertura de riesgos derivados de un negocio o empresa ilícita. El artículo 638 del Código de Comercio refería sólo a la nulidad del seguro que tuviere como objeto operaciones ilícitas, pero resolvía el problema anejo de las sumas entregadas y los capitales asegurados y habilitaba la acción penal, aspectos sobre los cuales el legislador de la nueva ley omite pronunciarse.

El artículo 6 de la LCS establece el plazo del contrato, plazo que es de un año salvo que las partes en la póliza establezcan otro distinto o que corresponda uno diferente por la naturaleza del riesgo cubierto. A diferencia del artículo 645 y 646 del Código de Comercio, es la propia Ley la que delimita el período de vigencia material del contrato (que se hace coincidir con el período de cobertura de los riesgos) y así se establece que la cobertura tendrá efecto desde el perfeccionamiento del contrato hasta la hora veinticuatro del último día del plazo establecido en el contrato. En el Código de Comercio ello quedaba librado a la autonomía de la voluntad de las partes. En efecto, el período de cobertura, esto es cuándo comenzaban y cuándo terminaban los riesgos para el asegurador, integraba las menciones de la póliza (artículo 645) y luego, el artículo 646 permitía a las partes expresar, en cuanto a la época precisa en que debían empezar y concluir los riesgos, cuantas estipulaciones y condiciones juzgasen convenientes. También a diferencia del Código de Comercio, la LCS dispone el régimen de prórroga del plazo y la consecuente renovación del contrato, que podrá ser automática si así lo establecen las partes, aunque la puesta en práctica de esta renovación es prerrogativa del asegurador. A esos efectos el asegurador debe dejar una constancia en la póliza vencida o establecer la renovación por instrumento separado. No es necesario el consentimiento del tomador salvo que se pretendan modificar las condiciones vigentes en cuyo caso deberá recabarse su consentimiento expreso. Finalmente, la nueva Ley contempla un procedimiento para lograr la rescisión del contrato (artículo 13), lo que configura una novedad.

En este mismo capítulo se atienden, además, las consecuencias de la contratación del seguro a nombre ajeno sin poder suficiente (artículo 10)[6],  la estipulación del contrato por cuenta ajena (artículo 11)[7] y las consecuencias del cambio de titularidad del interés asegurable (artículo 12)[8]. El capítulo se completa con el tratamiento de la contratación de varios seguros, lo que se conoce como pluralidad de seguros (artículo 9)[9] y otros artículos que regulan la oferta (artículo 4)[10], la prueba del contrato (artículo 7)[11] y las copias (artículo 8).

La sección segunda trata el riesgo. En el artículo 14 se lo define como el acontecimiento futuro, posible e incierto en una clara identificación con el siniestro. Nuestro legislador ha seguido la concepción de Benítez de Lugo y Reymundo, Picard y Besson y Garrido y Comas[12] para quienes el riesgo y siniestro son elementos inescindibles. Existe, sin embargo, otra posición, que creemos más acertada, que define al riesgo como la posibilidad o eventualidad de producción de un hecho dañoso[13]. Preferimos concebir el riesgo como pura eventualidad, antecedente y distinto del siniestro, que es un estado posterior, porque el riesgo es la conditio legis para que el asegurador pueda exigir el pago de la prima, mientras que el siniestro es la conditio legis para que el asegurado pueda reclamar la prestación del asegurador[14]. Ello permite establecer las particularidades de uno y otro elemento. El riesgo debe estar presente al momento de contratar porque el contrato de seguro es nulo si al tiempo de su celebración carece de riesgo (artículo 14). Debe ser cierto[15]. Aunque no haya total certeza de la ocurrencia del evento, debe existir cierta percepción de inminencia del peligro en el proponente del seguro que determina el máximo de la magnitud del riesgo asegurable[16]. El siniestro, en cambio, debe ser un hecho incierto (estadio intermedio entre la certidumbre y la imposibilidad[17] o entre la necesidad y la imposibilidad[18]), sea que esta incertidumbre recaiga en la producción del evento (como ocurre en los seguros de cosas) o en su oportunidad (como ocurre en el seguro de vida para el caso de muerte), debe ser probable[19] y por supuesto debe ser futuro. Finalmente, el riesgo y el siniestro deben ser posibles y no deben obedecer a la voluntad del asegurado, que no debe colaborar en la agravación del riesgo, ni en la producción del siniestro, más que en la medida natural del riesgo mismo[20]. Véase que la Ley se ocupa de este asunto en el artículo 37.

En el artículo 14 se establecen las consecuencias de la celebración del contrato de seguro cuando no existe riesgo, distinguiéndose el caso de ausencia de riego por acaecimiento del sinestro, cuestión que se resuelve con la nulidad del contrato, de la hipótesis de inexistencia de riesgo por su desaparición una vez comenzada la ejecución del contrato, lo que se trata como un caso de rescisión[21].

Los artículos 15[22] y 16 delimitan el riesgo asegurable. La delimitación del riesgo asegurado se logra mediante la descripción literal de las circunstancias que, de producirse, supondrán el derecho del asegurado a reclamar la prestación y la correlativa obligación del asegurador de responder[23].

En la póliza, este objetivo se logra mediante la incorporación de dos tipos de cláusulas: las cláusulas delimitadoras del riesgo (aquellas que concretan los riesgos objeto del contrato, las que establecen la cuantía, el plazo y el ámbito espacial de validez de la cobertura del seguro[24]) y las cláusulas de exclusión (que son las que determinan la clase y las condiciones de los eventos que se entienden excluidos de la garantía)[25]. La Ley es novedosa incorporando el régimen de las denominadas cláusulas limitativas en el artículo 26.

La sección se completa con definiciones y efectos de las alteraciones del riesgo y así se trata su disminución en el artículo 17 y su agravamiento en el artículo 18, distinguiéndose, en este último caso, entre el agravamiento del riesgo cuando no ha ocurrido el siniestro (artículo 19) de cuando ha ocurrido (artículo 20). Existen excepciones en el artículo 21 y un régimen de rescisión para el caso en que el agravamiento involucre pluralidad de intereses o de personas afectando a parte de ellos (artículo 22). Debe considerarse que en los seguros de personas el régimen de agravación es diferente, tanto respecto al concepto de circunstancia agravante, como del alcance del deber de denunciar los hechos (artículo 102)[26]. La sección se completa con una norma sobre el abandono de los bienes asegurados (artículo 23)[27].

La sección tercera se dedica a la póliza de seguro. Se establece el régimen de su emisión y entrega, tanto para el caso en que la relación de seguro se entable con un asegurador (artículo 24), como para el caso en que el seguro se contrate con varios aseguradores simultáneamente (artículo 30) o con la participación de un intermediario (artículo 31). En el artículo 25 se dispone su contenido[28] y cómo han de lucir las cláusulas denominadas limitativas de los derechos de los asegurados o de los beneficiarios (artículo 26)[29]. La sección regula, asimismo, la transmisión de los derechos de acuerdo con su forma de emisión (artículo 28)[30] y el procedimiento a seguir en caso de hurto, pérdida o destrucción de la póliza (artículo 29), que no es otro que la acción de cancelación establecida en los artículos 109 a 115 del Decreto Ley 14.701/1977, de 12 de setiembre, de Títulos Valores.

La sección cuarta regula el contenido obligacional fundamental del contrato. El artículo 32 se reserva a las obligaciones del asegurador en una enumeración que no es taxativa pues existen deberes a lo largo de todo el texto legal (el deber de información [art. 3], el deber de entregar la póliza [art. 24], el deber de señalar apropiadamente las cláusulas limitativas [art. 26], el deber de emitir el certificado provisorio [art. 27]). Otro tanto sucede en el artículo 33[31] para las obligaciones del tomador, asegurado y beneficiario, texto que, aunque mucho más extenso, tampoco recoge todas las obligaciones y cargas[32].

En la sección quinta se trata el siniestro y ciertas cargas que dependen de su concreción. En el artículo 34[33] se establece la carga de su denuncia, norma que debe leerse juntamente con el artículo 36 donde se dispone un deber de información, de cargo del tomador, asegurado o beneficiario. La denuncia de siniestro despliega una serie de efectos directos e indirectos. En efecto, a partir de la denuncia se comienza a contar el plazo de treinta días corridos para que el asegurador resuelva si acepta o rechaza el siniestro (artículo 35). Una vez resuelto esto, sea tácita o expresamente, comienza a correr un plazo de sesenta días corridos para que el asegurador liquide el daño (artículo 36)[34]. Dentro de lo que es la liquidación del siniestro debe tenerse presente el artículo 40[35] que establece el régimen y alcance de la franquicia o deducible, en caso de haberse pactado, el derecho de compensación (artículo 41[36]) y la distribución de los gastos derivados de la verificación y liquidación del siniestro (artículo 43). Se reconoce al asegurador su derecho de subrogación en el artículo 42[37]. Integra, asimismo, esta sección, las consecuencias de los siniestros causados por el dolo o la culpa grave del asegurado, tomador o beneficiario (artículo 37)[38] y el denominado fraude de seguro, que se conceptualiza en el artículo 38[39]. La sección se completa con unas normas dedicadas a regular los derechos de los acreedores hipotecarios y prendarios sobre los bienes asegurados (artículos 44 y 45)[40].

La sección sexta trata en forma genérica el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley. En el artículo 46 el legislador refiere a las consecuencias del incumplimiento del deber de declaración exacta del riesgo impuesto en el artículo 33, literal A. Se reproduce íntegramente el texto del artículo 640 del Código de Comercio. No se han reiterado, en cambio, los artículos 666 y 667 del Código de Comercio lo cual hace que pierda sentido la referencia a la buena o mala fe del solicitante. Ahora la sanción es la nulidad y no existe diferencia si se actuó con buena o mala fe.

Si lo que se declara en forma inexacta es la edad, factor principal de producción del siniestro en el seguro de vida, el artículo 101 autoriza al asegurador a rescindir el contrato cuando la verdadera edad exceda los límites establecidos en su práctica comercial para asumir el riesgo.

Debe tenerse presente que en sede de seguros de personas el artículo 103 establece un plazo de incontestabilidad de tres años contados desde la celebración del contrato o desde la adhesión al grupo si se trata de un seguro colectivo transcurridos los cuales el asegurador no puede invocar la reticencia. Sólo puede invocarla si se tratara de una reticencia dolosa. Se regula legislativamente una práctica muy extendida entre los aseguradores que opera en una suerte de período de prueba, superado el cual los aseguradores renuncian a su derecho a disputar la declaración de riesgo efectuada y negar el cumplimiento de la prestación por la reticencia del asegurado, salvo, como se ha dicho, que se pruebe el dolo del declarante.

La sección sexta replica el contenido de la sección cuarta y así se regula el incumplimiento de la obligación de pagar el premio (artículo 47), de cargo del tomador en virtud del artículo 33, literal B, el incumplimiento del deber de denunciar el siniestro (artículo 48), referido en el artículo 34, la desobediencia al deber de informar las circunstancias del siniestro en los términos del artículo 36 (artículo 49). La sección no trata, en cambio, el incumplimiento de las obligaciones del asegurador.

La última sección del capítulo primero, la séptima, se reserva para regular la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, término que se establece en dos años para cualquier especie de seguro a excepción del seguro contratado sobre la vida cuyo plazo es de cinco años (artículo 50)[41]. La LCS regula el cómputo de los plazos en el artículo 51, su suspensión (artículo 52)[42] y prohíbe que puedan ser abreviados en el artículo 53[43].

b. Capítulo II

El legislador se ha decantado por una clasificación de los seguros y así los ha ordenado en dos grandes grupos: seguros de daños patrimoniales y seguros de personas. Los primeros completan el capítulo segundo de la Ley, capítulo que comienza con una primera sección dedicada a las disposiciones generales aplicables a todos estos seguros. El artículo 54 establece el principio indemnizatorio, regla en los seguros de daños, disposición que debe leerse juntamente con el artículo 57 que regula las consecuencias de su violación y con el artículo 58 donde se impone la obligación de probar los daños ocasionados y su cuantía. Asimismo, la Ley trata el sobreseguro o seguro en exceso (artículo 55), el infraseguro (artículo 56) y el coseguro (artículo 60). Es usual el tratamiento de todas estas cuestiones como un bloque.

La sección de disposiciones generales aplicables a todos los seguros de daños incluye un artículo 63 donde se establece que el concurso del asegurado no producirá la rescisión de los contratos de seguro, en sintonía con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 18.387/2008, de 23 de octubre, de Declaración Judicial del Concurso y Reorganización Empresarial.

El legislador no ha regulado todos los seguros de daños. Se ocupó de los seguros de incendio (en la sección segunda), de responsabilidad civil (sección tercera), hurto (sección cuarta), transporte (sección quinta) y seguros de riesgo agrícola (sección sexta) pero deja una cláusula de apertura. En efecto, el artículo 64 establece que todos los seguros que cubran los riesgos que puedan afectar el patrimonio se regirán por estas disposiciones generales, sin perjuicio de las disposiciones específicas que se dicten o rijan para cada uno de ellos. El legislador refiere a seguros que no tienen regulación específica como el seguro de lucro cesante, de crédito, de fianza y de caución y también a otros que sí se regulan en la propia Ley, caso del seguro de transporte y de responsabilidad civil.

c. Capítulo III

El capítulo de seguros de personas no refiere a ninguna especie en particular. El artículo 94 pretende comprender a todos los seguros que contemplen los riesgos que puedan afectar la existencia, integridad corporal o la salud del asegurado. El legislador ha dispuesto una serie de normas tendentes a controlar el riesgo que asume. En efecto, en el artículo 96 se admite que el asegurador pueda solicitar el cumplimiento de ciertos requisitos como condición de asegurabilidad, siempre y cuando sean razonables a efectos de la correcta asunción del riesgo teniendo en cuenta la naturaleza de los seguros correspondientes. La facultad del asegurador para imponer condiciones de asegurabilidad, por tanto, es legítima en tanto la condición para asegurar reúna los requisitos de razonabilidad y utilidad para la concreta finalidad de permitir al asegurador la correcta asunción del riesgo en un seguro específico. Estas condiciones habrán de incorporarse a la póliza y sobre ellas pesa el artículo 26 que impone su destaque especial. También deben destacarse especialmente las exclusiones de cobertura, esto es, las circunstancias que de resultar causantes del siniestro excluyen la cobertura de seguro (artículo 97). Debe advertirse que el legislador ha prohibido al asegurador imponer la cláusula genérica de exclusión de cobertura basada en enfermedades preexistentes y también le ha impedido considerar como preexistentes a una universalidad de enfermedades no diagnosticadas ni declaradas al momento de la celebración del contrato. En todo caso el asegurador debe demostrar que la enfermedad está vinculada al siniestro, vinculación que, al tenor del artículo 100, supone una relación de causalidad clara entre la enfermedad preexistente diagnosticada y el siniestro sufrido por el asegurado. El asegurador podría excluir una enfermedad preexistente concreta y para hacer valer su derecho deberá probar que la enfermedad diagnosticada ha sido la causa clara del siniestro sufrido por el asegurado.

La designación de beneficiario en el seguro de vida se atiende en el artículo 98 para la contratación individual del seguro de vida y en el artículo 99 para la modalidad de contratación grupal o colectiva. Todas estas normas son muy novedosas. El Código de Comercio no regulaba estos aspectos del seguro.

d. Capítulo IV

El cuarto capítulo trata el contrato de reaseguro. El contrato de reaseguro es el que hace posible que el asegurador permanezca en el mercado y extienda su garantía asegurativa a riesgos que, de ordinario, no podría afrontar[44].

Nuestra Ley define al reaseguro como el contrato por el cual el reasegurador se obliga a reembolsar la deuda que nace en el patrimonio del reasegurado a consecuencia de los siniestros que lo afecten en su carácter de asegurador directo (art. 117). La definición no refiere a la obligación del reasegurador de mantener indemne el patrimonio del asegurador, ahora asegurado, de las reclamaciones de sus clientes una vez ocurridos los siniestros, cosa que en definitiva hace. En efecto, el riesgo del asegurador, llamado «riesgo reasegurado», es un riesgo constante que consiste en la eventualidad del nacimiento de una deuda como consecuencia de la realización de los siniestros[45].

El reaseguro supone un seguro, pero, jurídicamente, ambos contratos son independientes. La relación negocial en el reaseguro se crea entre el reasegurador y el asegurador que se reasegura. No hay relación entre el reasegurador y el asegurado denominado “primario”[46]. Este principio del reaseguro se reconoce en el artículo 113. Ahora bien, si bien existe una clara separación entre los derechos y obligaciones de las partes del contrato primario –asegurado y asegurador- y los correspondientes a las partes en el reaseguro –reasegurador y compañía de seguros-, funcionalmente los dos contratos se relacionan y pueden existir interferencias. Así sucede, por ejemplo, cuando el reasegurador –por exigir información adicional- retarda el pago de la indemnización arrastrando a su compañía asegurada[47].

2. Fortalecimiento de las normas sobre seguros previsionales

El capítulo VII se dedica a cumplir el segundo objetivo de la Ley, esto es, fortalecer el marco regulatorio e institucional de los seguros previsionales en el país. Este marco regulatorio se conforma fundamentalmente con la Ley 16.713/1995, de 3 de setiembre, de Seguridad Social (LSS), norma que implementa un sistema mixto integrado por un régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional, administrado por el Banco de Previsión Social (BPS), y por un régimen de jubilación de ahorro individual obligatorio, administrado por las Administradoras de Fondos Previsionales (AFAP), bajo la supervisión del Banco Central del Uruguay (BCU).

El sistema de previsión social involucra a las compañías de seguros porque las personas afiliadas a una AFAP pueden elegir un asegurador al que transferir los fondos acumulados en su cuenta individual a los efectos de que se le abone una prestación mensual una vez cumplidos los requisitos para tener causal jubilatoria.

No cualquier asegurador puede operar de este modo. Para hacerlo han de obtener una autorización de la Superintendencia de Servicios Financieros y, entre otras cosas, contar con los activos que respalden las reservas técnicas previsionales, fondo destinado al servicio de las prestaciones establecidas en la LSS. Los activos que sostienen las reservas deben encontrarse diversificados cumpliendo ciertas reglas, deben, además, estar custodiadas en una institución admitida y valuados según los criterios del mercado. Estos activos no quedan inmovilizados. Por el contrario, el artículo 123 de la LSS (en la redacción dada por la Ley 18.673) permite al asegurador su inversión en los mismos instrumentos en que los pueden hacer las AFAP y sujeto a los mismos criterios de seguridad, rentabilidad y diversificación.

Originalmente las Administradoras podían invertir el fondo en valores emitidos por el Estado uruguayo e instrumentos de regulación monetaria emitidos por el Banco Central del Uruguay hasta el 75 % del activo que sostiene el fondo. Este porcentaje se consideró en su momento el límite máximo de inversión. El legislador de la LCS vislumbró dificultades para que las empresas aseguradoras alcancen la diversificación exigida por la LSS. Advierte, además, que las aseguradoras necesitan cubrir los riesgos de su operativa invirtiendo en activos que se ajusten a la evolución del Índice Medio de Salarios, que es el mismo parámetro de ajuste de las prestaciones previsionales. El asegurador, efectivamente, entre los muchos riesgos que soporta se enfrenta al riesgo de desequilibrio entre las cuentas del activo y las del pasivo, que en general ocurren por la confluencia del plazo de los contratos y la variación del poder de la moneda. Esto es particularmente evidente en los seguros de vida. Por estas dos razones modifica el artículo 128 literal C de la LSS de agregándole una frase que permite al BCU autorizar la constitución de reservas con valores emitidos por el Estado uruguayo e instrumentos de regulación monetaria emitidos por el BCU hasta el 100%.

3. Aumento de la eficiencia y respaldo del Banco de Seguros del Estado respecto a ciertos contratos de seguro

a. Seguro obligatorio de automóviles

El capítulo VIII modifica la forma de procesamiento de los reclamos en determinadas coberturas reguladas por la Ley 18.412/2008, de 17 de noviembre, de Seguro Obligatorio de Automóviles (LSOA). El legislador pretende unificar la distribución de los reclamos entre las empresas aseguradoras asignado la tarea a la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV).

El artículo 22 de la LSOA creaba un Centro de Distribución de reclamos que funcionaba en la Superintendencia de Seguros y Reaseguros cuya principal función consistía en indicar el nombre y domicilio de la entidad aseguradora que habría de procesar cada reclamo. La distribución de los reclamos se realizaba en forma proporcional, una vez recibido el número de contratos celebrados al 31 de diciembre de cada año, para ser ejecutados al año siguiente. Al término del ejercicio la Superintendencia comunicaba a los aseguradores las compensaciones recíprocas obligatorias que deberían realizar a los efectos de que los montos indemnizados guarden relación con los reclamos atendidos.

Con la sustitución introducida por el artículo 121 de la LCS, el centro de distribución será atendido por la UNASEV, cuyo principal objetivo es establecer la política nacional de seguridad vial, debido a que ya tiene a su cargo ciertas obligaciones relacionadas con el seguro obligatorio de automotor como la administración del fondo de indemnización (artículo 20, LSOA). Esta Unidad tendrá la facultad de asignar un asegurador para procesar los reclamos, pero sólo en las denominadas «coberturas especiales» del artículo 19 de la LSOA: daños producidos por un vehículo no identificado, o carente de seguro obligatorio o hurtado u obtenido con violencia. La responsabilidad de la UNASEV se limita a la distribución de reclamos en estos tres casos. Igual que en la norma original, los aseguradores deben informar la cantidad de contratos de seguro sobre automotores celebrados en el ejercicio anterior, los importes pagados, los casos denegados y los casos en estudio. Se mantiene, asimismo, la obligatoriedad y el sistema de compensaciones.

b. Seguros de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales

El artículo 122 de la LCS sustituye el artículo 67 de la Ley 16.704/1989, de 10 de octubre, de Regulación de los seguros sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, seguro de contratación preceptiva reservado al Banco de Seguros del Estado.

La norma permanece prácticamente incambiada. En efecto, el BSE continúa obligado a establecer las primas del seguro y a revisarlas periódicamente, por lo menos una vez cada dos años. Las primas aún pueden variar en función del peligro de las diversas actividades laborales, cuestión de principio en los seguros, e incluso pueden ser diferente dependiendo de los establecimientos de una misma actividad. No obstante, la prima aplicada a un establecimiento no puede ser más de cuatro veces el promedio de las primas de los establecimientos similares. El riesgo se sigue midiendo con los mismos parámetros, esto es, teniendo en cuenta, fundamentalmente, los resultados del seguro en los años anteriores y las medidas de prevención, las posibilidades de siniestros catastróficos y toda otra información que corresponda del punto de vista técnico.

La LCS agrega una obligación al BSE quien, a partir de ahora, deberá hacer pública la información técnica que fundamenta los cálculos de las primas para cada tipo de actividad. Asimismo, el BSE deberá proporcionar la información que explique por qué la prima que se exige supera el promedio de los establecimientos similares. Ambas obligaciones obedecen al deseo del legislador de dotar de transparencia al método de fijación de las primas en un seguro que se ofrece por el BSE en forma monopólica.

El BSE financia las rentas obedeciendo el método de capitalización, esto es con los aportes individuales y obligatoriamente debe constituir la reserva matemática. La LCS no modifica este aspecto. Lo que sí modifica es la obligación de crear la reserva matemática para los casos de aumento de las obligaciones derivada de la actualización de rentas, reserva que antes no se tenía que hacer. A partir de ahora, estas reservas deberán formarse y respecto de ellas la LCS establece que se siga el mismo modelo de capitalización, en lugar del modelo de reparto que se utiliza en los denominados seguros sociales. El legislador entiende que el sistema de reparto no es el adecuado para reflejar las obligaciones asumidas en este tipo de seguros. El artículo 123 obliga al BSE a obedecer un criterio de gradualidad en el incremento de las reservas debiendo financiarlas con por lo menos el 5% de los premios de estos seguros y no menos del 25% de su utilidad neta anual una vez debitados los impuestos. Esta última fuente de financiación puede evadirse si el patrimonio neto del BSE supera en más del 50 % el capital mínimo exigido por el Banco Central del Uruguay.

Todos los demás aspectos del artículo 67 de la Ley permanecen incambiados (la inversión de las reservas técnicas, el límite del beneficio neto de la explotación del seguro, los rubros que deben tomarse en consideración para su cálculo y el régimen de deducción de las pérdidas).

Otra modificación importante que introduce la LCS al régimen de los seguros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales supone generalizar el sistema y alcanzar a los dependientes de la actividad rural y abandonar el sistema de la tarificación única por uno que contemple los riesgos particulares de cada actividad del dependiente rural y atienda la siniestralidad.

4. Creación de una base de datos

En el capítulo X el legislador permite a las empresas aseguradoras crear lo que se denomina las «bases de datos de seguros», esto es, compendios de información de carácter personal sobre los consumidores y usuarios del seguro. Con estas bases de datos el legislador pretende obtener mejoras de eficiencia en el mercado.

Podemos adelantar algunas características del régimen creado:

1) Se trata de una facultad del asegurador.

2) La base de datos es común. Aparentemente las aseguradoras tendrían la facultad de crearlas y de aprovechar la información de las bases de datos creadas por otros aseguradores.

3) La utilización de los datos se limita a cuatro objetivos: la liquidación de los siniestros, la colaboración estadístico actuarial que permita la tarificación y selección de los riesgos, la elaboración de estudios de técnica aseguradora y la prevención del denominado fraude de seguros.

4) Estas bases se componen de datos de carácter personal. No se establece de quien.

5) Los datos personales que componen la base de datos, sea de la naturaleza que sean, pueden ser objeto de tratamiento, comunicación o cesión. Estos términos deberán ser objeto de interpretación pues, salvo en lo que concierne a la cesión, los vocablos tratamiento y comunicación no son propios de la ciencia jurídica. 

6) Como principio general la manipulación de los datos no requerirá el consentimiento previo de su titular, bastando con comunicarle su eventual empleo en bases de uso común. También debe informársele quien es el responsable de modo de permitírsele ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión previstos en la Ley 18.331/2008, de 11 de agosto, de Protección de datos personales y acción de habeas data (LPD). Todo esto debe cumplimentarse cuando introduzca sus datos por primera vez.

Excepcionalmente los datos relativos a la salud requerirán el consentimiento expreso del titular para ser objeto de tratamiento, comunicación o cesión. Nada dice la Ley respecto a que deba obtenerse este consentimiento en forma previa a su empleo, ni que deba tratarse de un consentimiento informado, ni que deba extenderse un documento a tal fin. Sin estos requisitos la manipulación de los datos contraría lo dispuesto en la LPD que sienta los principios generales de la actuación de todo responsable de una base de datos.

Se advierte, además, que la creación de una base de datos puede, eventualmente, resultar una práctica discriminatoria, contrarias a la  Ley 18.104/2007, de 15 de marzo, de Igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la República, en cuyo artículo 2 se declara que el Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el diseño, la elaboración, la ejecución y el seguimiento de las políticas públicas de manera que integren el género, contando con el margo general y orientador de la Ley. Nada dice la Ley sobre los seguros, ni sobre la influencia de los criterios de igualdad que se reconocen sobre la contratación en general.

La LCS establece, asimismo, que el régimen de tratamiento, comunicación y cesión de los datos relativos a la salud queda sujeto a los artículos 157 a 160 de la Ley 18.719/2010, de 27 de diciembre y artículo 275 de la Ley 19.149/2013, de 24 de octubre, lo que se justifica en la necesaria interoperabilidad e intercambio de información entre el BSE, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Inspección General de Trabajo y Seguridad Social a los efectos de la confección de las estadísticas sobre siniestralidad y enfermedades profesionales. Las normas refieren los organismos autorizados a intercambiar información, las formas y obligaciones de los sujetos involucrados.

II. Diferencias fundamentales con el régimen derogado

A. Orden público

El artículo 1 de la LCS establece que «La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular las distintas modalidades del contrato de seguro, sin perjuicio de la aplicación de las leyes especiales que rijan seguros específicos, así como de las disposiciones de la Ley Nº 17.250 toda vez que el contrato implique una relación de consumo». Inmediatamente agrega «Sin perjuicio de la naturaleza de esta ley, serán válidas las cláusulas contractuales más beneficiosas para el asegurado».

La norma consagra la ruptura de la regla general de Derecho según la cual en los contratos las partes se dan su propia ley y establece, como principio general, el carácter imperativo de la ordenación legal del contrato de seguro. Excepcionalmente las partes recuperan este poder solamente en un caso: cuando ello sea beneficioso al asegurado. Se trata de una declaración general de imperatividad de las normas y también de una declaración general de excepcionalidad que, por su imprecisión, no dejan de presentar ciertos riesgos.

1. Los modelos y el cambio de paradigma

a. Los modelos

El modelo de la declaración genérica de orden público que ha seguido nuestro legislador es consecuencia de la creciente preocupación por tutelar los derechos del asegurado, tendencia que se verifica en varios países, caso de Chile[48], Perú[49], México[50], Paraguay[51], Costa Rica[52], Venezuela[53], El Salvador[54], Guatemala[55], Honduras[56] y España[57]. Estos países han legislado convencidos de que las normas de protección al asegurado contenidas en la normativa de tutela al consumidor no son suficientes para equilibrar la disparidad negocial que caracteriza al seguro. Por esta razón, han reforzado la regulación del contrato de seguro agregando a las leyes la naturaleza imperativa de sus disposiciones. Visto en retrospectiva, aparece clara la diferencia con el codificador del Código de Comercio preocupado por proteger al asegurador de los fraudes, las declaraciones reticentes y de los siniestros simulados[58].

No es la única solución. Debe advertirse que existen países que, sin llegar a realizar una declaración general de imperatividad, recurren a la técnica de indicar ciertas normas como imperativas o a determinar que ciertos preceptos son inderogables.

La Argentina, en el artículo 158 de la Ley 17.418/1967, de 30 de agosto, de Seguros (LSA), ha preferido establecer que además de las normas que por su letra o naturaleza sean total o parcialmente inmodificables, no se podrán variar por acuerdo de partes determinados artículos, y sólo se podrán modificar a favor del asegurado otros tantos. Parecería, entonces, que la norma establece como principio general la autonomía de la voluntad, pero ciertamente esta declaración de principios no es general desde que viene muy matizada por los descartes que necesariamente debe realizar el intérprete[59].

Algo parecido, aunque mucho más ambiguo, ocurre en Panamá. En este país se establece que el contrato de seguro se regula de acuerdo con las estipulaciones de la póliza, esto es, se gobierna según la autonomía de la voluntad de las partes y en su defecto o insuficiencia por las disposiciones del Código. Dicho eso, el codificador panameño aclara que es nula la renuncia que se haga, tácita o expresamente, de las disposiciones imperativas o prohibitivas de la ley, al tiempo del contrato o mientras el contrato dure[60].

En similar sentido, el legislador colombiano reconoce la existencia de normas imperativas en el artículo 1136 del Código de Comercio, norma que dispone que los preceptos del título V, que comprende toda la regulación del seguro, salvo los de orden público y los que dicen relación a la esencia del contrato de seguro, sólo se apliquen al contrato de reaseguro en defecto de estipulación contractual[61]. En Europa, siguen esta tendencia Italia[62] y Francia[63].

Asimismo, encontramos una serie de países que no realizan ninguna declaración de imperatividad, ni general, ni particular. Es el caso de Bolivia[64], Brasil[65], Nicaragua[66], Ecuador[67] y Puerto Rico[68].

Finalmente, existen países que se decantan claramente por la autonomía de la voluntad como solución de principio. Es el caso de la República Dominicana, país que en el artículo 40 de la Ley sobre seguros y fianzas ha preferido otorgar a los contratos de seguro la característica de Derecho estricto[69]. También es el caso de Cuba[70].

b. Cambio de paradigma en el Derecho uruguayo

La declaración del artículo 1 de la LCS sobre la naturaleza de orden público de la Ley, y consecuentemente respecto a la imperatividad de sus normas, supone un cambio de orientación fundamental porque nuestro Derecho de seguros siempre estuvo gobernado por el principio contrario, esto es, por la autonomía de la voluntad.

El Código de Comercio, fiel a la concepción liberal de su época, estimaba que lo más conveniente era que los particulares efectuasen ellos mismos la composición de sus intereses. La solución de principio era la autonomía de la voluntad de las partes y la excepción a la regla era la norma imperativa, solución que se encontraba plasmada en el artículo 643. Esta disposición declaraba nula la renuncia que se hiciera de las disposiciones imperativas o prohibitivas de la ley al tiempo del contrato de seguro, o mientras éste durase[71].

De ello debe inferirse que el Código de Comercio reconocía la existencia de ciertas disposiciones imperativas o de Derecho necesario, al contrario de la Ley actual que se declara en su totalidad de orden público, con la excepción a la que luego habremos de referirnos. El principio, por tanto, es el opuesto y prueba acabada de ello es el papel fundamental que desempeñaba la póliza en el régimen anterior, que además de reunir los elementos esenciales de todo contrato (art. 1261 CC) y de reclamar determinadas cláusulas contractuales fundamentales para regular la relación entre las partes (art. 645 CCom), se constituía en requisito de solemnidad (art. 644 CCom).

En la exposición de sus motivos el Poder Ejecutivo no explicó la razón de semejante cambio de orientación. Ciertamente muchos países latinoamericanos siguen la tendencia elegida por el legislador uruguayo. A ello podría agregarse la idea que aparece subyacente respecto al interés de tutelar al asegurado en el entendido de que es la parte contractual económica y técnicamente más débil. Son frecuentes en la literatura del seguro los comentarios sobre la superioridad del asegurador en el conocimiento de la ciencia de la matemática, la probabilidad y la estadística (que son las que permiten determinar la frecuencia de los siniestros de modo de proceder al cálculo de la prima de riesgo), el dominio de las técnicas de elaboración de los condicionados y cuestionarios de declaración de los riesgos y de la técnica actuarial de liquidación de los siniestros, entre otros. Evidentemente el Poder Ejecutivo reconoce esta realidad y por esa razón propone armonizar los derechos y deberes de las distintas partes intervinientes en el contrato en función de lo dispuesto en la LRC.

Más allá de lo opinable que pueda resultar la elección del modelo[72], lo que debe resaltarse es que no se ha exceptuado al reaseguro del régimen de imperatividad de la Ley y ello es ciertamente objetable desde que las razones que alientan la existencia de un Derecho necesario, tal cual es la defensa de la parte débil en la relación del seguro, no existen en el contrato de reaseguro por tratarse de dos aseguradores[73]. No puede decirse lo mismo, en cambio, del empresario, pues el hecho de constituirse en empresa y aunque ello suponga profesionalidad, no implica que conozca las bases económicas y técnicas de producción del seguro.

2. Consecuencias de la infracción del Derecho necesario de la LCS

Las consecuencias de la infracción de las normas imperativas se establecen con carácter general en el artículo 8 del Código Civil, norma que declara que lo hecho en contra de las leyes prohibitivas es nulo si en las mismas no se dispone lo contrario. De ello se deriva que por lo general el contrato de seguro no es nulo; sólo es nula la cláusula en cuestión, en una suerte de nulidad parcial o relativa consecuencia de la aplicación del principio de la conservación del contrato[74]. Por tanto, las cláusulas contractuales contrarias a la norma imperativa son nulas y corresponde aplicar el precepto de la LCS que las partes quisieron derogar.

 En ocasiones la nulidad completa del contrato se justifica en que la cláusula que pretenden inútilmente incorporar las partes, en sustitución de la norma legal, afecta un elemento esencial como el riesgo. Es así como el contrato de seguro es nulo por inexistencia de riesgo, sea porque no existe riesgo como presupuesto de asegurabilidad o porque ya haya ocurrido el siniestro al momento de su celebración (art. 14 LCS). El contrato también es nulo cuando la cláusula que se desobedece vulnera el orden público. Sería el caso de pretender cobertura para operaciones ilícitas, seguro que está prohibido, al igual que el que ofrece cobertura para bienes cuya posesión es ilícita (art. 5 LCS). Por las mismas razones de orden público, las partes no pueden autorizar el sobreseguro pues está prohibido celebrar contratos con la intención manifiesta del tomador de enriquecerse indebidamente (art. 57 LCS).

No obstante, insistimos, la nulidad total del contrato de seguro no es el efecto normal. La LCS sigue la tónica de la LRC que también dispone la solución de la nulidad parcial en el supuesto de las cláusulas abusivas. De acuerdo con el artículo 31, la inclusión de una cláusula abusiva confiere al consumidor el derecho a exigir su nulidad, debiendo el juez integrar el contrato. La nulidad completa del contrato sólo procede si el juez apreciara que aun con el contenido integrado el contrato carece de causa.

3. Las cláusulas más beneficiosas para el asegurado

La imperatividad de las normas de la LCS se desvanece en el caso de que se hayan acordado cláusulas contractuales más beneficiosas para el asegurado. Se trata de una excepción a la regla general, que es la imperatividad de la Ley, excepción que también ha sido redactada en términos genéricos.

La técnica elegida por el legislador no deja de entrañar riesgos por su propia indeterminación, indeterminación que no se verifica en otros regímenes, caso del argentino, italiano y francés, en los que se prefirió establecer cuáles son los preceptos concretos que pueden modificarse a favor del asegurado. Este hecho obligaría a flexibilizar la interpretación de la cláusula general y de la excepción de modo de atender las circunstancias del caso concreto y de los intereses en juego, pues la interpretación del Derecho imperativo debe ser restrictiva o extensiva de acuerdo con la propia ratio y a la finalidad perseguida por la norma[75].

a. Requisitos para que proceda el régimen de excepción

La autonomía de la voluntad para establecer cláusulas beneficiosas en el contrato de seguro tiene sus límites: las cláusulas en cuestión deben suponer un provecho para el asegurado y deben, además, ser válidas.

Cláusulas beneficiosas

Para que se desconozca el Derecho imperativo o necesario, las cláusulas en cuestión deben aparejar algún provecho o beneficio para el asegurado. Debe tratarse, en suma, de cláusulas que mejoren su posición jurídica en la relación contractual que mantiene con el asegurador.

Puede tratarse de cláusulas que amplíen sus derechos o puede tratarse de cláusulas que alivien sus deberes y obligaciones. Pensemos, por ejemplo, en cláusulas que le otorguen mayores plazos para efectuar las comunicaciones de rigor, o las que le concedan mejores condiciones para realizar los pagos de las primas, las que le otorguen servicios adicionales, o las que presuman conductas que le favorezcan.

Las cláusulas más beneficiosas, cuando justamente amplían los derechos del asegurado, entran en franca colisión con las denominadas cláusulas limitativas de los derechos del asegurado, que encuentran regulación en el artículo 26 de la LCS. Esta norma dispone que las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados o de los beneficiarios, las que restringen o limitan la cobertura en principio contratada, las que liberan de su obligación al asegurador por incumplimiento del asegurado o beneficiarios, las referidas a la inobservancia de cargas por parte de éstos o las que delimitan o concretan el riesgo asegurado, se destacarán de modo especial en la póliza. Quiere decir que las cláusulas más beneficiosas que permiten desconocer el Derecho imperativo puede ser el derivado de la cláusula limitativa, en tanto éste restrinja los derechos del asegurado y la cláusula más beneficiosa los amplíe, aunque, una vez más, el contenido de los beneficios no tiene por qué circunscribirse a este caso[76].

Corresponde preguntarse si el sujeto favorecido con tales cláusulas ha de ser, necesariamente el asegurado, comprendido en su sentido estricto como titular del interés asegurable (esto es, quien padece el riesgo), o si, por el contrario, la expresión legal debe ser entendida en su sentido amplio, comprensivo también del tomador, del beneficiario y de los terceros que eventualmente pudieran llegar a tener un interés legítimo contra el asegurador, siendo que a todos ellos alcanzan los efectos del contrato de seguro. Se sostiene que debe interpretarse en su sentido amplio dado que, generalmente, es en la persona del asegurado en la que se concentran los efectos del contrato[77].

Cláusulas válidas

Una cláusula que exonerara el pago de la prima al asegurado sería más beneficiosa, sin duda, pero sería inválida pues no existe contrato de seguro al faltar uno de sus elementos esenciales tal cual es el pago de la prima[78]. El artículo 2 de la LCS define al contrato de seguro como aquel por el cual el asegurador se obliga mediante el cobro de un premio a resarcir al tomador, al asegurado o a un tercero, dentro de los límites pactados, los daños, pérdidas o la privación de un lucro esperado, o a pagar un capital, servir una renta o cumplir otras prestaciones convenidas entre las partes; para el caso de ocurrencia del evento cuyo riesgo es objeto de la cobertura.

De la misma forma, no son válidas las cláusulas que, aun beneficiando al asegurado, desnaturalicen el contrato. Ello puede fundarse en la expresión «Sin perjuicio» con la que comienza el legislador el segundo párrafo del artículo primero y que obliga a una interpretación cuidadosa que atienda, sobre todo, al interés asegurable, cuya función preponderante en los seguros de daños distingue al seguro de otros contratos como la apuesta. Por esta razón no puede aceptarse una cláusula que prometa al asegurado una indemnización superior al valor de su interés asegurado[79]. De modo que el artículo 54 de la LCS es indisponible para las partes, pues allí se asienta el principio indemnizatorio que gobierna los seguros de daños patrimoniales. El asegurador sólo habrá resarcir en el modo y dentro de los límites establecidos en el contrato, el daño efectivamente sufrido como consecuencia del siniestro, sin incluir el lucro cesante, salvo cuando haya sido expresamente convenido. La norma declara que el seguro no puede dar lugar a ganancia o enriquecimiento de especie alguna para el tomador o beneficiario y que el límite máximo de indemnización a pagar por el asegurador por los siniestros y hechos ocurridos durante la vigencia del contrato será el convenido en la póliza. No puede existir, por tanto, una cláusula más beneficiosa que quiebre este precepto.

Para mayor refuerzo, el artículo 55 establece qué sucede si se verifica una situación de sobreseguro, esto es, si al tiempo del siniestro el valor asegurado excede el valor asegurable. En este caso el asegurador sólo viene obligado a resarcir el perjuicio efectivamente sufrido, no obstante, tiene derecho a percibir la totalidad del premio mediando buena fe de su parte.

El sobreseguro, esto es, el resarcimiento superior al daño efectivamente ocasionado por el siniestro siempre ha sido un límite a la autonomía de la voluntad de las partes en el entendido de que debía prohibirse que el seguro sea utilizado como una herramienta especulativa. Permitirlo supondría degenerar el contrato en apuesta ya que el asegurado podría verse tentado a producir el evento dañoso o aumentar las probabilidades de su realización al dejar de tomar las debidas precauciones para evitarlo[80].

Tampoco puede disponerse del Derecho imperativo cuando las normas son de orden público. Las partes no pueden desconocer el artículo 38 de la LCS y beneficiarse del siniestro causado fraudulentamente por el asegurado. De la misma manera, no pueden derogar el artículo 101 y favorecer al beneficiario que provoca deliberadamente la muerte del asegurado con un acto ilícito, o al tomador o al asegurado que en las coberturas de accidentes provoca dolosamente el siniestro. Otro tanto ocurre en el caso del beneficiario del seguro contratado sobre la vida de un tercero cuya muerte ha sido deliberadamente provocada por un acto ilícito del tomador.

b. Consecuencias del régimen de excepción

El artículo primero declara que los preceptos de la LCS son de orden público pero que, sin perjuicio de ello, serán válidas las cláusulas contractuales más beneficiosas para el asegurado. De modo que, en tanto y en cuanto las cláusulas sean válidas y contengan efectivos beneficios para el asegurado, corresponde interpretar que derogan el Derecho necesario impuesto por el legislador. Estas normas dispositivas tienen, igual que las imperativas, un alcance preciso que viene determinado por su pretensión de ordenar la relación contractual. En este sentido, se afirma, son tan obligatorias como las imperativas y no se conciben simplemente como un conjunto de normas dictadas para el mero auxilio del desmemoriado. Por el contrario, su función es ordenar los intereses de las partes[81].

Se plantea, ahora, el problema de la interpretación en caso de cláusulas oscuras, esto es, aquellas en las que no pueda desentrañarse, claramente, si son válidas o si contienen efectivos beneficios para el asegurado. Ya hemos advertido respecto a la indeterminación de la norma en este sentido. No hemos de insistir en ello.

En lo personal entendemos que en caso de vacilación respecto de la inteligencia que cabe asignar a las cláusulas del contrato, las cláusulas contractuales oscuras deben ser interpretadas en el sentido más favorable para el asegurado en aplicación del in dubio pro asegurado, o, lo que es lo mismo, jamás deben ser interpretadas en favor del que las ha impuesto (contra proferentem). Esta solución es reiterada en la jurisprudencia española[82] y argentina[83] y también es señalada por la doctrina[84].

 

B. Perfeccionamiento

El artículo 3 de la LCS establece que el contrato de seguro se perfecciona con el consentimiento de las partes. A partir de ahora el seguro es un contrato consensual, lo cual constituye una modificación sustancial con respecto al artículo 644 del Código de Comercio que disponía la necesidad de la póliza escrita como requisito de perfeccionamiento del contrato. El artículo 3 indica, además, que el consentimiento perfecciona el contrato aun antes de emitida la póliza o pagado el premio, esto es, aun antes de cumplidas estas obligaciones.

La póliza tiene ahora un mero valor probatorio, aunque no es el único documento que puede servir a tal fin. En efecto, el artículo 7 LCS establece que la prueba del contrato de seguro requiere prueba escrita. La póliza es el documento escrito natural que demuestra la existencia de un contrato de seguro. Sin embargo, la Ley admite cualquier prueba escrita y, además, en forma complementaria, acepta otros medios de prueba admitidos por la legislación nacional.

C. Aplicación de la Ley de Relaciones de Consumo

Como principio general la LCS regula las distintas modalidades de seguro. Excepcionalmente el intérprete debe atender, además, otras normas que se entienden más específicas o que regulan más apropiadamente la relación contractual. Así sucede cuando el contrato de seguro implica una relación de consumo en cuyo caso ha de aplicarse la Ley 17.250/2000, de 11 de agosto, de Relaciones de Consumo (LRC).

El objeto de la LRC es «regular las relaciones de consumo» (artículo 1), relaciones que se definen en el artículo 4 como los vínculos que se establecen entre el proveedor que, a título oneroso, provee un producto o presta un servicio y quien lo adquiere o utiliza como destinatario final. La LRC no contempla, pues, normativa específica relacionada a especies de contrato de seguro, pero regula, sí, las relaciones de consumo entabladas entre el asegurador y el consumidor asegurado.

La nueva Ley tiene, por tanto, un espectro amplio de aplicación que puede demarcarse de la siguiente manera. En primer lugar, gobierna los contratos de seguro que aparecen integrando el elenco de seguros incluidos en el texto legal y de toda otra modalidad que pueda considerarse contrato de seguro. En segundo lugar, establece la base contractual fundamental de las especies de seguros que poseen una regulación específica. En tercer lugar, para el caso en que la relación aseguradora suponga una relación de consumo, cosa que sucede cuando el proveedor es un asegurador, el asegurado un consumidor y entre ellos se produce un vínculo en los términos de la LRC, entonces la regulación de la LCS habrá de completarse con la LRC.

a. La protección del consumidor del seguro como fundamento de la excepción legal

La dinámica de contratación del seguro moderno coloca al asegurado en una situación de inferioridad, producto de su escasísima o nula oportunidad de decisión respecto del alcance concreto de la garantía asegurativa[85]. Su papel se reduce a aceptar una propuesta de seguro elaborada, no en atención a su riesgo particular, sino en función del riesgo de la mutualidad de asegurados en la que es colocado. No es posible que el asegurador opere de otra manera desde que el seguro se funda en unos principios técnicos basados en cálculos estadísticos de probabilidad de siniestros que, por definición, suponen la consideración de una casuística cuantitativamente respetable.

Estas operaciones masivas luego se plasman en las cláusulas generales y en las cláusulas particulares de la póliza. Las cláusulas generales son el paradigma de estipulación contractual destinada a gobernar la relación jurídica de las dos partes, pero son predispuestas e impuestas por el asegurador, en su propio interés. Por todo ello es indiscutible que el seguro es un contrato de adhesión[86].

De modo de equilibrar la situación, contra el poder del asegurador se enfrenta el control de legalidad del Estado sobre las pólizas, el reconocimiento de ciertos derechos al asegurado en tanto consumidor del seguro y la declaración de imperatividad de la Ley.

En el Uruguay, el ordenamiento jurídico que acuerda cierta protección al consumidor está integrado por la LRC y la Ley 18.507/2009, de 7 de julio de 2009, de Procedimiento aplicable a las causas judiciales originadas en las relaciones de consumo.

b. ¿Cuándo el seguro implica una relación de consumo?

En el Derecho uruguayo la relación de consumo se encuentra definida en el artículo 4 de la LRC. De acuerdo con esta norma, existe una relación de consumo cuando se establece un vínculo entre un proveedor, que provee un producto o que presta un servicio, y quien lo adquiere o lo utilice como destinatario final. Es indiferente que el vínculo se oneroso o gratuito. La propia norma equipara los vínculos gratuitos a los onerosos con la condición de que los vínculos gratuitos tengan por fin una eventual relación de consumo onerosa[87].

La relación de consumo puede tener por objeto la provisión de un producto o la prestación de un servicio. Por objeto debe interpretarse cualquier bien corporal o incorporal, mueble o inmueble. Por servicio debe interpretarse cualquier actividad remunerada suministrada en el mercado de consumo, excepto las que resultan de las relaciones laborales (art. 5 LRC)[88].

Para la definición de la relación de consumo el legislador ha puesto énfasis en los participantes: el proveedor y el consumidor. Existe, en la propia LRC, una definición para cada una de estas personas.

El artículo 3 de la LRC define al proveedor aludiendo fundamentalmente al objeto de su actividad. La norma comprende a toda persona física o jurídica, privada o pública, y en este último caso, estatal o no estatal, que desarrolle, de manera profesional, actividades de producción, creación, construcción, transformación, montaje, importación, distribución y comercialización de productos o servicios en una relación de consumo. En esta definición se encuentran elementos propios del concepto de comerciante (la profesionalidad en el desarrollo de las actividades, elemento requerido en el art. 1 CCom), pero faltan otros (la realización de cuenta propia de los actos de comercio). Asimismo, obsérvese que el proveedor, al igual que el comerciante, realiza una actividad económica que en muchos casos coincide con los actos de comercio enumerados en el artículo 7 del CCom. Sin embargo, existe una limitación excluyente: las actividades deben realizarse en una relación de consumo.

Mayores dificultades se presentan en la interpretación de lo que el legislador entiende como consumidor. De acuerdo con el artículo 3, consumidor es «toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella». Como puede apreciarse, el énfasis se encuentra en el destino del bien o servicio.

Entre nosotros se han dado dos interpretaciones diferentes respecto a lo que debe entenderse como destinatario final en el contexto de esta norma.

En una posición se sostiene que para ser consumidor final es menester que el producto o el servicio salga del comercio, que no integre ningún proceso de producción de nuevos productos y que satisfaga necesidades propias, familiares, sociales o domésticas. En esta interpretación, el destino del bien o del servicio es lo determinante. Si el bien o servicio se encuentra afectado al comercio o a la industrialización futura, entonces no se encuentra en una relación de consumo, ni su adquirente es un consumidor final[89]. El fundamento legal de esta posición se encuentra en el inciso 2 del artículo 2 de la Ley de Relaciones de Consumo, disposición según la cual no se considera consumidor o usuario al que, sin constituirse en destinatario final, adquiere, almacena, utiliza o consume productos o servicios con la finalidad de integrarlos en procesos de producción, transformación o comercialización.

En otra posición se sustenta que los bienes de capital, como por ejemplo las máquinas, no se integran al proceso de producción, como sucede con los que se utilizan para transformar productos[90].

La cuestión no es baladí. La primera interpretación conduce a eliminar al comerciante como consumidor y por tanto como sujeto protegido por las normas de la LRC[91].

¿Cómo incide todo esto en el seguro? Pues bien, el seguro integrará una relación de consumo toda vez que cumpla con los elementos anotados. Ciertamente el seguro es un objeto posible en una relación de consumo. Se lo considera integrante de la categoría de «oferta de servicios financieros­» a que alude el artículo 21[92]. Debe tratarse de un vínculo oneroso, cuestión indiscutible en el contrato de segur­o, o gratuito en tanto tenga por finalidad una futura y eventual relación de carácter onerosa. Luego, el asegurador ingresa cómodamente en la definición legal de proveedor en tanto el servicio que presta se encuentra entre las actividades descritas y no puede cabe duda respecto de su profesionalidad.

Resulta más difícil resolver el dilema del consumidor. En efecto, no cabe duda de que habrá un contrato de seguro en una relación de consumo si el seguro se contrata por quien se ajuste al artículo 3 y asimismo no roce el inciso 2 del artículo 2 de la LRC. Supongamos el seguro contratado por un ama de casa. Sin embargo, ¿qué sucede con el seguro de incendio, por ejemplo, contratado por un empresario?

A nuestro modo de ver la LRC no realiza distinciones sobre la naturaleza civil o comercial de las personas que pueden ser consumidoras y por tanto no corresponde que las realice el intérprete. Solamente ha de atenderse a la finalidad de consumir el bien o el servicio, sin importar si su utilización supone la integración a un proceso de producción, transformación o comercialización. En este sentido, el comerciante o el empresario es tan consumidor de un seguro como el ama de casa y tiene el mismo derecho al amparo de la LRC como aquella.

D. Adopción de un criterio de clasificación de los seguros

La LCS se aplica a todas las modalidades de contrato de seguro. Excluidos los contratos que no son de seguros y lo que no son contratos, ¿qué quiso decir el legislador con modalidades de contrato de seguro? Por modalidades se entiende las distintas clases, tipos o formas dentro del concepto de contrato de seguro. Admitido esto, debe advertirse que existen diversos criterios de clasificación de esas modalidades. El Código de Comercio no se afilió a ninguno. La LCS, en cambio, optó por un criterio determinado lo que significa el rechazo de otros, cosa que no es irrelevante.

En efecto, el legislador no adoptó la clasificación que divide a los seguros en seguros de cosas y seguros de personas y ha hecho bien pues no todos los seguros que no son de personas son seguros de cosas. Asimismo, no adoptó el criterio de separar los seguros en seguros de daños y seguros de sumas, una de las clasificaciones más tradicionales, que atiende al objeto de la obligación principal del asegurador al momento de ocurrencia del siniestro.

La LCS dividió los contratos en dos grandes categorías: seguros de daños patrimoniales y seguros para las personas. Dentro de los seguros de daños sobre intereses patrimoniales la Ley regula con normas específicas a los seguros de incendio, hurto, transporte y de riesgo agrícola y los seguros de responsabilidad civil. En el artículo 64 se mencionan a los seguros de lucro cesante, de crédito, de fianza y de caución y se declara que a ellos les resultarán aplicables las normas sobre los seguros de daños patrimoniales.

A estos seguros se les aplican el principio indemnizatorio propio de cualquier seguro de daños. El asegurador se compromete a indemnizar al asegurado los daños sufridos como consecuencia del siniestro, dentro de los límites establecidos en el contrato. Ni más, ni menos. También se llaman de concreta cobertura y se caracterizan por la variabilidad de la indemnización que sirve el asegurador, indemnización que depende de diversos factores como la delimitación causal de los riesgos, la suma asegurada y fundamentalmente la entidad del daño sufrido[93]. Nuestra Ley refiere al principio indemnizatorio en el artículo 54, norma que encabeza la regulación de los seguros de daños patrimoniales.

 La Ley no contempla normas específicas para las distintas especies de seguros para las personas. El artículo 94 comprende en esta clase de seguros a todos los riesgos que pueden afectar la existencia integral o corporal o la salud del asegurado. Entran en esta categoría los seguros sobre la vida (para el caso de muerte y para el caso de sobrevivencia) y los seguros sobre la integridad corporal (seguros de accidentes personales).

En estos seguros el asegurador se obliga a pagar una suma de dinero determinada en caso de verificarse el siniestro. A diferencia de los descritos anteriormente, dicha suma se estipula por el tomador en la fase precontractual con total independencia del daño sufrido. Por esta razón se los denomina seguros de abstracta cobertura. Son ajenos al concepto de interés y como consecuencia, también son extraños al concepto de daño patrimonial. La suma o el capital asegurado la establece el tomador o el asegurado, unilateralmente, en función de su conveniencia[94].

Las modalidades asegurativas referidas en la Ley podrán combinarse unas con otras. Habrán de sumarse las especies de seguros que se rijan por leyes específicas, y luego, con el devenir del tiempo, podrán aparecer otras modalidades contractuales que en tanto lícitos y ajustados al artículo 2, se regulen por esta Ley o por las específicas que correspondan.

E. Adopción de la teoría dualista del seguro

El Código de Comercio se afiliaba a la teoría unitaria del seguro de Ascarelli[95] y Donati[96] pues la única obligación que se contemplaba en la definición de seguro (artículo 634) era la de indemnizar una pérdida, un daño o la privación de un lucro esperado. La definición incluía, pues, a los seguros de daño o de estricta indemnización y excluía a los seguros que tienen por objeto el pago de una suma de dinero en concepto de un capital o de una renta. Tal es el caso de los seguros de sumas o de cantidades, como el seguro de vida. Esta opción fue criticada en su momento por no reflejar la realidad de la actividad aseguradora.

El artículo 2 de la LCS establece que la obligación del asegurador pueda tener distinta naturaleza. De un lado puede resarcir daños, pérdidas o la privación de un lucro esperado. De otro lado, puede pagar capital, servir renta o cumplir otras prestaciones convenidas entre las partes. El legislador se ha decantado por la concepción dualista del seguro, muy reconocida por los trabajos de Fanelli[97] y Garrigues[98].

¿Cuál es la importancia de tomar partido por una u otra postura? Pues bien, se trata de reconocer al contrato unidad en los aspectos estructurales que aparecen en el tratamiento del capítulo I (disposiciones generales, del riesgo, de la póliza, de las obligaciones de las partes, del siniestro, del incumplimiento y de la prescripción de las acciones).

En teoría, la redacción del CCom dejaba huérfana de regulación estructural básica a los seguros de vida para el caso de muerte o para el caso de supervivencia pues la muerte no es un daño indemnizable y la supervivencia mucho menos. De modo de suavizar semejante consecuencia se consideró como daño la pérdida patrimonial de quienes dependen económicamente de la vida asegurada[99]. Sin embargo, incluso en este supuesto, el seguro de vida carece de daño toda vez que la muerte o la supervivencia del individuo resulten indiferentes, cosa que sucede si la vida asegurada se encontraba económicamente pasivo, a su muerte, o activo, al llegar a la edad prevista en el contrato. Si así fuere, la muerte o la supervivencia no causarían daño pues el individuo no sufriría consecuencias patrimoniales relevantes[100].

Con la nueva redacción la cuestión tampoco parece estar zanjada. Sánchez Calero, comentado el art. 1 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de seguros, muy similar a la nuestra, estima que la enunciación que realiza la norma española parece indicar que el artículo 1 ha querido alejarse de la concepción indemnizatoria del contrato, pero que de ello no debe derivarse que la Ley haya renunciado a un concepto unitario del contrato, como tipo contractual[101].

F. Fraude de seguro

El artículo 38 incorpora el denominado fraude de seguro, situación que se produce cuando el tomador, asegurado o beneficiario ha procurado intencionalmente la ocurrencia del siniestro o exagerado sus consecuencias con ánimo de conseguir un enriquecimiento ilícito para sí o para un tercero, a través de la indemnización que espera lograr del asegurador. Cuando se configura este fraude se pierde el derecho a la indemnización y no se puede reclamar la devolución de la prima abonada. Se trata, ésta, de una norma muy esperada por el asegurador porque estas conductas fraudulentas, además de provocarle un daño en el caso concreto, deforman sus cálculos estadísticos y encarecen sus primas lo cual es muy perjudicial para el negocio.

El Código de Comercio contemplaba el fraude en el artículo 639 en una norma que, a diferencia de la actual, no describía la conducta del individuo. Se limitaba a establecer las consecuencias, que como ahora, implicaban que el asegurador no respondiera de los daños manteniendo el derecho a exigir o retener la prima si los riesgos empezaban a correr.

Con respecto al Derecho anterior el actual mejora en haber distinguido a los sujetos involucrados pues el fraude de seguro puede llevarse a cabo no sólo por el tomador, sino, también por el asegurado y el beneficiario. Asimismo, se incorpora el supuesto de la exageración de los daños entre los supuestos contemplados.

1. Naturaleza jurídica del fraude de seguro y alcance objetivo de la disposición

a. Naturaleza jurídica

El fraude de seguro en nuestra Ley no configura un delito. Se trata de hipótesis en que el siniestro se encuentra fuera de la garantía asegurativa para el tomador, el asegurado y el beneficiario[102]. Es muy importante determinar con precisión el alcance objetivo de la disposición pues las exclusiones son de interpretación estricta. No se trata en cambio, de una caducidad. El tomador, asegurado o beneficiario que procura el siniestro o exagera los daños no tiene derecho alguno pues carece de cobertura. No es un hecho que extinga el derecho de crédito. El asegurador no está obligado y por ello el derecho del tomador, asegurado o beneficiario no ha surgido. Si no ha surgido, entonces no puede decaer.

b. Alcance objetivo

En este fraude de seguro no quedan comprendidas las conductas fraudulentas cometidas antes de la conclusión del contrato, en esa etapa informativa cuando el solicitante debe cumplir con el deber de declaración de los riesgos y está bien que así sea pues esta materia es propia de la reticencia (artículo 46). El fraude de seguro comprende sólo el período de ejecución del contrato, una vez celebrado, cuando el tomador, asegurado o beneficiario procure intencionalmente el siniestro o cuando exagera los daños.

La provocación intencional del siniestro es la maniobra mediante la cual el tomador, asegurado o beneficiario causa el evento dañoso para recibir la prestación del asegurador. Es un fraude que se produce en prácticamente todas las modalidades de seguro a excepción de los que cubren los daños que pueden ocasionar los desastres naturales.

La exageración en la reclamación de los daños es una estratagema mediante la cual el asegurado sobredimensiona el daño ocasionado por el siniestro, sea porque denuncia bienes que no existen, sea porque les adjudica un valor que no tienen.

La Ley no contempla otras figuras igualmente engañosas como la simulación de siniestro, la reclamación de la prestación en caso de supuestos excluidos con engaño y la retroacción de la póliza[103].

La simulación de siniestro es la maniobra mediante la cual el tomador o asegurado finge la ocurrencia del evento dañoso para recibir la prestación cuando es claro que el suceso no ha ocurrido. Es particularmente común en el seguro de automóviles[104]. También es común la reclamación del daño por un siniestro excluido, sea porque el bien siniestrado, siendo similar, no es el asegurado, o cuando el hecho no se encuentra comprendido entre los previstos por el asegurador. Tampoco es un fraude de seguro la retroacción de la póliza, esto es establecer una fecha en la póliza con la intención de cubrir un siniestro anterior, cuyo riesgo por supuesto no ha sido tenido en cuenta por el asegurador.

2. Elementos del fraude en seguros

Para que exista un fraude en un seguro es menester que concurran los siguientes elementos: la intención de que ocurra el siniestro o la exageración de sus consecuencias con el ánimo de conseguir un enriquecimiento ilícito para sí o para un tercero a través de la indemnización que se espera lograr del asegurador, que esa intención la tenga el tomador, el asegurado o el beneficiario y que esa intención se dirija a procurar el siniestro o a exagerar sus consecuencias. Debe existir, además, un nexo de causalidad entre el hecho y el sujeto de modo tal de que sea ese engaño artificioso, realizado por ese sujeto, y no otro el que provoque el daño. No habrá nexo causal en los siniestros cuya realización son independientes de la voluntad del hombre, como sucede en los seguros de granizo, por ejemplo.

El primer requisito que exige el artículo 38 se ajusta a la figura del fraude. El fraude se integra por la concurrencia de tres elementos: a) la conciencia y la voluntad de lograr un resultado antijurídico, representado en la expresión «ha procurado intencionalmente», términos en los que se reduce el propósito del agente de querer el resultado del acto que es consecuencia de su acción con independencia de que efectivamente logre su objetivo; b) la intención de violar la norma o desobedecer un deber genérico que en el caso se concreta en la desobediencia a que la ocurrencia del siniestro ocurra de otro modo que no sea fortuitamente o que los daños se exageren y c) la representación mental de causar un perjuicio efectivo, que se concreta en el ánimo de conseguir el enriquecimiento ilícito para sí o para un tercero a través de la indemnizacion que se espera lograr del asegurador[105].



[1]Signorino Barbat, A. «Anteproyecto de Ley de Seguros: Algunos artículos cuestionables o novedosos», Asociación Internacional de Derecho de Seguros, Sección Uruguaya. Alfaro Águila-Real, J. «Protección de los consumidores y Derecho de los contratos», Anuario de Derecho civil, v. 47, n° 2. Madrid: Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1994. Alonso Soto, R. El seguro de la culpa. Madrid: Montecorvo, 1977. Ascarelli, T. «Sul concetto unitario del contratto di assicurazione», Saggi giuridici. Milano: Dott. A. Giuffrè-Editore,1949. Barrón de Benito, J.L. Condiciones generales de la contratación y contrato de seguro Adaptado a la Ley 7/1998 de 13 de abril y al R.D 2486/1998 de 20 de noviembre. Madrid: Dykinson, 1999. Benítez de Lugo y Reymundo, L. Tratado de seguros, v. I. Madrid: Instituto Editorial Reus, 1955. Broseta Pont, M. Manual de Derecho mercantil, v. II., 20 ed., a cargo de Martínez Sanz, F. Madrid, Tecnos, 2013. Castellano, G. Le assicurazioni private. 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[2] Signorino Barbat, A., «Anteproyecto de Ley de Seguros: Algunos artículos cuestionables o novedosos», ponencia presentada en la Asociación Internacional de Derecho de Seguros, Sección Uruguaya.

[3] Así surge de la exposición de Castellanos, Director Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (AUDEA) que fuera recibida por la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración el 30 de julio de 2014 (Versión taquigráfica de la reunión realizada el 30 de julio de 2014, Carpeta 2850/2014, Cámara de Representantes, XLVIIa Legislatura).

[4] Rabosto, integrante de la Comisión Directiva de AIDA, expresa: «En el año 2006 elaboramos un articulado, un anteproyecto, basado en el proyecto del profesor argentino Morandi. De todas maneras, luego de analizar el proyecto de ley que esta Comisión tiene a estudio podemos decir que, a nuestro juicio, es muy bueno, muy positivo, favorable y, sobre todo, necesario. No obstante, sugerimos algunas modificaciones a su articulado» (Versión taquigráfica de la reunión realizada el 27 de agosto de 2014, Carpetas 2930/14, 486/10 y 2850/14, Cámara de Representantes, XLVIIa Legislatura).

 

[5] V. artículo 645 CCom.

[6] V. artículo 651 CCom.

[7] V. artículo 650 y 651 CCom.

[8] V. artículo 648 CCom.

[9] V. artículo 641 CCom.

[10] Norma novedosa sin concordancia.

[11] V. en la propia Ley los artículos 26.2 y 27.

[12] Benítez de Lugo y Reymundo, Tratado de seguros, v. I, (Madrid, Instituto Editorial Reus, 1955), p. 280; Picard y Besson, Traité général des assurances terrestre en droit français, t. I (París, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1938), p. 19; Garrido y Comas, Tratado General de Seguros, t. I, v. I (Barcelona, Consejo General de los Colegios de Agentes y Corredores de Seguros de España, 1986), p. 60 (quien comentando la definición señala que en el riesgo se aprecian dos elementos: la posibilidad de que acontezca el hecho no deseado y la lesión económica para el asegurado).

[13] Broseta Pont, Manual de Derecho mercantil, v. II., 20 ed., a cargo de Martínez Sanz, F. (Madrid, Tecnos, 2013), p. 369; Tirado Suárez, “El Contrato de seguro” en: Jiménez Sánchez, G.J. (Coord.), Derecho Mercantil, v. II, 14 ed. act. (Madrid, Marcial Pons, 2010), p. 722; Sánchez Calero, “Definición”, en: Sánchez Calero, F., Tirado Suárez, J., Tapia Hermida, A. J. y Fernández Rozas, J. C. Ley de Contrato de seguro. Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre, y a sus modificaciones, 4ͣ ed. revisada y puesta al día (Cizur Menor-Navarra, Aranzadi, 2010), p. 46; Scalfi, I Contratti di assicurazione. L´assicurazione danni (Torino, Unione Tipográfico Editrice Torinesse, 1991), p. 51; Monette, De Ville y André, Traité des assurances terrestres, 3ª ed., t. I, p. I (Bruxelles, Ètablissements Èmile Bruylant y París, Librairie Du Recueil Sirey, 1949), p. 121; Langle y Rubio, Manual de Derecho mercantil español, t. III (Barcelona, Bosch, 1959), p. 534; Donati, Tratatto del diritto delle assicurazioni private, v. II (Milano, Dott. Antonino Giuffrè-Editore, 1954), pp. 109 a 111; Castellano, G, Le assicurazioni private (Torino, Unione Tipográfico-Editrice Torinese, 1970), p. 174; Cuñat Edo, “La función de la proposición del seguro en nuestro Derecho”, Revista española de seguros, n° 6 (1976), p. 124; Garrigues, Contrato de seguro terrestre, 2ª ed., revisada y puesta al día conforme a la Ley de 8 de octubre de 1980 (Madrid, Aguirre Torre, 1982), p. 113; Fiorentino, “La descrizione del rischio nell´assicurazione”, Assicurazioni, año XIX-XX, p. I (1941), p. 50; Mames, Tratado de seguros: teoría general del seguro, 4ª ed. trad. por Soto, F. (Madrid, Logos, 1930), p. 8; Pelaggi, “Il dolo omissivo nel contratto di assicurazione”, Assicurazioni, año XXXIV, n° 3 (1967), p. 222; Stiglitz, Derecho de seguros, t. I y II, 5ª ed. act. y ampl. (Buenos Aires, La Ley, 2008), p.208 y p. 166, respectivamente; Planiol y Ripert, Planiol y Ripert, Tratado práctico de Derecho civil francés, t. XI, 2ͣ parte, trad. por Díaz Cruz, M. (La Habana, Cultural S.A., 1940), p. 555.

[14] Garrigues, “Estudios sobre el contrato de seguro”, Revista de Derecho mercantil, (Madrid: Gráficas Aguirre, 19670), p. 25.

[15] Lambert-Faivre y Leveneur, Droit des assurances, 13ͤ ed. (Paris: Précis Dalloz, 2011). p. 267.

[16] Schiavo, Contrato de seguro. Reticencia y agravación del riesgo”, en: Baeza, E., Schiavo, C.A; Massot, R.P. (Dir.), Derecho de seguros, v. I, pp. 9 y ss. (Buenos Aires:Hammurabi-José Luis Depalma, 2006), pp. 38 y 39.

[17] Khan, La notion de l´aléa dans les contrats (Paris: Jouve Et Cie. Éditeurs, 1924) p. 9; Pino“Rischio e alea nel contratto di assicurazione”, Assicurazzioni, año XXVII, n° 3 (1960), p. 255.

[18] Garrigues, “Estudios sobre...”, n° 105 – 106, p. 26.

[19] Meilij, Manual de seguros (Buenos Aires, Depalma, 1987),p 11.

[20] Esto sucede en el seguro de automóviles, por ejemplo, en donde, dentro de ciertos límites, suelen cubrirse los daños sufridos en accidentes originados en desobediencias a los reglamentos de tránsito (Garrido y Comas, Tratado..., t. I, v. I, p. 33).

[21] V. artículo 654 C.Com.

[22] V. artículo 641 C.Com.

[23] Veiga Copo, “La delimitación del riesgo en el contrato de seguro” en: Cuadernos de Derecho y comercio, n° 42 (Madrid, Consejo General del Notariado, 2004), p. 218; Volpe Putzolu, Le assicurazioni. Produzione e distribuzione. Problemi giuridici (Bologna, Il Mulino, 1992), pp. 11 y ss.

[24] Salelles, “Delimitación del riesgo y limitación de los derechos de los asegurados en el contrato de seguro de responsabilidad civil profesional”, Revista de Derecho Mercantil, n° 245 (2002), p. 1162.

[25] Veiga Copo, Tratado..., pp. 105 y 119.

[26] Los artículos 16 a 23 son novedosos.

[27] V. artículo 692 y 1404 y ss. C.Com.

[28] V. artículo 645, 646, 660 y 661 C.Com.

[29] Norma novedosa sin concordancia.

[30] V. artículo 1328 CCom.

[31] V. artículo 634 y 668 CCom.

[32] V. deberes particulares a los seguros de incendio (art. 70), de responsabilidad civil (art. 76) y normas complementarias como el artículo 46 y 47.

[33] V. art. 668 CCom.

[34] V. artículos 49 y 92 en la propia Ley.

[35] V. artículo 93 en la propia Ley.

[36] V. artículo 975 y ss. CCom.

[37] V. artículo 669 CCom.

[38] V. artículo 639 CCom.

[39] Norma novedosa sin correspondencia.

[40] V. artículos 5 y 25 en la propia Ley.

[41] V. artículo 1021 CCom.

[42] V. artículo 1026 CCom.

[43] V. artículo 643 CCom.

[44] Stiglitz afirma:

“Pero, más allá de la importancia de sus fondos propios, de la confiabilidad de sus tarifas y de la percepción de las mismas, de una sana administración de sus reservas, del mayor grado de optimismo que resulta de previsiones realizadas prospectivamente, que luego se comprueban como correctamente aproximadas a la realidad, etcétera, la empresa de seguros, circunstancialmente, se encuentra frente a riesgos de tal entidad que, una vez producidos, realizados o verificados (siniestros), se hallaría imposibilitada de afrontarlos totalmente (Stiglitz, Derecho de seguros, t. III, pp. 384 y 385).

[45] Stiglitz, Derecho de seguros, t. III, pp. 387, 389 y 398.

[46] Stiglitz, Derecho de seguros, p. 387.

[47] Stiglitz, Derecho de seguros, t. III, pp. 400 y 401.

[48] El artículo 542 de la Ley 20.667, de Contrato de Seguro chilena, de 1 de diciembre de 2013, sienta el principio de imperatividad de sus normas al establecer que las disposiciones que rigen al contrato de seguro son de carácter necesario. No obstante, se reconoce que ello será así a no ser que en la propia Ley se disponga otra cosa y luego se declara que no obstante lo anterior, se entenderán válidas las estipulaciones contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado o el beneficiario.  También se encuentran gobernados por la autonomía de la voluntad de las partes los seguros de daños contratados individualmente, aunque sólo en la hipótesis en que el asegurado y el beneficiario sean personas jurídicas en tanto el monto de la prima anual que se convenga sea superior a 200 unidades de fomento y los seguros de casco y transporte marítimo y aéreo.

[49] El artículo 1 de la Ley de Contrato de Seguro peruana, 29.946, de 6 de noviembre de 2012, opta por establecer como principio la imperatividad de sus normas, salvo que admita expresamente lo contrario. A continuación dispone, igual que la norma uruguaya y chilena, que se entenderán válidas las estipulaciones contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado. Asimismo, establece la aplicación de las normas sobre protección y defensa del consumidor en lo no regulado por la Ley y resuelve que en caso de conflicto serán preferidas las normas más favorables al consumidor o usuario del seguro.

[50] El artículo 204 de la Ley sobre Contrato de Seguro mexicana, de 31 de agosto de 1935 (ex art. 193, según actualización del 4 de abril de 2013), establece que todas las disposiciones de la Ley tienen carácter imperativo a no ser que admitan expresamente el pacto en contrario.

[51] El artículo 1692 del Código Civil paraguayo, de 18 de diciembre de 1985, establece que las normas sobre seguros sólo pueden ser dejadas sin efecto o modificadas por acuerdo de partes en los casos en que el Código expresamente lo autorice.

[52] El artículo 1 de la Ley reguladora del contrato de seguros de Costa Rica, 8.956, de 17 de junio de 2011, establece que sus normas son de carácter imperativo salvo que la propia Ley estipule expresamente la posibilidad de acuerdo en contrario de las partes.

[53] El artículo 2 del Decreto Ley 1505, de 12 de noviembre de 2001, de Contrato de Seguro venezolano, establece que sus disposiciones tienen carácter imperativo a no ser que se disponga otra cosa. Asimismo, establece que no obstante lo dicho, se entenderán válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el tomador, el asegurado o el beneficiario.

[54] El artículo 1345 del Código de Comercio salvadoreño, de 8 de mayo de 1970, establece que las disposiciones del Título I tienen carácter imperativo a favor del asegurado, a no ser que admitan expresamente pacto en contrario.

[55] El artículo 876 del Código de Comercio guatemalteco, de 1942, dispone que todas las disposiciones del capítulo X, correspondientes al contrato de seguro, tienen carácter imperativo a favor del asegurado a no ser que admitan expresamente pacto en contrario.

[56] El artículo 1106 del Código de Comercio de Honduras, de 1950, sienta la imperativad de sus preceptos salvo en los casos en que se dispone expresamente lo contrario.

[57] El artículo 2 de la Ley de Contrato de Seguro española, 50/80, de 8 de octubre de 1980, sienta, igual el principio de la imperatividad de sus preceptos, pero a diferencia de nuestro régimen, la Ley española inmediatamente aclara «a no ser que en ellos se disponga otra cosa». Luego establece, como segunda excepción, que «No obstante, se entenderán válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado». La Ley no es imperativa para los seguros de cobertura de grandes riesgos y para los reaseguros, por expresa disposición del artículo 44.2 y 79, respectivamente.

[58] Otro tanto ocurre en España según aprecia Sánchez Calero («Aplicación de la Ley», en: Sánchez Calero, F. (Dir.), Tirado Suárez, Tapia Hermida y Fernández Rozas, Ley de Contrato de seguro. Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre, y a sus modificaciones, 4ª ed., (Cizur Menor – Navarra, Aranzadi, 2010), p. 56.

[59] El artículo 158 de la Ley de Seguros argentina, establece que además de las normas que por su letra o naturaleza son total o parcialmente inmodificables, no se podrán variar por acuerdo de partes los artículos 5, 8, 9, 34 y 38 y sólo se podrán modificar en favor del asegurado los artículos 6, 7, 12, 15, 18 (segundo párrafo), 19, 29, 36, 37, 46, 49, 51, 52, 82, 108, 110, 114, 116, 130, 132, 135 y 140. Se dispone, además, que cuando las disposiciones de las pólizas se aparten de las normas legales derogables, no podrán formar parte de las condiciones generales. No se incluyen los supuestos en que la ley prevé la derogación por pacto en contrario.

[60] Se trata del artículo 997 del Código de Comercio panameño de 1 de octubre de 1916.

[61] El contrato de seguro en la República de Colombia se encuentra regulado en el Título V del Código de Comercio sancionado por Decreto 410, de 1971.

[62] El artículo 1332 del Codice Civile establece lo siguiente:

«Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897,1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma,1917, terzo e quarto comma, e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato.
Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge [
1339, 1419 2]».

[63] El artículo L11 del Code des assurances dispone lo siguiente:

«Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6L. 113-10L. 121-5 à L. 121-8L. 121-12, L. 121-14L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6L. 124-1, L. 124-2L. 127-6, L 132-1, L 132-10, L. 132-15 et L. 132-19».

[64] El contrato de seguro se encuentra regulado en el Titulo III del Código de Comercio sancionado por el Decreto Ley 14.379, de 25 de febrero de 1977.

[65] En Brasil el contrato de seguro se encuentra regulado en el Capítulo XV del Código Civil, de 10 de enero de 2002.

[66] El contrato de seguro en Nicaragua está regulado en el Capítulo II del Título XX del Código Civil de 1904. Cuando el asegurador es una empresa el contrato es mercantil de acuerdo con el art. 536 del Código de Comercio.

[67] El contrato de seguro en Ecuador se encuentra legislado en el Decreto Supremo 1147, de Legislación sobre el Contrato de seguro, de 29 de noviembre de 1963.

[68] Puerto Rico cuenta con un Código de Seguros aprobado según una Ley 77 de 19 de junio de 1957, Ley que ha sido sucesivamente enmendada desde 1959 hasta el 2014.

[69] El contrato de seguro en la República Dominicana se encuentra regulado en el Capítulo V de la Ley sobre seguros y fianzas, 146-02, de 9 de setiembre de 2002.

[70] El artículo 385 del Código de Comercio cubano dispone que el contrato de seguro se regirá por los pactos lícitos consignados en cada póliza o documento, y, en su defecto, por las reglas contenidas en el título dedicado al contrato de seguro. Se trata de una réplica del Código de Comercio español de 1885.

[71] La regulación del contrato de seguro en el Código de Comercio contaba con varias disposiciones imperativas como, por ejemplo, los artículos 638, 641, 644 y 653, entre otros. Olivera García destaca que además de esta circunstancia, indirectamente la autonomía de la voluntad de las partes tiene base constitucional indirecta en los artículos 10 y 36 de la Constitución Nacional. Todo ello sea dicho para rescatar la autonomía de la voluntad como solución de principio (Olivera García, «Contrato de seguro y autonomía de la voluntad», Consolidación y cambios: el fecundo panorama del Derecho comercial (Montevideo, FCU, 2014), pp. 310 y 311.

[72] La declaración de imperatividad de la Ley fue motivo de observaciones en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración por parte de los diversos sectores invitados a opinar sobre el Proyecto de Ley de Contrato de Seguro. La Asociación Internacional de Derecho de Seguros entendió que lo más oportuno era adoptar una posición intermedia, de forma de considerar como orden público sólo lo relativo a la naturaleza y esencia del contrato de seguros, a sus bases económicas y técnicas y a los diferentes plazos establecidos, siendo válidas las cláusulas contractuales más beneficiosas para el asegurado. Los demás aspectos del contrato deberían quedar sujetos al principio de la autonomía de la voluntad de las partes (sesión del 27 de agosto de 2014). El Instituto de Derecho Comercial de la Universidad de la República sostuvo la defensa del principio de la autonomía de la voluntad y entendió que la declaración de orden público sólo puede aplicarse a los capítulos I a VI y al capítulo X del proyecto de Ley, o cuando se verifica una relación de consumo, pero que en otras circunstancias tal declaración de principio carece de fundamento. Sugirió la eliminación de la declaración de imperatividad de dicho artículo. A la misma crítica se sumó la Universidad Católica del Uruguay y la Universidad de Montevideo (sesión del 13 de agosto de 2014). La Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras no realizó comentarios sobre este artículo (sesión del 30 de julio de 2014).

[73] Olivera García, op. cit., p. 314.

[74] Díez Picazo, Fundamentos de Derecho civil patrimonial, v. I, 6ª ed. (Madrid: Civitas, 2007), p. 455.

[75] Díez Picazo, Fundamentos, I, 4 ed., p. 336.

[76] Sánchez Calero, «Aplicación de la Ley», p. 64.

[77] Menéndez-Menéndez, «Preliminar», en: Verdera y Tuell (Dir.), Comentarios a la Ley de Contrato de Seguro, v. I (1982), p. 124.

[78] Sánchez Calero, «Aplicación de la Ley», p. 66.

[79] Menéndez-Menéndez, «Preliminar», p. 128.

[80] Garrigues, Contrato de seguro terrestre, 2ª ed. (1982), pp. 188 y 189; Sánchez Calero, «Sobreseguro», en: Sánchez Calero (Dir.), Tirado Suárez, Tapia Hermida, y Fernández Rozas, Ley de Contrato de seguro. Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre, y a sus modificaciones, 4ͣ ed. (2010), p. 682.

[81] Sánchez Calero, «Aplicación de la Ley», pp. 62 y 67.

[82] SSTS de 9 de julio de 2012 (R.J. 8605), 20 de julio de 2011 (R.J. 6128), 21 de noviembre de 2009 (143); 20 de abril de 2009 (R.J. 1768), 20 de noviembre de 2008 (R.J. 282/2009) y 3 de mayo de 2006 (R.J. 4070).

[83] Los jueces argentinos hacer pesar en el asegurador las consecuencias de una defectuosa delimitación del riesgo, no sólo por haber sido quien redactó dicho instrumento, sino, también, por sus conocimientos específicos sobre el tema. Véase, por ejemplo, la SCNCom, sala A, de fecha 29 de junio de 2005 (LL. A, 452/2005). Allí se destaca que ante la duda se debe escoger la interpretación más favorable al asegurado pues corresponde al asegurador asumir su responsabilidad como parte encargada de la confección del marco documental del contrato (condiciones generales, particulares, cuestionarios de declaración del riesgo y formularios).

También véase la SCNComm, sala D, de 3 de junio de 2009 (LL. D, 690/2009), que condenó a la aseguradora pues la cláusula contractual que estableció el límite temporal de la cobertura de los siniestros, redactada en forma ambigua a criterio de los juzgadores, debía interpretarse en contra del asegurador que reservó para sí y de modo exclusivo la tarea de redactar las condiciones generales del contrato.

[84] Planiol y Ripert, Tratado práctico de Derecho civil francés, t. XI (1940), p. 508; Cuñat Edo «Las líneas rectoras de la reforma», en: Cuñat Edo, V. y Bataller Grau, J. (Dir.), Comentarios a la Ley de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados (2007), p. 107; Pérez-Serrabona González, La póliza y la documentación del contrato de seguro (2003), Alfaro Águila-Real ,“Protección de los consumidores y Derecho de los contratos”, Anuario de Derecho civil, v. 47, n° 2 (Madrid: Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1994), pp. 305 y ss.; Pérez-Serrabona González, La póliza y la documentación del contrato de seguro (Granada, Comares, 2003), pp. 18; Barrón de Benito, Condiciones generales de la contratación y contrato de seguro Adaptado a la Ley 7/1998 de 13 de abril y al R.D 2486/1998 de 20 de noviembre (Madrid, Dykinson: 1999), p. 41; Gregorini Clusellas, “El seguro y la relación de consumo”, (La Ley Online, 2009), A, 1130; Marco Cos ,“Seguro contra robo y exclusión del hurto: una cláusula (y una práctica) abusiva” La Ley Online (2003), 1112.

[85] Landini, «Informativa precontrattuale e trasparenza nell´assicurazione vita», Assicurazioni, (2007), p. 229; Sobrino, «Una norma fundamental para protección de los consumidores. El art. 56 de la ley de seguros», La Ley Online, agosto, 4, 2009; Cuñat Edo, op. cit., pp. 18 y ss.; Barrón de Benito, Condiciones generales de la contratación y contrato de seguro (Adaptado a la Ley 7/1998 de 13 de abril y al R.D 2486/1998 de 20 de noviembre) (1999), p. 41; Guisasola Paredes, «Las condiciones generales de la contratación y el contrato de seguro», Vlex, enero (vlex.com, 2000), p. 1; Stiglitz, Derecho de seguros, t. I, pp. 17, 406 y 414.

[86] En la doctrina destacan esta nota distintiva: Stiglitz, Derecho de seguros, t. I, pp. 406 y 414; Veiga Copo, Condiciones…, p. 3 y también en Tratado del contrato de seguro, t. II (2014), p. 59; Pacheco Jiménez, «Las cláusulas lesivas del artículo 3 LCS», Westlaw (2009), BIB 288; Miller Artola, «La reticencia del asegurado y la obligación de informarse del asegurador», La Justicia Uruguaya, t. 130 (2004), pp. 75 y 76; Morandi, «Il principio della buona fede nell´ assicurazione e nella riassicurazione», Assicurazioni, t. I (1987), pp. 405 a 407. En la jurisprudencia española: STS de 1 de octubre de 2010 (R.J. 535), 2 de abril de 2009 (R.J. 1754).

Los Tribunales también han destacado esta circunstancia. En sentencia de 3 de mayo de 2006 (R.J. 4070), el Tribunal Supremo español sienta unos criterios importantes: en primer lugar, considera que la Ley de Contrato de Seguro española ha sido concebida con una clara finalidad tuitiva de los asegurados, considerados los contratantes más débiles de la relación; en segundo lugar, determina que la herramienta elegida por el legislador ha sido la declaración de imperatividad de sus preceptos salvo el pacto en contrario y en tercer lugar, concluye que el asegurado, como consumidor, ha visto ampliado su amparo con el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. En Uruguay véase: SJLC de 18º turno, de 27 de septiembre de 1996 (Revista de Derecho comercial y de la empresa, año XVII, nº 65-66 [1997], pp. 127 a 136); STAC, de 17 de abril de 1997 (Revista de Derecho comercial y de la empresa, año XVII, nº 65-66 [997], pp. 127 a 136); SJLC, de 19º turno, de 11 de noviembre del 2002, STAC, de 10 de noviembre del 2003, SSCJ, del 20 de diciembre del 2004 (Revista de Derecho de seguros, nº 1 [2006], pp. 83 a 93]). En la jurisprudencia argentina: SCNCom, sala A, del 14 de agosto de 2007 (LL. A/2007); SCNCom, sala C, de 15 de julio de 1997 (LL. C/1997), SCNCom, sala K, de 18 de abril de 2007 (LL. C, 2007).

[87] Sería el caso de las muestras gratis o de los regalos promocionales (Rodríguez Olivera y López Carlos, Manual de Derecho Comercial Uruguayo, v.1, t. 2 (2004), p. 253.

[88] Resulta muy interesante que, en el Anteproyecto de esta Ley, el artículo 5 contaba con un segundo inciso donde se declaraban expresamente comprendidos los servicios financieros y de seguros. Luego tal agregado se eliminó.

[89] Ordoqui Castilla, Derecho del Consumo, pp. 37 y 38.

[90] Rodríguez Olivera y López Carlos, Manual…, v. 1, t. 2, pp. 254 y 255.

[91] Rodríguez Olivera y López Carlos, Manual…, v. 1, t. 2, p. 254; Szafir, Consumidores, análisis exegético de la Ley 17.189 (2000), pp. 21 y 22.

[92] Ordoqui Castilla, Derecho del Consumo, pp. 39 y 40.

[93] Veiga Copo, Tratado del Contrato de Seguro, t.II, 3ª ed. (Cizur Menor-Navarra, Civitas, 2014), p. 20.

[94] Tirado Suárez, “El seguro”, en: Jiménez Sánchez, G.J. (coord.), Tratado de Derecho mercantil, v. 3, Los seguros de personas (Madrid, Marcial Pons, 2006), p. 30.

[95] Ascarelli, «Sul concetto unitario del contratto di assicurazione», Saggi giuridici (1949), p. 398.

[96] Donati, Tratatto del diritto delle assicurazioni private, v. II (1954), p. 18 y ss.

[97] Fanelli, Le assicurazioni, t. I (1973), p. 467 y ss.

[98] Garrigues, Contrato…, pp. 28-36.

[99] Lefort, Nouveau traité de l´assurance sur la vie, t. I, (París, Marcel Rivière et Cie., 1920), p. 299.

[100] Donati, Trattato..., v. II, p. 9.

[101] Sánchez Calero, «Definición», p. 27.

[102] STIGLITZ, Derecho de seguros, t. I, pp. 258 y 259; SÁNCHEZ CALERO, «Inasegurabilidad del dolo del asegurado», en: SÁNCHEZ CALERO [Dir.], TIRADO SUÁREZ, TAPIA HERMIDA, y FERNÁNDEZ ROZAS, Ley de Contrato de seguro. Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre, y a sus modificaciones (Cizur Menor – Navarra: Aranzadi, 1999), p. 287.

[103] García Mosquera, La estafa de seguro (Madrid: La Ley, 2006), pp. 97 a 99.

[104] García Mosquera, op. cit., p. 101.

[105] Alonso Soto, El seguro de la culpa (Madrid: Montecorvo: 1977), pp. 318 y ss.

 

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